La estrategia del oficialismo sobre el sistema de elecciones internas argentinas atraviesa un punto de inflexión. Lo que comenzó como una propuesta categórica de borrar por completo las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias se transformó en un escenario más complejo donde la Casa Rosada negocia alternativas frente a la cerrada resistencia que sus propios socios legislativos interpusieron ante la iniciativa. Este cambio de enfoque revela no solo las limitaciones prácticas del oficialismo en el Congreso, sino también las dificultades para avanzar con una agenda que requiere consenso parlamentario sin haber construido previamente los acuerdos necesarios.
Cuando la administración Milei ingresó su ambicioso proyecto de reforma electoral en el Senado, incluyó entre sus puntos centrales la supresión definitiva de las primarias. El Ejecutivo argumentó entonces que se trataba de "un experimento fracasado" que durante 2023 demandó al erario nacional aproximadamente 45.000 millones de pesos sin haber servido para resolver ninguna interna partidaria de relevancia. La lógica fiscal resultaba evidente: eliminar esta instancia electoral significaría trasladar completamente la responsabilidad de las selecciones de candidatos hacia los propios partidos, sin financiamiento estatal. Sin embargo, esta lectura puramente contable encontró límites reales en el parlamento, donde la mayoría de legisladores radicales, distintas corrientes peronistas y algunos aliados provinciales plantearon objeciones que el Gobierno no anticipó adecuadamente.
La aritmética parlamentaria que manda realidades
En el Senado, donde inició el tratamiento de la reforma, la mayoría de la Unión Cívica Radical y casi todas las variantes del peronismo han manifestado su rechazo a cancelar las primarias. Esta configuración deja al oficialismo lejos de alcanzar los 37 votos afirmativos que exige la Constitución nacional para modificar leyes electorales, la mayoría absoluta de la cámara alta. Ante este escenario, desde la Casa Rosada comenzaron a reconocer que la estrategia inicial requería ajustes. Los propios senadores del bloque oficialista conducido por Patricia Bullrich admiten que ya contemplan distintas propuestas alternativas para destrabar un debate que de otro modo quedaría congelado.
Uno de los dirigentes provinciales que había desafiado públicamente la posición del Gobierno fue Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán, quien había criticado la intención de Milei de "hacerse un traje a medida en materia electoral". Sin embargo, Jaldo también mostró apertura para debatir cambios puntuales, como la eliminación del financiamiento estatal para las primarias o la prohibición de que participen fuerzas que presenten una única lista. Esta actitud reveló que existía espacio para negociación, siempre que se abandonara la pretensión de abolición total. De manera similar, gobernadores peronistas que mantienen distancia del kirchnerismo —como Raúl Jalil de Catamarca— demostraron disposición para conversar sobre modificaciones sin necesariamente aceptar la propuesta original del oficialismo.
Las alternativas sobre la mesa: del todo o nada a la reforma gradual
En la cúpula gubernamental reconocen actualmente que están evaluando esquemas alternativos. La opción que ganó mayor peso en las últimas semanas es implementar un sistema de inscripción voluntaria para las primarias, donde la participación ciudadana sería optativa en lugar de obligatoria. Bajo esta modalidad, solo quienes desearan participar en la definición de candidaturas dentro de su espacio político concurriría a los comicios. Esta variante mantendría la existencia de las internas pero reduciría significativamente sus costos operativos y financieros, evitando a la vez la movilización de electores en casos donde un partido presenta una única candidatura. Desde la cúpula oficial, fuentes consultadas indicaron que "la suspensión no sería una condición sine qua non, y eso nos abre posibilidades". El reconocimiento de esta flexibilidad marca un distanciamiento respecto de la postura inicial inexpugnable que había caracterizado al proyecto.
En Pro, socio parlamentario clave del Gobierno, el jefe del bloque de Diputados Cristian Ritondo fue especialmente crítico con el procedimiento empleado por el Ejecutivo. Cuestionó que el Gobierno no haya buscado "consensos previos" en el Congreso sobre los ejes de la reforma, al contrario de lo que sucediera en instancias anteriores de diálogo legislativo. Ritondo mencionó específicamente que durante el Consejo de Mayo —ejercicio de participación política que incluyó a distintos sectores— el tema de eliminar las PASO no surgió como prioridad compartida. A pesar de esta crítica al método utilizado, Pro no cerró las puertas: el mismo Ritondo hizo notar que su partido ya había presentado una propuesta de primarias optativas que, según sus cálculos, reduciría los gastos en más de un 30 por ciento respecto del sistema actual. Esto sugiere que existen formulaciones legislativas ya elaboradas sobre las cuales podría construirse un consenso más amplio.
Desde la Unión Cívica Radical, el senador Maximiliano Abad plantea una perspectiva que integra defensa de la participación con apertura a modernización. Abad promueve lo que denomina "la modernización" del sistema de internas para "garantizar la participación ciudadana y el control judicial". Reconoce como razonable exceptuar las primarias en aquellos casos donde existe lista única, lo que evitaría gastos y movilizaciones innecesarias. Sin embargo, Abad también advierte contra reducir el debate a una cuestión meramente fiscal, argumentando que "la democracia no es un gasto administrativo, sino una inversión en libertad". Esta posición abre puerta a cambios, pero dentro de marcos que preserven competencia y transparencia en la selección de candidaturas. Para Abad, la ciudadanía debe mantener protagonismo en estos procesos, lo que marca un límite a qué tipo de modificaciones podría aceptarse desde su perspectiva.
El contexto histórico de las primarias en Argentina
Conviene recordar que las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias fueron instituidas en Argentina mediante la Ley 26.571 en 2009, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Su propósito original era fortalecer la democracia interna de los partidos y permitir que ciudadanos sin afiliación participaran en la selección de candidatos. A lo largo de más de una década, el sistema generó debates intensos sobre su efectividad y su costo fiscal. Durante el período 2009-2023, acumuló defensores y críticos en distintos espacios políticos, dependiendo de cómo les había resultado electoralmente a cada fuerza. El cambio que ahora plantea Milei constituiría, de ser aprobado, una transformación significativa en la estructura de competencia política argentina, independientemente de la modalidad que finalmente se adopte.
El proyecto de reforma electoral que el Gobierno impulsa incluye además otros temas de importancia: modificaciones en las reglas de financiamiento de partidos políticos, la inclusión de la "Ficha Limpia" —mecanismo para impedir que personas condenadas en segunda instancia se postulen a cargos públicos—, y cambios en la Boleta Única de Papel. Este conjunto integral de propuestas sugiere que la intención de la administración es reconfigurar profundamente el entramado electoral argentino. Sin embargo, tal como ha sucedido con las primarias, cada uno de estos componentes enfrenta posiciones encontradas en el Congreso que requieren construcción de acuerdos específicos.
El escenario actual plantea un interrogante abierto sobre el futuro del sistema de primarias en Argentina. La disposición del Gobierno a negociar distintas modalidades en lugar de insistir en la eliminación total sugiere que existe margen para encontrar soluciones que satisfagan —aunque sea parcialmente— los intereses de múltiples actores. No obstante, también refleja las limitaciones que toda administración enfrenta cuando no construye consensos de antemano con sus propios aliados. Las semanas venideras determinarán si efectivamente se llega a una fórmula que reúna apoyo suficiente en ambas cámaras, o si el debate quedará estancado en posiciones irreconciliables. Lo que sí resulta evidente es que cualquier cambio al sistema de internas argentino tendrá implicancias que trascenderán lo meramente administrativo: afectará cómo se seleccionan candidatos, qué ciudadanos participan en esa selección, y cuáles son los costos públicos asociados a la competencia política.
