El dilema de la coalición: unidad bajo presión

La Argentina atraviesa una de esas encrucijadas políticas donde los discursos oficiales de consenso chocan contra realidades muy diferentes. Durante las celebraciones por el aniversario de la Independencia, quedó expuesto un panorama contradictorio: mientras la máxima autoridad religiosa del país invocaba la necesidad de que los argentinos actuaran "unidos", dentro de la propia alianza de gobierno germinaban desacuerdos sobre los instrumentos electorales que definirán el futuro político inmediato. No se trata de meras diferencias administrativas, sino de cuestiones que tocan el corazón de cómo la política argentina ha procesado históricamente sus conflictos internos y externos.

El tedeum celebrado en la Catedral Metropolitana fue el escenario donde monseñor Jorge Ignacio García Cuerva pronunció palabras que resonaron más allá de lo meramente litúrgico. El arzobispo de Buenos Aires no se limitó a las fórmulas rituales propias de la ocasión. En cambio, utilizó la parábola del buen samaritano como hilo conductor para trasladar la reflexión religiosa hacia el terreno de la responsabilidad social. Su mensaje fue claro: el país necesitaba librarse de aquello que lo fragmentaba, del "individualismo" y de "la competencia feroz por el protagonismo". Estas palabras, pronunciadas ante el presidente Javier Milei y su gabinete, adquieren particular relevancia cuando se consideran en el contexto más amplio de las decisiones que simultáneamente se debatían en los espacios de poder.

Las divisiones dentro del oficialismo sobre las reglas electorales

Mientras tanto, en los pasillos de poder se desarrollaba un debate muy terrenal sobre cómo estructurar la competencia política futura. Patricia Bullrich, senadora y figura clave del espacio PRO, expresó su incómodo sobre un mecanismo que la Casa Rosada estaba promoviendo: las llamadas "colectoras". En conversaciones con allegados, Bullrich reconoció que, aunque el sistema le generaba reservas, no había podido identificar una alternativa superior. Esta posición refleja el dilema de los socios menores de la coalición gobernante: necesitan preservar su identidad política y su capacidad de competencia, pero también requieren mantener la cohesión con La Libertad Avanza.

El trasfondo de esta discusión es relevante para entender la dinámica actual. El objetivo explícito del Gobierno consiste en avanzar hacia la eliminación o, en su defecto, la suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias —las PASO—, un mecanismo que desde 2009 ha funcionado como una instancia de selección interna de candidatos. Bullrich argumentaba que la necesidad de resolver los conflictos internos partidarios se vuelve urgente, especialmente considerando que las PASO acortaban significativamente el tiempo disponible para gobernar. Su planteo sugería que un sistema de colectora única permitiría replicar parcialmente la función que las PASO cumplían: permitir que múltiples postulantes compitieran por una misma candidatura dentro del espacio oficialista, pero sin necesidad de convocar a elecciones primarias formales.

Las colectoras, en su mecanismo básico, operan de manera diferente. Permiten que distintas listas de candidatos sumen votos hacia un mismo candidato presidencial, generando simultáneamente una competencia entre esas listas, todo ello sin requerir una instancia electoral previa. Para La Libertad Avanza, esto resulta estratégico: consolida el liderazgo de Milei de cara a una eventual reelección. Para sus socios —Pro, la Unión Cívica Radical y los gobernadores alineados— representa una oportunidad de mantener espacios propios dentro de la estructura mayor, aunque en posiciones claramente subordinadas. Sin embargo, las resistencias no desaparecen. Bullrich misma había dejado traslucir el miércoles por la noche, al retirarse de la Cámara Alta, su malestar con la propuesta. La senadora enfatizaba que el problema real a resolver era estructural: las internas partidarias generaban fragmentación, y las PASO agravaban este problema al extender los tiempos de campaña.

