La investigación sobre el financiamiento ilícito que atravesó Argentina durante la década del 2000 despliega, en su desarrollo judicial, capas cada vez más complejas de transacciones que desafían las categorías legales tradicionales. En las últimas jornadas de debate ante tribunales orales, un capítulo particularmente intrincado tomó forma cuando directivos de la compañía siderúrgica reconocieron ante magistrados la entrega de sumas cercanas al millón de dólares a un funcionario de rango medio, en un contexto que mezcla crisis empresarial internacional, negociaciones diplomáticas y operaciones de dinero en efectivo cuya finalidad permanece en disputa.
Lo que sucedió en las salas de tribunales durante estas sesiones no fue un reconocimiento de culpabilidad convencional, sino un acto de confirmación judicial de hechos que ya estaban documentados en registros previos. Héctor Zabaleta, quien desempeñaba funciones ejecutivas en la compañía multinacional, validó la ocurrencia de seis transferencias en moneda nacional hacia Roberto Baratta, funcionario que ejercía como asistente directo del entonces ministro de Planificación Julio De Vido. El monto agregado de estos movimientos alcanzó cifras equivalentes a un millón de dólares de la época. Las entregas ocurrieron en un lapso de seis meses, entre mediados de 2008 y el cierre de ese año, en coincidencia temporal con un período de máxima tensión para la empresa en suelo venezolano.
El contexto de una expropiación y sus consecuencias
Para comprender la dimensión de lo que estos pagos representaban, resulta imprescindible retroceder a los hechos que precipitaron la necesidad de efectuarlos. La empresa controlaba Sidor, una acería de importancia estratégica ubicada en Venezuela. Durante el gobierno de Hugo Chávez, las autoridades decidieron expropiar esa instalación industrial, movimiento que dejó en situación de vulnerabilidad a los trabajadores de nacionalidad argentina que allí laboraban. La operación generó un clima hostil hacia los empleados extranjeros, particularmente los provenientes del país austral, y su regreso seguro no estaba garantizado por los canales diplomáticos convencionales.
Ante este escenario de crisis, la compañía solicitó intervención del gobierno nacional de entonces, esperando que ejerciera presión mediante canales diplomáticos para facilitar la evacuación de su personal. Luis Betnaza, quien también ocupaba posiciones directivas en la organización, fue quien impartió las instrucciones para que se realizaran los desembolsos. Según declaró ante el tribunal, el gobierno respondió que únicamente se haría cargo de repatriar a los trabajadores argentinos, lo que generó la necesidad de financiar de manera privada la salida de empleados de otras nacionalidades que formaban parte de la plantilla. Este fue el argumento que se esgrimió para justificar por qué dinero de la empresa fue canalizado hacia un funcionario público: supuestamente para financiar lo que se caracterizó como "gastos" asociados a la repatriación. Zabaleta precisó que cada remesa oscilaba entre seiscientos y setecientos mil pesos, y que recibió instrucciones de completar un monto total próximo al millón de dólares.
Una clasificación judicial divergente: ¿coimas o pagos de emergencia?
Lo singular de esta trama judicial radica en cómo la Justicia procesó estos hechos una vez que fueron investigados años después. Cuando los expedientes llegaron a los juzgados, los directivos fueron inicialmente procesados por estos movimientos. Sin embargo, su situación recibió un trato diferenciado respecto del resto de los investigados en la causa principal. La decisión judicial fue segregar sus antecedentes en un expediente separado, arguyendo que las circunstancias en las que se produjeron las entregas diferían sustancialmente de otros pagos que también investigaba el mismo caso—aquellos vinculados a obras públicas y contratos con el Estado. Un magistrado determinó revocar los procesamientos de Betnaza y Zabaleta, y posteriormente otro juez decidió sobreseerlos completamente, lo que equivale a cerrar la investigación en su contra sin llegar a juicio. Esta decisión se extendió también a Paolo Rocca, máxima autoridad ejecutiva de la corporación.
El razonamiento judicial fue que estas transacciones se realizaron en una "situación de emergencia", marcada por circunstancias excepcionales que diferenciaban este caso de los esquemas de coimas asociados a licitaciones o adjudicaciones de obras. Desde la perspectiva de la compañía, esto permitió argumentar que no se trataba de "coimas" sino de "pagos indebidos"—una categorización que, aunque reconoce el carácter irregular de las transacciones, las sitúa en una zona legal menos severa. Sin embargo, esta clasificación no fue automática ni indiscutible. El caso llegó a instancias donde magistrados debieron sopesar si efectivamente la emergencia justificaba que dinero corporativo fuese canalizado a través de un funcionario de nivel medio sin claridad sobre su destino final.
