La semana pasada dejó un saldo de tensión en las inmediaciones del Parlamento Nacional durante los debates legislativos sobre la cuestión de tierras. Mientras diputados y senadores deliberaban sobre un asunto que toca fibras profundas en la sociedad argentina, las calles circundantes se convirtieron en escenario de enfrentamientos y desórdenes que el gobierno porteño califica como desmanes delictivos antes que como manifestación política legítima. A casi una semana de esos sucesos, Jorge Macri, máxima autoridad ejecutiva de la Ciudad Autónoma, salió a explicar la estrategia implementada, a reclamar reconocimiento por los resultados obtenidos y a proyectar una agenda de seguridad que, según su perspectiva, ha transformado los espacios urbanos de la capital.
El titular de la administración porteña fue enfático al caracterizar lo ocurrido el jueves pasado. En lugar de presentar los hechos como una manifestación que escaló en violencia —narrativa común en debates sobre represión policial—, optó por negarle directamente el carácter de protesta pacífica. Según su relato, quienes participaron en los enfrentamientos trascienden el rol de ciudadanos ejerciendo derechos políticos y constituyen, por el contrario, actores criminales cuyas acciones merecen ser catalogadas como delitos. Esta caracterización no es un detalle menor: establece un marco interpretativo donde la respuesta estatal se presenta como aplicación de ley penal antes que como gestión de conflictividad político-social. "Cuando te enfrentás a esto, no te enfrentás a un reclamo político: son delincuentes", fue la expresión que utilizó para zanjarse cualquier ambigüedad conceptual. La Ciudad, en su argumentación, no reprimió una protesta sino que enfrentó actividades criminales, una distinción que trasciende lo semántico y adquiere peso en la evaluación de políticas públicas de seguridad.
La coordinación entre gobiernos y las disputas internas por el mérito
Macri dedicó parte de su intervención pública a enfatizar que la gestión de los incidentes respondió a una coordinación fluida entre la administración porteña y el gobierno nacional. Ambas instancias, según detalló, actuaron de manera articulada en el operativo desplegado durante la jornada conflictiva. Este énfasis en la coordinación cumple al menos dos funciones discursivas simultáneamente: por un lado, intenta demostrar eficiencia institucional y capacidad de diálogo entre distintos niveles del Estado; por otro, anticipa y neutraliza posibles críticas sobre excesos represivos, distribuyendo la responsabilidad entre múltiples actores gubernamentales. Sin embargo, inmediatamente después de subraya esta concordia interestatal, Macri introdujo un tono lúdico al referirse a lo que denomina una "disputa simpática" con Patricia Bullrich, ministra de Seguridad Nacional, respecto de quién merece el crédito por haber logrado, en sus palabras, "liberar la ciudad de los piquetes". La ironía deliberada en esta formulación sugiere una competencia política de baja intensidad pero presente, donde ambos funcionarios juegan a atribuirse mutuamente un logro que, según Macri, es en realidad responsabilidad compartida. "Somos dueños conjuntos" del resultado, sentenció, en una frase que busca cerrar la disputa sin admitir desventaja alguna.
Lo interesante de este posicionamiento radica en que, mientras insiste en que la coordinación funciona y que el mérito es compartido, Macri no pierde oportunidad de marcar diferencias respecto de Bullrich. El hecho mismo de que sea necesario aclarar públicamente que el crédito pertenece a ambos revela, quizás involuntariamente, que existe una disputa de poder y reconocimiento entre dos actores del mismo espacio político. Bullrich ha ocupado un rol central en la gestión de seguridad a nivel nacional durante la actual administración, y su figura se ha fortalecido especialmente tras su participación en operativos de alto perfil. La intervención de Macri parece buscando restablecer equilibrio, recordando que en la Ciudad de Buenos Aires es él quien ostenta la máxima autoridad ejecutiva y que los resultados en seguridad también deben atribuirse a sus decisiones y su gestión. Esta tensión entre funcionarios de un mismo signo político no es menor: evidencia que incluso dentro de coaliciones gobernantes existen competencias por liderazgo y posicionamiento de cara a escenarios electorales futuros.
La estrategia integral contra ocupaciones y economías informales
Más allá de la caracterización de los incidentes recientes, Macri aprovechó la plataforma para presentar un recuento de políticas de seguridad que su administración considera logros sustantivos. En materia de ocupaciones ilegales de inmuebles, la Ciudad habría recuperado 901 propiedades hasta el momento de la entrevista. Esta cifra, según el jefe de Gobierno, representa el éxito de una combinación entre decisión política local y un marco legal nacional que, aunque reciente, viene a fortalecer instrumentos preexistentes. Macri se refirió específicamente a la ley nacional de inviolabilidad de la propiedad privada como un avance legislativo positivo, destacando su apoyo a que los desalojos puedan acelerarse mediante procedimientos expeditos. Sin embargo, al mismo tiempo advirtió un punto que subraya el rol insustituible de la política: la legislación por sí sola resulta insuficiente si no hay decisión política efectiva de quienes deben implementarla. "Cuando hay decisión política se puede combatir la usurpación. La ley nacional ayudará, sin duda, pero después, si no hay decisión política de cada actor involucrado, no alcanza", expresó, reconociendo implícitamente que la efectividad de cualquier medida depende tanto de marcos normativos como de voluntad ejecutiva.
