La administración nacional construye en estos momentos un mapa electoral complejo para la contienda de 2027, donde la geografía política del país se divide entre espacios de confrontación directa y territorios de negociación selectiva. Esta arquitectura revela una apuesta simultánea: preservar la marca libertaria donde sea posible competir con candidatos propios, mientras negocia con gobernadores estratégicos en provincias clave para garantizar la gobernabilidad y fortalecer la reelección presidencial. El esquema refleja también una tensión interna en el seno del Ejecutivo sobre cuánta flexibilidad ceder en los armados territoriales sin perder control del movimiento político nacional.
En catorce jurisdicciones, el Gobierno ha decidido no buscar alianzas con los mandatarios provinciales y avanzará con candidatos identificados con La Libertad Avanza. Esta nómina incluye a Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Córdoba, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy, Formosa y Misiones. La decisión responde a una lógica clara: en estos distritos, la administración central considera que tiene potencial competitivo propio y que disputar directamente la gobernación sin intermediarios fortalecerá la construcción territorial del espacio libertario. No se trata simplemente de evitar alianzas por principios ideológicos, sino de una evaluación pragmática sobre dónde la marca presidencial posee tracción electoral suficiente para competir sin necesidad de acuerdos. La preservación del sello libertario funciona, en esta lectura oficial, como una herramienta de construcción política de largo plazo, capaz de generar estructura legislativa y municipal en territorios donde hoy el oficialismo tiene menor implantación.
El cinturón de negociaciones: siete provincias donde cede territorio
Paralela a esta estrategia de competencia pura, existe otra cartera de siete distritos donde la Casa Rosada anticipa acuerdos de mayor envergadura. Se trata de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Mendoza, San Juan y San Luis. Pero dentro de este grupo, los cálculos no son homogéneos. Cada provincia presenta variables distintas que condicionan el tipo de negociación y el nivel de cesión que el Gobierno está dispuesto a aceptar. En la provincia de Buenos Aires, territorialmente la más relevante por su masa electoral, el oficialismo no piensa en un acuerdo con el gobernador Axel Kicillof, sino en una articulación con sectores opositores no kirchneristas. Aquí la apuesta pasa por unificar parte del voto opositor, ordenar la oferta electoral y crear una polarización nítida contra el peronismo gobernante. Los análisis en despachos oficiales reconocen que este acuerdo requiere ceder más territorio que en otros distritos, porque la prioridad no es competir por la gobernación provincial sino ganar la batalla legislativa nacional y posicionar a Milei como alternativa presidencial en el territorio más poblado del país.
En Entre Ríos, gobernada por Rogelio Frigerio, y Chaco, bajo la conducción de Leandro Zdero, el oficialismo visualiza antecedentes de entendimiento tanto legislativo como electoral. En ambos casos, existe historia de diálogo previo que facilita conversaciones más fluidas. La administración central cree que estos mandatarios, clasificados internamente como "dialoguistas", pueden traducir sus acuerdos electorales en apoyos para reformas legislativas y en una boleta nacional más coherente. En Santa Fe, donde gobierna Maximiliano Pullaro, el cálculo cambia de perspectiva. Aquí, la Casa Rosada percibe fortaleza en el gobernador y evalúa que un acuerdo resulta estratégicamente más conveniente que una pelea frontal por la gobernación provincial. El énfasis se corre hacia fortalecer la candidatura presidencial de Milei, mantener presencia propia en el tablero santafesino sin debilitarla, y evitar una contienda que complique futuras negociaciones sobre gobernabilidad legislativa. Este cálculo revela una jerarquía de prioridades: la reelección presidencial prima sobre la disputa de gobernaciones en algunas provincias.
Las provincias cuyo mapa ya está trazado
Tres provincias completan el mapa de entendimientos considerados ya "digitados" por el Gobierno: Mendoza, gobernada por Alfredo Cornejo; San Juan, bajo la conducción de Marcelo Orrego; y San Luis, donde comanda Claudio Poggi. En el caso mendocino, los despachos oficiales mencionan que un acuerdo electoral ya ha sido discutido con mecanismos específicos. Estas provincias poseen características que facilitan negociaciones: mandatarios no peronistas, gobiernos que han mantenido contactos previos con la administración actual, y estructuras legislativas donde hay posibilidad de confluencia. El tejido de estos acuerdos no responde a una lógica única, sino que se adapta a las realidades políticas locales, los equilibrios de poder provinciales, y la capacidad de veto o bloqueo que cada gobernador posee sobre la agenda nacional.
Mientras construye este tablero de negociaciones provinciales, el Ejecutivo confía en que la reforma electoral avanzará en el Congreso antes de que se trate el Presupuesto para 2027. El oficialismo sostiene que el mecanismo de "colectoras"—que permitiría que candidatos a diputados de gobernadores sin candidato presidencial propio figuren dentro de la boleta nacional de Milei—contará con los apoyos legislativos necesarios para su sanción. En el círculo cercano al presidente, la reforma es presentada como una herramienta de protección: los cálculos internos sugieren que esta opción electoral podría implicar la pérdida de un máximo de siete diputados, pero blindaría la reelección presidencial al concentrar votos en la candidatura de Milei. "Eso es completamente falso", responden funcionarios cuando se sugiere que permitir candidatos de gobernadores en la boleta equivale a renunciar a competir por gobernaciones. Para el Gobierno, el sistema de colectoras es un mecanismo de negociación, no una renuncia a la ambición territorial. Permite ofrecerles a mandatarios sin candidato presidencial propio un lugar en la boleta nacional para sus candidatos legislativos, sin entregar el control del armado libertario en sus provincias ni ceder la marca que el Ejecutivo considera fundamental para su construcción política.
