El municipio bonaerense de Morón atraviesa una encrucijada institucional de proporciones considerables. La desaparición de una directora municipal acusada de narcotráfico ha destapado una crisis que va más allá del hecho delictivo en sí: expone fracturas profundas en los mecanismos de control interno y abre un debate político sobre quién es responsable de que una persona procesada por delitos graves haya llegado a ocupar un cargo de relevancia en la administración pública. El hallazgo de casi medio kilo de cocaína en un allanamiento realizado el viernes pasado marcó un punto de quiebre en la gestión municipal, desencadenando una respuesta legislativa que busca obligar al intendente a rendir cuentas sobre cómo sucedió esto.
El órgano deliberativo local no tardó en reaccionar. En una sesión de este jueves, el Concejo Deliberante de Morón consiguió reunir los dos tercios de los votos necesarios para aprobar una interpelación dirigida al intendente Lucas Ghi. La votación fue contundente: 16 votos a favor frente a 8 en contra. Lo que hace particularmente significativo este resultado es quién votó a favor. No se trató únicamente de los bloques de oposición tradicionales, sino que se sumaron concejales que responden al exintendente Martín Sabbatella, figura histórica del peronismo moronense que hoy lidera una facción interna de Fuerza Patria enfrentada con la actual conducción municipal. Esta confluencia de fuerzas políticas distintas refleja la gravedad con que fue percibido el hecho en toda la estructura edilicia local.
Una funcionaria en el ojo de la tormenta
En el centro de esta tormenta se encuentra Luna Suyai Ortigoza, quien se desempeñaba como directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad. Su llegada a este cargo data de junio del año pasado, en un momento particularmente sensible dentro de la municipalidad: durante el enfrentamiento político entre Ghi y Sabbatella por el control de la estructura de gobierno. En ese contexto, Ortigoza fue designada en un área de la que habían sido desplazados funcionarios de la línea Sabbatella, como Cinthia Frías, que ocupaba la secretaría vinculada a géneros y diversidad. Aunque Ortigoza provenía del mismo partido político que Sabbatella —Nuevo Encuentro— optó por permanecer junto a Ghi en la división interna, alejándose así del camino que tomó el resto de su círculo cercano. Esta lealtad le permitió acceder a una posición institucional que hoy se ve empañada por acusaciones de tráfico de estupefacientes.
El procedimiento policial que culminó con el descubrimiento de la droga en su domicilio ocurrió en el marco de operativos más amplios en varios inmuebles ubicados en Morón y Merlo. La Policía Federal, desde ese viernes, intenta ubicarla para ejecutar una orden de captura. Ghi reaccionó rápidamente, separándola del cargo el mismo día en que se conoció la noticia. Sin embargo, esa medida administrativa resultó insuficiente para frenar el reclamo político que se venía gestando. Los legisladores locales consideraron que la cuestión trasciende lo individual y toca aspectos estructurales del funcionamiento municipal.
Fallos sistemáticos en los controles internos
El documento aprobado por el Concejo hace referencia explícita a una "absoluta falta de filtros internos" en la municipalidad. Pero lo más preocupante es que no se trata de un caso aislado. Los legisladores recordaron un episodio previo ocurrido también durante este año que vuelve a involucrar a personal municipal en actividades delictivas. Se refieren específicamente a Karen Yael Cufré, una empleada que trabajaba en el centro de monitoreo de la municipalidad y fue detenida en febrero acusada de integrar una red criminal dedicada a extorsiones virtuales. Los responsables de esta banda apuntaban a diferentes víctimas a través de medios digitales, y entre los afectados estuvo un soldado de 21 años que, en diciembre del año anterior, se quitó la vida en la quinta de Olivos tras ser víctima de estas intimidaciones. Este antecedente transforma el caso de Ortigoza en un síntoma de un problema más amplio: la ausencia de procedimientos rigurosos para evaluar antecedentes, comportamientos y conductas de quienes ingresan o ya trabajan en la administración pública municipal.
En los fundamentos del proyecto aprobado, los concejales expresaron una inquietud que resuena en la ciudadanía: "Los vecinos de Morón todavía recuerdan con profunda indignación" los hechos previos. La redacción legislativa pone énfasis en que estas no son casualidades, sino consecuencias de un déficit en los mecanismos de alerta y prevención. Los ediles afirmaron que "la ciudadanía de Morón tiene el derecho absoluto a saber qué medidas preventivas se dejaron de tomar tras el caso de las extorsiones virtuales y por qué los mecanismos de alerta interna volvieron a fallar de manera tan rotunda". Esta pregunta es central: si hace meses ya había un caso que involucraba a un empleado municipal en delitos graves, ¿qué cambió en los sistemas de control para prevenir que algo similar volviera a ocurrir?
El artículo invocado de la Ley Orgánica de las Municipalidades de Buenos Aires otorga al intendente un plazo de no más de cinco días hábiles para presentarse ante el Concejo, ya sea personalmente o a través de su secretario, y brindar explicaciones sobre "la gravísima situación institucional, administrativa y patrimonial derivada de la orden de captura" de la exdirectora. Si Ghi no comparece dentro de ese plazo, será considerado responsable de una "falta grave" según la normativa municipal. La presión institucional, por tanto, es máxima. El intendente no solo debe explicar cómo ocurrieron los hechos, sino también qué mecanismos implementará para garantizar que incidentes similares no vuelvan a repetirse.
Las implicancias políticas de una crisis institucional
Desde una perspectiva política, la aprobación de esta interpelación con el apoyo de sectores de Fuerza Patria que responden a Sabbatella refuerza la confrontación entre estas dos facciones del peronismo local. Sin embargo, lo notable es que la votación incluye también a legisladores de La Libertad Avanza, Pro, y concejales en monobloques, sugiriendo que el rechazo al caso va más allá de las divisiones tradicionales. Esto puede interpretarse de múltiples maneras: para algunos, refleja una genuina preocupación bipartidista por la seguridad institucional y el control de gestión; para otros, representa una oportunidad política para debilitar al intendente en un momento de vulnerabilidad.
Los ocho votos en contra procedieron de los legisladores que aún responden a Ghi dentro de Fuerza Patria, más dos concejales del Frente Renovador. Este bloque minoritario en la votación podría interpretar el procedimiento como excesivamente politizado o como una reacción desproporcionada ante un caso que fue manejado con celeridad administrativa —la separación del cargo fue inmediata—. No obstante, sus argumentos enfrentan la pregunta incómoda sobre cómo se llegó a esa situación en primer lugar.
Las consecuencias de esta interpelación pueden ramificarse en varias direcciones. En el corto plazo, Ghi enfrenta la obligación de comparecer y responder ante la legislatura municipal. Sus explicaciones podrían fortalecer o debilitar su posición frente a una coalición política adversa que crece. En el mediano plazo, la administración municipal probablemente deberá implementar cambios en sus sistemas de reclutamiento, evaluación de personal y protocolos de vigilancia interna, lo que podría implicar costos administrativos y políticos. En el largo plazo, la confianza ciudadana en las instituciones municipales está en juego, especialmente cuando el municipio enfrenta la tercera acusación grave contra empleados públicos en cuestión de meses. Morón, como muchos municipios bonaerenses, experimenta una fricción entre eficiencia administrativa y control democrático que este caso amplifica sin resolver.