Al ocuparse de las ocupaciones, Macri vinculó este fenómeno con otros delitos y con consecuencias que trascienden la propiedad privada: presentó la usurpación como punto de partida de un proceso de degradación urbana donde traficantes de drogas, delincuentes y otras formas de criminalidad encuentran espacio para instalarse. Según esta lógica, combatir ocupaciones no es únicamente una cuestión de derechos de propiedad sino de seguridad pública integral. Paralelamente, el jefe de Gobierno expresó orgullo por lo que considera avances en la lucha contra los cuidacoches informales, a los que se refirió utilizando el término coloquial "trapitos". Sin especificar cifras o detalles de políticas implementadas en este frente, Macri señaló que estos individuos representan un problema que requiere intervención estatal, aunque sin profundizar en los mecanismos exactos de esa intervención ni en los resultados medibles obtenidos.
Respecto del financiamiento de políticas de seguridad y salud, Macri hizo énfasis en un mecanismo de recaudación que ha generado controversia: el cobro de prestaciones sanitarias a extranjeros. Según sus datos, esta práctica genera ingresos anuales que ascendían a 100 millones de dólares y que para el año en curso se proyecta que alcancen 140 millones de dólares. Macri presentó estos recursos como íntegramente destinados a financiar más de 700 obras de infraestructura sanitaria en la Ciudad. La lógica del argumento es que, mediante una política de cobro selectivo basada en capacidad contributiva, la administración asegura que "quien tiene que pagar" efectivamente pague, permitiendo así sostener inversiones públicas en salud. Este enfoque busca justificar una medida que, desde otras perspectivas, podría cuestionarse como restrictiva del acceso a servicios sanitarios públicos.
Posicionamiento electoral y advertencias sobre el espacio político
Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de enfrentarse electoralmente con Bullrich en la Ciudad en futuras contiendas, Macri respondió de manera afirmativa y entusiasta, señalando que la competencia entre actores políticos del mismo espacio genera incentivos para mejorar propuestas y desempeño. "Yo todo lo que gané siempre lo hice compitiendo, así que bienvenida la competencia", expresó, en una declaración que refuerza la idea de que la rivalidad política, lejos de ser problemática, constituye un mecanismo virtuoso de selección y mejoramiento. Este posicionamiento anticipa un escenario donde, en caso de que Bullrich decidiera competir como candidata en Buenos Aires, ambos contendientes provendrían de la misma coalición gubernamental.
En un giro más estratégico, Macri advirtió contra la complacencia respecto del debilitamiento político de sectores opositores. Específicamente, cuestionó la idea de que el kirchnerismo se encuentra políticamente liquidado o que su amenaza ha desaparecido del tablero político. Aludiendo a la experiencia con Alberto Fernández como presidente, Macri argumentó que subestimar a adversarios políticos constituye un error histórico. El relato que presenta es que Fernández fue percibido como una figura más educada o moderada en comparación con gobiernos anteriores del mismo espacio, pero que su gestión terminó siendo "una catástrofe", en palabras de Macri. Esta reflexión parece diseñada para mantener en alerta a su propio espacio político respecto de no bajar la guardia ideológica ni confiar en que la derrota de 2023 significa el fin de competidores políticos. Para Macri, evitar "volver al pasado" requiere esfuerzo permanente de múltiples sectores que comparten ese objetivo, lo que equivale a decir que la vigilancia y la movilización política continúa siendo necesaria.
Las declaraciones de Macri en su conjunto presentan un cuadro donde la seguridad, la propiedad privada, el control de economías informales y la gestión de recursos públicos se entrelazan como parte de una visión integral de gobierno. Sin embargo, al trasladar conflictividad de carácter político-social a categorías de delincuencia, al enfatizar recuperación de propiedades y control de piquetes, y al proyectar competencia electoral incluso dentro de espacios políticos aliados, Macri establece un marco donde ciertos problemas estructurales de la sociedad —desigualdad, acceso a tierra, ocupación laboral informal— aparecen fundamentalmente como cuestiones de seguridad y orden público antes que como cuestiones que demanden respuestas políticas, redistributivas o estructurales. Esto no implica necesariamente que sus políticas sean equivocadas o sus diagnósticos incorrectos, pero sí señala una orientación de gestión que prioriza el orden y la seguridad como herramientas para resolver conflictividad urbana.
Las implicancias de este conjunto de posicionamientos desplegados por la máxima autoridad porteña pueden observarse desde múltiples ángulos. Quienes comparten la perspectiva de que la seguridad, la inviolabilidad de la propiedad privada y el combate a actividades criminales constituyen prioridades urgentes hallarán en estos planteamientos una respuesta consonante con sus preocupaciones. Quienes, por el contrario, consideran que la criminalización de la protesta política, el énfasis en desalojos rápidos, y el cobro de servicios sanitarios a extranjeros configuran una agenda que profundiza desigualdades, encontrarán en estas políticas motivos para cuestionamiento y debate. Lo que resulta incuestionable es que estas medidas, si se mantienen en el tiempo y se consolidan legislativamente, generarán transformaciones sustanciales en los espacios urbanos porteños y en las formas de conflictividad que caracterizan a la Ciudad.
