Detrás de cada acuerdo electoral que firma la administración nacional con mandatarios provinciales existe una arquitectura mucho más sofisticada que la simple distribución de candidaturas. Las conversaciones que atraviesan los despachos de la Casa Rosada en estos meses revelador un escenario donde los espacios en las listas de diputados y senadores constituyen apenas la punta del iceberg. Las verdaderas negociaciones incluyen control sobre vicegobernaciones, intendencias de capitales provinciales, participación en gabinetes locales, acceso a fondos nacionales y compromisos sobre obras de infraestructura. Esta dimensión más profunda de los acuerdos electorales muestra cómo la política argentina sigue funcionando a través de un sistema de intercambios donde el poder territorial y la administración de recursos públicos juegan un rol central en la construcción de coaliciones.
El epicentro de estas decisiones está en manos de Karina Milei, quien mantiene un control centralizado sobre el armado nacional de La Libertad Avanza. La secretaria general de la Presidencia funciona como árbitro final de qué acuerdos reciben visto bueno y cuáles quedan descartados. En ese proceso, Eduardo "Lule" Menem actúa como intermediario clave, manteniendo una comunicación fluida con los gobernadores y dirigentes del interior para trasladar hacia el núcleo duro del Gobierno las distintas propuestas que surgen desde cada distrito. Esta estructura de negociación permite que la Casa Rosada maneje con cierta coherencia un mapa provincial extremadamente complejo, donde cada región presenta características políticas y demandas particulares. Menem funciona como traductor de esas realidades locales, acercando información y abriendo caminos para avanzar en los entendimientos.
El cálculo del poder territorial: cuánto exigir a cambio de alianzas
En los borradores que circulan entre los principales funcionarios del Gobierno, la fórmula para medir qué concesiones hacer a los gobernadores aliados sigue ciertos patrones. Si la Casa Rosada decide acompañar la continuidad de un mandatario amigo, algunas propuestas incluyen la candidatura a vicegobernador para un miembro de La Libertad Avanza, el control de la intendencia de la capital provincial y una presencia cercana al 50 por ciento en los ministerios locales. Estos tres elementos sumarían una participación significativa en la administración sin necesidad de ocupar formalmente la gobernación. Simultáneamente, el Gobierno busca preservar espacios relevantes en las listas al Senado nacional, considerado como un escaño de importancia superior. Sin embargo, se muestra más flexible respecto de los diputados nacionales, donde está dispuesto a hacer mayores concesiones. Esta asimetría responde a la estrategia de colectoras que impulsa el Ejecutivo, un mecanismo que permitiría a candidatos legislativos de gobernadores sin postulante presidencial acompañar la boleta de Javier Milei. Desde los espacios cercanos a la toma de decisiones afirman que esta herramienta beneficia a los mandatarios que carecen de un precandidato a presidente: si prefieren presentar uno, deberán competir en condiciones de igualdad con el resto.
La dimensión financiera de estos acuerdos nunca queda fuera de la mesa. El Ejecutivo analiza activamente la distribución de ATN (Aportes del Tesoro Nacional), la ejecución de obras públicas, mecanismos de asistencia financiera y otros instrumentos que transfieren recursos desde el nivel nacional hacia las provincias. Durante los últimos meses, el Gobierno reactivó adelantos financieros y transferencias de dinero después de un período de dos meses sin distribuciones: seis provincias recibieron 5.000 millones de pesos cada una en concepto de ATN, y además se ampliaron convenios de asistencia financiera en varios distritos. Estos movimientos de caja funcionan como parte de la negociación implícita que precede a cualquier acuerdo político. La combinación de espacios de poder territorial más acceso a fondos nacionales conforma el paquete que la Casa Rosada ofrece a cambio de alianzas electorales que refuercen la posición del oficialismo en 2027.
Un mapa provincial fragmentado: distintos acuerdos según cada región
La Patagonia presenta un mosaico de estrategias diferenciadas que ilustra cómo el Gobierno adapta su táctica a cada contexto local. En Tierra del Fuego, La Libertad Avanza se prepara para una confrontación directa contra la fuerza consolidada del gobernador Gustavo Melella. En Santa Cruz, tampoco hay perspectivas de acuerdo con Claudio Vidal, a quien los funcionarios nacionales consideran debilitado internamente y con mediciones que muestran erosión de su poder político. En cambio, Chubut representa un territorio donde existe un borrador de entendimiento que Karina Milei examina con especial atención. A pesar de tensiones públicas iniciales y cuestionamientos del gobernador Ignacio Torres, desde el Gobierno describen el posible acuerdo como "muy tentador". Si este pacto finalmente no prospera, el oficialismo mantiene como alternativa presentar candidato propio a través de César Treffinger. En Río Negro, la proyección es enfrentar sin alianzas electorales a Alberto Weretilneck. Neuquén seguiría una estrategia similar, aunque la Casa Rosada hace énfasis en el potencial económico de la provincia, a la que internamente algunos funcionarios llaman "la Dubai argentina". Allí, el Gobierno sostiene la candidatura de Nadia Márquez, una dirigente con vínculos directos con Karina Milei.
