El punto de inflexión que no llega
La provincia de Buenos Aires mantiene congelados sus intentos de modernizar el sistema electoral en un momento en que el país ya transitó cambios significativos a nivel nacional. Mientras que en 2025 se implementó la boleta única de papel en las elecciones presidenciales, la principal fuerza opositora bonaerense sigue sin conseguir que ese mecanismo llegue a los comicios provinciales. Simultáneamente, una batería de iniciativas técnicas para ampliar plazos electorales y flexibilizar requisitos administrativos acumula polvo en los despachos de la Junta Electoral local hace más de noventa días, sin que ninguna autoridad legislativa se haya pronunciado al respecto. El estancamiento revela una realidad incómoda: mientras se habla de cambio institucional, los actores políticos locales prefieren mantener las reglas del juego tal como están.
El proyecto técnico que quedó en el camino
Desde abril de este año, la Junta Electoral de la provincia, cuya presidencia recae en Sergio Torres, titular de la Suprema Corte de Justicia local, aprobó una propuesta integral de reformas administrativo-electorales. Se trata de un expediente que no apunta a revoluciones conceptuales sino a ajustes prácticos en los tiempos que contempla la normativa vigente. Entre sus disposiciones figura la ampliación de sesenta a ochenta días el plazo previo a la elección para presentar solicitudes de reconocimiento de alianzas electorales. También propone llevar de cincuenta a sesenta días el tiempo de anticipación requerido para presentar listas de candidatos, y extender de veinte a treinta días el período anterior necesario para designar autoridades de mesa electoral. Cambios menores en apariencia, pero que en la práctica facilitarían la organización de procesos electorales complejos. Sin embargo, desde la propia Junta Electoral confirmaron que la iniciativa no ha registrado ningún movimiento legislativo desde su aprobación hace más de tres meses. El proyecto fue presentado cuando Hilda Kogan, jueza de la Corte provincial, ejercía la presidencia de la Junta.
Este tipo de reformas electorales menores, aunque técnicas, suelen requerir consensos amplios para prosperar. En contextos de fragmentación política, los ajustes administrativos terminan siendo utilizados como moneda de cambio en negociaciones más amplias. La parálisis de este expediente sugiere que ni siquiera en temas donde existe una cierta lógica consensual se producen avances cuando hay divisiones internas en los bloques que ostentan el poder legislativo.
Las comisiones que no se reúnen
El escenario se complica aún más cuando se observa el funcionamiento de las comisiones legislativas específicamente constituidas para abordar cambios electorales. En la Cámara de Diputados provincial, la comisión de reforma política nunca se ha reunido. En el Senado bonaerense, apenas tuvo un encuentro. Estamos hablando del primer semestre del año legislativo ya finalizado, cuando se supone que el ritmo de trabajo debe ser más intenso. Ambas comisiones tienen expedientes acumulados esperando ser tratados, algunos presentados hace más de un año, con propuestas que van desde la implementación de boleta única de papel hasta la obligatoriedad de debates entre candidatos a gobernador, una exigencia que impulsaría mayor participación ciudadana en el proceso de selección de los máximos representantes provinciales.
El receso invernal que arrancó a mediados de junio dejó las comisiones en un limbo del que, según indicaron miembros de las mismas, se retomará actividad en agosto. Esa prórroga de dos meses completos representa un tiempo valioso perdido en una provincia donde los ciclos electorales cada vez se solapan más con los períodos legislativos ordinarios, comprimiendo los tiempos disponibles para debatir reformas institucionales.
La geometría del poder dividido
Detrás de este parálisis existe una causa política clara que los propios protagonistas reconocen: la distribución de cargos en las comisiones refleja fracturas internas del peronismo bonaerense que aparentemente resultan irresolubles. La comisión del Senado quedó bajo la coordinación de Malena Galmarini, referente del massismo, mientras que la comisión de Diputados fue asignada a Ana Luz Balor, identificada con el kicillofismo. Esta geografía política no es casual: responde a equilibrios pactados entre cristinistas y kicillofistas en el contexto de una coalición gobernante que debe administrar tensiones internas permanentes. Sin embargo, lo que funciona como mecanismo de supervivencia política termina siendo un obstáculo para la toma de decisiones sobre asuntos que requieren consenso técnico.
Cuando las prioridades de los dirigentes políticos están concentradas en mantener equilibrios internos dentro de sus propias estructuras, los temas que no generan ganancias electorales inmediatas quedan suspendidos indefinidamente. Las reformas electorales caen precisamente en esa categoría: son cambios que se justifican con argumentos de modernización y transparencia, pero cuyas implicancias políticas permanecen inciertas. Nadie sabe a ciencia cierta si una boleta única beneficiaría más a los bloques opositores o mantendría el statu quo, lo que genera una prudencia táctica que se traduce en inacción.
Los actores opositores que impulsan pero no logran
Mientras tanto, los bloques que históricamente han impulsado cambios electorales continúan con iniciativas que chocan contra muros de silencio legislativo. La Unión Cívica Radical, Cambio Federal y la Coalición Cívica ya organizaron al menos tres jornadas de debate sobre sus propuestas, que incluyen la boleta única de papel, comicios desdoblados y modernización de las elecciones PASO. Estas bancadas convocaron encuentros en abril en la Cámara de Diputados provincial y en la ciudad de Mar del Plata, en mayo en Bahía Blanca, contando con la participación de especialistas como el exdirector nacional electoral Alejandro Tullio. A pesar del despliegue de actividades de difusión, ninguno de estos esfuerzos ha derivado en tratamiento legislativo formal.
La Libertad Avanza, por su parte, también ha insistido en sus proyectos sobre boleta única, presentados desde noviembre de 2024 y reiterados en 2025. En abril de este año, la bancada libertaria provincial reunió a sus diputados y senadores en el anexo del Senado bonaerense junto a Luz Landívar, entonces directora nacional electoral, para abordar específicamente esta cuestión. El encuentro evidencia que existe interés en niveles altos de la administración nacional, pero ese respaldo institucional tampoco ha logrado trasladar las propuestas a un piso legislativo provincial donde los tiempos operan con sus propias lógicas. Landívar dejó su cargo en mayo, siendo reemplazada por Juan Pablo Limodio, lo que suma otro factor de incertidumbre al escenario.
Las consecuencias de la parálisis prolongada
La acumulación de proyectos electorales sin tratamiento plantea interrogantes sobre los horizontes políticos de la provincia. Por un lado, la falta de avances en reformas administrativas como las propuestas por la Junta Electoral simplemente perpetúa ineficiencias operativas que generan costos para la administración electoral. Por otro, la imposibilidad de implementar cambios como la boleta única puede interpretarse de múltiples formas: desde quienes ven en ello una resistencia conservadora de las estructuras partidarias tradicionales, hasta quienes consideran que la ausencia de consenso refleja preocupaciones legítimas sobre las implicancias políticas reales de esos cambios. La demora también afecta a dirigentes de fuerzas opositoras que invierten capital político en impulsar estas iniciativas sin obtener retorno visible, lo cual puede desmotivar futuras acciones de reforma institucional. A medida que se aproximan nuevos ciclos electorales, la ventana para implementar cambios se estrecha, y la probabilidad de que estas reformas terminen siendo relegadas indefinidamente aumenta significativamente.
