La agenda parlamentaria de octubre en la Cámara alta enfrenta un escenario de selectividad estratégica. El Ejecutivo ha decidido impulsar dos iniciativas que considera viables en el corto plazo —la modernización de la normativa en materia de salud mental y la integración a un tratado internacional sobre patentes— mientras mantiene congelada, deliberadamente, cualquier avance sobre la reforma de las reglas electorales. Esta bifurcación de temas responde a un cálculo político donde se busca acumular victorias legislativas sin desgastarse en negociaciones que aún carecen de consenso suficiente. El movimiento revela tanto el estado actual de la Legislatura como las prioridades que ha definido el Gobierno para el cierre del año legislativo.
Durante conversaciones en la Casa Rosada se ha reconocido sin ambages que la mayor parte de los proyectos en el Senado permanecen estancados. La decisión de apartar, por ahora, cualquier convocatoria a comisión sobre reforma política constituye un gesto político deliberado: el Ejecutivo prefiere aislaar ese debate del resto de la agenda parlamentaria hasta contar con un acuerdo que le garantice los números necesarios en el recinto. Esta estrategia refleja aprendizajes de intentos previos donde la falta de consenso previo resultó en fracasos públicos. Diego Santilli, quien comanda el Gabinete nacional, quedó designado como responsable de sostener estas negociaciones con los gobernadores y los diferentes bloques que el oficialismo considera aliados. El propósito político sigue siendo lograr la sanción de los cambios electorales antes del cierre del año, pero esa meta no condiciona ya el cronograma de octubre.
Patentes y cooperación internacional: un expediente con recorrido
El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) constituye, de todos los proyectos en consideración, el que cuenta con más avances en su recorrido legislativo. La Cámara de Diputados aprobó la adhesión del país a este mecanismo internacional en agosto pasado, con 147 votos a favor y 93 en contra. Sin embargo, la aprobación incluyó una modificación sustantiva: se incorporó una reserva sobre el Capítulo II del tratado, lo que obligó a que el expediente retorne al Senado para completar su sanción definitiva.
El mecanismo del PCT funciona como una ventanilla única para quienes desean presentar solicitudes de patentes de alcance internacional. Una vez presentada la solicitud, el interesado puede elegir en cuáles países específicos desea continuar con los trámites de protección, sin que ello implique reemplazar las decisiones que toma cada oficina nacional de patentes respecto de si corresponde o no otorgar la protección solicitada. Argentina formalizó la firma del tratado en 1970, pero durante décadas no completó el proceso interno requerido para su ratificación, lo que mantuvo al país fuera de este sistema de cooperación.
La reserva incorporada en Diputados excluye específicamente el Capítulo II, un componente que permite solicitar un examen preliminar internacional. Esta herramienta, de carácter optativo, ofrece una evaluación adicional sobre aspectos como la novedad de la invención, su nivel de actividad inventiva y su posibilidad de aplicación industrial. Fue precisamente el sector farmacéutico nacional quien reclamó durante las negociaciones que se incluyera esta exclusión. Desde el Ejecutivo se considera prioritaria la conclusión de este trámite porque la adhesión al PCT forma parte de los compromisos que Argentina asumió con Estados Unidos en el terreno de la protección de la propiedad intelectual. Más allá de este tratado, el Gobierno se prepara para enviar otros seis tratados internacionales que abordan aspectos complementarios: marcas, diseños industriales, protección de microorganismos y transmisión de señales satelitales.
Salud Mental: equilibrio entre protección y complejidad clínica
El otro proyecto que la Casa Rosada busca llevar al recinto durante octubre es la reforma integral de la Ley de Salud Mental. La iniciativa arribó al Senado durante el primer semestre de este año, pero desde entonces atravesó una fase extensa de audiencias públicas y negociaciones a raíz de tensiones que emergieron entre especialistas, gobiernos provinciales y diferentes bloques del Senado. Las discrepancias giraron fundamentalmente en torno al régimen de internaciones, particularmente aquellas que se realizan sin consentimiento del paciente.
