La decisión de un contador de asumir su culpabilidad y colaborar activamente con los investigadores ha abierto una nueva grieta en la estructura de corrupción que envolvió al exjuez federal Marcelo Bailaque durante casi una década. Gabriel Mizzau, quien manejaba las finanzas personales del magistrado al mismo tiempo que asesoraba al narcotraficante Esteban Alvarado, se presentó como arrepentido hace apenas días, un movimiento que cierra aún más el cerco sobre el funcionario judicial que continúa bajo arresto domiciliario. Este quiebre en la cadena de silencio que rodeaba al caso trasciende lo anecdótico: por primera vez, alguien con acceso directo a los registros patrimoniales del exjuez está dispuesto a revelar dónde provino el dinero que permitió a Bailaque adquirir bienes que sus ingresos legales nunca hubiesen justificado.

El testimonio que cambia el tablero de la investigación

Mizzau no era un contacto circunstancial del magistrado. Durante años operó como bisagra entre dos mundos que, en teoría, debían permanecer separados: el de la administración de justicia y el del crimen organizado. Su rol dentro de esta estructura fue fundamental, aunque hasta hace poco tiempo permanecía relativamente oculto. Como contador de Bailaque, tenía acceso completo a sus movimientos financieros, sus inversiones y la evolución de su patrimonio. Simultáneamente, prestaba servicios contables a la red empresarial que Alvarado utilizaba para maquillar los ingresos provenientes del tráfico de drogas. Las tres declaraciones que Mizzau brindó durante los últimos meses ante los investigadores revelaron un detalle particularmente incriminador: entre 2014 y 2015, Bailaque adquirió dos inmuebles, uno de los cuales fue trasferido al nombre de su pareja. Consciente de que esas compras no guardaban consonancia con sus ingresos formales, el exjuez convocó a Mizzau para que intentara "emprolijar" su declaración jurada de impuestos. El contador cumplió con la tarea, lo que lo convierte en partícipe directo de una maniobra de ocultamiento de bienes.

Lo verdaderamente significativo es que, mientras realizaba este trabajo de "arreglo" documental para el magistrado, Mizzau también mantenía un flujo permanente de información proveniente del expediente que tenía a Alvarado como principal investigado. Bailaque compartía con él datos sensibles de la carpeta de investigación penal. Esta práctica no era accidental ni improvisada: representa un sistema de funcionamiento en el que el juez operaba como protector del narcotraficante, advirtiéndole de los movimientos de la justicia, mientras simultáneamente buscaba enriquecerse mediante operaciones inmobiliarias que requerían blanqueo patrimonial. Mizzau estaba envuelto en ambos lados de la operación: facilitaba el ocultamiento de los orígenes ilícitos del dinero del narco y ayudaba a su cliente magistrado a justificar adquisiciones que carecían de sustento legal.

La red de empresas pantalla y el rol del contador en el blanqueo

La participación de Mizzau en el esquema de blanqueo de capitales no se limitaba a tareas contables convencionales. A través de la firma que llevaba su nombre, este profesional fue responsable de crear y administrar un entramado de empresas que funcionaban como pantallas para los fondos del narcotraficante. Entre los vehículos utilizados figuraban Logística Santino, Sagrado Corazón de María, Toia y Edra, todas ellas constituidas a partir de 2014. El contador firmaba los balances, gestionaba los trámites de habilitación municipal y nunca reportó operaciones que, por sus características, deberían haber generado alertas en los organismos de control. Una de las artífices de este entramado era Rosa Capuano, quien en ese entonces era la pareja de Alvarado y estaba a cargo de coordinar el reciclaje de dinero a través de la creación y operación de estas empresas. Mizzau trabajaba directamente con ella en la materialización de estas maniobras.

La magnitud del enriquecimiento de Alvarado durante el período en que Bailaque lo mantuvo bajo su "protección" judicial resultó titánico. El narco acumuló una fortuna significativa sin que existiera avance alguno en la causa federal que debería haber terminado con su captura años antes. Cuando la investigación recayó en manos de la justicia provincial, el panorama cambió drásticamente. Los fiscales provinciales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery documentaron la estructura de violencia y distribución de drogas que Alvarado había montado en Rosario durante más de una década. Fue en ese fuero donde obtuvo su primera condena, antes de ser procesado y condenado nuevamente por la justicia federal una vez que Bailaque ya había salido de la ecuación. En la justicia federal recibió 15 años de prisión, mientras que la provincia lo sentenció a prisión perpetua por su participación en crímenes conexos al narcotráfico.

Lo paradójico es que Bailaque reconoció públicamente que Mizzau era su contador personal. Sin embargo, cuando se descubrió que el mismo profesional asesoraba simultáneamente a Alvarado, el magistrado argumentó que desconocía esa vinculación. Esta declaración resulta difícil de sostener ante la evidencia de que Mizzau no solo compartía información clasificada con el narcotraficante, sino que además ejecutaba tareas de ocultamiento patrimonial para Bailaque. La falta de sorpresa ante estas prácticas sugiere que el flujo de información y la participación del contador en operaciones de dudosa legalidad formaban parte del modus operandi rutinario que caracterizaba su relación.

