El sistema electoral argentino está a punto de ser sometido a una cirugía mayor. No se trata de un ajuste técnico ni de una modernización administrativa: la reforma que el Poder Ejecutivo acaba de presentar ante el Senado tiene una lógica política de fondo que cualquier analista puede leer con claridad. El oficialismo quiere llegar a octubre de 2027 —cuando Javier Milei buscará la reelección— sin haber acumulado una cadena de tropiezos electorales en las provincias que desgasten su imagen antes del momento decisivo. Para lograrlo, rediseñó la boleta única de papel y apunta a convencer a los gobernadores de que unan sus destinos al calendario nacional. El problema es que esos gobernadores, curtidos en la política territorial, no parecen muy dispuestos a firmar ese cheque en blanco.

La ingeniería detrás de la boleta

La propuesta oficial tiene dos patas concretas. La primera es la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, las PASO, que en un año electoral se celebran en agosto y funcionan como un termómetro del humor popular. Para el Gobierno, ese termómetro puede marcar fiebre en el peor momento. La segunda pata es la modificación de la boleta única de papel, el instrumento que La Libertad Avanza adoptó como bandera de transparencia electoral desde sus inicios. La modificación contempla dos cambios sustanciales: incorporar en una sola papeleta las categorías nacionales —en la franja superior— y las categorías provinciales y municipales —en la franja inferior— y agregar un casillero de lista completa junto a cada agrupación política, que permitiría votar todas las categorías de un mismo partido con una sola marca. Hoy, justamente, el artículo 3 de la ley 15.262 prohíbe expresamente mezclar categorías nacionales y provinciales en una misma boleta. La reforma quiere cambiar eso.

El mecanismo del casillero de lista completa no es nuevo en la historia política argentina: durante décadas, la boleta sábana funcionó sobre ese principio, permitiendo que el candidato más fuerte de una fuerza política arrastrara votos hacia el resto de sus compañeros de fórmula y lista. Aquel sistema fue criticado con dureza durante años, precisamente porque diluía la capacidad del votante de diferenciar entre candidatos de un mismo partido. La introducción de la boleta única buscó, en teoría, corregir ese defecto. Ahora, el oficialismo propone recuperar parte de esa lógica de arrastre, aunque con matices. Desde la Casa Rosada insisten en que el elector siempre conserva la libertad de marcar categoría por categoría, y que el casillero de lista completa es una opción, no una imposición. Pero la intención política de facilitar el arrastre del candidato presidencial sobre el resto de las categorías resulta difícil de disimular.

El cálculo de los gobernadores

El incentivo económico es concreto: si una provincia adhiere a la boleta única y celebra sus elecciones en la misma fecha que las generales nacionales, la Nación se haría cargo del financiamiento del proceso electoral provincial. Para distritos con presupuestos ajustados, ese argumento tiene peso. Pero el cálculo político es más complejo. Históricamente, los gobernadores han preferido desdoblar sus elecciones —es decir, votarlas en una fecha separada de las nacionales— porque eso les permite construir su propia agenda, aislar su suerte de la imagen del gobierno central y competir en un escenario donde el elector piensa en lo local antes que en lo nacional. Las evidencias respaldan esa estrategia: en 2019 y en 2023, apenas cuatro distritos eligieron sus autoridades provinciales en simultáneo con las nacionales.

El politólogo Pablo Salinas lo explica con una pregunta que no tiene respuesta cómoda para el oficialismo: si desdoblar les ha garantizado continuidad a los gobernadores, ¿qué motivo concreto tendrían para atarse a la suerte de un gobierno nacional cuya imagen podría deteriorarse de aquí a octubre del año próximo? La pregunta no es retórica. En Argentina, la historia reciente muestra que los ciclos de popularidad presidencial son volátiles y que lo que hoy aparece como fortaleza puede transformarse en debilidad con una crisis cambiaria, un brote inflacionario o un conflicto social. Los gobernadores lo saben. Y aunque algunos mantienen conversaciones con el Ejecutivo —como Alfredo Cornejo de Mendoza y Rogelio Frigerio de Entre Ríos, quienes se reunieron con el ministro del Interior Diego Santilli y la secretaria general de la presidencia Karina Milei— el escepticismo sigue siendo la actitud dominante en los despachos provinciales.

