El ecosistema político del libertarianismo argentino vuelve a convulsionarse, esta vez con epicentro en las acusaciones que la diputada Lilia Lemoine esgrime contra Marcela Pagano, quien hasta hace poco compartía bancada con ella. Lo que comenzó como una disputa de personalities en las redes sociales ha escalado hacia denuncias de envergadura que tocan aspectos delicados: operaciones encubiertas, chantaje, extorsión y manipulación de pruebas. El episodio refleja las grietas internas de un movimiento que llegó al poder hace poco más de un año y que ahora batalla consigo mismo, mientras los principales referentes del espacio amplían la brecha a través de plataformas digitales.

Durante la noche del lunes, Lemoine desplegó un hilo de acusaciones en la red social X que marcó un punto de quiebre en el conflicto. Según su relato, Pagano operaría sistemáticamente buscando a exparejas de funcionarios libertarios con el propósito de cooptar su lealtad y utilizarlos como instrumentos de destrucción contra sus antiguos vínculos sentimentales. La legisladora fue aún más lejos al señalar un patrón de comportamiento: grabaciones clandestinas dentro del Congreso Nacional, realización de amenazas implícitas mediante el control de material audiovisual, y utilización abusiva de herramientas judiciales. Lemoine pintó un cuadro donde Pagano actuaría como operadora de inteligencia política, aprovechando su investidura de diputada para ejecutar acciones que, según su versión, rozarían lo criminal.

El vínculo con Barrionuevo y la entrada al bloque

Para situar el conflicto en su contexto, Lemoine remontó la historia a los orígenes de Pagano dentro de La Libertad Avanza. La legisladora libertaria no es la primera ocasión en que conecta a Pagano con Luis Barrionuevo, el poderoso sindicalista del transporte y secretario de Relaciones Laborales del Gobierno. De acuerdo a lo expuesto, tanto Pagano como otros dirigentes habrían ingresado a las listas electorales de LLA durante el armado de 2023 gracias a la intermediación de Barrionuevo. Este dato es relevante porque sugiere que, desde su origen en el espacio, existieron líneas de tensión entre quien ingresó por vínculo directo con la conducción partidaria y quienes treparon por otros canales. Barrionuevo, por su parte, es figura clave del Gobierno y mantiene relaciones complejas dentro de la administración Javier Milei. La mención a Franco Bindi, sindicalista y operador político vinculado a Barrionuevo, adiciona otra capa de complejidad: Lemoine sugiere que Pagano funciona como engranaje de una red que trascendería los límites del bloque parlamentario.

Las acusaciones de Lemoine no se limitaron a operaciones electorales o políticas genéricas. La diputada denunció la existencia de grabaciones realizadas dentro de las dependencias del Congreso Nacional, material que —según su denuncia— sería utilizado posteriormente con fines de presión o extorsión contra funcionarios. Este aspecto toca un asunto crítico: la violación de privacidad dentro de una institución que constitucionalmente debe ser sagrada para la república. El registro clandestino de conversaciones en despachos legislativos es una práctica que genera alarma institucional. Lemoine agregó que estas grabaciones serían editadas selectivamente para armar narrativas destructivas, una técnica de desinformación coordinada que va más allá de la pelea política ordinaria.

El caso de Nahuel Gallo y la operación familiar

Lemoine trasladó su análisis hacia un episodio de resonancia nacional: el secuestro de Nahuel Gallo, el gendarme argentino que fue detenido por funcionarios de seguridad venezolanos el 8 de diciembre de 2024 y posteriormente liberado tras negociaciones diplomáticas. La diputada señaló que Pagano habría aplicado contra la familia de Gallo un modus operandi similar al que ejecutaría contra otros objetivos políticos. Según Lemoine, el método consistiría en primera instancia en generar divisiones intrafamiliares, ganarse la confianza de una fracción del grupo familiar, y luego explotar esas fracturas para debilitar a quienes se nieguen a cooperar. Esta práctica, descrita por Lemoine, apunta a una estrategia de ingeniería social: dividir para conquistar, infiltrarse en espacios íntimos, y usar la información recolectada como palanca de presión. La aplicación de esta técnica a la familia Gallo —durante un momento de extrema vulnerabilidad cuando su miembro estaba privado de libertad en una nación extranjera— sugeriría una falta de consideración por contextos humanitarios.

