Un fenómeno inquietante cruza los pasillos del Consejo de la Magistratura en Buenos Aires: candidatos a ocupar juzgados federales y nacionales experimentan ascensos vertiginosos en las listas de selección que desafían toda lógica institucional. El Colegio de Abogados de la Ciudad formuló un alerta de consideración después de que dos organismos especializados en temas de justicia realizaran un análisis exhaustivo de los procesos de designación de magistrados. La preocupación central no radica simplemente en los números, sino en qué revelan esos números sobre los mecanismos que determinan quién administra justicia en el país.
La magnitud de las distorsiones detectadas es por sí sola elocuente. En el caso más extremo, un candidato saltó 32 posiciones entre su ubicación inicial y su colocación definitiva. Se trata de Juan Manuel Gaset Maisonave, quien trabaja como secretario en una fiscalía de tribunales orales federales y fue propuesto para integrar el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 5 de San Martín. Este salto estratosférico le permitió aterrizar en el tercer lugar de la terna, es decir, en condiciones de ser designado si los dos candidatos mejor posicionados rechazaran el cargo. Similar fue la trayectoria de José Miguel Guerrero, exdirector de la máxima autoridad en materia de antecedentes penales en el país, quien trepó 27 lugares en su concurso para una judicatura nacional en lo criminal. Guerrero también cerró tercero en su terna de candidatos viables para designación.
El mecanismo que genera las deformaciones
Aquello que explica estos ascensos dramáticos reside en una etapa específica del proceso concursal: la entrevista personal. A diferencia de otras instancias que componen el sistema de selección —exámenes escritos y evaluación de antecedentes— esta última no posee un puntaje predeterminado ni un techo máximo de influencia sobre el resultado final. El Colegio de Abogados subraya que esta ausencia de límites cuantitativos permite que el resultado de una conversación entre evaluadores y postulante reordene de manera radical posiciones construidas a través de instancias que demandaron meses de trabajo. Para graficar la desproporcionalidad del sistema, la entidad remarcó que el propio Consejo de la Magistratura publicó registros de entrevistas que duraron apenas 15 o 20 minutos. Lapsos de tiempo que, pese a su brevedad, resultaron suficientes para invertir completamente el orden de mérito que emergía de etapas previas más rigurosas y extensas.
Dos casos adicionales ilustran esta tendencia: Laura Wiszniacki, secretaria de un juzgado civil porteño, trepó 15 posiciones en su concurso para mantener su función pero en carácter de jueza titular, pasando del puesto 28 al 20 y asegurándose un lugar en la terna. Por su parte, Diego Javier Souto, defensor oficial en tribunales orales, realizó un ascenso similar de 15 escalones, saltando del 31 al 21 en su búsqueda por acceder a una judicatura en lo criminal. Un tercer grupo de candidatos mejoró sus posiciones en 13 casilleros: entre ellos figuran Soledad Eugenia Mariño (secretaria de la Cámara del Crimen), Nicolás Ramón Ceballos (juez de garantías en San Isidro que aspiraba a tribunal oral porteño) y Ezequiel Javier Sobrino Reig, secretario de la Cámara Civil que con su salto del 14 al 7 se posicionó como primer candidato de su terna. Otros casos documentados incluyen a Hugo Fabián Decaria y María Laura Ameri, quienes ganaron 12 posiciones cada uno, y Germán Augusto Degano, que mejoró 11 lugares.
El problema de la subjetividad sin regulación
El análisis que fundamenta estas conclusiones fue elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), dos instituciones reconocidas por su trabajo en seguimiento de procesos de selección de magistrados. Ambas revisaron movimientos en 67 pliegos enviados por el Ejecutivo al Senado hasta abril del presente año. Los datos obtenidos son contundentes y refuerzan la percepción de que la entrevista personal opera como una herramienta con capacidad de reconfigurar completamente los resultados basados en criterios más objetivos. El Colegio de Abogados subraya que esta discrecionalidad encuentra su raíz en la ausencia de parámetros cuantitativos explícitos, lo que permite que evaluaciones "necesariamente más subjetivas" se impongan sobre métricas anteriores de carácter más verificable.
Las irregularidades no se limitan a los saltos en el orden de mérito. El Colegio también cuestionó la práctica de realizar "concursos múltiples", mecanismo que expande el universo de candidatos que acceden a la instancia de entrevista, y el recurso a listas complementarias que escapan a las prioridades establecidas en las propias normas reglamentarias del Consejo. Hace apenas meses, en febrero pasado, la cobertura de cargos en el Poder Judicial federal era tan deficiente que 37 de cada 100 juzgados de la Nación se encontraba sin titular. Pese a este panorama de urgencia reconocida, la entidad colegial de abogados sostiene con precisión que la prisa por cubrir vacantes no puede justificar el sacrificio de la idoneidad de quienes serán designados. El Ministerio de Justicia informó recientemente el envío de 203 pliegos destinados a colmar posiciones de jueces, fiscales y defensores, varios de los cuales fueron objeto de consideración en audiencias públicas programadas para mediados de agosto. Sin embargo, el Colegio advierte que el "éxito" de una política de designaciones no se mide por la cantidad de candidatos impulsados, sino por la calidad institucional de quienes finalmente asumen la responsabilidad de administrar justicia.
