La administración libertaria atraviesa un momento de convulsión política que no proviene de sus enemigos declarados, sino de las grietas abiertas entre sus propios colaboradores más cercanos. Durante las últimas semanas, la República Argentina ha sido testigo de una pugna interna que involucrа a los nombres más influyentes del círculo presidencial: Santiago Caputo, asesor de Javier Milei; Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. Esta disputa no es un asunto menor de egos rozados o diferencias tácticas, sino una confrontación profunda que revela fracturas estruturales en la coalición gobernante y replantea interrogantes cruciales sobre cómo se ejerce el poder en el seno del Estado.
El conflicto salió a la luz de manera inesperada cuando circuló un comunicado que exponía la existencia de una cuenta en la red social X vinculada a Menem. Según se desprende de los hechos, esa plataforma digital habría sido utilizada para cuestionar la trayectoria política y económica de varios funcionarios, incluyendo críticas hacia Luis Caputo, ministro de Economía, Patrícia Bullrich, titular de Seguridad, y Sandra Pettovello, responsable de Capital Humano. El mismo medio de comunicación que se utilizó para los cuestionamientos también fue empleado para difundir mensajes que elogiaban de forma ostensible el desempeño político de la hermana presidencial, calificándola de poseedora de un "liderazgo impresionante". Aunque Menem negó ser el propietario de esa cuenta, fuentes confiables de la Cámara Baja sostienen lo contrario, apuntando a que la atribución realizada por Caputo en su momento es acertada.
Una guerra de tres frentes sin ganador a la vista
Lo que distingue a este enfrentamiento de otras disputas políticas internas es su naturaleza tripartita y la imposibilidad aparente de resolverlo mediante los mecanismos tradicionales de jerarquía administrativa. Javier Milei se encuentra en una posición paradójica: reconoce su dependencia política y electoral del funcionario Caputo, al tiempo que no puede prescindir de su hermana, quien de facto actúa como jefa política de la gestión gubernamental. Por su parte, Caputo no ha osado traspasar los límites que le impone su condición de asesor sin poder formal, dejando intacta la esfera económica que domina el propio mandatario junto a su ministro. La batalla se libra, entonces, exclusivamente en el terreno político, donde ambos contendientes poseen influencia real pero también vulnerabilidades.
Los precedentes históricos de este tipo de conflictos dentro de estructuras de poder muy personalizadas demuestran que generalmente se resuelven mediante la expulsión de uno de los actores. Sin embargo, en este caso, las condiciones parecen distintas. Santiago Caputo goza de una posición singular: es la única persona que se ha atrevido a desafiar abiertamente a Karina sin sufrir las consecuencias que otros experimentaron. Funcionarios como Guillermo Francos, quien desempeñaba el cargo de jefe de Gabinete, fueron removidos de sus posiciones después de cuestionar públicamente la concentración de poder en manos de un asesor sin responsabilidad administrativa formal. Francos se atrevió a señalar una contradicción evidente: Caputo poseía un alcance considerable en múltiples dependencias estatales sin tener firma oficial en documentos o decisiones gubernamentales, solo respaldado por un contrato como monotributista. Aquella crítica le costó su permanencia en el ejecutivo.
La estructura oculta del poder libertario
La configuración actual del poder en el gobierno responde a un esquema que trasciende los organigramas oficiales. Karina Milei comanda la política con una autoridad que no emerge de un cargo específico sino de su proximidad con el presidente y su capacidad para articular voluntades dentro de la administración. Santiago Caputo, a su vez, ejerce influencia a través de una red de colaboradores y mediante su acceso directo al mandatario. Ambos coexisten en una especie de equilibrio precario, donde ninguno puede neutralizar completamente al otro sin que ello implique un costo político o personal demasiado elevado para el propio Milei. Los Menem, en tanto, funcionan como operadores políticos que responden principalmente a la órbita de la hermana presidencial, con Eduardo Menem, primo de Martín, desempeñando un rol central en la secretaría general de Presidencia.
La disputa reflejada en aquella cuenta de X evidencia algo más profundo que simples diferencias sobre cómo gestionar lo político: revela la existencia de visiones encontradas respecto a la dirección que debe asumir el gobierno. Los cuestionamientos dirigidos hacia Pettovello, Bullrich y el ministro Caputo sugieren que existe un sector preocupado por decisiones específicas, mientras que los elogios hacia Karina indican que el conflicto no es aleatorio sino deliberadamente direccionado. Pettovello, considerada por observadores como la ministra más eficaz de la administración, mantiene una postura de neutralidad ecuánime, rehusando involucrarse en estas batallas intestinas. Bullrich, en cambio, ha tomado distancia respecto de estas pugnas, aunque su reciente demanda pública de que el jefe de Gabinete Manuel Adorni rinda cuentas sobre su patrimonio sugiere que no está ajena a los cuestionamientos sobre transparencia administrativa que atraviesan la gestión.