El mensaje de la Iglesia frente a la realidad económica

En contraste deliberado con estas discusiones tácticas sobre mecanismos electorales, García Cuerva había optado por dirigirse a una audiencia mucho más amplia. Su discurso en la Catedral fue una invitación a reconocer a "los heridos del camino de la vida": los enfermos, los jubilados, los adolescentes y jóvenes atrapados en redes de narcotráfico, las personas desempleadas y aquellas con discapacidades. Cada categoría mencionada parecía funcionar como un espejo de las consecuencias de las políticas económicas que el Gobierno ha implementado desde diciembre de 2023. El arzobispo advirtió también sobre la necesidad de que Argentina se independizara "de la indiferencia y la insensibilidad frente a los que sufren". Estas palabras, profundamente incómodas para cualquier funcionario que evaluara su gestión, fueron pronunciadas a metros del primer mandatario.

La Iglesia católica argentina, a través de su máximo representante en Buenos Aires, estaba trazando una línea clara. Su enfoque fue el de alertar contra los "caminos" peligrosos que la sociedad podría transitar: la intolerancia, los enfrentamientos constantes, la descalificación del otro simplemente por pensar o ser distinto. García Cuerva hablaba de "crueldad hacia los más débiles" y de "discriminación", términos que podrían aplicarse a múltiples aspectos de las políticas actuales. Pero el arzobispo fue más allá. Señaló explícitamente cómo ciertos actores "aprovechan para dividirnos, para enfrentarnos, robándonos las esperanzas de salir juntos adelante", mientras se esconden "en cuevas de corrupción", haciendo que "los pobres sean cada vez más pobres, y ellos, escandalosamente, cada vez más ricos". Este era un mensaje político pronunciado desde el púlpito, aunque investido del lenguaje teológico que le confería legitimidad moral.

La reacción no tardó en llegar. Lilia Lemoine, diputada libertaria, arremetió contra el arzobispo en términos crudos. En un posteo en la red social X, calificó los discursos de García Cuerva como "hipócritas y aburridos", describiendo al clérigo como alguien que "intenta transmitir empatía y justicia y termina sonando arrogante y vacío". Lemoine cuestionó la autoridad moral del arzobispo, recordando su extensa trayectoria en barrios vulnerables durante gobiernos anteriores —lo que ella interpretaba como una señal de cercanía peronista—. La diputada mencionó vínculos visuales entre García Cuerva y figuras como Malena Galmarini y Sergio Massa, sugiriendo que estas conexiones invalidaban el mensaje del prelado. Este intercambio reveló las grietas reales dentro de la coalición gobernante: no solo existen diferencias sobre mecanismos electorales, sino también sobre la interpretación misma de qué significa gobernar y cuál debe ser la responsabilidad del Estado hacia los sectores más vulnerables.

El movimiento peronista y sus competencias internas

En paralelo, la oposición peronista mostraba sus propias fracturas y dinámicas de competencia. Máximo Kirchner, diputado nacional e hijo de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, realizó un acto en Carmen de Areco durante las celebraciones por la Independencia. El intendente del municipio, Iván Villagrán, lo postuló como candidato presidencial, en una movida que refleja los conflictos internos dentro del peronismo bonaerense. Villagrán es uno de los alcaldes alineados con La Cámpora que desconoce públicamente el proyecto presidencial de Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires y conductor del Movimiento Derecho al Futuro, su propio espacio interno. Esta tensión ilustra cómo la fragmentación no es patrimonio exclusivo de la coalición gobernante, sino que permea todo el espectro político argentino.

Kicillof, por su parte, no se ha autoproclamado de manera personal como candidato presidencial. Sin embargo, está construyendo un modelo alternativo al de Milei y buscando armar un dispositivo federal que contenga al Partido Justicialista pero que sea más amplio. Sus palabras poco antes del acto de Kirchner fueron sintomáticas: "Frente a este modelo de abandono estamos nosotros". La referencia al abandono es directa y está dirigida a señalar las consecuencias de las políticas de ajuste implementadas por el Gobierno. Mientras tanto, Kirchner ha recorrido Santa Fe, Entre Ríos y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires buscando armar un proyecto para el peronismo pensado en el horizonte electoral de 2027. Su estrategia, aunque formalmente solicita la candidatura de su madre —quien se encuentra en arresto domiciliario e inhabilitada para ejercer cargos públicos—, en realidad construye un andamiaje político propio.

