La decisión llegó tarde pero llegó. Nucleoeléctrica Argentina anunció la eliminación del sistema de tarjetas de crédito corporativas destinadas a solventar desplazamientos internacionales de sus funcionarios, una medida que se concretó tras la exposición pública de un documento que puso en evidencia un año entero de erogaciones sin supervisión efectiva. El movimiento reactivo de la empresa estatal marca un punto de quiebre en la gestión de recursos públicos, aunque también abre interrogantes sobre por qué una estructura tan permeable en materia de control fiscal operó sin mayores cuestionamientos durante más de doce meses consecutivos.

Juan Martín Campos, titular de la organización energética, justificó la medida argumentando que el esquema anterior había quedado obsoleto y que resultaba necesario simplificar los procedimientos administrativos. Sin embargo, su comunicado reconoció implícitamente que existieron inconsistencias en los registros: aquellos gastos que no contaran con justificación suficiente deberían ser reintegrados por los funcionarios responsables. La precisión sobre qué porcentaje de los consumos efectivamente fue devuelto nunca fue aclarada en los pronunciamientos oficiales posteriores. El silencio administrativo en este punto resulta tan elocuente como los números que figuran en el reporte.

Un año de consumos sin filtro: de discotecas madrileñas a free shops globales

Entre marzo de 2025 y febrero de 2026 circuló sin restricciones aparentes una tarjeta corporativa de la empresa estatal cuyo extracto de operaciones lee como un catálogo de servicios ajenos a cualquier función energética o institucional. El documento oficial de 58 páginas revela gastos en discotecas ubicadas en Madrid, servicios de playa comercializados desde Valencia, establecimientos de estética y peluquería, tiendas de indumentaria de lujo, y free shops repartidos por distintos puntos del globo. La nómina de hoteles de categoría internacional complementa un cuadro que sugiere una gestión radicalmente desvinculada de parámetros de austeridad o rendición de cuentas. Los montos más sustanciales se concentraron precisamente en alojamientos: desde el Hotel Mayorazgo madrileño hasta el icónico St. Regis de Singapur, pasando por cadenas de renta temporal y establecimientos de cinco estrellas distribuidos en Suiza, Austria, Holanda y Brasil.

Más allá de los gastos identificables en comercios y servicios, el documento contabiliza más de 400 adelantos de efectivo que sumaban aproximadamente $56 millones. Esta cifra, presentada en pesos argentinos, resulta aún más significativa cuando se considera que representa dinero extraído sin especificación de destino final, una modalidad que históricamente ha caracterizado los procedimientos administrativos de difícil auditoría. El flujo de efectivo sin trazabilidad completa constituye quizá el aspecto más problemático del sistema, ya que vuelve imposible determinar con certeza cómo se utilizaron esos recursos una vez que abandonaron el circuito de registro formal.

La gestión de Demian Reidel y el timing de los descargos

El período en cuestión coincide casi enteramente con la administración de Demian Reidel, funcionario que previamente se desempeñó como asesor de Javier Milei. Ante la difusión de la información, Reidel emitió un descargo público negando categóricamente haber utilizado fondos corporativos para gastos de índole personal. Su argumentación se basó en señalar que los extractos de su tarjeta individual no evidenciaban tales consumos, y que la información filtrada mezclaría datos correspondientes a múltiples plásticos corporativos de la institución. El exfuncionario además reclamó que se realizara una investigación exhaustiva sobre cada peso movilizado a través de estos instrumentos de crédito. Sin embargo, la aclaración no resolvió el interrogante fundamental: si el sistema estaba diseñado con controles y rendiciones obligatorias, ¿por qué los mecanismos de supervisión no detectaron estas anomalías en tiempo real?

La cronología de los hechos presenta inconsistencias que merecen observación detallada. Campos sostuvo que la desactivación del sistema se materializó en febrero, aunque colaboradores suyos ofrecieron esta información únicamente cuando la exposición pública del tema ya era un hecho consumado. Resulta paradójico que una medida correctiva de tal envergadura no hubiera sido comunicada públicamente en el momento de su implementación, máxime considerando que se trataba de una decisión que implicaba el cierre de una línea operativa completa. Aún más: la documentación posterior reveló transacciones efectuadas con posterioridad a la fecha que supuestamente marcaba el fin de estas autorizaciones, lo cual sugiere que la desactivación pudo haber sido parcial, rezagada o simplemente inefectiva en la práctica.

