La Ruta Nacional 188 se ha convertido en un corredor de riesgo permanente para quienes la transitan diariamente. A la altura de Pergamino, en la provincia de Buenos Aires, este tramo estratégico presenta una combinación letal de problemas: curvas cerradas y estrechas que se suceden sin respiro, baches profundos y cráteres en el asfalto, banquinas insuficientes que no ofrecen margen de seguridad, y una ausencia total de iluminación nocturna. Pero lo que convierte a esta ruta en una problemática de estado es su importancia económica. Se trata de una arteria vital para la región pampeana: miles de camiones cargados con granos atraviesan este corredor diariamente hacia el puerto de San Nicolás, y desde allí hacia Rosario a través de la Ruta 32. Cualquier error de conducción, cualquier distracción mínima, puede derivar en tragedias irreversibles. En las últimas semanas, las autoridades locales de Pergamino han dado un paso judicial que busca reparar años de abandono: declaran al municipio como víctima directa de un entramado de corrupción y negligencia, e intentan que los fondos decomisados en procesos judiciales financien las obras que debieron ejecutarse hace lustros pero fueron abandonadas sin explicación.

Décadas de promesas incumplidas y un patrón recurrente

El deterioro visible de la Ruta 188 no es producto de la negligencia pasajera. Durante años consecutivos, sucesivos gobiernos nacionales elaboraron proyectos ambiciosos para transformar este corredor en una vía segura y eficiente. Se diseñaron intervenciones específicas para rectificar las curvas más peligrosas y las contracurvas que han sido escenario de múltiples accidentes. Se planificó la construcción de dársenas de estacionamiento, rotondas de seguridad e instalación de sistemas de señalización y semáforos en puntos críticos identificados como focos de siniestros viales. Todo fue licitado. Todo fue adjudicado a empresas constructoras. Los contratos fueron firmados. Pero las máquinas nunca llegaron, las cuadrillas de trabajo nunca se presentaron, y los ciudadanos de Pergamino continuaron circulando sobre la misma calzada dañada.

Este patrón de incumplimiento no fue pasado por alto por las autoridades municipales. Tanto el ejecutivo local como los miembros del Concejo Deliberante presentaron reiteradamente pedidos de informes, demandaron explicaciones y exigieron que se ejecutaran los trabajos que figuraban en los contratos. Las respuestas nunca llegaron. Año tras año, la ruta se deterioró aún más. Los pozos se multiplicaron. Las curvas cerradas siguieron siendo un factor de riesgo. La falta de iluminación persistió en los tramos nocturnos. Y los camiones continuaron pasando sobre un pavimento que se desmoronaba bajo sus ruedas. Las concesiones viales se renovaban. Las tarifas de peaje aumentaban. Los compromisos contractuales se reiteraban en cada nuevo acuerdo. Pero las obras nunca se hacían realidad.

Una resolución que apunta a la raíz del problema

Hace pocos días, el Concejo Deliberante de Pergamino aprobó un documento que representa un giro en la estrategia local. La Resolución 3422/26, sancionada el 14 de julio, declara oficialmente al municipio como damnificado directo por los presuntos actos de corrupción, cartelización e incumplimiento de obligaciones contractuales que habrían ocurrido en la Ruta Nacional 188. Más significativo aún: solicita formalmente que una porción de los fondos embargados y decomisados en la denominada Causa Cuadernos sea destinada a financiar precisamente aquellas obras que fueron adjudicadas pero nunca ejecutadas.

