Un episodio ocurrido en una plataforma de transmisión en vivo vinculada a sectores cercanos al Ejecutivo nacional vuelve a exponer las tensiones alrededor de los discursos que circulan en espacios digitales sin regulación aparente. Alejandro Sarubbi Benítez, profesional del derecho con presencia activa en redes sociales donde acumula decenas de miles de seguidores, realizó en las últimas horas un conjunto de afirmaciones de contenido violento y discriminatorio dirigidas contra la población de la provincia de Buenos Aires. Las palabras pronunciadas durante la transmisión del programa La Trinchera en el canal Carajo no solo generaron inmediata reacción en espacios virtuales, sino que también plantean interrogantes sobre quién participa en estos espacios, bajo qué criterios se permite la expresión de ciertos contenidos y cuáles son las responsabilidades que cabe esperar en contextos donde la palabra se amplifica sin filtros tradicionales.
El contexto de las declaraciones y sus implicaciones
Durante su intervención en el programa, Sarubbi Benítez desarrolló una serie de argumentaciones que partían de una premisa compartida: la supuesta irreversibilidad de la situación en determinados territorios bonaerenses. Comenzó su exposición sosteniendo que el conurbano y extensas áreas de la provincia carecían de posibilidad de cambio, atribuyendo esta condición a factores culturales y de marginación que, según su perspectiva, antecedían incluso al período 2003-2015. Este diagnóstico funcionó como puerta de entrada para lo que siguió: un escalamiento hacia propuestas cada vez más extremas. La primera de ellas apuntaba a medidas de control poblacional que los panelistas presentes —entre quienes se encontraban Sofi Drehe, Kalina y Adriel Segura— recibieron no con cuestionamiento sino con risas y comentarios que profundizaban en la misma línea de pensamiento.
Resulta relevante notar que las intervenciones no fueron interrumpidas ni cuestionadas por los conductores, sino que fueron celebradas. Cuando Kalina añadió una observación sobre "métodos", lejos de introducir una crítica, parecía estar sumándose al ejercicio retórico. Esta dinámica grupal tiene importancia porque ilustra cómo en ciertos espacios cerrados, aunque públicos por su transmisión, los límites del discurso aceptable se van corriendo progresivamente. Lo que comienza como una afirmación controvertida termina siendo reforzado por la complicidad del ambiente.
Escalada de propuestas y lenguaje utilizado
Las propuestas enumeradas por Sarubbi Benítez fueron incrementando su grado de extremismo. Tras la primera, que hacía referencia explícita a intervenciones sobre la capacidad reproductiva de poblaciones, vino la sugerencia de construir una barrera física de considerable altura con vigilancia armada. Esta propuesta incluía criterios deliberadamente arbitrarios para determinar quién podría atravesarla. El abogado mismo aclaró que la decisión sobre quién tendría acceso sería totalmente discrecional, lo que en términos prácticos significa que ningún derecho estaría garantizado para quienes quedaran del lado no deseado de esa frontera imaginaria.
Cuando Sarubbi Benítez consideró que esta opción podría resultar económicamente insostenible, propuso una alternativa: simplemente expulsar la provincia del territorio nacional. Este salto de lo hipotético a lo administrativo marca un punto de inflexión en el discurso, donde la fantasía punitiva se presenta como una solución política viable. La tercera propuesta, identificada por el abogado como potencialmente costosa pero finalmente viable, hacía referencia al uso de armas químicas incendiarias sobre población civil. El napalm, recordemos, es un compuesto inflamable que alcanzó notoriedad internacional por su uso masivo durante conflictos bélicos del siglo XX, particularmente en Vietnam, donde causó quemaduras masivas entre civiles.
Un elemento que merece atención es cómo Sarubbi Benítez matizó la última propuesta indicando que solo se salvaría a quienes él considere dignos de ser "salvados". Esta frase encapsula una pretensión de poder selectivo sobre quién vive y quién no, fraseología que remite a ejercicios autoritarios históricos donde ciertos grupos asignaban a sí mismos la potestad de definir la vida y la muerte de otros sectores poblacionales.
Antecedentes disciplinarios y patrón de conducta
No se trata del primer incidente disciplinario que envuelve a este profesional. Hace poco menos de una semana, Sarubbi Benítez fue sancionado por el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal por sus expresiones hacia miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La denuncia fue presentada por un colega que solicitó además la suspensión de su matrícula profesional. Previamente, el abogado había publicado comentarios en redes sociales asociando a un reconocido comunicador con delitos de índole sexual, una acusación grave lanzada sin evidencia alguna y aparentemente motivada por críticas que ese periodista había realizado sobre conductas discriminatorias de Sarubbi Benítez en sus plataformas digitales.
