La extensión y el detalle del testimonio de Hilda Horovitz en los tribunales federales de Comodoro Py cerraron este jueves uno de los capítulos más dramáticos de una investigación que, a casi una década de su inicio, continúa desentrañando los mecanismos operativos de una red de corrupción que se extendió durante años en los niveles más altos del Estado. Su presencia en la sala, a lo largo de más de nueve horas repartidas en dos jornadas consecutivas, no fue un testimonio más: fue la palabra de quien aseguró estar dentro del mismo engranaje, utilizando su nombre para operaciones que otros dirigían desde las sombras. El significado de esta declaración trasciende lo anecdótico porque expone las prácticas concretas mediante las cuales circulaba dinero ilícito, cómo se disimulaba su origen y quiénes componían la cadena de responsables.
La confesión sobre los bienes y el rol de intermediaria
Desde el inicio de su exposición ante el Tribunal Oral Federal 7, Horovitz no dudó en reconocer un punto crucial: Oscar Centeno, el remisero que se convirtió en nexo entre funcionarios y operadores, había colocado intencionalmente propiedades bajo su nombre. Esta admisión, lejos de ser ambigua, describe un esquema clásico de ocultamiento patrimonial. La mujer de 58 años relató cómo Centeno le explicaba procedimientos para guardar dinero dentro de bolsos, detalles que adquieren relevancia cuando se contrastan con los bolsos vacíos que posteriormente fueron exhibidos como evidencia física en la audiencia. Según su testimonio, esos recipientes retornaban a la vivienda que compartían en Olivos después de cada jornada laboral del remisero, cargados de lo que ella sugiere era el producto de transacciones vinculadas a Roberto Baratta, el exfuncionario cuya órbita concentraba buena parte de las operaciones investigadas.
Cuando los magistrados le cuestionaron cómo podía estar segura de que Centeno sabía cómo "acomodar" dinero, su respuesta fue directa pero vaga: "Lo habrá visto". Esta lacónica explicación contrasta con la precisión de otros detalles que recordaba perfectamente, sugiriendo que ciertos aspectos de la operatoria le resultaban evidentes sin necesidad de explicaciones explícitas. Las representaciones gráficas durante la audiencia—fotografías de banditas elásticas, imágenes del frente del barrio cerrado donde residía Baratta—funcionaron como confirmación visual de prácticas que ella misma había documentado. Un elemento particularmente significativo fue el reconocimiento de Horovitz respecto de un billete de cien dólares que calificó sin ambages como "trucho", admitiendo que ella misma lo había enviado a Baratta. Esta mención al dinero falsificado abre una ventana a un aspecto menos explorado de la causa: la circulación de moneda contrahecha como instrumento complementario del esquema.
Las tensiones matrimoniales y los reclamos por dinero
Durante el contrainterrogatorio que desarrolló el juez Fernando Canero, emergió un aspecto psicológico de la relación entre Centeno y Horovitz que matiza la dinámica de la trama. Según la declarante, el remisero se quejaba frecuentemente de recibir solo "migajas" provenientes de Baratta, protestas que se intensificaban cuando llegaba "picado" o "chinchudo" al hogar. Esta caracterización de su entonces pareja transmite una complejidad: Centeno no era simplemente un ejecutor pasivo de órdenes, sino alguien que negociaba su participación y se sentía insatisfecho con la retribución que obtenía. Cuando se le preguntó qué tareas específicas realizaba el remisero, Horovitz esquivó la respuesta con un "Eso pregúntele a Centeno", pero luego matizó recordando que él mencionaba llevar a Baratta "a las cuevas o a hacer cosas". Esta referencia a "cuevas"—término que en la jerga porteña refiere a lugares donde se realizan operaciones financieras irregulares—constituye un indicio de la naturaleza de los servicios que prestaba.
El testimonio también reveló que la propia Horovitz había solicitado dinero a Centeno, presiones económicas que lo llevaron a recurrir a Baratta como intermediario. Ella misma explicó su situación laboral después de que el caso se hiciera público: quedó sin empleo y enfrentó una crisis financiera. "Mi especialidad no es mentir. Acá sé que me estoy mandando al muere sola por decir la verdad", expresó, justificando sus pedidos de dinero al remisero. Esta declaración, más allá de su contenido literal, comunica una percepción de Horovitz respecto de las consecuencias de su testimonio. Ella se asume como alguien que sacrifica su posición social y económica por colaborar con la justicia, lo cual en cierta medida cuestiona tácitamente los incentivos que pueden haber motivado su participación en el juicio.
El relato de la violencia y la denuncia previa
Uno de los segmentos más cargados emocionalmente de la declaración fue cuando Horovitz acusó a Centeno de haberla utilizado como "testaferro" y revivió episodios de violencia física. "Me cagó a trompadas, me insultó y me agredió", recordó, conectando el maltrato con su posterior involucramiento en transacciones que beneficiaban al remisero. Este aspecto introduce una dimensión de coerción en el relato que no había sido explícita hasta ese momento. Según su versión, ella habría advertido en 2017 a Claudio Uberti—entonces su jefe en un ministerio y posteriormente "arrepentido" de la causa—que planeaba denunciar a Centeno en Comodoro Py. La respuesta de Uberti, tal como la caracterizó Horovitz, fue premonitoria: le advirtió que se preparara para las consecuencias, profecía que se cumplió cuando poco después perdió su empleo. Esta secuencia sugiere que su decisión de colaborar con la justicia llevaba implícitos riesgos laborales y potencialmente personales, contextualizando sus motivaciones más allá de consideraciones morales.
