El entramado de dinero en efectivo que circuló durante la administración Kirchner vuelve a exponerse en la sala de tribunales, esta vez a través de documentación meticulosa que traza el movimiento de fondos en tiempo real. Durante el desarrollo del juicio que investiga presuntas coimas canalizadas mediante registros privados, un perito contable presentó ante el tribunal federal evidencia sobre la correspondencia temporal entre lo relatado por Ernesto Clarens—el intermediario financiero que negoció pagos hacia funcionarios públicos—y las extracciones de dinero que realizaron directivos de empresas constructoras en sucursales bancarias. Este hallazgo adquiere relevancia considerable porque establece, mediante comprobantes de operaciones reales, una línea de tiempo que vincula declaraciones testimoniales con hechos documentados en los registros de entidades financieras.
La comparecencia de Mariano Barbieri, contador que comandó un equipo investigador dentro de la estructura tributaria estatal, constituyó un momento clave en la acumulación de evidencia. Durante más de ciento veinte minutos de testimonio ante el Tribunal Oral Federal N.º 7, Barbieri detalló cómo su equipo cotejó información proveniente de distintas fuentes: por un lado, las versiones verbales del financista arrepentido; por el otro, los papeles concretos que documentan movimientos de dinero en el sistema bancario. Lo relevante radica en que ambas fuentes no operaban de manera aislada, sino que presentaban concordancia en los instantes temporales en que ocurrieron. Cuando Clarens señalaba una fecha específica en la que supuestamente se canalizaba dinero hacia funcionarios, existía un registro simultáneo de retiro de fondos en cajas de bancos como HSBC realizado por representantes de las compañías investigadas.
El universo de empresas bajo la lupa fiscal
La pesquisa abarcó un conjunto extenso de firmas constructoras que operaban en proyectos de infraestructura durante aquellos años: Alquimac, JCR S.A., Luciano S.A., Benito Roggio, Vialco, Rovella Carranza, José Cartellone y Luis Losi figuraban entre las principales. Cada una de ellas fue sometida a un rastreo minucioso de sus movimientos patrimoniales, tal como sucede en investigaciones de esta envergadura. Los registros no son aleatorios: corresponden a solicitudes cursadas desde organismos fiscales hacia las instituciones de crédito, con el propósito de reconstruir el flujo de dinero que supuestamente financiaba los pagos irregulares. Sin embargo, Barbieri reconoció en su declaración una limitación importante: no todas las entidades bancarias respondieron de manera exhaustiva o detallada a las consultas realizadas. Esta circunstancia, aunque comprensible dados los volúmenes de información requerida, inevitablemente deja espacios grises en la reconstrucción del cuadro completo.
Dentro de los casos particulares que ejemplificaron la concordancia temporal, se destacó la operación protagonizada por Jorge Sergio Benerol, ejecutivo de JCR S.A., quien extrajo un millón de pesos en efectivo de una sucursal del banco HSBC el 24 de octubre de 2013. Semanas después, específicamente el 6 de diciembre del mismo año, Rubén Relats—dueño de la firma—retiró quinientos mil pesos adicionales de la misma institución. Estos números no constituyen movimientos ordinarios de tesorería empresarial; su magnitud y su concentración en cortos períodos los distinguen de operaciones comerciales habituales. El contador explicó que estas extracciones se correlacionaban con fechas que había mencionado Clarens en sus declaraciones. De manera similar, cuando se analizaron los movimientos vinculados con Juan José Luciano, Barbieri observó: "Existe concordancia entre el día que refiere Clarens en su testimonio y los retiros bancarios registrados en esa fecha".
La metodología del trabajo investigativo y sus limitaciones
El procedimiento que siguió el equipo a cargo de Barbieri se ajustó a protocolos establecidos de investigación contable y fiscal. Los profesionales se enfocaron en documentar, sin realizar valoraciones sobre su significado, cada movimiento de dinero que transitó por el sistema bancario. Como expresó el propio contador durante su comparecencia: "Reportamos la totalidad de los movimientos dinerarios que fueron comunicados sin emitir juicio de valor respecto de los mismos". Esta postura refleja el rol del perito: recopilar información verificable y presentarla de manera objetiva, permitiendo que sean otros—los jueces, en este caso—quienes extraigan conclusiones sobre su relevancia penal. No obstante, la precisión de esta tarea depende directamente de la calidad y completitud de la información que proporcionan las instituciones bancarias consultadas. Cuando algunos bancos no responden de forma integral, la cadena de evidencia se ve interrumpida, generando vacíos que pueden resultar significativos.
Las coincidencias que emerge el análisis cobran peso cuando se consideran en contexto histórico más amplio. Durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015), la inversión en infraestructura alcanzó niveles sin precedentes en décadas anteriores. Las constructoras que figuran en esta investigación fueron protagonistas de esa expansión. Sin embargo, paralelamente, emergieron denuncias sobre desvíos de fondos, pagos a funcionarios para obtener adjudicaciones de obras, y estructuras de corrupción que operaban a través de intermediarios financieros. El fenómeno de los "cuadernos"—anotaciones donde se documentaban presuntos pagos—representa una de las vías mediante las cuales algunos investigadores y medios conocieron estos circuitos. Clarens, en su rol de financista, habría actuado como nexo entre constructoras que necesitaban acelerar trámites administrativos y funcionarios que podían facilitarlos a cambio de dinero. Las fechas que menciona, ahora corroboradas parcialmente por documentación bancaria, permiten reconstruir momentos puntuales de esa supuesta red.
Las implicancias de este tipo de hallazgos se desplazan en múltiples direcciones. Para los acusados en el proceso, la convergencia entre testimonios y papeles constituye un elemento probatorio que complica sus defensas. Para el sistema de justicia, representa el resultado de trabajo investigativo tedioso pero metodológico. Para las constructoras involucradas, expone públicamente conexiones entre sus operaciones financieras y presuntas prácticas corruptoras, independientemente de cómo resulte el juicio. Para la sociedad argentina, plantea interrogantes sobre cuántos proyectos de obra pública fueron afectados por desvíos de recursos, cuál fue el costo real en términos de calidad de infraestructura, y de qué manera mecanismos de control permitieron o no detectar estas prácticas mientras sucedían. Las conclusiones que el tribunal extraiga de estos elementos—si considere que la coincidencia temporal es evidencia suficiente de participación delictiva, o si exige grados mayores de certidumbre—definirán precedentes en materia de corrupción administrativa. Del mismo modo, el reconocimiento de limitaciones en la información bancaria disponible podría impulsar reformas en los sistemas de reporte financiero o crear debate sobre qué seguridad informativa tienen realmente los organismos de investigación cuando consultan a entidades de crédito privadas.