La Ciudad de Buenos Aires constituye un caso aparte en este tablero. Mientras que en otras jurisdicciones el Gobierno ya ha trazado líneas más o menos claras, en la capital porteña la estrategia sigue abierta a múltiples escenarios. Jorge Macri gobierna el distrito, y dentro del oficialismo conviven dos visiones enfrentadas. Un sector propone cerrar un acuerdo y posicionar a Pilar Ramírez como candidata a vicejefa de Gobierno. Otro insiste con lanzar un candidato propio, incluso si carece de instalación mediática o reconocimiento público elevado. El diseño original contemplaba al exjefe de Gabinete Manuel Adorni como figura central, pero su salida del Ejecutivo modificó esa ecuación. La confianza oficial en que La Libertad Avanza puede ganar la ciudad es alta: "Ponés a cualquiera y llega al balotaje. Estamos a tiro de quedarnos con la Ciudad", expresan funcionarios de un sector del oficialismo. Esta percepción convive con una lectura más pragmática que plantea la conveniencia de negociar con el PRO para evitar una fragmentación del voto opositor que beneficiaría al peronismo. La City sigue siendo un campo de batalla donde el Gobierno aún no ha definido todas sus movidas.
Santiago del Estero y Corrientes: la excepción que confirma la regla
Santiago del Estero y Corrientes quedan fuera del cálculo de competencia por gobernaciones porque en 2027 no habrá elecciones para ese cargo en esos territorios. Sin embargo, ambas provincias tendrán competencia legislativa. Santiago del Estero, gobernada por Elías Suárez del Frente Cívico, y Corrientes, bajo la conducción del radical Juan Pablo Valdés, verán cómo el foco libertario se concentrará en las listas nacionales de diputados. Aquí también el sistema de colectoras jugará un rol, permitiendo que candidatos legislativos provinciales se alineen bajo la boleta presidencial sin que ello implique transformaciones en los gobiernos locales.
Dentro de la Casa Rosada también se trabaja sobre un sistema más sutil de negociaciones que no aparecen en los comunicados oficiales. Se trata de acuerdos "reservados de competitividad" que pueden incluir variables como la fortaleza del candidato local, las visitas presidenciales a una provincia, los niveles de financiamiento de campaña, la intensidad de la militancia libertaria desplegada, el volumen de recursos públicos destinados, y hasta el tono discursivo que adoptará el Ejecutivo frente a cada gobernador. Estos acuerdos no implican necesariamente una alianza formal ni una boleta compartida en todas las categorías electorales. Son instrumentos más flexibles, capaces de adaptarse a realidades locales variables. El Gobierno reconoce que esta discusión viene desarrollándose desde 2025 y atravesó tensiones internas entre Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y Santiago Caputo, asesor presidencial. El dilema central fue siempre el mismo: ¿ceder parte del armado electoral para blindar la gestión legislativa y la gobernabilidad, o mantener la pureza libertaria a riesgo de perder apoyos legislativos?
Esa tensión sigue presente, aunque en los círculos más cercanos al presidente subrayan que la "lapicera"—es decir, el control sobre la confección de listas y decisiones electorales—recae en manos de Karina Milei junto a Eduardo "Lule" Menem y Martín Menem. Por su parte, Las Fuerzas del Cielo, la organización territorial que aglutina a sectores libertarios, ha recibido la indicación de no intentar meterse en los armados provinciales ni en la definición de candidaturas para esta ronda electoral. En el entorno de Santiago Caputo asumen que su rol no será el de incidir directamente en las decisiones electorales de 2027, sino concentrarse en la estrategia de discurso, en la arquitectura de la campaña nacional, y en la narrativa que acompañará la reelección de Milei.
Las consecuencias de este mapa electoral son múltiples y su despliegue generará dinámicas políticas complejas en los próximos meses. Por un lado, la estrategia de competencia directa en catorce provincias podría fortalecer la construcción territorial libertaria en espacios donde hoy tiene débil implantación, pero también corre el riesgo de dispersar recursos y energías en contiendas que podrían resultar electoralmente costosas. Por otro lado, los acuerdos con gobernadores dialoguistas garantizan apoyo legislativo para las reformas y facilitan la gobernabilidad, pero generan la percepción interna en La Libertad Avanza de que se está cediendo principios por pragmatismo. La reforma electoral de colectoras, si prospera, podría institucionalizar un sistema más flexible de alianzas, pero también abre interrogantes sobre cómo se distribuirán espacios legislativos entre el Gobierno, los gobernadores y los sectores opositores. La definición definitiva de la estrategia en la Ciudad de Buenos Aires, en tanto principal distrito electoral después de la provincia homónima, será crucial para calibrar si el oficialismo apunta a polarización o a construcción de consensos más amplios. En cualquier caso, el próximo año y medio verá cómo estas líneas estratégicas se transforman en negociaciones concretas, acuerdos cerrados, y definiciones de candidaturas que marcarán el perfil de la campaña 2027.
