La maquinaria política nacional entra en una fase crítica de aceleración. En las próximas dos semanas, el jefe de Gabinete Diego Santilli desplegará una estrategia intensiva de contactos con los mandatarios provinciales que acompañaron al Presidente durante su reciente gira por Europa. El propósito es concreto y de alto riesgo: asegurar los votos legislativos necesarios para que avancen dos iniciativas que enfrentan resistencia importante en el Congreso, mientras simultáneamente se negocia la arquitectura política que definirá la competencia electoral del año próximo. Lo que suceda en estas conversaciones determinará no sólo qué proyectos logran sanción parlamentaria, sino también cómo se alinearán las fuerzas provinciales en los comicios venideros.
El escenario de negociación: quiénes están en la mesa
El círculo de gobernadores considerados prioritarios por la administración nacional es amplio pero selecto. Incluye a Raúl Jalil de Catamarca, Leandro Zdero de Chaco, Ignacio Torres de Chubut, Juan Pablo Valdés de Corrientes, Rogelio Frigerio de Entre Ríos, Carlos Sadir de Jujuy, Alfredo Cornejo de Mendoza, Rolando Figueroa de Neuquén, Alberto Weretilneck de Río Negro, Gustavo Sáenz de Salta, Marcelo Orrego de San Juan, Claudio Vidal de Santa Cruz, más el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri. También participó del viaje europeo la vicegobernadora de Córdoba Myrian Prunotto, integrante de la estructura política que rodea a la provincia gobernada por Martín Llaryora. A este núcleo inicial le seguirán encuentros con otros mandatarios que mantienen canales de diálogo activos con Balcarce 50, entre ellos Claudio Poggi de San Luis, Maximiliano Pullaro de Santa Fe y Osvaldo Jaldo de Tucumán. La lógica de estas reuniones responde a un criterio específico: priorizar a quienes demostraron disposición al acompañamiento durante la misión presidencial a Francia, considerada como un indicador de "buena sintonía" con el Ejecutivo nacional.
Sin embargo, la clasificación de aliados no es lineal ni automática. Los gobernadores que viajaron a París no constituyen un bloque monolítico de apoyo irrestricto. Algunos son evaluados como interlocutores confiables para negociar temas presupuestarios pero descartados como posibles aliados electorales. Otros, en cambio, reúnen las características que la Casa Rosada busca para sellar acuerdos de largo alcance que trasciendan la actual administración. En las oficinas del Ejecutivo nacional, esta diferenciación es crucial y marca el tipo de propuestas que se le harán a cada provincia.
Los tres grandes objetivos en juego
Las negociaciones que Santilli impulsa en este período de quince días giran alrededor de tres ejes articulados entre sí. Primero, obtener los sufragios necesarios en el Congreso Nacional para que sea aprobado el Presupuesto 2027, una iniciativa que requiere consensos amplios y que enfrenta la hostilidad de una oposición parlamentaria que busca bloquear decisiones del Ejecutivo. Segundo, viabilizar una reforma electoral cuyos contenidos generan resquemores incluso entre aliados del oficialismo. El punto más conflictivo de esta reforma es la eliminación de las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias), sistema que desde 2009 rige los procesos de selección de candidatos en Argentina. Esta eliminación beneficiaría ostensiblemente al Gobierno nacional, permitiéndole mayor libertad para construir alianzas sin pasar por primarias que pudieran dividir coaliciones. Tercero, y acaso el más determinante, definir las estrategias y acuerdos de competencia electoral para el próximo año, incluyendo qué provincias serán territorio de competencia directa y cuáles se reservarán para negociaciones de apoyo mutuo.
La vinculación entre estos tres objetivos no es casual. Según explicaron fuentes allegadas a la estrategia oficial, la decisión sobre la reforma electoral está "estrictamente ligada" a los acuerdos políticos que se puedan concretar. Esto significa que los gobernadores que se nieguen a avanzar en este punto legislativo pueden enfrentar una postura más agresiva del Gobierno en sus territorios durante la campaña electoral. Inversamente, aquellos que demuestren flexibilidad en cuestiones legislativas pueden ser considerados para pactos de no agresión electoral o incluso apoyo directo del oficialismo a candidatos provinciales.
