Un ritmo sin precedentes en nombramientos
Los números hablan con elocuencia de una transformación en marcha. En menos de cinco meses desde que asumió su cargo, el titular de la cartera de Justicia, Juan Bautista Mahiques, ha remitido al Senado de la Nación la impresionante cifra de 178 pliegos con candidatos para ocupar lugares vacantes en la estructura judicial. Se trata de un volumen de designaciones que no tiene correlato en la última década de gestiones ministeriales, según registros disponibles. Esta avalancha de nombres representa un esfuerzo sistemático por cerrar una brecha que se había acumulado durante años: decenas de posiciones sin cubrir en juzgados y cámaras de toda la geografía del país.
Lo que distingue este proceso no es meramente la cantidad, sino su alcance territorial. Mahiques subraya que la urgencia radica en territorios específicamente castigados por la falta de personal judicial. Menciona el caso de una magistrada de La Pampa que debía subrogarse en Tartagal —una zona de frontera que enfrenta conflictividad vinculada al narcotráfico— como evidencia del colapso administrativo previo. Esta realidad revela no solo un problema de números, sino de viabilidad operativa del sistema. Los juzgados de primera instancia y las cámaras provinciales constituyen la prioridad declarada, ya que representan la puerta de entrada al acceso a la justicia para la mayoría de los ciudadanos.
El ministro es explícito: su instrucción presidencial fue dotar al Poder Judicial de herramientas para funcionar con rapidez, eficiencia e independencia. En su lectura, la deuda histórica de vacantes constituye un obstáculo fundamental para alcanzar estos objetivos. La aprobación legislativa de estos pliegos dependerá ahora de los tiempos del Senado, escapando así de su órbita directa de control. Sin embargo, el volumen enviado establece un punto de referencia que condiciona el debate legislativo en los meses próximos.
Reconversión estructural: menos juzgados, menos camaristas
Más allá de llenar vacantes, el ministerio analiza un movimiento más radical: reducir la arquitectura institucional misma. Se estudia transformar los 12 juzgados federales de Comodoro Py 2002 en solo 8, lo que significaría una contracción del 33 por ciento en esa estructura. Simultáneamente, se contempla disminuir la Cámara Federal de Casación Penal de sus actuales 13 integrantes a 9. Mahiques justifica estas reducciones apelando a criterios de eficiencia: mantener doce juzgados con apenas veinte expedientes cada uno califica, en su argumento, como "un despropósito" administrativo.
Este planteo también afecta otras áreas. Se baraja la posibilidad de achicamientos en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en la Cámara Nacional de Casación Penal y en otras divisiones de la justicia nacional. Todos estos cambios requerirían modificaciones legales que deberían transitar el Congreso. Lo que distingue este proyecto es su intención reformista: no se trata simplemente de llenar espacios vacíos, sino de redefinir cuántos espacios deben existir. La justificación técnica convive con decisiones políticas sobre la magnitud y forma del Poder Judicial futuro.
El ministro sostiene que las elecciones responden exclusivamente a criterios de idoneidad. Presenta los currículos, antecedentes y trayectorias profesionales como parámetro único de selección. Rechaza con énfasis la idea de que se busque conformar tribunales ideológicamente alineados. No obstante, reconoce que otros observadores pueden llegar a conclusiones distintas. Esta tensión entre cómo se autorrepresenta el proceso y cómo es percibido por diferentes sectores constituye un aspecto central del debate contemporáneo sobre la justicia.
Controversias sobre criterios y renovaciones
Cuando se le consulta sobre decisiones puntuales de renovación o no renovación de magistrados, el ministro ofrece explicaciones caso por caso. La extensión de mandato a Carlos Mahiques, su padre, fue iniciada por la gestión anterior, según aclara, aunque él integre una cámara con vacantes significativas. El juez Víctor Pesino, cuyo fallo favoreció la reforma laboral promovida por el Gobierno, recibió una renovación por cinco años; Mahiques explica que esto obedeció a necesidades administrativas de su cámara, donde existen vacancias pronunciadas. Por el contrario, el camarista Martín Irurzun no fue renovado por considerarse innecesario en una cámara con todos sus miembros.