El escenario del centro y norte del país presenta dinámicas radicalmente distintas. En Mendoza, una de las negociaciones más complejas involucra conversaciones con el gobernador Alfredo Cornejo sobre los términos de una eventual PASO interna y la distribución de intendencias. Desde el Gobierno plantean "un esquema en general de mitades" como base de distribución. Sin embargo, la relación está atravesada por tensiones importantes: Cornejo se resiste a que Luis Petri dispute la sucesión provincial. En La Pampa, el Gobierno busca construir una candidatura presidencial alrededor de Adrián Ravier, el vocero presidencial. En San Juan y San Luis, la Casa Rosada proyecta acuerdos con los gobiernos locales, aunque reconoce fricciones en las conversaciones, especialmente con Claudio Poggi en San Luis. Córdoba sigue una lógica inversa: en lugar de pactos con el oficialismo, el Gobierno construye una coalición con sectores aliados para competir contra el peronismo de Martín Llaryora, con Gabriel Bornoroni como principal candidato libertario para la gobernación. En Santa Fe se prevé un entendimiento con Maximiliano Pullaro, mientras que en Entre Ríos la negociación incluye a Rogelio Frigerio. En Chaco, la intención es renovar la alianza con Leandro Zdero aunque manteniendo presencia propia en la capital provincial: la Casa Rosada impulsa un candidato libertario para la intendencia de Resistencia.
El norte argentino concentra la estrategia más claramente confrontacional. El Gobierno se prepara para competir directamente contra los gobernadores de Salta, Tucumán, Jujuy y Catamarca, provincias donde no existen negociaciones de alianza. Simultáneamente, busca presentar alternativas propias en La Rioja, Formosa y Misiones. También proyecta competencia en Santiago del Estero y Corrientes, aunque esta última no elegirá gobernador en 2027 y el armado estará concentrado en candidaturas nacionales. En Buenos Aires, el Gobierno contempla un acuerdo de mayor volumen que el resto: la intención es reunir a La Libertad Avanza, sectores del PRO y de la UCR para disputar la gobernación al peronismo. Este esquema implica concesiones más amplias que en otros distritos porque en Balcarce 50 consideran que la unificación de aliados es condición necesaria para tener posibilidades reales de ganar la provincia más poblada del país.
La conexión con el Senado: poder territorial y apoyo parlamentario
Los acuerdos electorales provinciales no funcionan desconectados de la estrategia que el Gobierno desarrolla en el Congreso Nacional. El Ejecutivo busca que los pactos con fuerzas aliadas en el territorio se traduzcan en apoyo parlamentario predecible durante los próximos meses. Después de las dificultades que atravesó con la Ley de Propiedad Privada y otros temas legislativos, la Casa Rosada intenta reconstruir una mayoría más estable en el Senado sobre la base de senadores libertarios, la UCR e integrantes del interbloque Impulso País. El armado territorial está directamente conectado con esta ambición: si el Gobierno logra acuerdos con gobernadores, espera que ello se refleje en un comportamiento legislativo favorable de los senadores vinculados a esos pactos. Esta interconexión entre poder provincial y poder nacional muestra cómo la política argentina sigue funcionando a través de coaliciones donde cada nivel refuerza al otro.
Sin embargo, al interior del Gobierno existe una discusión abierta que no ha sido saldada: cuánto involucrarse en la administración de provincias donde La Libertad Avanza integra el gabinete pero no tiene la conducción formal. Un sector dentro de la Casa Rosada impulsa reclamar la mayor cantidad posible de ministerios, intendencias y espacios de gestión, considerando que esto multiplica la capacidad operativa del partido. Otro sector advierte sobre los riesgos: compartir administraciones obliga al partido a asumir costos políticos por decisiones que toma la gobernación, puede generar conflictos internos y dificulta después la construcción de una alternativa propia para competir en 2031. "Nos complica para competir después", resumen funcionarios cercanos a esta perspectiva más cautelosa. Esta tensión interna refleja un debate clásico en la política de coaliciones: cómo participar en gobiernos sin perder capacidad de crítica ni absorber desgaste de decisiones impopulares.
Las negociaciones electorales que la Casa Rosada lleva adelante con gobernadores y fuerzas provinciales durante estos meses configurarán el mapa político sobre el cual se disputará la elección de 2027. Lejos de ser simples distribuciones de candidaturas, estos acuerdos incluyen cálculos sofisticados sobre poder territorial, acceso a recursos, participación en administraciones locales y traducción de alianzas en apoyo parlamentario nacional. La complejidad del mapa provincial argentino, con realidades políticas tan disímiles entre regiones, obliga a la Casa Rosada a desarrollar estrategias diferenciadas que van desde alianzas con gobernadores amigos hasta confrontaciones directas contra mandatarios opositores. El resultado de estas negociaciones determinará no solo la composición de las listas electorales sino también la capacidad del Gobierno para construir una mayoría legislativa en el Congreso y para expandir su presencia en las administraciones territoriales. La apertura de estas conversaciones, aún lejos de cerrarse definitivamente, muestra que el oficialismo reconoce que ganar elecciones en 2027 requiere un trabajo político intenso en el territorio, más allá de las estrategias comunicacionales que caracterizaron la campaña de 2023.
