En la última década del siglo pasado y los primeros años del actual, una relación de convivencia entre dos personas se convirtió en el vehículo silencioso para una de las operaciones más complejas de ocultamiento de bienes y documentación de fraude que Argentina ha conocido. Hilda Horowitz, expareja de Oscar Centeno, el chofer que registraba presuntos pagos irregulares en anotaciones que posteriormente saldrían a la luz pública, compareció ante los magistrados del Tribunal Oral Federal 7 para desgranar una historia que trasciende el mero ámbito personal e ingresa de lleno en el terreno de las complicidades estructurales. Su testimonio abre una ventana inquietante sobre cómo funcionaban los mecanismos de protección de activos y la cadena de custodia de pruebas durante los gobiernos kirchneristas. No se trata simplemente de una ruptura amorosa convertida en acusación pública; es el relato de cómo una persona común puede ser convertida en pieza de un engranaje que desconoce totalmente su magnitud.

El rol involuntario de testaferro y la custodia de documentos comprometedores

Durante más de diez años de convivencia turbulenta con Centeno, Horowitz fue utilizada sistemáticamente como intermediaria legal para operaciones que ella no comprendía en profundidad ni autorizaba plenamente. Según su propia narración, Centeno se valió de su nombre para realizar transacciones, adquirir bienes y estructurar un patrimonio que crecía sin pausa. El mecanismo era elemental pero efectivo: utilizar a una tercera persona, alguien con quien compartía techo y vida cotidiana, para fragmentar la propiedad de activos y dificultar así su rastreo. La mujer describió cómo en ocasiones le "trucaban la firma", es decir, falsificaban su rúbrica en documentos donde figuraba como titular de bienes que jamás había visto comprar ni utilizar.

Pero la verdadera relevancia de su declaración radica en su relato sobre cómo accedió a las anotaciones que Centeno guardaba obsesivamente. Los cuadernos, libretas y carpetas reposaban en un ropero de la casa que compartían, lugares cotidianos donde Horowitz podía encontrarse con ellos mientras organizaba la ropa o buscaba sus propias pertenencias. Ella no solo los vio; realizó copias de los documentos originales, mantuvo las primeras en su lugar y resguardó los duplicados. Este acto, que podría parecer menor, resultó decisivo en la cadena de pruebas que posteriormente alimentaría una de las investigaciones de corrupción más significativas de las últimas décadas. La mujer actuó, según su propio relato, sin una comprensión clara de lo que estaba documentando, movida más por una intuición de que aquello "podría servir" que por un análisis deliberado de sus implicancias legales.

De la convivencia doméstica al centro de la trama de sobornos

Lo que distingue este testimonio de otras narrativas de corrupción es el nivel de intimidad desde el cual emergen las revelaciones. Horowitz no es una secretaria que accedía a documentación en una oficina, ni una contadora que manipulaba registros contables. Es una mujer que presenció la vida cotidiana del chofer, sus hábitos de anotación compulsiva, sus quejas sobre los montos que recibía de Roberto Baratta, el funcionario kirchnerista acusado de actuar como recaudador de pagos irregulares. Centeno se lamentaba constantemente de las "migajas" que le proporcionaba Baratta, a quien servía como chofer en el Ministerio de Planificación. Sin embargo, paralelamente, la evidencia material contradecía esas protestas: departamentos adquiridos, vehículos comprados, una casa en Olivos completamente reformada, otra propiedad en la provincia de Salta. Horowitz acumuló observaciones de una contradicción fundamental entre lo que Centeno decía ganar y lo que efectivamente consumía y poseía.

La dinámica relacional entre ambos deterioró profundamente conforme avanzaron los años. Ella necesitaba mudarse de un departamento en Ezeiza que Centeno le había "armado", como ella misma lo expresó, porque la distancia respecto de su trabajo en la Capital resultaba insostenible. Él le consiguió entonces una propiedad en la calle Catamarca, en el barrio de Once, que quedó registrada a nombre de Horowitz. Del mismo modo, a través de la intermediación de Baratta, el chofer gestionó para ella una posición laboral en la Secretaría de Energía durante 2011. Esa inserción en la administración pública le permitiría posteriormente —en 2017— formular una denuncia respecto de operaciones ligadas a Gas Natural Licuado, expediente que eventualmente convertiría a Horowitz en testigo del fenómeno que denunciaba, al descubrir que sus propias observaciones sobre Centeno conectaban con una red mucho más amplia de irregularidades.

