La reconfiguración del poder territorial en el noroeste argentino atraviesa una etapa de transformaciones profundas en las estructuras partidarias peronistas, donde el gobernador salteño Gustavo Sáenz ha logrado posicionarse como figura central en la reorganización del justicialismo local y regional. Mientras en Salta ya consolidó su comando sobre la estructura del PJ provincial, sus aliados enfrentan ahora un panorama más complejo en Jujuy, donde decisiones judiciales han frenado temporalmente la continuidad del mismo esquema político. Lo que sucede en ambas provincias refleja un movimiento más amplio dentro del peronismo nacional: la disputa por quién controla territorialmente al partido histórico, en un contexto donde las intervenciones han sido herramientas recurrentes de disputa intrapartidaria.
La consolidación en territorio salteño: del kirchnerismo al saencismo
En Salta, el proceso de reorganización del Partido Justicialista alcanzó su punto de inflexión durante el primer semestre de 2025. Lo que comenzó como una intervención nacional del partido —decisión adoptada por la conducción encabezada por la expresidenta Cristina Kirchner— terminó resultando en un escenario completamente opuesto al inicialmente buscado. Los argumentos que entonces justificaban la intervención giraban en torno a cuestiones políticas concretas: legisladores nacionales electos bajo la bandera peronista habían votado a favor de iniciativas impulsadas por el presidente Javier Milei, lo cual fue considerado incompatible con la línea programática del partido nacional. Los interventores designados en ese momento, el senador bonaerense Sergio Berni y la diputada provincial pampeana María Luz Alonso, permanecieron en sus funciones apenas algunos meses antes de presentar sus renuncias en febrero de 2026.
El relevo de estos funcionarios marcó un giro sustancial en la dinámica. Sus sucesores, el exdiputado nacional Pablo Kosiner y la exsenadora provincial Nora Canunni, tuvieron un desempeño que resultaría igualmente efímero. La verdadera ruptura llegó cuando la jueza federal María Servini resolvió desplazar a esta segunda intervención y designar a José Luis Gambetta —dirigente vinculado tanto a Sáenz como al exsenador Juan Carlos Romero— en calidad de interventor judicial. Este cambio fue determinante. Gambetta convocó a elecciones internas para el 2 de agosto, pero el proceso nunca llegó a realizarse en los términos planificados. La razón fue simple: solo se presentó una lista, encabezada por Julio Argentino San Millán, exsenador nacional que actualmente se desempeña como representante de Relaciones Internacionales en el gobierno salteño. Sin competencia electoral, San Millán asumió automáticamente la conducción del PJ salteño.
Desde la nueva conducción partidaria salteña, los dirigentes alineados con Sáenz presentaron una narrativa donde enfatizaban la restauración del orden. Según explicó Antonio Hucena, secretario político del Consejo provincial partidario que antes de la intervención se desempeñaba como secretario general, el espacio encabezado por la expresidenta y sus allegados —incluyendo al exgobernador Juan Manuel Urtubey— quedó completamente excluido del proceso. "El espacio que responde a Cristina ha quedado afuera, pero es minoritario y había asaltado el partido. Nos intervinieron sin ninguna causal, de manera autoritaria", manifestó Hucena, quien además señaló que el PJ salteño enfrentaba una situación financiera delicada. La estructura había heredado deudas significativas y atrasos en el pago de salarios al personal, a pesar de que aparentemente en el Banco Nación se había depositado casi $500 millones previamente. Con San Millán ya en la conducción, Hucena y su grupo manifestaban su intención de reestablecer un "diálogo institucional" con el PJ nacional, lo cual sugiere una búsqueda de normalización que no implique nuevas intervenciones.
El tropiezo jujeño: la justicia frena el avance saencista
Si en Salta el panorama resulta claramente favorable a los intereses saencistas, en Jujuy la situación presenta complejidades adicionales vinculadas a la acción judicial. El PJ jujeño se encuentra bajo intervención desde julio de 2023, un proceso que ha atravesado varias etapas y cambios de funcionarios responsables. Inicialmente, Aníbal Fernández —exministro de Seguridad— y Gustavo Menéndez, intendente de Merlo, fueron designados como interventores por el PJ nacional. Sin embargo, en abril de 2026, el juez federal jujeño Esteban Hansen los reemplazó, interviniendo judicialmente el partido y designando a Ricardo Villada como interventor. Villada representaba claramente los intereses de Sáenz, lo que señalaba una continuidad entre la estructura salteña y la que se buscaba construir en Jujuy.