El descargo de Lemoine profundizó en lo que ella caracteriza como un sistema de extorsión y chantaje tejido desde múltiples flancos. Mencionó que Pagano habría sembrado narrativas falsas respecto de supuestos intentos de extorsión por parte de Lemoine hacia el Presidente mediante fotografías y grabaciones comprometedoras. Según la diputada, esta narrativa fue amplificada públicamente a través de figuras mediáticas como Mauro Federico y Jorge Rial, generando un efecto de desacreditación reputacional. Lemoine consideró que cuando ella misma intenta sonar la alarma sobre las prácticas de Pagano, es ignorada o ridiculizada. Esta dinámica refleja un problema de asimetría en la capacidad de comunicación e influencia: quién logra que sus denuncias sean escuchadas y quién queda marginado en la narración pública.

El episodio alcanzó una nueva dimensión cuando el Presidente Milei decidió intervenir directamente en la disputa a través de sus redes sociales. Su respuesta fue concisa: "Las operetas vienen marchando". Con esta frase, Milei validó implícitamente la perspectiva de Lemoine y reconoció la existencia de lo que calificó como operaciones políticas de naturaleza teatral o simulada. Esta intervención presidencial tiene peso porque no se trata de un diputado más opinando sobre un conflicto interno, sino del máximo referente del espacio libertario. La participación de Milei en el debate amplificó el mensaje de Lemoine y le otorgó una capa de legitimidad institucional. Pagano, por su parte, es una figura que ha recibido críticas públicas del propio Presidente, quien en ocasiones anteriores la calificó con términos despectivos en referencia a su aspecto físico durante el embarazo.

Conflictos, grietas y supervivencia política

El conflicto entre Lemoine y Pagano forma parte de un patrón más amplio de tensiones dentro del movimiento libertario argentino. La coalición que llegó al poder en diciembre de 2023 nunca fue homogénea: contaba con militantes radicalizados de internet, sindicalistas con trayectoria previa, empresarios, y figuras políticas de distinto origen que confluyeron en torno a Javier Milei como catalizador. A medida que transcurrió el primer año de gobierno, estas fracturas se hicieron evidentes. Pagano misma abandonó el bloque de La Libertad Avanza en 2025, un movimiento que simboliza la ruptura. Los motivos de esa separación no fueron claramente explicados en términos públicos, pero el conflicto con Lemoine sugiere que existían desacuerdos profundos sobre tácticas, estrategia y lealtades internas.

El hecho de que Lemoine acuse a Pagano de buscar contacto con exparejas de funcionarios libertarios también revela algo sobre la precariedad de las alianzas políticas en espacios como el libertarianismo. Si estas acusaciones son ciertas, implicarían que existen funcionarios cuyos vínculos sentimentales previos podrían ser explotados con fines políticos. Esto hablaría de una vulnerabilidad sistémica: la falta de blindaje emocional o familiar de quienes operan en altos niveles de decisión. Históricamente, los espacios políticos han visto cómo conflictos personales se convierten en puntos de quiebre de coaliciones. En este caso, si los vínculos entre Pagano y exparejas de funcionarios pueden ser aprovechados para crear divisiones, significa que existen fracturas previas o predisposición al descontento.

Las acusaciones sobre grabaciones clandestinas dentro del Congreso Nacional merecen especial atención institucional. Si alguien está registrando conversaciones en despachos parlamentarios sin consentimiento de los interlocutores, se violarían derechos de privacidad y posiblemente leyes sobre grabaciones. Esto no es un asunto menor de política partidaria, sino una cuestión que toca el funcionamiento del Congreso como institución. Los legisladores requieren espacios seguros para deliberar, evaluar opciones políticas sin que cada palabra sea registrada para posterior explotación. La acusación de Lemoine, si es comprobable, señalaría un problema de vigilancia interna que trasciende el conflicto entre dos diputadas.

El cierre del descargo de Lemoine fue particularmente revelador. Mencionó un intento previo de Pagano y Bindi de tomar control de la comisión de Juicio Político del Congreso, lo que sugiere un objetivo político más ambicioso que simple venganza personal. La comisión de Juicio Político es una herramienta institucional de enorme poder: permite procesar a magistrados, funcionarios y otros actores políticos. Si Pagano y Bindi buscaban acceso a esa comisión, ello sugeriría intenciones de instrumentalizar la justicia política en favor de sus intereses. Lemoine interpretó esto como un intento de destituir al Presidente, una lectura que situaría el conflicto en el terreno de la lucha por el poder estatal mismo, no meramente en una pelea personal.