Durante los interrogatorios en sala, Zabaleta fue confrontado con una pregunta que refleja la ambigüedad de toda la operación: ¿por qué se pagaba a Baratta específicamente? Su respuesta fue elocuente en su vaguedad. Reconoció que sabía que se trataba de un funcionario de rango importante, sabía que era el segundo del ministro De Vido, pero admitió carecer de la menor idea acerca del motivo concreto por el cual le estaba entregando dinero en efectivo. La única justificación que tenía era la orden impartida por su colega Betnaza. Esta ausencia de claridad respecto de los fines últimos de los pagos es precisamente lo que mantiene la cuestión en una zona de penumbra interpretativa. ¿Se trataba de gastos asociados realmente a repatriar trabajadores, o era simplemente la cobertura narrativa de transferencias cuyo verdadero propósito no fue explicitado?
Betnaza, a su vez, cuando fue consultado por la defensa de Baratta acerca de si en algún momento había sospechado que esas entregas constituían un acto ilícito, respondió que desconocía cómo se manejaría el dinero una vez que fuera entregado. Sostuvo que simplemente accedió ante lo que caracterizó como una emergencia. Esta respuesta expone otro aspecto: la cadena de ignorancia deliberada o negligente respecto de dónde terminaría el efectivo que se transfería. En sistemas de transacciones ilegales, frecuentemente los participantes estructuran sus comportamientos justamente para poder afirmar, llegado el momento de rendir cuentas, que no sabían exactamente qué sucedería con lo que pasaban de mano en mano.
Testimonios contradictorios y la arquitectura de la defensa
Un elemento que emergió durante las audiencias fue la aparente inconsistencia entre lo que Zabaleta había declarado años atrás, cuando se desempeñaba como "arrepentido" colaborador de la investigación, y lo que afirmaba ahora ante el tribunal de juicio oral. La defensa de Baratta intentó marcar estas divergencias como muestra de falta de credibilidad. Sin embargo, el presidente del tribunal rechazó este planteo, aunque reconoció lo inédito de la situación: un imputado que es clasificado como arrepentido, que reconoce delitos, que resulta sobreseído en la misma causa, pero cuyo testimonio sirve como prueba de cargo contra otro imputado—en este caso, Baratta—que permanece siendo juzgado por esos mismos hechos que el primero declaró haber cometido. El magistrado describió esta configuración como "inédita para la historia de la Justicia argentina y probablemente del mundo".
La abogada de Baratta, Elizabeth Gómez Alcorta, señaló una paradoja legal que trasciende el caso particular: cómo es posible que alguien admita participación en hechos delictivos y sea exonerado, pero que esa misma admisión se utilice como fundamento para condenar a otra persona. Esta anomalía procesal fue planteada también por ocho otras defensas que se sumaron al cuestionamiento, evidenciando que la preocupación no era exclusiva ni idiosincrásica sino reflejo de una tensión estructural del caso. A pesar de estas objeciones, el tribunal resolvió por mayoría permitir que Zabaleta fuese confrontado respecto de las supuestas inconsistencias, aunque esto requirió un cuarto intermedio para que se clarificaran las posiciones.
Durante esa confrontación, Zabaleta reafirmó su versión: había comunicado a sus oficinas en el extranjero que necesitaba acceder al equivalente en pesos de un millón de dólares en Buenos Aires. Como apoderado de la compañía, tenía control sobre cuentas corporativas ubicadas fuera del territorio nacional. Para obtener los fondos, echó mano de un fondo acumulativo donde se depositaban las ganancias que la empresa generaba. Una vez que obtuvo el dinero, su rol fue custodiar esos fondos y entregarlos a Baratta según las instrucciones recibidas de Betnaza. La estructura societaria que describió era de múltiples capas, lo que permitía cierta opacidad en los registros y movimientos de capital.
Lo que persiste como incógnita central, incluso después de todos estos testimonios, es si el propósito invocado—financiar la repatriación de trabajadores no argentinos desde Venezuela—fue el verdadero destino de los fondos o si funcionó como un pretexto para canalizar recursos mediante un funcionario de rango medio del Ministerio de Planificación. Betnaza vinculó explícitamente los pagos a los supuestos gastos derivados de la evacuación, pero Zabaleta admitió no saber por qué se pagaba específicamente a Baratta, quien no tenía competencia manifiesta sobre asuntos de repatriación de trabajadores. Esta inconsistencia entre la justificación ofrecida y la identidad del beneficiario es lo que alimenta la incertidumbre interpretativa sobre qué realmente ocurrió en esas transacciones.
