La maquinaria de selección de magistrados del Gobierno nacional ha vuelto a poner sobre la mesa un interrogante que poco tiene que ver con las promesas libertarias de gestión: ¿de dónde emergen realmente los nombres que se proponen para ocupar bancas en los tribunales porteños? Esta pregunta cobra renovada vigencia tras conocerse que Juan Manuel Mejuto y Ángeles Ramos, ambos con históricos vínculos con el peronismo kirchnerista, figuran entre los últimos pliegos elevados al Senado por el ministerio que conduce Juan Bautista Mahiques. Sus trayectorias revelan un entramado complejo donde las lealtades políticas no se borran con un cambio de administración ni tampoco quedan relegadas al olvido cuando conviene rescatarlas.
Los antecedentes de un oscilante recorrido
Comenzamos con Mejuto, un profesional cuya carrera judicial presenta giros tan abruptos como reveladores. Desde marzo de 2011, desempeña funciones en calidad de secretario del Tribunal Oral Federal N° 5 ubicado en la famosa calle porteña donde se concentra la cúpula judicial. Este tribunal, vale la pena recordarlo, protagonizó un episodio que causó convulsión en los círculos jurídicos hace tres años: la decisión de Daniel Obligado y Adrián Grünberg de cerrar sin juicio oral la causa Hotesur-Los Sauces, sobreseendo a Cristina Kirchner. En los pasillos de los juzgados porteños circula con naturalidad la caracterización de Mejuto como la "mano derecha" del magistrado Obligado, una descripción que habla por sí sola sobre su proximidad con las decisiones más controvertidas de ese tribunal.
Antes de establecerse en Comodoro Py, Mejuto transitó otras dependencias judiciales: pasó por un Juzgado de Garantías en Quilmes entre 2005 y 2007, ocupando un cargo administrativo, para posteriormente trabajar durante cuatro años en la Defensoría General municipal del mismo distrito. Esta trayectoria en ámbitos locales le permitió acumular experiencia, pero también cercanías políticas que resultarían determinantes para su posterior proyección. Lo interesante, sin embargo, ocurre en la intersección entre su desempeño profesional y sus posicionamientos político-ideológicos.
El sellado kirchnerista que no se borra
En abril de 2013, Mejuto estampó su rúbrica en un comunicado que Alejandra Gils Carbó, entonces procuradora general de la Nación, encabezaba. El documento fundacional no era un acta administrativa rutinaria: convocaba a respaldar la conformación de "Justicia Legítima", un movimiento que quedaría identificado como uno de los pilares de la estrategia kirchnerista para influir en las estructuras judiciales. Al firmar aquella declaración, Mejuto se alineaba públicamente con una corriente que reunía a fiscales, jueces y cuadros políticos del peronismo, todos ellos comprometidos en un proyecto de judicial abiertamente ligado al gobierno de entonces. Su nombre aparecía junto al de otros operadores como Juan Manuel Olmos, en un acta donde se ratificaba la intención de conformar encuentros nacionales de este agrupamiento, incluso con sede simbólica en la Biblioteca Nacional.
Este antecedente es crucial para entender el recorrido posterior de Mejuto en el sistema de selección de magistrados. Su primer intento de llegar a una banca se remonta a 2019, cuando la administración Macri lo propuso para integrar el TOCC 20. Esa postulación quedó flotando en el aire durante años. Luego, ya con Alberto Fernández en el poder, un giro inesperado: el mismo presidente que había permitido que su nombre languideciese en los pliegos previos, decidió retirarlo en 2023 para volver a proponerlo, esta vez para un tribunal diferente. El movimiento fue paradójico: Fernández tanto le cerró como le abrió puertas. Ahora, bajo la administración Milei, el ciclo se completa con un nuevo retiro y una nueva presentación, esta vez para el TOCC 8 de la Capital. Es decir que Mejuto ha sido descartado dos veces y propuesto tres, exhibiendo una tenacidad que asombra o una capacidad de negociación que intriga.
Una carrera especializada en sensibilidades peronistas
En paralelo, la trayectoria de Ángeles Ramos ofrece un retrato igualmente sugestivo de cómo ciertas lealtades transversalizan gobiernos. Ramos, nacida en Tandil hace 48 años, se formó como abogada y construyó su expertise en materia penal. Su punto de inflexión profesional llegó en marzo de 2017, cuando Gils Carbó —la misma procuradora que rubricaría años atrás documentos firmados por Mejuto— la designó como titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. Este organismo especializado del Ministerio Público no es cualquier dependencia: concentra la persecución de delitos de lesa humanidad, un área particularmente sensible bajo gobiernos de orientación progresista que priorizan la memoria histórica y la justicia transicional.
Ramos permaneció en ese cargo durante casi una década, período en el cual participó en actividades públicas junto a Gils Carbó y desarrolló una línea jurídica con características propias. Un momento particularmente visible de su trayectoria ocurrió en marzo de 2023, cuando compareció como testiga en una audiencia senatorial dedicada a evaluar posibles juicios políticos contra magistrados de la Corte Suprema. Su intervención giró en torno al fallo conocido como "Muiña", donde la Corte decidió que el beneficio del 2x1 en cómputo de pena podía aplicarse también a condenados por crímenes contra la humanidad. Ramos expuso criterios matizados: reconoció que los precedentes de la Corte funcionan como estándares interpretativos pero argumentó contra su aplicación automática y mecánica, sugiriendo que cada caso requería análisis particular. Su posición marcaba distancia respecto del fallo supremo, posicionándola dentro del sector que cuestiona ciertos retrocesos en materia de justicia de transición.
El puzzle de la continuidad política
Lo que emerge de estos perfiles es un patrón desconcertante para quienes esperarían una ruptura ideológica clara entre una administración libertaria y los cuadros de gobiernos anteriores. Tanto Mejuto como Ramos cargan historiales que los vinculan directamente con la gestión kirchnerista, ya sea a través de participaciones explícitas en movimientos como Justicia Legítima o de designaciones realizadas por procuradoras claramente identificadas con ese proyecto. Sin embargo, ninguno de estos antecedentes resultó impedimento para que Milei y Mahiques los incluyesen en sus propuestas de selección.
Esta observación no apunta a cuestionar la capacidad técnica de estos profesionales ni sus conocimientos jurídicos. Apunta, en cambio, a un fenómeno más profundo: la persistencia de redes de influencia judicial que trascienden cambios de gobierno. Los nombres que circulan en los circuitos de postulación para cargos en tribunales no emergen del vacío. Responden a trayectorias acumuladas, a reputaciones construidas dentro del sistema, a contactos cultivados a lo largo de años. En este sentido, el hecho de que dos funcionarios con perfiles tan marcadamente peronistas lleguen a considerarse viables bajo un gobierno que se presenta como antitético al kirchnerismo no habla de inconsistencia política sino de realismo institucional: en los intersticios del poder judicial porteño, las reglas del juego administrativo y burocrático frecuentemente se imponen sobre las adhesiones ideológicas manifiestas.
Los pliegos de Mejuto y Ramos avanzan ahora hacia el Senado, donde enfrentarán el escrutinio de legisladores que deberán evaluar no solo sus antecedentes técnicos sino precisamente estas conexiones políticas que sus hojas de vida exhiben sin ambigüedad. La pregunta que trasciende este caso particular es cuál será el peso que los senadores asignen a estas trayectorias atravesadas por lealtades kirchneristas a la hora de decidir si estos candidatos merecen acceso a espacios de poder decisorio en la arquitectura judicial porteña.
