La maquinaria judicial estadounidense continúa su marcha silenciosa alrededor de una investigación que tiene epicentro en Miami pero ramificaciones profundas en la estructura administrativa del fútbol argentino. Durante la jornada de este jueves, mientras en Buenos Aires transcurría la rutina habitual de la semana laboral, el gran jurado federal se reunió en el séptimo piso del edificio Wilkie D. Ferguson Jr., ubicado en el corazón de Miami, en una sesión que se extendió poco más de cinco horas sin que se tratara el caso que involucra los movimientos financieros de la Asociación del Fútbol Argentino. Este desarrollo marca un punto de inflexión: la pesquisa sobre el destino de decenas de millones de dólares que fluyeron hacia estructuras empresariales intermediarias continúa su curso, pero con una lógica distinta a la que las filtraciones de días pasados habían sugerido. Lo que cambió es el ritmo y la visibilidad del proceso. No se trata de un estancamiento, sino de un cambio de estrategia procesal que merece análisis detallado.

Hace apenas una semana, la noticia de una citación a testigos había generado expectativa considerable en Argentina. Sin embargo, cuando llegó el momento de la comparecencia anunciada, el panorama se modificó sustancialmente. El testigo que debería haber declarado ante el gran jurado en la audiencia de este jueves no se presentó, pero tampoco desapareció del radar investigativo. Según fuentes con acceso directo a los expedientes, la decisión de postponer la declaración respondió a una estrategia deliberada: mantener la reserva de los autos judiciales. Este cambio de procedimiento sugiere una negociación de fondo entre los abogados defensores del testigo y la fiscalía federal. El nombre que circuló con más insistencia fue el de Leandro Petersen, funcionario que cumple funciones como responsable de operaciones comerciales y de marketing en la entidad futbolística. Cuando se le consultó sobre su paradero durante las horas en que sesionaba el gran jurado, Petersen respondió de manera escueta que se encontraba en Buenos Aires. Horas después, desde la estructura de comunicación de la AFA se anunció que el mismo Petersen presididiría un evento denominado "Sponsor Day" en las instalaciones de Ezeiza, oportunidad en la cual se expresarían agradecimientos a la selección nacional y a las marcas que aportaron financiamiento.

El cambio de estrategia: de la sesión pública al despacho fiscal

Lo que ocurrió en Miami refleja un fenómeno común en investigaciones federales complejas: la transición desde procedimientos ante el gran jurado hacia interrogatorios directos en oficinas de los fiscales. Personas con conocimiento de cómo funcionan estos mecanismos explicaron que, de confirmarse la versión sobre una reprogramación acordada, el testigo podría prestar declaración bajo juramento directamente ante el fiscal encargado de la carpeta, con la posibilidad de que sus abogados negocien un acuerdo de inmunidad que lo proteja de futuras acusaciones relacionadas con los hechos que revele. Este cambio de escenario tiene implicaciones procedurales significativas. La declaración que se reciba en las oficinas de la fiscalía, ubicadas muy próximas al edificio donde sesiona el gran jurado, contaría con presencia de personal del FBI como observadores y documentadores. Posteriormente, un agente federal podría ser quien presente la transcripción del testimonio ante los miembros del gran jurado como parte de la evidencia que la acusación ha reunido. Este mecanismo permite que la información fluya hacia el proceso penal, pero con un nivel de control y confidencialidad mayor al que tendría una declaración pública ante el jurado.

La ausencia del fiscal Michael Berger, responsable directo de la carpeta sobre la AFA, en la sesión de este jueves constituyó un indicador adicional de que el caso no figuraba en la agenda del día. Esto no significa inactividad, sino que los movimientos procesales transcurren por carriles distintos. Las investigaciones federales en casos de supuesto fraude financiero y lavado de activos tienden a desarrollarse en fases paralelas: mientras que algunas se dirimen en espacios públicos y documentados, otras avanzan mediante negociaciones privadas que solo se conocen cuando alcanzan resoluciones concretas. La noticia que circuló hace una semana sobre la citación a declarar confirmó, sin embargo, que existe un proceso activo en Miami. Los investigadores están trabajando para determinar qué sucedió con los fondos que, desde 2021, fueron recaudados y administrados por TourProdEnter, empresa constituida por Javier Faroni y Erica Gillette, elegida por la AFA para manejar los ingresos provenientes de contratos de patrocinio colosales.

El monto de la pesquisa: decenas de millones bajo lupa

Los números involucrados en esta investigación sitúan el caso en dimensiones considerables. La empresa intermediaria administró recursos derivados de acuerdos de patrocinio con firmas multinacionales como Adidas, que aportó US$ 60 millones, y Warner, que contribuyó con US$ 40 millones. Además, estos montos se complementaron con ingresos por partidos amistosos y premios deportivos otorgados por la FIFA y la Confederación Sudamericana de Fútbol. Los fiscales federales y los investigadores del FBI están analizando la posible existencia de operaciones compatibles con lavado de activos, fraude bancario, fraude electrónico mediante transferencias ("wire fraud"), conspiración y otros delitos de jurisdicción federal. Hasta el presente, no se han formulado imputaciones penales formales contra persona alguna, pero la pesquisa ha identificado patrones potencialmente problemáticos. En particular, los investigadores examinan si fondos administrados por TourProdEnter fueron derivados hacia terceros mediante transacciones que carecían de justificación económica clara, o bien respaldadas por documentación que presentaba irregularidades o facturas de dudosa autenticidad. Un rubro específico que concentra la atención es US$ 57 millones que, desde la compañía de Gillette y Faroni, fueron remitidos hacia sociedades que funcionaban como pantallas, cuyos beneficiarios finales eran personas identificadas como receptoras de planes asistenciales sociales.