La irrupción del tema Adorni en esta coyuntura no es coincidencia: el funcionario responde a la órbita de Karina Milei y los cuestionamientos sobre sus finanzas personales abren una nueva línea de grieta. Bullrich, quien cuenta con un mandato senatorial de seis años de duración y por tanto no depende de un decreto presidencial para mantener su poder político, posee la capacidad de formular exigencias que otros funcionarios no pueden permitirse. Su insistencia en que Adorni explique cómo accedió a recursos económicos que previamente no tenía responde a un legítimo interrogante sobre rendición de cuentas, aunque también se inscribe dentro del contexto más amplio de tensiones que fragmentan al oficialismo. Según versiones de fuentes calificadas de la Casa de Gobierno, la incorporación de Bullrich al Senado fue una maniobra de la hermana presidencial para alejarla de la proximidad con el mandatario, resolviendo así un conflicto de poder que se había vuelto incómodo.
Las consecuencias de una guerra sin vencedor
Mientras estos conflictos se despliegan en los pasillos del poder, la sociedad argentina enfrenta una realidad económica deteriorada. La pérdida de confianza en el futuro, la contracción de la actividad económica y la caída del consumo constituyen un telón de fondo que agrava las consecuencias de esta desorganización política. Una de las razones por las que estas luchas internas proliferan sin resolución definitiva radica en la debilidad relativa de la oposición. El peronismo, históricamente la principal fuerza de oposición, atraviesa un período de fragmentación sin precedentes, careciendo de liderazgo unificado, proyecto claro y, por primera vez en décadas, de ambición hegemónica de poder. El PRO de Mauricio Macri ha señalado públicamente su coincidencia fundamental con las políticas económicas del gobierno, limitándose a un rol de crítica constructiva sobre la implementación de esas orientaciones. El radicalismo, en sus variantes con mayor penetración territorial como la mendocina encabezada por Alfredo Cornejo o la cordobesa, muestra una disposición más cercana que distante hacia Milei. Esta ausencia de una oposición consolidada convierte la competencia por el poder dentro del oficialismo en la principal batalla política del momento.
El presidente ha canalizador su frustración respecto de estas dinámicas mediante críticas reiteradas hacia el periodismo, acusándolo de distorsionar o magnificar conflictos internos. No obstante, sus intervenciones públicas han derivado en controversias adicionales, particularmente en torno a la defensa de José Luis Espert, economista liberal que fue candidato a diputado nacional en las elecciones legislativas. Espert ha resultado vinculado a Federico Machado, quien se declaró culpable ante la justicia estadounidense de delitos graves incluyendo lavado de dinero y estafas de dimensiones considerables. Según constancias judiciales, Espert recibió 200.000 dólares de Machado bajo conceptos nunca aclarados con precisión y realizó al menos 35 viajes en aeronaves propiedad del encartado. Aunque es posible que Espert desconociera la naturaleza delictiva de algunas de las actividades de Machado, la responsabilidad personal de investigar el origen de fondos que se reciben constituye un deber elemental para cualquier persona con responsabilidades públicas o aspiraciones a ocuparlas. La causa judicial abierta en la Argentina contra Espert mantiene su curso, y la defensa presidencial prematura de su inocencia agregó un nuevo factor de tensión a un contexto ya de por sí complejo.
Observadores políticos señalan que la estabilidad del gobierno libertario descansa actualmente en un único factor: la preferencia electoral expresada por un sector significativo de la clase media que estima que mantener a Milei en el poder, con sus errores y desaciertos, resulta preferible a retornar hacia experiencias políticas previas. Esta matriz electoral es frágil, sujeta a variaciones conforme las condiciones económicas y sociales evolucionen o retrocedan. La persistencia de guerras internas sin resolución, sumada a cuestionamientos sobre transparencia administrativa y a decisiones públicas controvertidas sobre figuras cercanas al círculo presidencial, genera desgaste acumulativo que eventualmente podría socavar esa base de sustentación. La interrogante que emerge es si el gobierno logrará canalizar estas tensiones hacia una reconfiguración menos destructiva de su estructura de poder o si, por el contrario, continuará navegando entre crisis puntuales que consumen recursos políticos y erosionan la legitimidad de la gestión.