La versión que actualmente negocia el oficialismo introduce cambios significativos en las condiciones que habilitan las internaciones involuntarias. El texto propuesto incorpora especificaciones más precisas sobre qué constituye una situación de riesgo e incrementa tanto la intervención de profesionales como la supervisión judicial en estos procedimientos. El proyecto también fija normativas sobre cuánto tiempo puede prolongarse una internación, establece protocolos de egreso, incorpora disposiciones sobre tratamiento de adicciones, autoriza teleconsultas y regula la posibilidad de que las personas dicten directivas anticipadas sobre su propio cuidado. Dentro de estos cambios aparece la exigencia de que una internación involuntaria requiera evaluación de dos profesionales, al menos uno de ellos médico. Asimismo, permite que la intervención psiquiátrica pueda completarse excepcionalmente en un período posterior cuando no exista disponibilidad inmediata de recursos. El texto busca además instalar mecanismos de control periódico para evitar las internaciones crónicas que continúen sin revisión de su necesidad. Simultáneamente, mantiene la orientación estratégica de reemplazar los establecimientos monovalentes —aquellos dedicados exclusivamente a psiquiatría— por una red de atención integrada que funcione en el contexto de la salud general, pero procura ampliar las herramientas disponibles para intervenir en casos particularmente complejos.
La redacción del proyecto ha sido revisada extensamente durante los últimos meses, aunque en el Senado todavía resta definir con precisión cuáles serán los apoyos suficientes para garantizar su llegada al recinto. Este proyecto, a diferencia del tratado de patentes, no cuenta con una trayectoria parlamentaria tan consolidada, aunque las negociaciones han avanzado considerablemente respecto a cómo equilibrar la protección de derechos de personas en crisis psiquiátricas con las herramientas que requieren los equipos médicos para actuar en contextos complejos.
Mientras el Ejecutivo concentra fuerzas en estas dos iniciativas, otros proyectos que había colocado en la agenda de la Cámara alta permanecen en suspenso sin fecha definida de votación. El Super-RIGI, mecanismo de promoción de inversiones con beneficios impositivos, continúa enfrentando desacuerdos sobre los términos específicos que se ofrecerían a las grandes inversiones y el trato a proveedores locales. La reforma de la Ley de Sociedades también ha recibido solicitudes de modificación, especialmente en lo que atañe a las responsabilidades personales de quienes operan desde estructuras legales automatizadas y contratos inteligentes. El proyecto denominado Hojarasca, referido a régimen de biocombustibles, y los cambios al etiquetado frontal de productos alimenticios también permanecen en estado de bloqueo. Esta situación ha obligado al Gobierno a iniciar un proceso de definición sobre cuáles iniciativas intentará impulsar hasta diciembre y cuáles quedará postergadas para el próximo período.
La prioridad política de cierre sigue siendo la aprobación del Presupuesto 2027 y la reforma electoral. Desde el Gobierno proyectan que Diputados votará el presupuesto recién durante noviembre, circunstancia que comprimirá significativamente los tiempos disponibles en el Senado hacia el final del período ordinario. El escenario de máxima aspiración es cerrar diciembre con ambos proyectos —Presupuesto y reforma política— aprobados, más los expedientes que logren destrabarse durante octubre. Hasta tanto, Santilli seguirá sosteniendo conversaciones bilaterales con gobernadores para asegurar los votos destinados a los cambios electorales, mientras el oficialismo evitará convocar nuevamente a comisión sin contar previamente con un acuerdo que le garantice viabilidad. Una vez definido ese marco, la Casa Rosada proyecta avanzar jurisdicción por jurisdicción con acuerdos políticos y electorales de cara a 2027.
La estrategia de priorizar Salud Mental y patentes mientras se congela temporalmente la reforma electoral representa un cálculo que busca mantener la iniciativa legislativa sin exponerse a nuevos fracasos públicos. Si ambos proyectos alcanzan sanción en octubre, el Ejecutivo contará con argumentos de productividad parlamentaria. Simultáneamente, el tiempo ganado permitirá a Santilli consolidar apoyos para la reforma política, que enfrenta tensiones sobre modificaciones al sistema de votación, régimen de primarias y formato de boleta. Las perspectivas sobre este esquema varían: desde quienes consideran que la bifurcación de temas permite avances pragmáticos, hasta quienes advierten que mantener congelada la reforma electoral puede significar que los consensos nunca lleguen, postergando indefinidamente cambios en las reglas del juego político que varios sectores reclaman. El próximo mes revelará si la arquitectura legislativa que diseñó el Ejecutivo resulta suficientemente sólida para sostener los avances en ambas direcciones simultáneamente.
