Antes de que el proyecto llegara formalmente al Congreso, los teléfonos ya estaban sonando. Funcionarios nacionales y referentes libertarios en el Parlamento comenzaron a consultar posiciones entre los gobernadores provinciales: ¿apoyarían la eliminación de las elecciones primarias? La respuesta, en la mayoría de los casos, no fue un sí ni un no. Fue una lista. Porque lo que está en juego no es solo una reforma del sistema electoral, sino el estado crítico de las finanzas subnacionales, la parálisis de la obra pública y la acumulación de compromisos de deuda que vencen este año. La negociación política tiene, en este caso, un sustrato concreto y medible: los números provinciales.
Un mapa fiscal que no da margen
La situación presupuestaria de las provincias argentinas es estructuralmente rígida. En la mayoría de los distritos, alrededor del 80% de los recursos disponibles están comprometidos de antemano: salarios del sector público, transferencias a municipios y obligaciones del sistema previsional en las 13 jurisdicciones que conservan sus propias cajas jubilatorias y no las transfirieron a la Nación en los años noventa. Ese esquema deja un margen acotado para decisiones discrecionales, y la inversión en infraestructura es, históricamente, la primera variable de ajuste cuando los ingresos se comprimen.
Los datos confirman esa tendencia. Según un análisis del economista Marcelo Capello, vicepresidente del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral) de la Fundación Mediterránea, la inversión pública consolidada provincial llegó en 2023 al equivalente del 1,8% del Producto Interno Bruto, con un componente de Inversión Real Directa del 1,4% del PIB. En 2024, ese número se desplomó un 34% en términos reales interanuales, quedando en apenas el 1,2% del producto. El año pasado, con el incentivo electoral, la inversión subió un 17% respecto a ese piso, pero el repunte fue desigual y no alcanzó para recuperar lo perdido. Las provincias que más crecieron en gasto de capital en 2025 fueron Río Negro, San Juan y Neuquén, todas con alzas reales superiores al 80%. En el extremo opuesto, Chubut, Corrientes y Catamarca registraron caídas significativas.
El cuadro de situación es más preocupante si se mira desde 2023 como año base: solo Neuquén, Santa Fe, Río Negro y la Ciudad de Buenos Aires lograron expandir su inversión pública respecto a aquel ejercicio. En cambio, Chaco, La Rioja y Santa Cruz acumularon retrocesos superiores al 70% en valores constantes. Estos números no son abstractos: se traducen en rutas sin mantenimiento, hospitales sin terminar, escuelas paralizadas en obra y contratistas que esperan pagos.
Deuda provincial: el otro flanco abierto
Ante la caída de transferencias nacionales y la presión del gasto corriente, varias provincias recurrieron al endeudamiento como válvula de alivio. A fines del año pasado, el Ministerio de Economía nacional flexibilizó los requisitos para avalar colocaciones provinciales en los mercados internacionales, lo que habilitó una oleada de emisiones. Córdoba, Santa Fe, la Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos y Chubut salieron a los mercados en dólares; los vencimientos de todas ellas en conjunto suman aproximadamente 2300 millones de dólares solo durante este año. En pesos, Chaco, Buenos Aires y Mendoza también realizaron colocaciones en lo que va de 2026.
Ese ciclo de endeudamiento fue presentado en su momento como una señal de normalización financiera. El gobernador entrerriano Rogelio Frigerio proyectó en noviembre pasado que la baja del riesgo país abriría una "revolución" en la capacidad de las provincias para financiar infraestructura vial. Sin embargo, la calificadora de riesgo Moody's encendió una señal de alerta: las provincias enfrentan un perfil de vencimientos de deuda internacional exigente y deberán diversificar fuentes de financiamiento para afrontarlo. Además, la calificadora registró un deterioro del frente fiscal provincial que contrasta con el discurso oficial. Economistas especializados en las cuentas subnacionales advierten en privado sobre el riesgo de que el financiamiento conseguido no se destine exclusivamente a repago de deuda o a obras, sino también a cubrir gastos corrientes, algo que ningún gobernador reconoce abiertamente pero que los números insinúan.