Cambios en el poder judicial y conflictos territoriales

Durante esta semana de definiciones políticas, también se produjo un cambio significativo en el terreno judicial. La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal decidió por unanimidad anular las condenas por usurpación que pesaban sobre integrantes de la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu. La resolución, suscripta por los camaristas Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci, dictó la absolución de seis personas vinculadas a la ocupación de predios en Villa Mascardi, revirtiendo la sentencia de primera instancia dictada por el juez federal Alejandro Silva. Los magistrados consideraron que la sentencia anterior presentaba vicios de arbitrariedad y que no se había demostrado con certeza que los acusados fueran los autores materiales de los despojos.

Lo destacable de esta decisión radica en el fundamento. Slokar enfatizó que el conflicto no debía tratarse como una usurpación convencional, sino como un conflicto territorial indígena complejo que requería considerar el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Por su parte, Yacobucci señaló que el tribunal de origen no había podido individualizar las conductas prohibidas, ya que los testigos solo refirieron a personas "encapuchadas". Este fallo representa un giro interpretativo importante: el poder judicial argentino comienza a procesar estos conflictos territoriales a través de marcos conceptuales que van más allá de las categorías penales convencionales. El conflicto que originó estos procesos se remonta a finales de 2017 y principios de 2018, centrado en la ocupación de tierras pertenecientes a la Administración de Parques Nacionales y del predio privado conocido como "La Escondida".

El programa económico como brújula de gobierno

En medio de estas tensiones políticas y definiciones judiciales, se conoció que el Gobierno cuenta con un documento que funciona como hoja de ruta de sus principales políticas. Se trata de un texto de treinta páginas escrito por el propio Javier Milei en colaboración con Demian Reidel, físico, doctor en Economía y expresidente de la empresa nucleoeléctrica argentina. Según versiones de allegados a Casa Rosada, el documento representa "su programa de crecimiento económico puesto en ecuaciones". Los responsables también adelantaron que estará en marcha "una suerte de roadshow académico" para difundir los hallazgos de Milei y Reidel. Cabe aclarar que lo que se conoce es solo un artículo de una serie más amplia; el siguiente, anticiparon, abordará desregulación y crecimiento, y está casi listo para su presentación.

Este detalle no es menor. Mientras la coalición gobernante debate sobre mecanismos electorales, mientras la Iglesia reclama responsabilidad social y mientras la oposición se reorganiza, el Gobierno consolida un relato económico que intenta funcionar como legitimación intelectual de sus decisiones. La apelación a las ecuaciones, a la rigor académico y a la autoridad de expertos forma parte de una estrategia de comunicación que busca elevar el nivel del debate por encima de las consideraciones políticas coyunturales. Sin embargo, la realidad que García Cuerva describía desde el púlpito —la de los desempleados, los jubilados empobrecidos, los jóvenes atrapados en redes ilícitas— no puede ser reducida a ecuaciones sin que algo fundamental se pierda en la traducción.

Las consecuencias en juego

Lo que emerge de estos hechos simultáneos es un panorama de profunda incertidumbre sobre cómo se resolverán los conflictos que están latentes en la Argentina actual. Por un lado, la coalición gobernante intenta consolidar su poder mediante mecanismos electorales que refuercen la posición de Milei, pero al hacerlo genera tensiones con sus socios políticos y resquebraja el consenso interno sobre los objetivos compartidos. Por otro, la Iglesia católica se posiciona como portadora de una crítica moral que, aunque no se traduce directamente en poder político, articula un diagnóstico sobre los costostales de las políticas económicas. Mientras tanto, la oposición peronista enfrenta sus propias fragmentaciones, sin claridad sobre cuáles serán sus candidatos y su mensaje para 2027. Los conflictos territoriales mapuches, por su parte, comienzan a procesarse a través de nuevas categorías jurídicas que amplían el espacio para reivindicaciones históricamente postergadas. Y en el fondo, el Gobierno apuesta a que la solidez de su marco teórico económico será suficiente para sostener el apoyo social a sus políticas, aun cuando los indicadores de empleo, jubilaciones y vulnerabilidad social no muestren los cambios esperados. El próximo año y medio, hasta las elecciones legislativas, dirá si esta apuesta tiene asidero o si las grietas detectadas hoy se convierten en fracturas más profundas aún.