El PJ nacional intentó contrarrestar esta maniobra designando como "normalizadores" a la diputada nacional Teresa García y al exconcejal de Tres de Febrero Máximo Rodríguez. No obstante, la Cámara Nacional Electoral confirmó la intervención judicial pero solicitó el relevo de Villada. Federico Prieto fue designado como su sucesor en la función de interventor. Prieto procedió a convocar a elecciones para el 30 de agosto, pero antes de que se realizaran los comicios, la Junta Electoral partidaria habilitó únicamente una lista: la encabezada por Carlos de Aparici, dirigente claramente alineado con la senadora nacional Carolina Moisés, quien a su vez mantiene una cercana relación con Sáenz y se postula para conducir el Congreso provincial. Este escenario parecía reproducir el esquema salteño, donde la ausencia de competencia garantizaría el triunfo del sector hegemónico.
Pero el proceso se interrumpió abruptamente. El jueves anterior al cierre de esta nota, la Cámara Nacional Electoral suspendió las elecciones del PJ jujeño tras recibir un recurso en queja presentado por una lista rival encabezada por el exdiputado provincial Rubén Rivarola. Esta nómina, denominada "Celeste y Blanca Nº2", agrupa a diversos sectores del peronismo jujeño, incluyendo al exvicegobernador Guillermo Jenefes. El tribunal electoral otorgó un efecto suspensivo a este recurso, ordenando al juez Hansen detener el proceso electoral mientras no resuelva definitivamente sobre la admisibilidad de la lista Rivarola. El juez había considerado que esa nómina se había excedido en las subsanaciones presentadas, estableciendo "nuevas candidaturas, sustituciones, corrimientos y reconstrucciones de nóminas" que supuestamente violaban los reglamentos internos. La decisión de la Cámara Electoral revirtió —al menos temporalmente— esta posición, manteniendo viva la competencia electoral.
Perspectivas y consecuencias del proceso en disputa
Los sectores vinculados a Rivarola celebraron el resultado judicial, aunque reconocen estar enfrentados a un escenario "complicado". Una fuente de esa lista adelantó que están analizando presentar una denuncia ante el Consejo de la Magistratura contra el juez Hansen y el interventor Prieto, lo que sugiere que la contienda se prolongará en múltiples arenas institucionales. Mientras tanto, el panorama nacional del peronismo continúa mostrando dinámicas variables según cada provincia. En Misiones, por ejemplo, el PJ fue normalizado hace algunos meses sin necesidad de intervención judicial posterior, en un contexto donde el gobernador Hugo Passalacqua rompió con el histórico jefe político provincial Carlos Rovira, generando una revolución política que llegó al interior del partido. El titular del PJ misionero es Christian Humada, quien ganó la elección interna en abril tras haber sido designado durante el período de intervención.
La secuencia de eventos en Salta y Jujuy refleja tensiones profundas sobre la naturaleza y el futuro del Partido Justicialista como estructura territorial. Las intervenciones decretadas por la conducción nacional kirchnerista no lograron consolidar el control que aparentemente buscaban, sino que en algunos casos terminaron facilitando reorganizaciones que fortalecieron a dirigentes con proyectos políticos alternativos. En Salta, la intervención resultó en la exclusión casi total del espacio kirchnerista y la consolidación del control saencista. En Jujuy, la intervención aún está en proceso, pero enfrenta resistencias judiciales que complican la pretensión de un cierre electoral sin competencia. Los recursos legales, las decisiones de tribunales electorales y las acciones de jueces federales han pasado a ser actores decisivos en estas disputas intrapartidarias, transformando lo que podría ser un simple proceso de reorganización administrativa en un laberinto de conflictos institucionales. Las consecuencias de estos enfrentamientos pueden variar significativamente: desde el fortalecimiento de estructuras provinciales con autonomía respecto del PJ nacional, hasta la profundización de fragmentaciones que debiliten la capacidad de acción electoral y política del peronismo en el territorio nacional.
