El desenlace de una trama que conectaba irregularidades administrativas, intermediaciones sospechosas y operaciones inmobiliarias de decenas de millones de pesos encontró un punto de quiebre inesperado cuando el cuerpo de Guillermo Bellingi, exsubdirector general de la Procuración General de la Nación, fue hallado sin vida en el interior de un automóvil en el partido bonaerense de Villa Elisa. Lo que en principio pudo haber generado especulaciones sobre un crimen vinculado a su inminente comparecencia ante la justicia se disipó rápidamente tras los estudios forenses: los peritos concluyeron categóricamente que no existieron indicios de criminalidad. El acontecimiento marca un giro en una causa que había mantenido en vilo a diversos sectores de la administración pública durante más de una década, desde que saliera a la luz la controvertida adquisición de un edificio de oficinas por parte del organismo fiscalizador federal.
A tan solo veinte días de su muerte, Bellingi debía presentarse ante el Tribunal Oral 8 para enfrentar un proceso judicial de envergadura. En el banquillo de los acusados habría compartido responsabilidades con Alejandra Gils Carbó, la exjefa del Ministerio Público Fiscal durante cuya gestión acontecieron los hechos investigados. El juez Julián Ercolini había elevado ambas causas a juicio oral tras determinar elementos suficientes para sostener una acusación por irregularidades en el procedimiento de compra del inmueble ubicado en la avenida Perón al 600. La gravedad de las imputaciones radicaba en lo que los investigadores denominaron como una estructura "previamente acordada" que habría otorgado apariencia de legalidad a operaciones que, según la acusación, estaban direccionadas desde el inicio para favorecer a intermediarios específicos.
El entramado de la operación cuestionada
La investigación que pesaba sobre ambos funcionarios giraba en torno a una transacción que se remontaba a años atrás: la adquisición de un edificio oficina por $43.850.000. Según las pesquisas judiciales, el proceso licitatorio no fue el producto de una evaluación objetiva de ofertas, sino de un plan preconcebido que buscaba beneficiar a la empresa Arfinsa, vendedora final del inmueble que hoy alberga dependencias de la Procuración. Lo que transformaba esta irregularidad administrativa en un asunto de mayor trascendencia era la estructura de comisiones que se derivó de la operación. Juan Carlos Thill, medio hermano de Bellingi, cobró una suma de 3 millones de pesos hace trece años por concepto de asesoramiento que le habría prestado a la inmobiliaria intermediaria. Este esquema de pagos se había concertado en contratos firmados con anterioridad a que la licitación fuera resuelta públicamente con el nombre del ganador.
Para los fiscales y jueces que analizaron la causa, la relación familar entre el funcionario de la Procuración encargado de supervisar el procedimiento licitatorio y el intermediario que cobraría millonarias comisiones constituía la prueba principal de que existía un acuerdo previo. El vínculo de parentesco entre Bellingi y Thill operaba como mecanismo que facilitaba tanto el direccionamiento del proceso como el reparto de beneficios económicos. Gils Carbó, en tanto, fue procesada en 2017 como máxima autoridad responsable de la gestión de la Procuración durante esos años, antes incluso de que presentara su renuncia al frente del organismo. Su rol en las decisiones que llevaron a la compra del edificio fue catalogado como central por los investigadores.
El hallazgo y sus circunstancias forenses
La mañana en que Bellingi fue descubierto en la calle 8, entre los números 406 y 407 de Villa Elisa, un ciudadano que pasaba por la zona advirtió la presencia del cuerpo y realizó la llamada de auxilio. La Policía Bonaerense llegó al lugar y constató que el exfuncionario, de 55 años, se encontraba en el interior de un vehículo, vistiendo un buzo color verde, pantalón de jean y zapatos marrones. En el sitio fueron recuperados sus documentos de identidad, su teléfono móvil, un reloj y un objeto que llamaría la atención de los investigadores: un cuchillo tipo criollo con mango de madera, acompañado de su correspondiente vaina. Junto al cadáver reposaba además una mochila de color azul. Los únicos signos visibles de trauma estaban circunscriptos a la zona del tórax, donde se observaba una herida lacerante producida por arma blanca.
El análisis médico forense determinó detalles cruciales que orientaron las conclusiones de los peritos hacia una sola dirección: la herida se localizaba en la parte baja del tórax con una inclinación hacia el lado izquierdo del cuerpo, patrón que es consistente con una lesión autoinfligida. El examen del cadáver no revelaba otras lesiones, contusiones o marcas de defensa que son típicas en casos de confrontación física. La ausencia de estos indicadores, sumada a la disposición del arma junto al cuerpo y la naturaleza de la herida, permitió a los peritos arribar a conclusiones que descartaban intervención de terceros. Documentos e informes posteriores indicaron que Bellingi atravesaba una situación personal complicada: se mencionaba la existencia de deudas derivadas de actividades de juego y un estado emocional que mostraba signos de inestabilidad. Estos factores contextuales funcionaron como complemento de las evidencias forenses para comprender las circunstancias del fallecimiento.
La acusación fiscal en el proceso que Bellingi no llegaría a enfrentar había sido depositada en manos del fiscal general Marcelo Colombo, quien sostenía que la licitación de compra del inmueble había sido diseñada deliberadamente para favorecer la propuesta del edificio finalmente adquirido. El tribunal que habría presidido el juicio estaba integrado por las juezas Gabriela López Iñiguez y Sabrina Namer, así como por el juez Nicolás Toselli. La muerte de Bellingi extinguió la acción penal en su contra, un principio fundamental del derecho que establece que el proceso penal fenece cuando fallece el imputado. Por su parte, Gils Carbó continuaba con su vida profesional fuera del sector público: se había desempeñado como abogada litigante y representaba legalmente al empresario Gerardo Ferreyra de la empresa Electroingeniería, quien enfrentaba sus propios procesos judiciales en el marco de las investigaciones sobre coimas.
Reflexiones sobre cierre de causa y proyecciones institucionales
El desenlace de esta saga judicial genera múltiples lecturas según la perspectiva desde la cual se analice. Desde una óptica estrictamente procesal, la muerte de un imputado representa un obstáculo definitivo a la continuidad del litigio: la extinción de la acción penal es una cuestión regulada por los códigos procesales en casi todas las jurisdicciones, y no permite avanzar contra quien ha fallecido. Sin embargo, las implicaciones que trascienden lo meramente legal adquieren relevancia cuando se considera que el caso involucraba cuestiones de integridad administrativa, uso de recursos públicos y la arquitectura de sistemas de corrupción que habrían operado dentro de la estructura estatal. La materialización de una operación inmobiliaria por decenas de millones de pesos, el pago de comisiones millonarias a intermediarios y la participación de funcionarios que ocupaban posiciones de poder en el organismo fiscalizador configuraban un escenario que planteaba interrogantes sobre los mecanismos de control internos y externos existentes en ese período. Las consecuencias institucionales de estos hechos pueden evaluarse desde distintos ángulos: algunos observadores podrían argumentar que la muerte de Bellingi cerró una oportunidad para clarificar completamente los alcances de la operación y las responsabilidades de otros actores involucrados; otros, en cambio, podrían sostener que la documentación acumulada durante la investigación ya contenía evidencias suficientes para establecer las irregularidades denunciadas. Lo que parece innegable es que el caso ilustra problemáticas persistentes en la administración de recursos públicos y plantea desafíos continuos para la construcción de instituciones con mecanismos más robustos de supervisión y control.