Los antecedentes que fundamentan esta resolución se remontan a las concesiones otorgadas sobre el Corredor Vial Nº 2, que abarca la Ruta Nacional 188 desde San Nicolás hasta Realicó, en la provincia de La Pampa. Según la documentación incorporada al expediente local, los reiterados incumplimientos motivaron que el municipio dirigiera sus reclamos hacia Claudio Uberti, quien en aquella época se desempeñaba como titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi). Años después, Uberti se convirtió en colaborador de la justicia, declarando como arrepentido en la Causa Cuadernos. Igualmente mencionada en la resolución está la figura de Carlos Wagner, quien presidía la Cámara Argentina de la Construcción. Wagner quedó vinculado a empresas que habrían resultado ganadoras de algunas de las principales licitaciones para obras en la Ruta 188. También él se acogió a la condición de arrepentido en 2018, revelando ante los tribunales detalles de un presunto esquema de financiamiento ilegal donde las empresas constructoras pagaban retornos equivalentes al 5% de los anticipos financieros de las obras o al 3% de los certificados correspondientes a trabajos certificados como ejecutados.

Las intervenciones que formaban parte de este esquema estaban programadas para el período 2010-2016 y se concentraban en sitios de especial peligrosidad: las localidades de Guerrico, Acevedo y Peña, así como la zona conocida como Segundo Cruce, ya dentro del ejido de Pergamino. Cada una de estas ubicaciones fue identificada como crítica por la acumulación de siniestros. Sin embargo, ninguna de estas obras vio la luz. No solo no se ejecutaron los proyectos, sino que el transcurso del tiempo agravó las condiciones del pavimento, transformando a la ruta en aquello que las autoridades locales caracterizan como una trampa mortal en potencia.

El propósito de la acción legal: reparación antes que castigo

Gabriela Taruselli, presidenta del Concejo Deliberante y gestora de la resolución, ha aclarado públicamente cuál es el objetivo de esta medida. No se trata de determinar responsabilidades penales —competencia exclusiva de los tribunales—, sino de lograr que Pergamino reciba aquello que le corresponde: las obras que fueron contratadas, pagadas y nunca entregadas. Es un enfoque pragmático enfocado en la reparación del daño material sufrido por la comunidad. Taruselli adelantó que el próximo paso será la presentación formal de la solicitud ante los tribunales a través de la Asesoría Letrada Municipal, tal como lo establece la resolución aprobada.

Además, la iniciativa local proyecta ampliarse territorialmente. Taruselli ha manifestado la intención de incorporar a otros municipios también perjudicados por el incumplimiento de obras en la Ruta Nacional 188. Rojas, otro distrito bonaerense atravesado por este corredor, ha sido mencionado como potencial socio de esta demanda conjunta. La idea es articular una acción colectiva que trascienda los límites administrativos de Pergamino y visibilice un problema que afecta a toda la región.

Las implicancias de una estrategia sin precedentes

La resolución de Pergamino abre un interrogante sobre cómo debería procesarse, en términos de justicia transicional y reparación, el legado de incumplimientos contractuales derivados de prácticas corruptas. Históricamente, los fondos producto de decomiso en causas de corrupción se destinan a reinvertirse en el aparato estatal o se utilizan para fortalecer presupuestos generales. Raras veces se canaliza directamente hacia los territorios específicos que sufrieron el daño económico y social del incumplimiento. Pergamino está proponiendo una lógica distinta: que quienes fueron defraudados en sus expectativas de seguridad vial sean los primeros beneficiarios de esos recursos recuperados. Esta aproximación plantea cuestiones de equidad que van más allá del caso particular. ¿Quién más fue perjudicado por esquemas similares? ¿Cuántos otros municipios esperan obras que nunca llegaron? ¿Cuál debería ser el criterio para asignar fondos decomisados cuando existe competencia entre múltiples demandas legítimas?

Las perspectivas sobre esta iniciativa probablemente varíen. Algunos verán en ella un mecanismo necesario de justicia material, donde la comunidad afectada recupera lo que se le debe. Otros podrían argumentar que la asignación de fondos producto de procesos judicales debe responder a criterios más amplios que beneficien al conjunto de la administración estatal. Los operadores jurídicos tendrán que evaluar si existe marco legal para que los fondos embargados en una causa penal se dirijan específicamente al municipio damnificado. Las consecuencias de lo que suceda en los próximos meses trascienden la seguridad vial de un corredor bonaerense: podrían sentar precedentes sobre cómo se reparan, en democracia, los daños generados por la corrupción institucional.