Respuestas y contraataques

Pagano respondió a las críticas de Milei mediante sus redes sociales, dirigiéndose a lo que consideró un ataque injustificado sobre su cuerpo durante su embarazo. Su defensa apuntó a que los cambios físicos asociados a la gestación son ineludibles y naturales, y que recibió apoyo de diversos sectores del gabinete gubernamental. Esta respuesta, aunque legítima en cuanto a defenderse de críticas sobre su físico, no abordó directamente las acusaciones sustantivas de Lemoine sobre operaciones políticas, grabaciones o chantaje. Esto plantea una pregunta: ¿Pagano evitó responder sobre esos puntos específicos porque carecería de defensa sólida, o porque prefirió no amplificar un conflicto en ese nivel de detalle? La estrategia de cambiar el eje hacia críticas sobre su apariencia es común en política cuando se prefiere no confrontar acusaciones concretas.

El rol de Milei como avalista de Lemoine añade una dimensión presidencial al conflicto. No se trata solo de que el Presidente hable negativamente de Pagano, sino de que se alinee explícitamente con Lemoine en su narrativa sobre operaciones políticas en curso. Esto tiene consecuencias: institucionaliza la perspectiva de Lemoine, transforma un conflicto entre diputadas en un asunto de posicionamiento presidencial, y potencialmente cierra caminos de reconciliación o resolución institucional. Una vez que el Presidente interviene validando una posición en una disputa interna, esa disputa adquiere carácter de línea oficial del movimiento.

La mención de Mauro Federico y Jorge Rial indica que el conflicto se ha desplegado también en la esfera mediática y de influencers políticos. Estas figuras funcionan como amplificadores de narrativas. Si uno de ellos difundió la versión de Pagano sobre supuestas extorsiones por parte de Lemoine, ello contribuyó a cimentar una versión alternativa de los hechos en la opinión pública. La fragmentación de la arena informativa en múltiples plataformas y actores hace que cada sector pueda construir su propia interpretación de los eventos sin necesidad de converger en una narrativa común.

Implicancias y proyecciones futuras

Los hechos descritos apuntan a un movimiento político que experimenta turbulencias internas significativas poco más de un año después de su llegada al poder. Las acusaciones de Lemoine, creíbles o no, reflejan la existencia de conflictividad sostenida dentro de La Libertad Avanza. La salida de Pagano del bloque en 2025 es un dato concreto que confirma la existencia de desacuerdos irreconciliables. En contextos políticos, cuando un movimiento experimenta escisiones tempranas, ello suele indicar debilidades estructurales en su cohesión ideológica o en los mecanismos de resolución de conflictos internos.

Las acusaciones sobre operaciones políticas sofisticadas —incluyendo manipulación de vínculos familiares, grabaciones clandestinas, y uso de herramientas judiciales— sugieren, si son verídicas, la existencia de una infraestructura política compleja que opera detrás de lo visible. Esto es común en democracias consolidadas donde existe tradición de lucha política encarnizada. Sin embargo, en un movimiento que se define por su oposición a la «casta política» tradicional, la existencia de tales mecanismos genera una contradicción narrativa: ¿No se suponía que los libertarios llegaban a transformar las formas de hacer política?

El futuro de estas tensiones dependerá de múltiples variables. Si las acusaciones de Lemoine son investigadas y comprobadas, Pagano enfrentaría consecuencias legales serias. Si, por el contrario, resultan ser exageradas o infundadas, Lemoine vería dañada su credibilidad. Lo más probable es que la verdad contenga aspectos de ambas perspectivas: operaciones políticas reales ejecutadas desde diversos flancos, pero posiblemente sin la sofisticación o malicia que Lemoine atribuyó. En cualquier caso, la participación de Milei en el conflicto mediante su validación de Lemoine establece un precedente donde el Presidente no permanece neutral ante disputas internas, sino que toma partido, con las implicancias que ello tiene para la cohesión del movimiento.