Entre los consumos registrados figura una transacción particularmente significativa desde el punto de vista contextual: a fines de octubre de 2025, se registró un gasto de US$1.772,17 en el Hotel Meliá de Viena, apenas dos días después de que una fotografía publicada mostrara a Reidel junto a Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, en la capital austríaca. La coincidencia de fechas, ubicaciones y denominaciones de establecimientos genera una conexión visual entre la actividad registrada en las tarjetas y los desplazamientos de funcionarios de alto nivel. No se trata de afirmar causalidad directa, pero sí de subrayar que los registros permiten esta clase de correlaciones que posteriormente resultan imposibles de verificar cuando el efectivo ya ha sido erogado sin especificación de uso.

El vacío de supervisión que operó durante doce meses

La pregunta que permanece abierta es por qué un procedimiento descrito por Campos como formalmente constituido, con rendición obligatoria incorporada, logró funcionar durante más de 365 días sin que se detectaran anomalías. El sistema de tarjetas corporativas había permanecido vigente desde 2020, es decir que había atravesado cambios de gestión, evaluaciones presupuestarias y ciclos de auditoría interna sin que se documentara este nivel de desviación. Ya sea por insuficiencia de controles, por falta de criterios claros respecto a qué constituye un gasto justificable, o por ausencia de supervisión periódica, lo cierto es que la brecha entre el procedimiento formal y la práctica efectiva se amplificó hasta hacerse insostenible.

Campos presentó su análisis de los consumos como una de sus primeras acciones al asumir la presidencia de la empresa, identificando inconsistencias y falta de justificación en múltiples transacciones. No obstante, su comunicado no especificó cuál fue el universo exacto de gastos considerados injustificables, ni qué montos fueron efectivamente recuperados. La ausencia de cifras concretas en este punto resulta tan problemática como los propios consumos cuestionados, porque impide al público evaluar el alcance real de la situación y la efectividad de las medidas correctivas. La rendición de cuentas demanda transparencia no solo respecto a qué se gastó, sino también respecto a cómo se procesaron los hallazgos una vez identificados.

El documento que permitió la exposición de estos consumos fue generado en respuesta a consultas de diputados nacionales, lo que demuestra que la información estaba disponible dentro de los circuitos estatales pero requirió de un mecanismo parlamentario para ser visibilizada. El "Reporte Tarjeta Corporativa Nucleoeléctrica Argentina S.A." contiene 58 páginas con fechas, operaciones detalladas e importes en dólares y pesos, pero notablemente carece de especificaciones sobre identidad de quién ejecutó cada gasto y de cuántas tarjetas diferentes constituyeron la muestra. Esta ambigüedad estructural del propio documento facilitó precisamente la confusión que Reidel señaló en su descargo, pero también revela una debilidad administrativa fundamental: la ausencia de trazabilidad individual genera imposibilidades metodológicas para investigar posteriormente.

Dentro del listado de transacciones conviven operaciones que sí guardan relación con la función institucional —pagos a organizaciones como "Nuclear Energy Institu", "Zachry Nuclear Enginee" u "Org. of Canada Nuclear"— con consumos claramente personales como cosméticos, perfumerías, peluquerías y servicios de spa. Esta yuxtaposición no es casual ni accidental: es el resultado de un sistema que permitía la utilización simultánea de fondos públicos para fines institucionales y privados sin mecanismo que efectivamente diferenciara entre ambas categorías. La estructura permisiva facilitó la dilución de responsabilidades individuales dentro de un conjunto indiferenciado de movimientos.

Las implicancias de un precedente mal cerrado

La desactivación de las tarjetas corporativas constituye una acción necesaria pero insuficiente para resolver las tensiones que subyacen bajo este episodio. Por un lado, la medida responde a demandas de transparencia y reduce futuras posibilidades de consumos sin supervisión específica. Por otro, cierra un capítulo sin proporcionar claridad cabal sobre responsabilidades individuales, recuperación de montos, o implementación de mecanismos que impidan réplicas del patrón observado en otras dependencias públicas. Las administraciones futuras deberán evaluar si centralizar la administración de recursos para viajes al exterior —como propone Campos— genera efectivamente mayores controles o simplemente desplaza el problema hacia otro circuito administrativo igualmente permeable. La historia de la gestión pública argentina contiene múltiples ejemplos de cómo los cambios de procedimiento, sin reformas más estructurales de supervisión y rendición de cuentas, generan reformulaciones del mismo problema bajo nuevas formas. Lo que permanece abierto es si existirán investigaciones administrativas o penales que esclarezcan responsabilidades específicas, o si el cierre de la modalidad de tarjetas constituirá el punto final de facto de un asunto que merece mayor profundidad en su resolución.