En medio de una trama que entrecruza acusaciones de corrupción administrativa, intentos de homicidio y denuncias de manipulación de pruebas, la investigación sobre presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) suma un nuevo capítulo. El 23 de septiembre está previsto que una mujer radicada actualmente en Bolivia comparezca ante la justicia argentina para ofrecer su testimonio sobre cuestiones directamente vinculadas con la pesquisa. Su intervención como testigo representa un punto de inflexión en un expediente que ha ido ganando complejidad a medida que avanzan las indagaciones y se incorporan nuevos datos sobre la cadena de hechos que presuntamente ocurrieron.
Lo que resulta relevante de este desarrollo es que la declaración no será presencial en territorio nacional, sino que se realizará mediante exhorto judicial desde el país vecino. Esta modalidad, lejos de ser un detalle procesal menor, refleja la magnitud de una causa que trasciende las fronteras argentinas y que involucra a actores que actualmente se encuentran fuera del país. El fiscal encargado de la investigación había cursado hace poco la solicitud formal a las autoridades bolivianas para que la mujer sea citada y pueda expresar lo que sabe respecto de aspectos puntuales del caso. Su conocimiento sobre ciertos detalles resulta considerado de importancia para la reconstrucción de los hechos que los investigadores persiguen esclarecer.
El papel de los audios en el centro de la controversia
Desde hace meses, los registros de audio atribuidos a quien fuera titular de la ANDIS constituyen el eje central de las pesquisas. Estos archivos supuestamente contienen conversaciones en las que se habrían discutido mecanismos de retornos en compras de medicamentos, un esquema que habría sido comunicado incluso al nivel más alto del Ejecutivo nacional. Sin embargo, la autenticidad y la integridad de esos audios han sido cuestionadas. La defensa de quien era responsable de la agencia planteó en su momento que las grabaciones podrían no ser genuinas, argumentando que fueron objeto de manipulación. El análisis técnico de estos materiales continúa en manos de peritos especializados, quienes examinan si los archivos sufrieron cortes, ediciones, o si fueron alterados mediante tecnologías de inteligencia artificial.
La participación de la testigo que declarará próximamente adquiere significación en este contexto, ya que según información que circuló durante la discusión judicial sobre el peritaje, ella habría tenido conocimiento acerca del origen de las grabaciones y las circunstancias bajo las cuales fueron obtenidas. Los abogados defensores emplearon referencias a sus dichos públicos para respaldar la tesis de que las grabaciones podrían haber sido producto de operaciones de inteligencia. Más específicamente, habría mencionado que su expareja le comunicó detalles sobre una supuesta tarea de recopilación de información relacionada con la filtración de esos registros. Este entramado de indicios y testimonios indirectos ha convertido su versión en un elemento que los investigadores consideran necesario incorporar de manera formal al expediente.
Un contexto marcado por acusaciones cruzadas y medidas de seguridad
La complejidad de la situación se amplifica cuando se considera el contexto en el cual esta declaración tendrá lugar. A mediados de agosto del presente año, la mujer fue víctima de un ataque armado en Bolivia que le provocó tres heridas por arma de fuego. El hecho, investigado por la justicia boliviana como un presunto intento de femicidio, derivó en la orden de detención preventiva de su expareja por un término de 180 días. El consultor político detenido ha negado categóricamente cualquier participación en el ataque, así como cualquier vínculo con terceros que pudieran haber ejecutado la agresión. Desde su perspectiva, las acusaciones en su contra carecen de fundamento.
La víctima del atentado, por su parte, ha expresado su convicción de que existe una motivación política detrás de lo sucedido y ha manifestado temor por su seguridad física. Tras recibir el alta médica luego de cinco días de internación, fue sometida a medidas de protección. En paralelo, fue convocada a declarar en otra causa judicial relacionada con presuntas irregularidades patrimoniales, instancia en la cual solicitó ser incorporada al régimen de testigos protegidos en virtud de sus preocupaciones sobre su integridad. Esta solicitud refleja el nivel de vulnerabilidad que ella percibe y que las autoridades parecen considerar como legítimo. El hecho de que brinde testimonio en la causa ANDIS precisamente bajo estas circunstancias añade una capa adicional de dramatismo a un expediente que ya de por sí presenta características excepcionales.
Desde la perspectiva de la investigación sobre corrupción en la agencia estatal, la declaración de la testigo se suma a otros testimonios ya incorporados. En septiembre de 2025, quien fuera asesor del gobierno declaró ante el fiscal y proporcionó información sobre las conversaciones que mantuvo con el entonces titular de ANDIS. En su relato, afirmó que este último le había confiado detalles sobre un presunto circuito de devoluciones ilícitas en adquisiciones de fármacos, así como sobre una comunicación que habría sostenido con la máxima autoridad ejecutiva en la residencia oficial durante la cual habría informado sobre esta situación. Además, en su testimonio mencionó a otra figura que, según su versión, habría formado parte de este esquema presuntamente ilícito. Estos datos constituyen el fundamento principal sobre el cual descansa la hipótesis fiscal de la existencia de un mecanismo organizado de corrupción.
La fiscalía ha sostenido de manera consistente que la pesquisa no se reduce únicamente al análisis de los audios, sino que comprende múltiples líneas de investigación. Entre los elementos que respaldan esta afirmación figuran documentación diversa que ha sido incorporada al expediente, dispositivos electrónicos que fueron secuestrados durante operativos de allanamiento, y resultados de análisis derivados de esas inspecciones. Este enfoque amplificado sugiere que los investigadores han construido una estrategia que no depende de una única prueba, algo que cobró relevancia cuando un magistrado federal rechazó recientemente un pedido para suspender el peritaje de las grabaciones. La negación de esa solicitud evidencia que la justicia considera que existen suficientes motivos para continuar avanzando con el análisis integral de la causa, independientemente de cuáles sean los resultados técnicos respecto de la autenticidad de los audios.
Implicancias y proyecciones de una causa sin precedentes
El testimonio que será recibido próximamente constituye un paso más en una investigación que ha logrado visibilidad pública considerable. La participación de una mujer que reside en el exterior, que fue víctima de una agresión armada, y que posee información sobre aspectos sensibles del caso, genera múltiples interrogantes sobre cómo las autoridades judiciales lograrán integrar adecuadamente su relato a la reconstrucción de los eventos investigados. La modalidad de exhorto internacional permite que la justicia argentina acceda a su declaración, pero también plantea interrogantes sobre la verificabilidad de las condiciones bajo las cuales esa deposición tendrá lugar, sobre todo considerando las medidas de seguridad que presuntamente la rodean y los temores que ha expresado.
La evolución de este expediente en los próximos meses resultará significativa no solo para determinar si efectivamente existió un esquema de corrupción en una agencia estatal durante un período específico, sino también para evaluar cómo la justicia procesa casos que presentan múltiples aristas criminales simultáneamente: presuntas irregularidades administrativas, manipulación potencial de pruebas, y crímenes violentos. Las distintas líneas de investigación —la vinculada con ANDIS, la referida al atentado en territorio boliviano, y la relacionada con presunto enriquecimiento ilícito— interactúan de maneras complejas, generando un escenario en el cual la declaración de un testigo puede impactar simultáneamente en múltiples causas. Este fenómeno de causas interconectadas presenta desafíos procesales considerables y requerirá coordinación de diversas instituciones judiciales. Los meses que vienen determinarán si la acumulación de evidencia y testimonios permite a los investigadores consolidar sus hipótesis o si, por el contrario, surgen elementos que reorientan el rumbo de las indagaciones en direcciones hasta ahora no exploradas.