El derrumbe del silencio: arrepentidos que desmoronan la estructura

Mizzau no fue el primero en quebrarse. Carlos Vaudagna, quien fue titular de la Administración de Recaudaciones de Santa Fe, se adelantó algunos meses y también se acogió a la figura de arrepentido. Vaudagna reveló que en el quincho de Bailaque se había coordinado la fabricación de una causa penal contra el empresario Claudio Iglesias con fines extorsivos. El empresario fue víctima de un esquema de presión que lo obligó a pagar 140.000 de los 200.000 dólares que le exigían, en reuniones que tuvieron lugar en las oficinas del Museo de la Democracia, ubicadas en el centro de Rosario. Fernando Whpei, titular del Grupo Unión y otro de los círculos cercanos al exjuez, también se plegó a la condición de colaborador de la justicia. Sus admisiones de culpabilidad comprometieron a Bailaque en la gestión irregular de fondos que provenían de la Cooperativa de Estibadores de Puerto San Martín, donde el magistrado facilitó el giro de más de mil millones de pesos hacia una mutual controlada por Whpei, evitando así el paso por instituciones reguladas por el Banco Central.

El acumulado de tres colaboradores de justicia testimoniando en contra del exjuez representa un quiebre cualitativo en la capacidad de defensa de Bailaque. Cada uno de ellos aporta fragmentos de un rompecabezas de corrupción que trasciende ampliamente los límites de la relación con un único narcotraficante. Los fiscales federales Diego Velasco, Juan Argibay Molina y Federico Reynares Solari presentaron tres acusaciones formales en febrero de 2026, en escritos que superan las 200 páginas de argumentación, solicitando una condena de diez años de prisión, acompañada de cinco años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, cinco años de inhabilitación absoluta y multas. En su acusación, los representantes del ministerio fiscal caracterizaron las conductas atribuidas a Bailaque como "un supuesto paradigmático de corrupción estructural en el seno del Poder Judicial".

El capítulo que mayor gravedad reviste en las acusaciones concierne específicamente al manejo de la causa contra Alvarado. En 2013, la Policía de Seguridad Aeroportuaria remitió informes que identificaban al narco y a su socio Luis Medina, quien fue asesinado en diciembre de ese año. El fiscal de turno en ese momento, Marcelo Di Giovanni, solicitó medidas de vigilancia telefónica que resultaban críticas para avanzar en la investigación. Bailaque rechazó repetidamente estos pedidos o los dilató hasta por once meses. Esta pasividad deliberada fue determinante para que Alvarado consolidara su poder criminal sin interferencia de la justicia federal. Durante aproximadamente nueve años, el narco operó sin obstáculos en la jurisdicción federal, acumulando riqueza, expandiendo su control sobre el negocio del tráfico de drogas en Rosario y dejando un rastro de asesinatos. Solo en 2019, cuando Alvarado ya había sido capturado por fiscales provinciales y su carrera criminal se encontraba en ruinas, Bailaque procedió a procesarlo, medida que resultaba tardía e ineficaz dado el estado de colapso de la organización criminal.

El expediente que expone el funcionamiento del sistema

La información que Mizzau está proporcionando a los investigadores va más allá de los detalles particulares del enriquecimiento de Bailaque. Según indicaron los fiscales a cargo, el contador está aportando elementos que permite avanzar en causas conexas, lo que sugiere que su testimonio podría iluminar otras estructuras de corrupción que operaban en la justicia federal rosarina durante ese período. Un profesional que trabajó durante años en la zona gris donde convergen los intereses del crimen organizado y la administración de justicia posee información sobre ramificaciones que podrían extenderse más allá de los actuales imputados. El juicio oral que estaba previsto para iniciarse en el primer semestre de 2026 se presenta ahora como inminente, con Bailaque como único acusado sin un acuerdo de colaboración con la justicia.

Lo que comenzó como el descubrimiento de una vinculación contable entre un magistrado federal y un narcotraficante se transformó, a través de las admisiones sucesivas de Vaudagna, Whpei y Mizzau, en la exposición de una trama de corrupción sin precedentes en la historia judicial de Rosario. La pasividad sistemática frente a un criminal, la participación en esquemas de extorsión, el desvío de fondos públicos y el blanqueo de capitales ilícitos configuran un panorama que cuestiona la integridad de instituciones que debieron actuar como custodias del estado de derecho. El exjuez permanece detenido en su domicilio, enfrentando acusaciones múltiples y viendo cómo cada confesión de sus colaboradores agrega nuevas capas de complejidad a su situación legal.

Las implicancias de un sistema comprometido

Las consecuencias de este caso trascienden la figura individual de Bailaque y abren interrogantes sobre el funcionamiento institucional durante el período en que estos hechos se desarrollaron. Por un lado, el testimonio de Mizzau permite a los fiscales acceder a registros patrimoniales que potencialmente vinculen directamente los ingresos ilícitos del narcotráfico con las adquisiciones del magistrado, solidificando la teoría de que el enriquecimiento de Bailaque fue resultado directo de su "protección" hacia Alvarado. Por otro lado, la revelación de la existencia de esquemas de extorsión coordinados desde espacios judiciales informales plantea la pregunta de cuántas otras víctimas de prácticas similares permanecen sin denunciar, ya sea por temor o por desconocimiento. Asimismo, la documentación de transferencias de fondos públicos hacia entidades privadas sin supervisión bancaria sugiere que el nivel de interferencia entre las esferas judicial y empresarial fue más profundo de lo que inicialmente se suponía. Las investigaciones en causas conexas que Mizzau permitirá avanzar podrían revelar la existencia de redes más amplias de funcionarios públicos operando en conjunto con agentes privados para desviar recursos y proteger actividades ilícitas.