Durante los últimos años de investigación sobre presuntos esquemas de corrupción que atravesaron la administración pública nacional, emergió una pregunta fundamental: ¿cómo circulaba realmente el dinero en el circuito de sobornos? Un profesional que trabajó monitoreando estas transacciones desde adentro del Estado ofreció pistas reveladoras sobre el timing de los movimientos financieros. Ignacio Martín Irigaray, quien se desempeñó como directivo de la Oficina Anticorrupción durante la gestión 2015-2019, compareció ante el tribunal que juzga los llamados Cuadernos de las Coimas y proporcionó un análisis de cómo los ingresos de dinero a una de las empresas investigadas coincidían con encuentros entre sus propietarios y funcionarios del Estado. Lo que emerge de su testimonio no es una prueba de delito, sino un patrón temporal inquietante que demanda ser examinado con atención.
El mecanismo de los depósitos sincronizados
La empresa BTU S.A., cuyo titular era Carlos Mundín, operó durante más de una década ejecutando proyectos de infraestructura en el sector energético y ferroviario a lo largo de todo el territorio nacional. Entre 2003 y 2015, esta compañía fue responsable del desarrollo de 23 iniciativas de obra pública, posicionándose como una jugadora significativa en el negocio de la construcción estatal. Sin embargo, lo que trascendió del testimonio brindado por Irigaray sugiere que los ingresos financieros hacia esta compañía presentaban un patrón peculiar: llegaban poco tiempo antes de reuniones entre sus directivos y personajes vinculados al aparato estatal.
El ejemplo más concreto mencionado durante la declaración remite a agosto de 2010. El 11 de ese mes, la empresa recibió un depósito de 37 millones de pesos en una cuenta del Banco Galicia. Transcurridos apenas dos días —el 13 de agosto— tres personas se encontraban en el interior del restaurante Croque Madame, ubicado sobre la avenida del Libertador, en el barrio porteño de Recoleta. Allí convergieron Roberto Baratta, funcionario de carrera que se desempeñaba como brazo ejecutivo del entonces ministro de Planificación Julio De Vido; Santiago De Vido, vástago del ministro, y el propio Mundín. Los registros de esos encuentros, según consta en documentación que forma parte de la acusación, provinieron de las anotaciones del chofer Oscar Centeno, quien durante años registró en cuadernos manuscritos los movimientos de funcionarios de alto rango.
Un segundo caso examinado por Irigaray profundiza esta observación sobre la simultaneidad de los eventos. En octubre del mismo año, el 14 de octubre la empresa percibió poco menos de 4 millones de pesos. Al día siguiente, el registro del conductor volvía a consignar un encuentro entre Baratta y Mundín en el mismo restaurante de Recoleta. Estas coincidencias fueron plasmadas en un informe técnico que elaboró el propio Irigaray mientras se desempeñaba como responsable de investigación dentro de la Oficina Anticorrupción, un organismo que a su vez participaba en el proceso como querellante. La metodología empleada en esos documentos se limitaba a constatar la cercanía temporal entre ambos fenómenos, sin saltar hacia interpretaciones o deducciones que trascendieran lo observable.
La arquitectura de un posible circuito ilícito
Cuando Alberto Beraldi, abogado defensor de Cristina Kirchner, solicitó al testigo que profundizara su percepción sobre esas coincidencias, Irigaray ofreció una reflexión que destila cierta cautela: "Es raro. Puede no significar nada. Pero es para mirarlo y pensarlo". Esta respuesta, aparentemente evasiva, en realidad condensa la tensión central del análisis sobre presuntos esquemas de corrupción en los últimos gobiernos. Los patrones no constituyen por sí solos una demostración de ilicitud, pero sí generan bases para el escrutinio. Durante su intervención ante el tribunal, Irigaray también articuló una premisa que funciona como columna vertebral del razonamiento sobre cómo operarían los presuntos sobornos: "Nadie paga un soborno de su propio bolsillo. Por lo tanto, normalmente, cuando hay un soborno, corresponde a dinero que la empresa obtiene del propio contrato". Esta afirmación sugiere que los fondos públicos destinados a la ejecución de obras de infraestructura terminarían siendo desviados parcialmente hacia los bolsillos de funcionarios, en una suerte de reciclaje de dinero estatal.
El contexto profesional desde el cual Irigaray formulaba estas observaciones añade densidad a su relato. Se trataba de un abogado cuya trayectoria en el sector público se remontaba a la época de Néstor Kirchner, es decir, a principios de los años 2000. Al momento de los hechos que describe, se desempeñaba en un rol de liderazgo dentro de la Oficina Anticorrupción, teniendo a su cargo equipos enteros de investigadores. Su posición era simultáneamente incómoda y privilegiada: por un lado, trabajaba en un organismo que era querellante en la causa, es decir, acusador; por otro, debía supervisar el cumplimiento de contratos con empresas que estaban siendo investigadas por presunta participación en esquemas delictivos. Como él mismo lo expresó durante el juicio: "Estábamos en el medio. Pertenecíamos al Estado que debía pagar y éramos querella que estábamos interesados en satisfacer los embargos". Esta tensión institucional refleja un problema más amplio: ¿cómo pueden coexistir las funciones de control y de gestión operativa dentro de la misma estructura estatal sin que una interfiera con la otra?