Los audios que revelaron intenciones y vínulos
La reproducción de grabaciones de voz durante la audiencia generó momentos de considerable tensión. En una de ellas, Horovitz expresaba con crudeza: "No va a quedar acá, va a seguir. Tengo nueve años para hacerlo mierda". Su reconocimiento del audio confirmó que se refería a Centeno, aunque convenientemente no pudo precisar a quién se lo había enviado. Esta frase, en su formulación amenazante, transmite una intención de prolongar acciones punitivas durante un lapso extenso, revelando un grado de enemistad que iba más allá de una simple ruptura de pareja. Otros mensajes, dirigidos a Miriam Quiroga—exintegrante del área de Ceremonial de la Casa Rosada durante la administración Kirchner—mostraban a Horovitz solicitando la devolución de documentos vinculados a Centeno que supuestamente le pertenecían. Según su relato, cuando Quiroga le comunicó a Baratta sobre estos reclamos, el exfuncionario respondió lacónicamente: "Perdelos". Esta instrucción adquiere significación como potencial destrucción de pruebas o documentación comprometedora.
Las grabaciones también capturaban momentos de camaradería entre Horovitz y Quiroga, con expresiones de agradecimiento por cenas y salidas compartidas. Cuando se le consultó sobre estos encuentros, Horovitz manifestó no recordar los detalles específicos, una inconsistencia que los abogados defensores sin dudas aprovecharon para sembrar dudas sobre la fiabilidad de su memoria. Estos audios, en su conjunto, forman un mosaico de relaciones entrecruzadas donde conversaciones privadas y coordinaciones de bajo perfil operaban como sustancia de la red investigada. Horovitz se describía como intermediaria natural: "Yo siempre hablaba con Miriam y Miriam hablaba con Roberto", explicó, delineando un circuito de comunicaciones donde ella fungía como eslabón entre Centeno y las instancias superiores de la estructura.
El contexto más amplio de la causa Cuadernos
Es necesario ubicar este testimonio dentro del marco temporal y procesal más vasto de la causa Cuadernos, iniciada hace casi una década a partir de los registros documentales que detallaban entregas de dinero durante la administración kirchnerista. El juicio oral que actualmente se desarrolla en modalidad semipresencial desde marzo pasado, cuando declaró la expresidenta Cristina Kirchner imputada como presunta jefa de asociación ilícita y por cohecho, representa el estadio más visible de una investigación que ya ha atravesado múltiples fases. Hasta la declaración de Horovitz, ya habían sido indagados 86 acusados en el proceso, aunque numerosos imputados—especialmente aquellos que optaron por acuerdos de colaboración—eligieron permanecer en silencio ejerciendo su derecho a no declarar. Entre esos silencios tácticos se encontraba el del propio Centeno, cuyas acciones quedaban bajo el escrutinio de testimonios ajenos como el de Horovitz.
La decisión de numerosos acusados de guardar silencio ha generado críticas desde sectores de las defensas, que argumentan que ello les impide contrastar las imputaciones que afectan a sus clientes mediante el cuestionamiento directo de quienes rinden testimonio. Este debate procesal toca cuestiones fundamentales sobre la equidad del juicio y el derecho a la defensa en contextos donde la colaboración con la justicia genera incentivos para incriminaciones cruzadas. La presencia de Horovitz, testigo que sí decidió exponer públicamente su versión de los hechos, contrasta con la estrategia de silencio de otros involucrados, lo cual introduce un desequilibrio narrativo donde una sola perspectiva sobre los eventos adquiere preponderancia por ausencia de contraposición directa.
Implicancias y perspectivas hacia adelante
El cierre de la declaración de Horovitz marca un punto de inflexión en el desarrollo del juicio, pero sus consecuencias se extenderán hacia adelante en múltiples direcciones. Por un lado, su testimonio proporciona a la acusación un relato de primera mano sobre el funcionamiento práctico de la red, con detalles sobre instrumentos específicos como los bolsos y métodos de transporte de dinero. Por otro, las inconsistencias, los vacíos de memoria selectiva y los elementos emotivos de su exposición ofrecen material para cuestionamientos sobre su credibilidad y sus posibles motivaciones más allá de la búsqueda de verdad. El caso de Miriam Quiroga, quien presentó un certificado médico justificando su imposibilidad de declarar por razones de salud—cuya resolución aún pende de los jueces—añade complejidad a un cuadro donde la participación de testigos enfrenta obstáculos procedimentales y de otro orden. El tribunal debe todavía resolver ese planteo, lo cual podría afectar la completitud del cuadro probatorio que los magistrados utilizarán para fundamentar sus sentencias. En tanto, Centeno continúa presente en la sala, observando y tomando notas sobre el testimonio que lo incrimina, una postura que simboliza la paradoja de un proceso donde los acusados pueden presenciar su propia denostación sin poder refutarla mediante interrogatorio directo si optan por el silencio.