Un dato adicional que complejiza el panorama: de los veinticuatro distritos del país, 12 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño pueden aspirar a la reelección sin obstáculos legales, 4 podrían intentarlo aunque con riesgo judicial, 5 directamente no tienen esa posibilidad y 2 provincias directamente no participan de este ciclo electoral. Ese mapa heterogéneo hace que las motivaciones de cada mandatario provincial sean distintas entre sí, lo cual complica enormemente la posibilidad de una adhesión masiva a la propuesta oficial. Además, el Gobierno deslizó extraoficialmente que, como zanahoria adicional, evitaría presentar candidatos propios que compitan con los gobernadores que decidan acompañar la simultaneidad. Es una promesa que, en política, tiene fecha de vencimiento corta.

Los números en el Congreso y la resistencia opositora

Para que la reforma se convierta en ley antes de que el calendario electoral empiece a correr, el oficialismo necesita reunir 129 votos en la Cámara de Diputados y 37 en el Senado. Esas mayorías agravadas implican negociar con aliados que, por ahora, muestran reparos importantes. El PRO de Mauricio Macri parece más flexible respecto de la eliminación de las PASO, aunque eso no es menor: sin primarias, el partido perdería una herramienta de presión para negociar lugares en las listas de un eventual frente electoral con La Libertad Avanza. En la UCR, la resistencia es más firme. El jefe del bloque senatorial radical, Eduardo Vischi, tiene en elaboración un proyecto alternativo que propone convertir las PASO en optativas en lugar de eliminarlas. Esa posición podría transformarse en la salida negociada que la ministra de Seguridad y jefa del bloque de senadores oficialistas, Patricia Bullrich, lleve a la mesa si el texto original no consigue los votos necesarios.

Desde la oposición más dura, las críticas apuntan directamente a la coherencia del oficialismo. El diputado y politólogo Sebastián Galmarini, del bloque Unión por la Patria, señala una contradicción que resulta difícil de ignorar: hace aproximadamente un año, el propio oficialismo rechazó la inclusión del botón de lista completa en la boleta única argumentando que ese mecanismo favorecía a "la casta política". Ahora lo propone como parte central de su reforma. La observación no es menor, porque toca uno de los ejes identitarios del movimiento libertario, que construyó parte de su relato político en la crítica al sistema electoral tradicional y a sus vicios. Galmarini agrega, además, que los gobiernos que modifican las reglas de juego electoral en función de sus propios intereses de corto plazo raramente obtienen el resultado esperado.

Las implicancias de esta reforma, si finalmente prospera, son múltiples y no todas predecibles. Por un lado, una mayor simultaneidad entre elecciones nacionales y provinciales reduciría los costos totales del ciclo electoral, lo cual es un argumento genuinamente válido más allá de los intereses políticos de turno. Por otro, el efecto arrastre que busca incentivar el casillero de lista completa podría beneficiar tanto al partido gobernante como a cualquier otra fuerza que presente candidatos ejecutivos competitivos. Si la oposición logra articular una candidatura presidencial fuerte, ese mismo mecanismo podría jugar en su favor. En cuanto a los gobernadores, cada uno realizará su propio cálculo según su situación particular: los que puedan reelegirse evaluarán si la imagen presidencial les suma o les resta, mientras que los que no tengan esa posibilidad tendrán incentivos distintos para acercarse o alejarse de la propuesta oficial. Lo que está claro es que el debate recién empieza y que el mapa electoral de 2027 todavía tiene muchas variables por definir.