Curiosamente, una iniciativa que buscaba precisamente contrarrestar estas distorsiones fue presentada hace tiempo por los jueces Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El proyecto apuntaba a corregir "disfuncionalidades sistémicas" en los procesos de selección mediante varias medidas correctivas, entre ellas la reducción de la discrecionalidad que permite a la entrevista personal alterar dramáticamente los resultados. Específicamente, la propuesta establecía que la incidencia de esta etapa no debería exceder el 10% del puntaje total. De esta forma, se habría logrado mantener un equilibrio razonable entre la evaluación de competencias blandas y la valoración de conocimientos técnicos y antecedentes profesionales. Sin embargo, este proyecto no logró avanzar en las deliberaciones del Consejo de la Magistratura, quedando trunco en sus intenciones reformistas.
Elecciones próximas en el organismo selector
El contexto actual adquiere relevancia adicional por cuanto próximamente —específicamente el 20 de octubre— serán elegidos los cuatro representantes de la abogacía que integrarán el Consejo de la Magistratura. El Colegio de Abogados plantea una exigencia que debería resultar elemental: que estos representantes sean personas de reconocida independencia respecto de los partidos políticos, los gobiernos de turno y los acuerdos de naturaleza política que suelen atravesar las decisiones sobre distribución de poder judicial. Esta petición de independencia no es menor en contextos donde la designación de magistrados ha sido históricamente un campo de disputa política en Argentina. Durante décadas, gobiernos de distintas orientaciones utilizaron el aparato de selección de jueces como herramienta para asegurar que el Poder Judicial reflejara sus afinidades y prioridades políticas. La advertencia del Colegio implícitamente reconoce que la calidad de las decisiones futuras dependerá en buena medida de quiénes sean los interlocutores de la magistratura en el órgano de gobierno judicial.
Más allá de los casos más resonantes, el análisis documentó otros movimientos ascendentes significativos. María Verónica Michelli y Pablo Ezequiel Wilk, en un concurso múltiple para la Cámara Federal de La Plata, ganaron diez posiciones cada uno (aunque ambos quedaron en listas complementarias). Jorge Djivaris, secretario de Justicia del gobierno porteño, saltó ocho lugares en un concurso para la Cámara Comercial, pasando del 12 al 4 y encabezando su terna. Samanta Claudia Biscardi mejoró 7 posiciones, mientras que Sebastián Guillermo Soneira escaló 6 lugares hasta ubicarse tercero en su terna para la Cámara Federal de Mendoza. Un conjunto de candidatos realizó ascensos de 5 posiciones, incluyendo a Santiago Jaimes Munilla, Diego Allievi, Ivana Sandra Quinteros, Pablo Javier Flores y Pablo Federico Moya. El movimiento no fue unidireccional en todos los casos: hubo también candidatos que experimentaron descensos, siendo el más notable el de Nicolás Antonio Pacilio, quien cayó 8 posiciones, del segundo al décimo lugar en su terna para un tribunal oral de la capital.
Los hallazgos de ACIJ e INECIP, trasladados públicamente por el Colegio de Abogados, generan un horizonte de incertidumbre institucional que trasciende los números. Si la entrevista personal puede modificar de manera tan radical el ordenamiento previo de candidatos, la pregunta inevitable es cuáles son los criterios que sustancian esas evaluaciones. ¿Qué aspectos de la personalidad, desempeño o capacidades de un candidato justifican un salto de 32 posiciones? ¿Por qué lapsos tan breves resultan decisivos para revertir el trabajo acumulado durante meses en otras instancias? Estas preguntas quedan sin respuesta clara en el sistema actual. Lo que sí resulta visible es que el mecanismo vigente abre espacios considerables para que variables distintas a la idoneidad técnica y los antecedentes profesionales incidan sobre los resultados finales. En un Estado democrático moderno, los procesos de selección de magistrados deberían construir confianza en que quien administra justicia fue elegido por sus competencias y no por dinámicas que permanecen opacas al escrutinio público.
Las consecuencias posibles de mantener este estado de cosas son variadas según la perspectiva desde la cual se analicen. Para quienes priorizan la eficiencia institucional, cubrir rápidamente las vacantes del Poder Judicial es imperativo ante la parálisis que genera la falta de magistrados. Para los sectores que enfatizan la calidad institucional, los riesgos de designar candidatos cuya idoneidad resulta cuestionable pueden implicar años de decisiones judiciales problemáticas en materia penal, civil, comercial y administrativa. Para los operadores del sistema judicial (abogados litigantes, partes procesales, públicos usuarios de juzgados), la incertidumbre sobre los criterios reales que determinan quién juzgará sus causas genera desconfianza respecto de la neutralidad institucional. Para quienes estudian sistemas electorales y de selección pública, el caso del Consejo de la Magistratura constituye un ejemplo de cómo la ausencia de regulación cuantitativa detallada puede conducir a resultados que contradicen los propósitos declarados de un proceso. El desafío institucional que se abre requiere definiciones respecto de si la prioridad será acelerar las designaciones o reformar los mecanismos para que la celeridad no sea incompatible con la rigurosidad.