La magnitud de los números implicados pone en perspectiva la escala del fenómeno. Estamos hablando de decenas de millones de pesos fluyendo hacia empresas privadas en concepto de obra pública, durante un período de más de una década. La empresa BTU no era un actor marginal en este ecosistema: ejecutaba proyectos de energía e infraestructura ferroviaria, sectores considerados estratégicos para el desarrollo nacional. Los encuentros registrados no eran espontáneos ni casuales, sino que ocurrían en establecimientos gastronómicos conocidos, con participantes identificables, dejando rastros documentales. El hecho de que estos registros provengan de anotaciones manuscritas de un chofer introduce un elemento de corporalidad y inmediatez a los datos: no son números abstractos, sino movimientos concretos de personas en espacios físicos específicos.
Interrogantes que permanecen abiertos
Lo que emerge de este testimonio es menos una conclusión cerrada y más un conjunto de preguntas que demandan respuestas. ¿Por qué los depósitos a BTU precedían a los encuentros entre sus directivos y funcionarios públicos? ¿Existía una correlación causal o se trataba de meras coincidencias estadísticas? ¿Cuál era el contenido de esas conversaciones en el Croque Madame? ¿Qué retorno esperaban obtener los funcionarios del Estado a cambio de facilitar contrataciones o ampliaciones presupuestarias? El juicio que continúa en la actualidad pretende construir respuestas a estas preguntas mediante la acumulación de evidencia, testimonios y análisis forense de los movimientos financieros. Los Cuadernos de las Coimas, ese registro manuscrito que Oscar Centeno guardó durante años, funciona como documento central en este proceso. Su relevancia radica precisamente en su especificidad: no son generalizaciones sobre presunta corrupción sistémica, sino registros puntuales de encuentros, fechas, horarios y participantes.
La participación de actores de distinto rango en los encuentros documentados también merece atención. No se trataba solamente de funcionarios de segunda línea, sino de figuras como Julio De Vido, quien ocupaba la cartera de Planificación Federal, un ministerio con enorme influencia sobre la asignación de recursos para obra pública en todo el país. Su hijo Santiago también aparecía en estos encuentros, lo que introduce elementos de conexión personal y familiar al circuito de presuntos negocios. Baratta, a su turno, funcionaba como ejecutor de las decisiones, el nexo operativo entre los niveles de decisión política y la realidad de las contrataciones y pagos. El hecho de que estas tres personas se reunieran repetidamente con el empresario titular de una firma que obtenía masivos contratos estatales no puede ser ignorado en el análisis, más allá de que coincidencias temporales no constituyan prueba de delito per se.
La perspectiva de largo plazo también importa. Doce años de actividad empresarial con presuntos beneficiarios públicos sugieren que, de haber existido un esquema ilícito, este no era episódico sino estructural. No se trata de un caso aislado de un funcionario corrupto, sino potencialmente de un mecanismo institucionalizado de desvío de fondos públicos. Esta caracterización transforma el análisis desde lo meramente criminal hacia lo que algunos estudiosos denominan "corrupción sistémica", donde las desviaciones operan como parte del funcionamiento regular de la administración estatal. Las implicancias de este fenómeno trascienden a los individuos involucrados: afectan la calidad de las obras ejecutadas, la asignación de recursos públicos, la confianza ciudadana en las instituciones y la viabilidad de políticas de largo plazo en sectores estratégicos.
Las diferentes perspectivas sobre los hechos expuestos generan conclusiones divergentes. Para algunos, los patrones temporales identificados por Irigaray constituyen evidencia indiciaria robusta de un esquema de sobornos; para otros, representan meras correlaciones que pueden ser explicadas por procesos administrativos normales: es posible que las empresas requieran recibir fondos para luego reportar avances de obra, lo cual generaría naturalmente encuentros entre ejecutivos y funcionarios supervisores. Las defensa de los acusados tienden a enfatizar esta última interpretación, mientras que la acusación construye narrativas más complejas donde estos encuentros responden a intercambios ilícitos de dinero por favores administrativos. Lo cierto es que el tribunal deberá ponderar todos estos elementos —tiempos, montos, participantes, contexto institucional— para construir una convicción sobre qué sucedió realmente durante esos años. El testimonio de Irigaray proporciona un insumo factual sobre el cual el proceso judicial continuará edificando su análisis.