La lógica del "amor mutuo" versus la dispersión estratégica
Una frase dicha por funcionarios de la Casa Rosada resume con notable precisión la filosofía que orienta estas negociaciones: los acuerdos "serán con los que haya amor mutuo, no de manera indiscriminada". Esta expresión, que suena casi poética en el contexto de la política argentina, en realidad codifica una estrategia compleja de diferenciación. No todos los gobernadores que viajaron a París recibirán las mismas propuestas ni enfrentarán las mismas presiones. La administración nacional ha clasificado a los mandatarios provinciales en categorías distintas según su potencial como aliados electorales de corto, mediano o largo plazo.
En la categoría de "buena fe", la Casa Rosada incluye a quienes considera candidatos robustos para repetir o inaugurar acuerdos electorales: Rogelio Frigerio en Entre Ríos, Leandro Zdero en Chaco y Alfredo Cornejo en Mendoza ya dieron muestras de cooperación durante el ciclo electoral 2025. A ellos se sumarian potencialmente Ignacio Torres en Chubut, Marcelo Orrego en San Juan y Claudio Poggi en San Luis. En estos casos, la negociación presupuestaria funciona como palanca para consolidar alianzas que se proyecten a la contienda electoral. Se busca replicar modelos exitosos del pasado reciente, cuando confluencias estratégicas permitieron ampliar la base electoral del oficialismo.
Por el contrario, otros gobernadores ocupan un territorio gris. Gustavo Sáenz de Salta, Alberto Weretilneck de Río Negro y Martín Llaryora de Córdoba son buenos interlocutores para asegurar votos legislativos en el Congreso, pero las provincias que gobiernan presentan escenarios distintos que complican un eventual acuerdo electoral. En el caso de Sáenz, su propia constitución provincial le impide aspirar a una reelección inmediata, lo que le quita incentivos para sellar un pacto electoral amplio con el oficialismo. En Río Negro y Córdoba, donde el sello de La Libertad Avanza mide bien en intención de voto según sondeos internos, el Gobierno nacional mantiene sus propias ambiciones de competencia directa. Llaryora, en particular, encabeza una provincia que históricamente ha funcionado como pieza clave en cualquier aritmética electoral nacional, por lo que el Ejecutivo no está dispuesto a ceder territorio político en esa jurisdicción.
El caso singular de la Ciudad de Buenos Aires
La posición de Jorge Macri en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires merece análisis aparte. Su negociación "continúa bajo evaluación", según fuentes oficiales, y está "atada" a una cuestión que trasciende lo local: si el PRO presentará una candidatura rival al Gobierno a nivel nacional durante los próximos comicios. Este interrogante revela el grado de tensión que persiste entre la administración Milei y la estructura política que comanda Mauricio Macri en la Ciudad. No se trata apenas de acordar sobre presupuesto o reforma electoral, sino de definir si la vieja alianza entre ambas fuerzas mantendrá su coexistencia o si entrará en ruptura abierta. La respuesta determinará no sólo qué sucede en territorio porteño, sino también cómo se alineen otras fuerzas políticas en el resto del país.
Las demandas provinciales: garantías y pactos defensivos
Mientras el Ejecutivo nacional busca "apurar los acuerdos", como Santilli comunicó durante la estadía en Francia, los gobernadores presentan sus propias demandas. Las provincias reclaman garantías políticas y pactos de no agresión en sus territorios como contrapartida por el apoyo legislativo que otorguen. Esto significa, en términos prácticos, que muchos mandatarios negocian para protegerse de una eventual competencia electoral del oficialismo en sus distritos, o bien para asegurar que el Gobierno nacional respalde a candidatos vinculados a sus estructuras políticas locales cuando corresponda. Estos pactos defensivos son especialmente importantes para gobernadores que enfrentan desafíos en su propio espacio político interno y necesitan legitimidad de actores nacionales.