Implicancias procesales y configuración de la prueba
Las declaraciones de Zabaleta y Betnaza llegaron al tribunal oral acompañadas de un cuerpo de prueba que consistía en los registros documentales ya existentes. Específicamente, los cuadernos que escribía Oscar Centeno, chofer que trabajaba en la sede de la empresa ubicada en Puerto Madero, contenían anotaciones sobre seis visitas realizadas por Baratta entre junio y diciembre de 2008, durante las cuales se produjeron retiros de lo que denominaba "paquetes". La corroboración testimonial de que estos paquetes contenían efectivo y que sumaban un millón de dólares aproximadamente validó lo que estaba registrado en esos cuadernos. Sin embargo, los cuadernos mismos también servían como fuente de prueba para otros aspectos del caso, lo que generaba un efecto multiplicador: un mismo documento probaba tanto los movimientos de dinero como la existencia de una red más amplia de transacciones irregulares.
Durante las audiencias, el tribunal tuvo que advertir constantemente a los testigos sobre su derecho a guardar silencio y sobre el riesgo latente de autoincriminarse. Esto era especialmente relevante dado que Zabaleta y Betnaza, aunque habían sido sobreseidoa, permanecían formal y potencialmente expuestos a reaberturas de sus casos si nuevas evidencias emergían. Ambos respondieron todas las preguntas formuladas por la fiscalía, la defensa de Baratta y la Unidad de Información Financiera, que actúa como querellante en el caso representada por Mariano Galpern. La decisión de no guardar silencio fue significativa, ya que permitió un nivel de detalle que probablemente un ejercicio del derecho a la abstención no habría permitido.
Zabaleta también ofreció detalles sobre su relación con Paolo Rocca, quien se desempeña como presidente de la corporación. Describió un vínculo de confianza de larga data, mencionó haber sido apoderado del empresario, haber administrado propiedades privadas de su titularidad en zonas rurales bonaerenses y haber participado en gestiones personales como la compra de una aeronave. Cuando se le preguntó si había conversado sobre estos temas con Rocca durante el período en que estuvo detenido, Zabaleta negó enfáticamente que el presidente de la empresa hubiese abordado el tema, enfatizando: "En ningún momento Paolo Rocca habló conmigo de eso". Esta afirmación resultaba relevante porque contribuía a disociar al máximo ejecutivo de la corporación de cualquier conocimiento directo de las operaciones. Sin embargo, Zabaleta también relató circunstancias de su detención que generaban nuevas preguntas, como la pérdida de dos teléfonos celulares y un dispositivo de almacenamiento de datos que contenía información sobre sus actividades cotidianas en la empresa. Mencionó haber recibido de vuelta una computadora portátil que, aunque poseía un número de serie parecido, no era la suya original—un detalle que subraya la complejidad de los procedimientos de investigación y las dudas que pueden surgir sobre la integridad de los procesos de custodia probatoria.
Perspectivas abiertas y configuraciones posibles
El desarrollo de este juicio presenta múltiples caminos interpretativos que se proyectan hacia distintos futuros procesales. Por un lado, existe la interpretación que valida la clasificación judicial de estos pagos como actos excepcionales vinculados a una crisis empresarial concreta y justificados por circunstancias de emergencia. Desde esta óptica, la decisión de exonerar a los directivos de Techint encuentra sustento en la diferenciación entre corrupción sistémica asociada a obras públicas y transacciones puntuales motivadas por circunstancias excepcionales. Esta lectura tiende a minimizar la gravedad de las operaciones y a enfatizar que no se configuró un esquema de pagos regulares diseñado para acceder a beneficios estatales reiterados. Por otro lado, existe una interpretación alternativa que observa en estas transacciones un mecanismo de financiamiento de funcionarios que, aunque fuera de los circuitos convencionales de coimas por obras, constituiría un acto de corrupción en su esencia: el traspaso de fondos corporativos a manos de funcionarios sin claridad sobre el propósito final y con aparente ignorancia deliberada sobre los destinos de esos recursos.
Lo que ocurra en las siguientes fases del proceso dependerá de cómo el tribunal evalúe la responsabilidad específica de Baratta en esta trama. A diferencia de los directivos de Techint que ya han sido sobreseidoa, Baratta continúa siendo el único funcionario imputado por la recepción de