Cómo desaparecen las pruebas y quién las hace desaparecer

Un aspecto particularmente sensible del relato de Horowitz gira en torno al destino final de ciertos documentos. Ella afirmó que entregó a Miriam Quiroga, exsecretaria de Néstor Kirchner, algunas de las anotaciones de Centeno. Según su testimonio, Quiroga posteriormente los trasladó a Baratta, quien, en su comprensión, "hizo desaparecer" esos papeles: quizás los quemó, quizás los descartó de otra forma. Esta cadena de custodia fragmentada e incierta resulta típica de operaciones destinadas a destruir pruebas. Sin embargo, Horowitz aclaró ante los jueces que su conocimiento sobre el destino final de esos documentos provenía de información que había visto en publicaciones de medios de comunicación, no de observación directa, lo que introduce cierta opacidad en su afirmación.

No obstante, existe un hilo conductor que no puede ignorarse: existe otro personaje central en esta trama: Jorge Bacigalupo, un policía que posteriormente entregaría los cuadernos al periodista Diego Cabot, desencadenando la explosión pública de todo el escándalo. Bacigalupo también figuraba como testaferro de Centeno; uno de los vehículos estaba registrado a su nombre. Esto sugiere que el chofer distribuía activos entre múltiples terceros, fragmentando su patrimonio de manera tal que ninguna persona física concentrara una cantidad sospechosa de bienes. La estrategia operaba en capas: mientras Horowitz guardaba los cuadernos en un ropero, Bacigalupo servía como titular fantasma de automóviles, Baratta se movía dentro de la administración pública facilitando empleos e influencia, y Quiroga aparecía como receptora de información sensible en el circuito presidencial.

Los cuadernos y la obsesión por el registro

Centeno poseía un rasgo que Horowitz describió con precisión: anotaba todo. No se trataba de registros sofisticados o cifrados, sino de anotaciones cotidianas: la compra de zapatillas para los hijos, un pantalón, el costo de cargar nafta. Esta costumbre de documentación obsesiva se extendía naturalmente a asuntos de mayor envergadura. Cuando Horowitz preguntó por qué mantenía estos cuadernos, la respuesta fue reveladora: por si lo dejaban sin trabajo. En otros términos, Centeno no construía un archivo detallado de transacciones ilegales pensando en exponerlas públicamente; anotaba para protegerse, para tener registro de movimientos que de otra manera quedarían en la nebulosa de la oralidad. Era un mecanismo de defensa, no de acusación. Lo irónico radica en que esos mismos cuadernos, al hacerse públicos años después, se convertirían en el documento más incriminador de una red de corrupción estructurada.

Horowitz recordó un episodio específico que ilustra cómo Centeno comprendía la lógica del dinero en efectivo dentro de este circuito. En un momento en que él estaba "picado" por el consumo de alcohol, tomó un bolso y le mostró cuánto dinero podía caber en él, dependiendo de cómo se distribuyen los billetes. Era una lección práctica sobre el manejo de fondos no registrados, sobre cómo transportar y almacenar grandes cantidades de efectivo de manera compacta. Dos bolsos —uno azul y otro negro— que Horowitz había utilizado en sus mudanzas serían años después presentados ante la Justicia. Ella decidió desprenderse de ellos por temor a quedar involucrada en la maniobra de ocultamiento de dinero, entregándoselos al fiscal Carlos Stornelli, quien instruyó el caso original.

