El domingo que no fue tranquilo en San Fernando
Una sesión de clases ordinaria se convirtió el lunes pasado en epicentro de tensiones que trascienden los muros de la Universidad de San Andrés. El presidente de la Nación participó de una lección de macroeconomía avanzada en el campus ubicado en el partido bonaerense de San Fernando, acompañado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el rector Lucas Grosman. Lo que a primera vista podría interpretarse como un intercambio académico de rutina encendió alarmas en un sector importante del profesorado, que consideró la actividad como un gesto político tácito en el momento más álgido de las disputas sobre los fondos destinados a la educación superior pública del país. El timing resultó explosivo: apenas siete días antes, miles de docentes, estudiantes y trabajadores universitarios marchaban por las calles para exigir presupuesto e incremento salarial. Esa coincidencia temporal no fue casualidad para muchos académicos que vieron en la clase un posicionamiento institucional silencioso pero elocuente.
El operativo que rodeó la visita presidencial reveló tanto sobre lo que sucedió como sobre cómo se decidió que sucediera. La llegada de Javier Milei al establecimiento fue manejada bajo un régimen de confidencialidad casi militar. Los docentes de Udesa no recibieron comunicación oficial previa. Su enteramiento llegó a través de redes sociales, donde ya circulaban comentarios sobre la participación del primer mandatario. Recién cuando la clase estaba en desarrollo, Santiago Oría, director de Realización Audiovisual de la Presidencia, publicó una confirmación escueta en la plataforma X: "En modo profesor". La falta de comunicación transparente con el cuerpo académico completo generó una primera capa de malestar que se superpuso al desacuerdo político de fondo.
La forma importa más que el contenido en las aulas
El debate que emergió en las horas posteriores a la clase gravitó sobre un aspecto metodológico que en contexto académico adquiere profundidad política: el formato elegido. Sturzenegger dicta una materia de posgrado en la maestría de Economía. El presidente se insertó en esa estructura curricular como un expositor dentro de un horario de clase regular. No se trató de un acto abierto al público, no hubo convocatoria institucional, no se generó espacio para preguntas de comunidad universitaria ajena a ese seminario. Comparativamente, Udesa cuenta con una larga tradición de recibir figuras políticas y públicas en eventos de mayor apertura. Dirigentes de diferentes extracciones —desde Mauricio Macri hasta Jorge Moreno, pasando por funcionarios de gobiernos anteriores— han visitado el campus para participar en conferencias donde el intercambio con estudiantes, docentes y público general forma parte sustancial de la propuesta. Un profesor que prefirió mantener su anonimato explicó esta distinción: "Hubiera estado bien que el Presidente viniera a dar una charla. Acá vienen todos. Vino Moreno, vino Macri, Abal Medina. Es una universidad con espíritu universal y plural. Los que vienen se someten a preguntas del público. Con ese formato no tenemos inconveniente". La diferencia entre una clase cerrada y un debate abierto adquiere magnitud cuando quien participa es el máximo autoridad ejecutiva del país.
La respuesta del sector docente disconforme llegó con rapidez. Alrededor de 150 académicos —un número significativo considerando el tamaño de la institución— firmaron un comunicado que buscaba establecer distancia respecto de lo que interpretaban como un alineamiento involuntario de la universidad con las políticas de ajuste fiscal del gobierno nacional. El documento enfatizaba el compromiso del cuerpo docente con "el sistema universitario argentino" en su integralidad, subrayando la necesidad de que "el diálogo entre el sector público y privado" requiere ante todo "garantizar las condiciones materiales para que las universidades públicas puedan cumplir su misión". Era una manera elegante de señalar que Udesa, institución privada, no podía permitir que su silencio se interpretase como complicidad con una agenda de restricción presupuestaria sobre el sistema estatal.
