Mientras un gremio declarado en extinción técnica por los avances tecnológicos adquiere vehículos de última generación que superan los 400 millones de pesos, su máximo dirigente transita una vida que oscila entre departamentos en barrios de alto nivel, efectivo en dólares y una red de empleadores que se superponen entre lo privado y lo público. El caso de Facundo Moyano y su gestión del Sindicato Único de Trabajadores de Peaje expone las grietas de un entramado donde los números oficiales no cierran y donde la prosperidad económica convive con una realidad que apunta hacia la contracción del sector.
Los hechos comenzaron a revelarse de forma abrupta el martes pasado, cuando Moyano fue detenido por más de quince horas en dependencias policiales bajo acusaciones de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en el contexto de un conflicto con su pareja. El episodio, que todavía permanece en la órbita de las investigaciones fiscales, funcionó como detonante para que observadores y analistas volvieran a escudriñar el perfil patrimonial de quien comanda una de las organizaciones sindicales más particulares del país. Lo que emergen son inconsistencias difíciles de ignorar.
Un gremio que se contrae pero invierte como si creciera
El Sutpa fue constituido formalmente en 2006 y agrupa a trabajadores de un sector que atraviesa una transformación irreversible. La tecnología de peaje automático y los sistemas de pago sin contacto representan amenazas existenciales para una actividad que ha visto reducirse sostenidamente su base laboral. Sin embargo, los números que presenta la organización cuentan una historia contradictoria. Mientras la página institucional del sindicato sostiene la existencia de 7.000 afiliados, los registros electorales del año anterior muestran un padrón de apenas 5.659 personas habilitadas para votar, una diferencia que supera el 20 por ciento y que sugiere una realidad menos boyante que la proclamada públicamente.
Las bases de datos oficiales registran que la organización mantiene una deuda de aproximadamente 34 millones de pesos y que opera con un plantel de entre 22 y 26 empleados. Pero allí donde más se evidencia la aparente bonanza es en su parque vehicular. A lo largo de 2026, el Sutpa ha adquirido ocho vehículos de fabricación reciente, todos ellos de segmentos medios y altos, que en conjunto alcanzan un valor de mercado que ronda los 400 millones de pesos. Uno de esos automóviles, un Toyota Corolla GR-Sport, fue precisamente el que Moyano utilizó para retirarse de la fiscalía luego de prestar declaración por el incidente con su pareja. La flota total del sindicato comprende 48 unidades, cifra que implica dos vehículos por cada empleado. Ninguno de ellos responde al perfil de transporte utilitario que caracteriza al trabajo en autopistas: son automóviles de uso particular, sedanes y deportivos.
Del San Telmo al barrio de los empresarios: una trayectoria inmobiliaria de ascenso
La geografía residencial de Facundo Moyano traza un mapa de movilidad ascendente típico de sectores en expansión económica. Hasta 2021, el dirigente sindical mantuvo su base en una torre ubicada en la avenida Belgrano, en la zona de San Telmo, donde ocupaba un departamento en el piso 12. Ese mismo año contrajo matrimonio con la modelo Eva Bargiela y decidió mudarse. La separación ocurriría apenas dos años después, pero el cambio de residencia resultó definitivo: se trasladó a Barrancas de Belgrano, a un edificio que reúne características propias de la arquitectura de lujo capitalina y que es compartido por personajes del mundo empresarial de relevancia nacional. En el mismo edificio, según fuentes relevadas, el empresario Nicolás Caputo adquirió departamentos para integrantes de su círculo familiar más cercano. Fue precisamente en ese edificio donde ocurrió el incidente que derivó en la detención de Moyano.
La consulta sobre este cambio de domicilio y sobre la naturaleza de su convivencia en esa zona de la ciudad motivó una respuesta tajante del sindicalista, quien rechazó el escrutinio público sobre su vida privada argumentando que no se desempeña en funciones de gobierno. También circulan versiones, aún sin confirmación oficial, acerca de la adquisición de un predio de grandes dimensiones en Pilar, en cercanías de la ruta 6, una zona caracterizada por la presencia de haras equinos y clubes de polo. En el caso de la familia Moyano, las fuentes consultadas señalan que la demarcación entre propiedades personales y activos sindicales resulta nebulosa y de difícil precisión.
Paralelamente, en 2025, el Sutpa ejecutó una mudanza de su sede operativa central. La histórica instalación en Castro Barros 1085, en el barrio de Boedo, fue abandonada. Ese era un inmueble de características modestas, estructura de una sola planta originalmente, al que años atrás se le adicionó un segundo nivel destinado a las oficinas del secretario general. La nueva sede, ubicada en Chacabuco 100, muy próxima a la Plaza de Mayo, representa un cambio cualitativo significativo. Se trata de una instalación modernizada cuya obra constructiva fue encomendada a Aconra, la firma constructora controlada por Liliana Esther Zulet, esposa de Hugo Moyano y gestora del conglomerado empresarial que orbita alrededor del Sindicato de Camioneros. La inauguración de las nuevas oficinas reunió a dirigentes sindicales de importancia, en un acto donde Facundo contó con el apoyo de su padre.