Este patrón sugiere un comportamiento sostenido: cuando es cuestionado, Sarubbi Benítez tiende a responder no con argumentación sino con agresiones ad personam de alto calibre. En sus respuestas a usuarios en redes sociales que criticaban las declaraciones hechas en el streaming, optó nuevamente por insultos, lenguaje vulgar y descalificaciones masivas hacia quienes objetaban su postura. Incluso llegó a negar la literalidad de sus propias palabras, aseverando que quienes lo criticaban estaban interpretando malintencionadamente su mensaje.
El rol de las plataformas digitales y los espacios de influencia
Un aspecto central en esta controversia es la naturaleza del espacio donde se expresó Sarubbi Benítez. Carajo es identificado como un streaming cercano a sectores vinculados con la actual administración nacional, y aunque técnicamente cualquiera puede acceder a su contenido, funciona como un espacio donde circulan perspectivas alineadas con determinadas visiones políticas. El letrado, quien utiliza el seudónimo "GordoLeyes" en redes sociales acumulando casi 80.000 seguidores, participa también en círculos autodenominados "soldados digitales" que respaldan explícitamente al gobierno actual. Su conexión con Daniel Parisini, propagandista reconocido de la gestión presente, y su cercanía ideológica con asesores presidenciales, lo posiciona dentro de una red de influencia oficial.
Esta posición le otorga visibilidad y plataforma de amplificación de sus mensajes. A diferencia de épocas anteriores donde las declaraciones extremistas quedaban circunscritas a conversaciones privadas o círculos reducidos, ahora alcanzan instantáneamente a miles de personas. Las plataformas de streaming, por su naturaleza de transmisión en vivo, combinan características de intimidad —se parece a una conversación entre amigos— con alcance masivo. Esto genera un efecto particular donde transgresiones del discurso público normativo se presentan como si fueran solo charla informal, lo que puede bajar defensas en la audiencia.
Reacciones y defensas posteriores
Las respuestas de Sarubbi Benítez a quienes cuestionaron sus palabras en redes sociales revelan una estrategia comunicacional específica. Primero, niega la literalidad de lo expresado, argumentando que sus críticos malinterpretan sus dichos. Segundo, descalifica a quienes lo critican mediante insultos groseros y referencias ofensivas. Tercero, redefine sus propias palabras para darles un sentido alternativo, afirmando que lo que realmente dijo fue que hay que "limpiar" el territorio de delincuentes, no de poblaciones enteras por características identitarias.
Esta última estrategia es particularmente notable porque reemplaza un sustantivo por otro —de "personas" a "delincuentes"—, como si eso modificara la naturaleza de lo expresado. El problema radica en que sus declaraciones originales no hacían distinción alguna sobre individuos delictivos; hablaban de territorios completos y de problemas "culturales" de millones de personas. La defensa posterior intenta redefinir retrospectivamente el significado de palabras ya pronunciadas.
Impacto y posibles trayectorias futuras
Los hechos ocurridos generan múltiples interrogantes sobre cómo las sociedades democráticas procesan el discurso de odio en la era digital. Por un lado, existe la perspectiva de quienes consideran que la visibilidad del extremismo permite identificarlo y combatirlo públicamente. Las reacciones negativas en redes sociales operaron en esa dirección: expusieron, cuestionaron y generaron presión sobre conductas consideradas inaceptables. Por otro lado, está el argumento de que la amplificación de estos discursos, incluso cuando es con propósito crítico, termina expandiendo alcance y normalizando narrativas que deberían permanecer marginales.
Los colegios profesionales tendrán que evaluar si sus instrumentos de sanción son suficientes para casos donde un profesional utiliza su credencial de abogado para propagar contenidos violentos en plataformas públicas. Las plataformas digitales, por su parte, enfrentan preguntas sobre responsabilidad editorial incluso cuando operan en formato de transmisión en vivo. El gobierno, representado en diversos funcionarios, deberá considerar si desea distanciarse explícitamente de personajes dentro de sus círculos cercanos que generan estas controversias, o si prefiere mantener una posición de silencio que muchos interpretan como tolerancia. Los usuarios y audiencias, finalmente, tendrán que decidir qué espacios visitan y qué discursos consumen, considerando que cada acción de sintonización, interacción o amplificación tiene consecuencias sobre qué tipo de contenido prospera en el ecosistema digital.