El impulso de la pesquisa se aceleró durante el tramo final de 2025, cuando Guillermo Tofoni, empresario que hasta la llegada de TourProdEnter mantenía la representación comercial de la AFA, obtuvo dos órdenes judiciales que le permitieron acceder a registros bancarios de la empresa competidora. Tofoni recurrió a instituciones financieras de envergadura como JP Morgan, Citibank, Bank of America, Synovus y PNC, en jurisdicciones de Delaware y Georgia, para conseguir documentación sobre movimientos de dinero. Con esa información en mano, acudió al Departamento de Justicia de Estados Unidos para formalizar una denuncia sobre la posible comisión de delitos federales. La Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida, tras recibir esa presentación, giró una notificación que especificaba qué documentación debería aportar el testigo convocado. La citación incluía solicitud de toda la documentación que poseyera sobre Claudio Tapia, presidente de la AFA, y Pablo Toviggino, vicepresidente, además de Faroni y Diego Lucero, personaje cuyo nombre apareció en investigaciones locales como presunto testaferro de directivos de la institución y como integrante de estructuras societarias utilizadas para adquirir una propiedad inmueble en la localidad bonaerense de Pilar, aspecto que también forma parte del escrutinio federal.

Sin embargo, la identidad del testigo convocado no se encuentra zanjada con certeza absoluta. Aunque Petersen fue el nombre que circuló con mayor frecuencia, también resonaron especulaciones sobre Juan Pablo Beacon, ex colaborador cercano de Toviggino. Desde el entorno de Beacon se negó una citación formal, aunque se reconoció la existencia de negociaciones abiertas con la justicia estadounidense. Otro nombre mencionado en versiones extraoficiales fue Alexandre Dreyfus, ejecutivo de Socios.com, plataforma que representa uno de los principales patrocinadores de la AFA y que, en su momento, formuló críticas públicas sobre la manera en que la institución gestionó la emergencia del escándalo. No existe confirmación oficial sobre si Dreyfus fue convocado a comparecer en Miami. La multiplicidad de nombres en circulación refleja la amplitud de la investigación y la cantidad de actores potencialmente relevantes para reconstruir la trama de transacciones y decisiones que la fiscalía federal considera necesario examinar.

Las implicancias de un proceso sin imputaciones pero con investigación activa

La peculiaridad del momento procesal actual radica en que existe una pesquisa en curso, con gran jurado sesionando, con fiscales federales trabajando en la carpeta y con agentes del FBI recopilando información, pero sin que hasta ahora se hayan formulado cargos formales contra ninguna persona. Este escenario es frecuente en casos de corrupción o fraude financiero de envergadura, donde los investigadores requieren acumular evidencia suficientemente sólida antes de proceder a imputaciones. La decisión de reprogramar la comparecencia del testigo, si es confirmada, podría indicar que los abogados defensores del mismo han iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de cooperación con la fiscalía. Estos acuerdos típicamente involucran la prestación de declaración completa sobre los hechos investigados, a cambio de que el declarante reciba protección contra cargos penales relacionados con lo que revele. Tales convenios son herramientas procesales comunes cuando se investigan redes complejas donde múltiples actores pueden haber participado en la dinámica cuestionada. La posibilidad de que uno o varios testigos cooperen con la fiscalía podría alterar significativamente el curso de la investigación, proporcionando a los fiscales acceso a información de primera mano sobre cómo operaban estructuralmente los movimientos de dinero y qué conocimiento tenían los distintos eslabones de la cadena administrativa. Por su lado, los potenciales imputados enfrentarían la realidad de testimonios internos que describan mecanismos operativos desde una perspectiva de quien participó en los mismos.

El panorama que se abre presenta múltiples posibilidades según cómo evolucionen las próximas fases. Si los investigadores logran acuerdos de cooperación con testigos clave, la base probatoria disponible para el gran jurado se fortalecería, aumentando las perspectivas de que el jurado determine la existencia de fundamentos para formular acusaciones. Contrariamente, si los abogados de las personas de interés para la fiscalía logran desarticular aspectos de la evidencia o demuestran que las transacciones cuestionadas tenían justificación comercial legítima, la pesquisa podría llegar a conclusiones distintas. También existe la posibilidad de que la investigación se bifurque: algunos participantes podrían enfrentar cargos mientras que otros logran acuerdos de inmunidad o simplemente no son imputados si su participación se considera marginal. La complejidad del caso, la cantidad de jurisdicciones involucradas, el volumen de documentación a revisar y la necesidad de demostrar intención delictiva en transacciones financieras internacionales sugieren que el proceso atravesará múltiples meses adicionales antes de alcanzar resoluciones definitivas.