La relación como fuente de conflicto y revelación

La relación entre Centeno y Horowitz nunca fue armoniosa. Ella lo describió como alguien de temperamento "variable", dado a consumir alcohol los fines de semana, celoso hasta el punto de sospechar que mantenía relaciones con su propio hijo, y ocasionalmente violento. En su declaración, con la voz cargada de frustración acumulada, mencionó agresiones físicas: "Me cagó a trompadas, me dio una patada en el pecho". La convivencia fue un calvario que ella toleró durante años, posiblemente porque ignoraba la magnitud de lo que Centeno estaba organizando detrás de puertas cerradas, o porque no poseía recursos para marcharse de manera definitiva. Cuando finalmente el vínculo se resquebrajó, Horowitz reconoció explícitamente que una de sus motivaciones al colaborar con la Justicia era perjudicar a Centeno por todo lo que le había hecho. No era un acto de civismo abstracto, sino de venganza personal convertida en testimonio judicial.

Este elemento psicológico no es irrelevante. La credibilidad de un testigo que declara motivado por el resentimiento requiere que su testimonio sea corroborado por otras pruebas, que sus afirmaciones puedan verificarse independientemente. En el caso de Horowitz, su acceso a los cuadernos y sus descripciones de cómo Centeno los guardaba, escribía y protegía se alinean con la cronología de cómo esos documentos eventualmente llegaron a manos de periodistas. Su narrativa sobre los mecanismos de testaferrismo, sobre cómo Centeno adquiría bienes a través de terceros, sobre las quejas constantes respecto de los pagos que recibía de Baratta: todo esto encaja en la arquitectura de una red de corrupción que ha sido investigada durante años por múltiples organismos públicos.

Implicancias y perspectivas abiertas

El testimonio de Horowitz abre interrogantes que trascienden el caso específico de Centeno y Baratta. En primer lugar, plantea la cuestión de cómo se forman redes de complicidad que involucran a personas sin que ellas comprendan plenamente el alcance de lo que están haciendo. ¿Hasta qué punto Horowitz fue víctima o cómplice? Ella misma participó en simulacros de préstamos, permitió que su nombre se utilizara en transacciones, aceptó bienes que le facilitaba Centeno. Al mismo tiempo, fue utilizada, engañada, agredida. En segundo lugar, la declaración ilustra cómo la destrucción de pruebas no siempre es completa; los duplicados que Horowitz hizo de los documentos originales permitieron que la verdad emergiera incluso después de que se suponía que todo había sido eliminado. En tercero, su relato evidencia la fragilidad de los sistemas de custodia de documentación cuando operan fuera de canales institucionales formales. Que unos cuadernos incriminadores descansen en un ropero, sean copiados por alguien sin experiencia legal, entregados a una secretaria presidencial, pasados a un funcionario kirchnerista y eventualmente trasladados a un policía que los filtraría a la prensa, sugiere un nivel de improvisación y riesgo que resulta sorprendente para una red que se suponía estaba organizando cobros sistemáticos de sobornos.

Desde la perspectiva de las autoridades judiciales que conducen el juicio, el testimonio de Horowitz proporciona un nivel de detalle íntimo sobre la vida y operaciones de Centeno que difícilmente podría ser obtenido de otro modo. Ella puede describir cuándo escribía, cómo guardaba los documentos, qué expresaba verbalmente respecto de los pagos, cómo adquiría bienes. Desde la perspectiva de la defensa de Centeno, la motivación de venganza personal de Horowitz introduce un factor de sospecha sobre la confiabilidad general de su relato. Desde una perspectiva más amplia de análisis institucional, el caso pone de manifiesto cómo durante los gobiernos kirchneristas operaban estructuras de distribución de recursos que escapaban completamente a los mecanismos de fiscalización ordinaria, utilizando redes de funcionarios, empleados públicos y personas civiles para fragmentar responsabilidades y dificultar el rastreo de fondos. Las consecuencias de este modelo de operación continúan desplegándose en los juzgados: la determinación de quiénes fueron responsables, en qué grado, y cuáles fueron los montos exactos de los fondos irregularmente distribuidos permanece como objeto de disputa jurídica que se extenderá probablemente durante años, alimentada por testimonios como el de Horowitz que aportan luz a rincones que de otra manera permanecerían en la penumbra.