Dinero en efectivo, empleadores superpuestos y operaciones financieras opacas
La última declaración jurada que Facundo Moyano hizo pública data de 2020, un año antes de su renuncia a la banca de diputado nacional en el contexto de diferencias políticas con el kirchnerismo. En ese documento, no figuraban inmuebles ni vehículos, pero sí cantidades significativas de liquidez. Declaró poseer en efectivo prácticamente 200.000 dólares, además de ahorros en moneda local en cuentas bancarias y un plazo fijo de 1.200.000 pesos. Seis años después, los cambios en su patrón de vida son visibles pero no están sistemáticamente documentados en registros públicos.
El modelo de empleabilidad de Moyano exhibe características poco convencionales. Actualmente se desempeña bajo contrato laboral en Aubasa, la empresa estatal bonaerense que gestiona autopistas, cuyo control recae en el gobierno provincial encabezado por Axel Kiciloff a través de José Arteaga, un dirigente sindicado al Frente Renovador de Sergio Massa. En el directorio de Aubasa, en representación de los trabajadores, figura Diego Lasala, colaborador directo de Moyano en la estructura del Sutpa. Adicionalmente, Moyano ha sido empleado de Aconra SA, la constructora de Zulet, lo que genera un vínculo laboral directo con la estructura empresarial de su padre. Aconra registró movimientos financieros de consideración: entre el 7 y el 29 de mayo del año pasado, la empresa recibió 544 millones de pesos canalizados a través de un fideicomiso denominado Khasis, fondos que provenían de las cuentas que el Sindicato de Camioneros mantiene en el Banco Provincia.
Estas operaciones forman parte de un patrón más amplio que había sido objeto de indagación en el mes de abril del año anterior, cuando se revelaron transacciones que involucraban a Zulet y al grupo familiar Moyano. La opacidad que rodea estos movimientos financieros, junto con la multiplicidad de vías de empleo y de ingresos, configura un cuadro donde resulta difícil trazar con precisión el origen y la naturaleza de los recursos que financian el nivel de vida observable.
Más allá de su rol sindical, Facundo Moyano ha cultivado una presencia pública que combina política y entretenimiento. Ha frecuentado espacios de televisión nacional por motivos políticos, mientras que su nombre ha circulado también en ámbitos de farándula. Han trascendido relaciones románticas con figuras del mundo del espectáculo y del modelaje. Para los actos de fin de año del Sutpa, que suelen realizarse en grandes salones de Buenos Aires, Moyano contrata artistas musicales que gozan de popularidad en el momento: en ocasiones recientes, la organización ha contado con presentaciones de figuras como la Joaqui y L-Gante, este último vinculado románticamente con Candela Arizaga, la persona por cuyo conflicto con Moyano se desencadenó la detención de los últimos días.
Consultorías y estructuras paralelas: la expansión más allá del sindicato
Hace algunos años, Moyano fundó una consultora privada denominada Estrategia Persuasión, especializada en cuestiones vinculadas al transporte y a políticas de seguridad vial. Esta firma montó sus oficinas en el microcentro porteño, específicamente en San Martín 500, lo que le permitió mantener una estructura separada de la sede sindical históricamente ubicada en Boedo. La creación de esta entidad respondió a un patrón de diversificación que le permitió expandir su presencia profesional más allá del sindicato, generando ingresos potencialmente adicionales y ampliando su red de contactos en sectores vinculados al transporte y la infraestructura vial.
Las implicancias de una prosperidad desigual: perspectivas sobre lo que viene
El cuadro que emerge de estas observaciones plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de un modelo sindical cuya base laboral se contrae debido a factores tecnológicos estructurales, pero cuya estructura económica y patrimonial exhibe signos de crecimiento. Las adquisiciones de vehículos, los cambios inmobiliarios, las operaciones financieras entre entidades vinculadas y la multiplicidad de fuentes de empleo sugieren un entramado donde los recursos fluyen de múltiples direcciones, no todas fácilmente rastreables o transparentes. El incidente reciente que derivó en la detención de Moyano funcionó como catalizador para que estos temas volvieran a la esfera pública, aunque su resolución aún pende de los tiempos judiciales. Desde una perspectiva institucional, la situación plantea debates sobre cómo deben fiscalizarse los recursos sindicales, en qué medida los vínculos entre dirigentes sindicales, empresas constructoras y organismos estatales pueden generar conflictos de interés, y cuáles son los mecanismos disponibles para asegurar que la opacidad en operaciones financieras no prospere. Desde otra óptica, se abre la pregunta sobre cómo sectores laborales en contracción estructural pueden mantener estructuras organizativas de envergadura sin recursos genuinos provenientes de afiliaciones. La confluencia de todos estos factores sugiere que los próximos meses traerán nuevos desarrollos, tanto en el plano judicial como en el del escrutinio público sobre este singular caso de prosperidad aparentemente aislada de los fundamentos económicos que la explicarían.
