La estructura administrativa de la Armada Argentina enfrenta un terremoto interno tras el descubrimiento de un mecanismo sistemático de desvío de fondos públicos que operó durante más de tres años sin detección. El almirante Juan Carlos Romay, comandante supremo de la fuerza, tomó la decisión de remover de sus funciones a nueve efectivos militares —ocho capitanes de corbeta y un suboficial— acusados de participar en un esquema de cobros indebidos que alcanzó la cifra de $981.148.567,88. Esta acción marca un punto de quiebre en la gestión administrativa de la institución castrense y abre interrogantes sobre los mecanismos de control interno que permitieron que irregularidades de tal magnitud permanecieran ocultas.
El trasfondo de esta medida disciplinaria es más profundo de lo que sugiere un simple apartamiento administrativo. Entre julio de 2022 y enero de 2026, el sistema de liquidación de haberes de la Armada registró 645 acreditaciones fraudulentas que beneficiaron a veintitrés personas, cifra que incluye tanto a militares como a terceros sin conexión institucional alguna. Los pagos excedían sistemáticamente los montos que correspondían según los registros oficiales, o bien carecían de cualquier respaldo en la documentación de liquidación. La detección tardía de estas irregularidades ocurrió recién en febrero de 2026, cuando Carlos Alberto Castro Maggio, responsable del área de Administración Financiera, identificó suplementos improcedentes abonados inicialmente a cinco agentes. Lo que comenzó como una anomalía aislada derivó, tras auditorías exhaustivas, en el descubrimiento de un entramado mucho más vasto y sofisticado.
La arquitectura del fraude: mecanismos y disimulo
Lo que distingue a este caso de otros desvíos administrativos es la metodología empleada para evadir los controles habituales. Los investigadores determinaron que se modificaban manualmente registros y archivos después de que habían pasado los chequeos rutinarios pero antes de ser remitidos al Banco Nación para su procesamiento. Posteriormente, algunos valores eran restituidos artificialmente a su estado original, operación que aseguraba que los montos suplementarios no quedaran visibles en los recibos de sueldo que recibían los empleados. Esto significa que el esquema no era producto de fallas accidentales en los sistemas, sino consecuencia de intervenciones deliberadas que buscaban deliberadamente burlar los mecanismos de auditoría. La sofisticación de esta técnica sugiere que quienes la ejecutaban poseían conocimiento profundo del funcionamiento del sistema administrativo y financiero de la institución.
Un aspecto relevante en la investigación interna fue la identificación de beneficiarios sin ningún vínculo con la Armada. Entre ellos figuran María del Carmen Prieto, Damián Andrés Santana y Amalia Cristina Díaz. En el caso de Prieto, las actuaciones revelan que percibió $152.259.495,86 y que es cónyuge de Ariel Baltasar Atanasoff, quien en el período investigado se desempeñaba como jefe del Departamento Revista. Según los registros administrativos, Atanasoff habría admitido que conocía las acreditaciones, que las efectuaba manualmente y que decidía por sí solo tanto a quiénes dirigir los fondos como en qué cantidad, todo con el propósito explícito de beneficiarlos económicamente. Afirmó además que ningún otro individuo participaba de estas decisiones, lo que concentraría la responsabilidad en su persona. Los pagos dirigidos a terceros sin pertenencia institucional sumaron $434.200.718,04, equivalentes al 44,25% del total defraudado, cifra que refleja la magnitud de la distracción de recursos hacia beneficiarios externos.
Irregularidades paralelas y el sistema de doble percepción
Las anomalías no se limitaban a pagos arbitrarios canalizados hacia personas elegidas discrecionalmente. La investigación también detectó casos de militares que percibían simultáneamente haberes en el exterior y en territorio argentino, pese a que los sistemas informáticos tenían la capacidad de excluir automáticamente del pago local a quienes recibían remuneraciones desde el extranjero. El caso de Roberto Eduardo Castro ejemplifica esta modalidad: su situación contraviene los protocolos básicos de administración de nómina. En paralelo, se registraron acreditaciones a Luana Magalí Piedigrossi, cónyuge de Castro, durante períodos en los que se encontraba bajo licencia sin goce de sueldo, condición que también debería haber generado automaticamente su exclusión del sistema de pagos. Estos casos demuestran que las irregularidades operaban en múltiples direcciones y aprovechaban diferentes vulnerabilidades del sistema.
La decisión institucional de aplicar el pase a disponibilidad a los nueve efectivos involucrados se sustenta en disposiciones contempladas en la Ley de Personal Militar, mecanismo que permite apartar transitoriamente del ejercicio de funciones a personas bajo investigación disciplinaria por un plazo máximo de doce meses. Esta medida no constituye en sí misma una condena ni implica degradación, sino un apartamiento preventivo mientras avanzan las actuaciones administrativas tendientes a esclarecer responsabilidades individuales. El Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas establece que, de comprobarse las irregularidades atribuidas, las sanciones pueden alcanzar la destitución del servicio activo. De manera paralela a este expediente administrativo, corre una causa penal en el Juzgado Federal N°2, donde corresponderá determinar si los hechos constituyen delitos penales y cuáles serían las responsabilidades de cada involucrado según el ordenamiento legal vigente.
Hasta la fecha de la presentación judicial, la institución había logrado recuperar $42.574.267,63 de los fondos defraudados, dejando un saldo pendiente de $938.574.300,25. No obstante, el monto recuperado no modifica el total histórico de acreditaciones irregulares denunciadas, cifra que permanece como registro de la magnitud del desvío. A raíz de los hallazgos, la Armada implementó medidas correctivas que incluyen el reforzamiento de mecanismos de control, la segregación de funciones vinculadas con liquidación, pago y conciliación —evitando que una sola persona concentre estas responsabilidades—, el apartamiento preventivo de Atanasoff y la preservación de equipos y archivos relacionados con la investigación para futuros análisis forenses digitales.
Desde la institución castrense se emitió un comunicado oficial en el cual se subraya que "la correcta administración de los recursos públicos constituye un compromiso fundamental para el Ministerio de Defensa, del cual depende la Armada Argentina", y se afirmó la existencia de "tolerancia cero frente a cualquier irregularidad en su manejo". Esta declaración refleja la intención de proyectar una imagen de control institucional, aunque las circunstancias revelan que durante más de tres años operó un sistema de fraude sofisticado que logró eludir los controles supuestamente vigentes. El hecho de que las anomalías no estuvieran distribuidas de manera generalizada sino concentradas en determinados beneficiarios y siguiendo un patrón repetido sugiere que existían puntos ciegos deliberados en la supervisión, o bien que las personas responsables de ejercer esa supervisión estaban involucradas en el esquema.
Las implicancias de este caso trascienden los límites de la administración militar. La magnitud de los fondos desviados, la duración temporal del fraude, la participación de múltiples actores y los mecanismos sofisticados empleados generan interrogantes sobre la capacidad de auditoría y control del Estado en sus distintos niveles. Algunos analistas enfatizan la necesidad de reforzar los sistemas informatizados de control presupuestario para reducir el margen de intervención manual que facilita manipulaciones de registros. Otros advierten sobre la relevancia de establecer procesos de segregación de funciones más estrictos, donde ningún funcionario pueda concentrar decisiones sobre elegibilidad, monto y procesamiento de pagos. Desde perspectivas diferentes, se plantea que tanto la detección tardía como la magnitud de lo desviado obligan a revisar los mecanismos de supervisión institucional más allá de la sanción a los responsables directos, preguntándose qué fallas permitieron que una estructura de control fallara sistemáticamente durante años.