El cuadro fiscal general habla por sí solo: de las provincias que presentaron información completa —hasta abril, solo 17 jurisdicciones habían publicado la ejecución presupuestaria íntegra del año pasado—, apenas cuatro sostuvieron superávit financiero. El consolidado disponible, según datos de Politikon Chaco, arroja un déficit del 2%. Y ese cálculo todavía no incluye a la provincia de Buenos Aires, cuya incorporación solo puede empeorar el resultado agregado.
El precio político de los votos
Es en ese contexto de estrechez fiscal donde debe leerse la negociación política en torno a la reforma electoral. El oficialismo nacional necesita eliminar las PASO y avanzar con la ficha limpia, pero al tratarse de modificaciones al régimen electoral, la aritmética parlamentaria exige mayoría absoluta: la mitad más uno de los miembros de cada cámara. Eso obliga a construir alianzas que van más allá del bloque propio, y los gobernadores con representación legislativa relevante se convierten en actores ineludibles.
Las conversaciones entre el gobierno nacional y los mandatarios provinciales ya estaban en marcha antes de que el proyecto llegara formalmente al Congreso. El ministro del Interior, Diego Santilli, se reunió con el gobernador chaqueño Leandro Zdero; en esa misma reunión participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el subsecretario de Gestión Institucional, Lule Menem. También hubo encuentros con el ya mencionado Frigerio y con el gobernador mendocino Alfredo Cornejo, donde la mirada estuvo puesta en el horizonte electoral del año próximo. Los reclamos que circulan en esos diálogos son de dos tipos: recursos para compensar el corte de programas nacionales y compromisos de obra pública. Los mandatarios no se conforman con gestos: quieren certezas.
Un gobernador norteño describió la situación con ironía: el gobierno ya había utilizado parte del capital político acumulado tras las elecciones legislativas para lograr la reforma laboral, y las promesas de entonces no todas se cumplieron. Otro dirigente de la región centro fue más directo: el problema ya no es de voluntad política sino de recursos concretos. La mayoría de los gobernadores no comparte el optimismo de la Casa Rosada respecto a que los próximos meses serán los mejores en décadas.
Rutas, peajes y el nuevo rol de las provincias en la infraestructura vial
En medio de estas tensiones, el gobierno nacional introdujo por decreto un nuevo esquema para la gestión de la red vial nacional. Bajo ese marco, nueve provincias —con posibilidad de incorporar otras— pueden operar, mantener y concesionar tramos de rutas nacionales mediante la figura del peaje, a través de convenios con Vialidad Nacional que deben ser aprobados por el Ministerio de Economía. El mecanismo no transfiere el dominio de las vías, pero sí delega la gestión operativa. Es una reformulación del papel del Estado central en materia de infraestructura.
Sin embargo, desde la Cámara Argentina de la Construcción advierten que la capacidad de respuesta varía enormemente entre jurisdicciones. La provincia de Buenos Aires, que tiene el plan de infraestructura más ambicioso del país, está paralizada. Las provincias del norte, con fondos escasos, ejecutan obras mínimas. Hay distritos que llevan más de un año de negociaciones con la Nación para concretar traspasos y todavía no ven resultados. La heterogeneidad del mapa provincial hace que cualquier política uniforme tenga efectos muy desiguales según el territorio.
El economista Capello advierte que, con la caída observada en las transferencias automáticas desde la Nación, este año habrá un ajuste adicional en la inversión pública provincial. Las excepciones, estima, serán probablemente las jurisdicciones que lograron colocar deuda en los mercados, y que por lo tanto disponen de liquidez que otras no tienen. El resto seguirá apretando el cinturón en el único rubro donde pueden hacerlo sin generar conflictos institucionales inmediatos: la obra pública.
Las implicancias de este escenario son múltiples y abiertas. En el plano político, el gobierno nacional enfrenta el desafío de construir consensos legislativos sin los recursos fiscales para distribuir que históricamente lubricaron esos acuerdos. En el plano económico, la continuidad del deterioro de la inversión subnacional puede profundizar el rezago en infraestructura de un país que ya arrastra décadas de subinversión. Y en el plano institucional, la nueva arquitectura de gestión vial abre interrogantes sobre la capacidad real de las provincias para asumir responsabilidades que el Estado central está resignando. Si ese traspaso operativo funcionará como una oportunidad para algunos distritos o como una carga adicional para los más débiles, es algo que los próximos meses comenzarán a revelar.