Algunos mandatarios, según los análisis internos del Gobierno, estarían dispuestos a presentar "candidatos de menor calibre" en sus provincias si ello asegura que sus propias reelecciones no serán puestas en riesgo por competencia directa del oficialismo. Esta fórmula permite al Ejecutivo nacional ganar gobernadores aliados sin alienarse completamente a mandatarios que prefieren conservar su margen de autonomía. Es un equilibrio delicado que requiere precisión en las conversaciones que Santilli llevará adelante.
El trasfondo de urgencia: legislatura hostil y campaña de Milei
Por debajo de toda esta red de negociaciones existe una presión temporal clara. El Congreso Nacional, donde la oposición ha retomado sus intentiones de cuestionar decisiones presidenciales como el DNU 70/23, se presenta como un obstáculo que el Ejecutivo no puede permitirse desatender. Asegurar los votos para el Presupuesto 2027 y la reforma electoral es una cuestión de gobernabilidad inmediata. Sin esos apoyos, el Gobierno vería limitada su capacidad de acción legislativa en lo que resta de su mandato.
Pero detrás de estos objetivos de corto plazo, se juega algo de mayor envergadura histórica: la reelección de Javier Milei en 2027. Todo lo demás —la reforma electoral, los acuerdos con gobernadores, la composición de alianzas provinciales— es instrumental respecto a ese objetivo supremo. Un Presupuesto aprobado y una reforma electoral favorable aumentan las probabilidades de una reelección viable. Del mismo modo, gobernadores aliados en territorio son piezas imprescindibles de una máquina electoral competitiva. Las próximas dos semanas de negociaciones que Santilli impulsa no son tanto una ronda de conversaciones políticas ordinarias como el prólogo de una reconfiguración de fuerzas que determinará el mapa político nacional de los próximos años.
Perspectivas y consecuencias de estas negociaciones
Los desenlaces posibles de esta fase de negociaciones son múltiples y cada uno comporta implicancias distintas. Si la Casa Rosada logra consolidar una coalición legislativa sólida con gobernadores dialoguistas, el Ejecutivo ganará margen de maniobra parlamentaria significativo y podrá avanzar tanto en la sanción del Presupuesto como en la reforma electoral. Una reforma que elimine las PASO reduciría la fragmentación de candidaturas oficialistas y facilitaría la construcción de coaliciones electorales más concentradas. En ese escenario, la gobernabilidad se fortalecería, aunque las provincias gobernadas por la oposición enfrentarían un contexto político nacional más complicado.
Alternativamente, si los gobernadores logran extraer concesiones significativas —territorios electorales garantizados, financiamiento especial, apoyo a sus candidatos provinciales—, la arquitectura de poder que emergerá será más federal y menos concentrada en el Ejecutivo nacional. Esto redistribuiría poder político hacia las provincias, pero también podría genera una fragmentación de la coalición oficial si cada gobernador prioriza sus intereses locales por encima de los nacionales. Un tercer escenario, menos probable pero posible, sería que estas negociaciones fracasen o queden inconexas, dejando al Gobierno sin los votos que necesita para sus iniciativas legislativas y obligándolo a buscar acuerdos puntuales con la oposición o a usar instrumentos excepcionales como decretos de necesidad y urgencia.
Cualquiera sea el resultado, estas conversaciones que Santilli llevará adelante en los próximos quince días marcarán un punto de inflexión en la política argentina. No se trata apenas de resolver cuestiones técnicas de presupuesto o de marco electoral, sino de definir cómo se estructurará la competencia política en los años venideros, quiénes tendrán peso en esa arquitectura y cómo se distribuirá el poder entre el nivel nacional y el nivel provincial. El resultado de estas negociaciones será, en cierto sentido, un referente de la viabilidad de los proyectos políticos que compiten en Argentina actualmente.
