En el transcurso de setenta años, doce hombres fusilados en la madrugada de un 9 de junio de 1956 permanecieron en una zona gris de la memoria colectiva argentina: fueron oficialmente desaparecidos, luego quedaron atrapados en el silencio impuesto por el Estado, y finalmente ganaron un reconocimiento legal que trasciende las meras condenas penales. Hoy, una sentencia emanada de los tribunales con sede en San Martín les devuelve dignidad jurídica al clasificar esos crímenes como delitos contra la humanidad. No se trata simplemente de un veredicto más en la larga cadena de procesos por violaciones a derechos humanos que atraviesan la historia reciente del país: es el cierre de una búsqueda de verdad que comenzó cuando un periodista decidió investigar la frase que se convertiría en legendaria, "hay un fusilado que vive".

La tarde en que descendieron sobre una casona en la localidad de Florida, agentes de seguridad sacaron a doce hombres que mantenían cautivos. Eran militantes peronistas, detenidos sin procedimiento alguno en plena noche, trasladados a una comisaría y luego conducidos hacia un basural ubicado en José León Suárez. Allí, bajo el manto de la oscuridad, una andanada de disparos buscó silenciarlos para siempre. Sin embargo, en medio de la confusión generada por la balacera, algunos lograron escapar amparados por la penumbra y el terreno accidentado. Entre los que recibieron impactos de bala pero sobrevivieron estaba Julio Livraga, quien fue alcanzado tres veces por las armas de fuego. Dado por muerto en el lugar, pidió auxilio al amanecer. Los responsables de su custodia lo llevaron a un hospital para que recibiera atención, pero luego lo volvieron a encarcelar. Esa contradicción —ser fusilado y seguir vivo— fue lo que permitió que años después emergiera toda la verdad sepultada.

Cuando el periodismo se adelantó a la justicia

Seis meses después de los hechos, Rodolfo Walsh, un periodista que se distinguía por su capacidad de escucha y su método de investigación obsesivo, escuchó rumores sobre la existencia de ese "fusilado que vive". La información circulaba en los márgenes del discurso oficial, entre quienes guardaban celosamente los testimonios de lo ocurrido. Walsh decidió perseguir esa pista. Lo que resultó de su investigación fue Operación Masacre, un texto publicado en 1957 que revolucionaría no solo el modo de hacer periodismo en Argentina sino también en América Latina. Casi una década antes de que Truman Capote publicara su novela de no ficción sobre un crimen estadounidense, Walsh ya había inventado un género: la crónica de investigación, el relato meticuloso que combina técnicas narrativas con rigor documental, la voz del reportero que se sumerge en la oscuridad de los hechos para extraer la verdad. Su obra se adelantó a cualquier instancia judicial, convirtiéndose en un monumento de la memoria cuando aún no existían marcos legales para procesar esa clase de crímenes.

El tribunal que dictaminó hace poco consideró que doce militantes fueron asesinados en aquella madrugada, mientras que siete más sufrieron intentos de homicidio. Estos últimos fueron los que escaparon con vida, aunque algunos fueron recapturados posteriormente. La jueza Alicia Vence, que presidió el juicio por la verdad, determinó que hubo una cadena de responsabilidad que se extendía desde lo más alto de la estructura estatal hasta los ejecutores materiales. Pedro Eugenio Aramburu, quien gobernaba la nación en ese momento, fue considerado responsable junto con varios jefes policiales cuyos nombres quedaron registrados en la sentencia. Aunque todos estos funcionarios han fallecido, el reconocimiento legal de su culpabilidad representa algo que va más allá de la justicia penal convencional: es la restauración de una verdad que el Estado intentó borrar.

El duelo negado y la verdad recuperada

Lo que hizo particularmente brutal este episodio fue lo que vino después de los disparos. Los familiares de los asesinados recibieron los cuerpos, pero les fue vedado hacer un duelo público. Fueron calificados como "traidores a la patria", una categoría que intentaba no solo justificar las muertes sino también impedir que sus allegados llorasen abiertamente. Los hijos e hijas de esos hombres crecieron en casas donde debían guardar silencio sobre quiénes eran sus padres, dónde estaban, cómo habían muerto. El duelo se convirtió en un acto clandestino, algo que transcurría a puertas cerradas. Generaciones enteras aprendieron a ocultar su dolor como si fuera una vergüenza. Durante setenta años, esa imposición del silencio pesó como una losa sobre las familias, impidiéndoles no solo el reconocimiento público sino también la sanación emocional que produce el reconocimiento colectivo de una injusticia.

En las alegaciones finales del juicio, el querellante Alberto Palacio articuló esta experiencia con precisión: habló de memorias que resistieron siete décadas de oscuridad impuesta, de duelos que no podían expresarse en la esfera pública, de niños que aprendieron desde temprano que ciertos nombres eran peligrosos de pronunciar. Ahora, después de setenta años, la justicia oficial reconoce públicamente lo que Walsh ya había documentado en 1957 y lo que las familias siempre supieron en sus corazones: que esos hombres fueron asesinados injustamente por una estructura estatal que los consideraba enemigos políticos. Dos placas serán colocadas en los lugares asociados a estos crímenes: una en la casa de Florida desde donde fueron secuestrados, otra en el basural donde fueron ejecutados. Estos monumentos se suman a la placa que el tiempo ya grabó en la memoria nacional a través de Operación Masacre, que continúa siendo lectura obligatoria en escuelas de periodismo y en aulas de historia de toda la región.

Julio Livraga, el hombre que sobrevivió a tres balazos aquella noche, es quien puede escuchar hoy con 96 años de edad la conclusión de un proceso que comenzó cuando era apenas un joven militante. Su persistencia en la vida, su negativa a desaparecer pese a los disparos, fue lo que permitió que la verdad emergiera. Su presencia viva durante setenta años ha sido un testimonio ambulante de lo ocurrido, una refutación silenciosa de los intentos por borrarlo todo. Ahora, la institucionalidad que lo persiguió, que lo encarceló después de haberlo fusilado, reconoce formalmente que fue víctima de crímenes de lesa humanidad cometidos por sus propios funcionarios.

Las proyecciones de una verdad tardía

Este reconocimiento judicial abre interrogantes sobre cómo las sociedades procesan sus traumas históricos cuando la justicia llega décadas después. Para algunos, el hecho de que la magistratura finalmente haya clasificado estos actos como crímenes de lesa humanidad representa una reparación simbólica imprescindible, una forma de que el Estado reconozca públicamente la gravedad de lo cometido y la responsabilidad de sus funcionarios. Para otros, la ausencia de castigos efectivos —dado que los acusados han muerto— podría resultar insuficiente como respuesta punitiva, aunque no cuestiona la validez de conocer la verdad. Los descendientes de las víctimas, muchos de quienes crecieron sin poder mencionar los nombres de sus padres, ahora pueden hacerlo ante toda la sociedad sin temor. Las familias que guardaron en silencio documentos, fotografías y recuerdos durante siete décadas, ven finalmente legitimadas sus luchas por la memoria. La publicación de esa verdad en los medios, en los tribunales y en los espacios públicos contrasta radicalmente con la represión informativa que caracterizó los años posteriores a 1956.