El nudo central: política dentro del aula
Eugenia Mitchelstein, directora del Departamento de Ciencias Sociales de Udesa, intervino públicamente en redes sociales para desarrollar el argumento pedagógico subyacente. Citando al sociólogo alemán Max Weber, recordó que la función docente consiste en enseñar, no en transmitir opiniones políticas personales. Mitchelstein no negó la potestad de Sturzenegger de invitar a quien considerase pertinente a su seminario —"Sería pésimo que tuviéramos que pedir permiso para invitar a cualquiera"— pero utilizó su intervención para reafirmar un principio: que la presencia de una figura política en un aula no implica adhesión institucional colectiva a sus posiciones. Otros docentes fueron más allá, cuestionando lo que algunos interpretaron como un intento de aprovechar espacios académicos "para beneficio personal de ambiciones políticas", así como la instrumentalización de lecciones universitarias para difundir determinadas orientaciones ideológicas.
El malestar también incluyó críticas dirigidas a la gestión de la universidad misma. Sergio Serulnikov, director del Departamento de Humanidades, explicó que las decisiones sobre qué figuras públicas invitar a clase correspondían a los titulares de cada curso —en este caso Sturzenegger, aunque en licencia por sus funciones públicas— y a las autoridades de la institución. Sin embargo, su intervención no dejó de incluir un posicionamiento claro: recordó que una porción importante del profesorado ha manifestado históricamente apoyo a las universidades públicas desde la primera marcha universitaria de este ciclo. La presentación de ambas posiciones —reconocimiento de autonomía académica individual versus reafirmación de compromisos institucionales colectivos— ilustra la complejidad de administrar pluralismo en comunidades universitarias.
El contexto más amplio en el cual esta clase se inserta requiere consideración. Argentina atraviesa un ciclo de profundas tensiones presupuestarias en educación superior. El gobierno nacional ha implementado restricciones significativas en la asignación de fondos a universidades públicas. Los docentes de estas instituciones ven erosionado su poder adquisitivo. Los edificios requieren mantenimiento. Los laboratorios necesitan equipamiento. Las bibliotecas reclaman actualización de acervos. En este escenario, que el presidente participe en una lección en una universidad privada —institución que por definición no depende de subsidio estatal— mientras el sistema público enfrenta crisis de recursos, se interpretó por muchos como un mensaje simbólico, aunque no intencional, sobre las prioridades de la administración. La clase en Udesa ocurría mientras el resto del sector académico nacional estaba movilizado.
Implicancias y perspectivas en tensión
Este episodio abre varios planos de reflexión que exceden el hecho puntual. Primero, plantea preguntas sobre los límites de la autonomía académica y la responsabilidad institucional de las universidades respecto de su inserción en debates públicos. ¿Pueden los académicos invitar a quien deseen a sus clases sin que ello genere automáticamente una lectura política de la institución? ¿En qué punto la suma de decisiones individuales configura una posición colectiva? Segundo, toca el tema de la pluralidad universitaria: ¿pueden los espacios académicos ser auténticamente plurales si ciertos temas o figuras generan reacciones que sugieren que están siendo instrumentalizados? Tercero, interpela sobre el rol de la comunicación transparente en la vida universitaria. La hermeticidad con la que se manejó la visita presidencial contrasta con tradiciones de apertura que caracterizan históricamente a Udesa. Cuarto, subraya las complejidades que enfrenta una universidad privada cuando el sector público está en conflicto y la brecha entre ambos sistemas se ensancha. Desde la óptica de quienes respaldaron la presencia presidencial en el aula, se trata de un ejercicio legítimo de libertad académica. Desde la perspectiva de quienes se desmarcaron mediante el comunicado, representa un riesgo de que la institución sea percibida como tomando partido en una disputa que afecta principalmente al sistema estatal. Ambas lecturas contienen elementos válidos que iluminan diferentes dimensiones de un problema más profundo: cómo conviven pluralismo, autonomía y responsabilidad social en instituciones educativas situadas en contextos políticos polarizados.