Cuando se presiona sobre si el fallo pro-reforma laboral del juez Pesino influyó en su renovación, el ministro argumenta que los trámites de extensión de mandato se originaron con posterioridad al expediente sobre reforma laboral, aunque las fechas de envío al Senado coincidieron. Subraya las "circunstancias administrativas" como explicación de la simultaneidad. Estos detalles evidencian cómo las decisiones nominales pueden interpretarse de múltiples maneras, generando sospechas incluso cuando existen justificaciones técnicas disponibles.
La cuestión AFA y los límites de la injerencia
Cuando se toca el tema de los procedimientos judiciales vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino, el ministro reacciona con visibles muestras de enojo. Enfatiza que desconoce al presidente de esa entidad, Claudio Tapia, y niega categóricamente cualquier nexo, injerencia o vínculo con asuntos de la AFA. Afirma que desde su asunción todos los avances en esos casos han significado perjuicios para los imputados. Esta respuesta sugiere que las críticas sobre supuesta interferencia judicial en cuestiones futbolísticas son percibidas como especialmente irritantes por la gestión ministerial.
La vehemencia de la negativa contrasta con la realidad de que tales interrogantes se formulen en entrevistas de prensa. La existencia de la pregunta revela que existe un clima de sospecha, más allá de lo que el ministro afirme. En un contexto donde los nombramientos judiciales se multiplican sin precedentes, la percepción pública sobre motivaciones políticas adquiere relevancia independientemente de las intenciones reales. Esta dinámica forma parte de la mecánica institucional contemporánea.
La Corte Suprema en suspenso: un capítulo abierto
Respecto de la Corte Suprema de Justicia, donde actualmente funcionan solo tres integrantes, Mahiques es claro: cualquier decisión sobre cubrir vacantes depende exclusivamente del presidente Javier Milei. El mandatario ha señalado que tales nombramientos no constituyen una prioridad en su agenda. El ministro evalúa el funcionamiento de la Corte con tres miembros sin ofrecer valoraciones específicas, manteniendo la postura de que la iniciativa corresponde al Ejecutivo.
Sobre la designación del Procurador General de la Nación, Mahiques replica una respuesta similar: la decisión le corresponde al Presidente, ya sea en el presente mandato o en uno futuro. Cuando se le pregunta si posee vocación de ocupar ese cargo, evita comprometerse, argumentando que hoy dedica el cien por ciento de su energía al Ministerio de Justicia. Aunque reconoce tener "algunos nombres en la cabeza" para potenciales candidatos a la Corte, mantiene esa información bajo reserva hasta que Milei tome la decisión. Esta reserva contrasta con la visibilidad que rodea a las designaciones de jueces menores.
Las implicancias de una transformación acelerada
La envergadura de los cambios en marcha plantea interrogantes sobre los equilibrios institucionales del sistema judicial argentino. Un ministro que envía 178 pliegos en cuatro meses y simultáneamente diseña reducciones estructurales ejecuta un programa de alcance significativo. Diferentes intérpretes pueden extraer conclusiones divergentes: algunos verán una modernización administrativa necesaria y una cura urgente a años de negligencia institucional; otros identificarán el riesgo de que la acumulación de designaciones en un corto período facilite la conformación de tribunales con inclinaciones predeterminadas, independientemente de cuáles sean las declaraciones sobre criterios de idoneidad.
Desde la perspectiva de quienes conducen el proceso, se trata de una inversión en eficiencia y rapidez. Desde la perspectiva de actores con otros intereses, puede representar una reorganización que modifica equilibrios previos. La falta de una Corte completa, la cantidad sin precedentes de nombramientos y la planificación de reducciones estructurales constituyen variables que incidirán en cómo funciona la justicia en los próximos años, más allá de cuáles sean las motivaciones declaradas. Lo que permanece en suspenso es si estas transformaciones lograrán los objetivos de eficiencia que se prometen o si generarán dinámicas institucionales diferentes a las esperadas.
