La aparición de un cadáver en las calles platenses reavivó una de las tramas judiciales más intrincadas de los últimos años en el sistema de justicia argentino. Se trata de Guillermo Bellingi, quien se desempeñaba como subdirector general de la Procuración General de la Nación durante la gestión de Alejandra Gils Carbó. El hallazgo ocurrió en Villa Elisa, en la zona comprendida entre calles 406 y 407, cuando un transeúnte alertó a las autoridades sobre la presencia del cuerpo. El descubrimiento genera interrogantes no solo por sus circunstancias, sino fundamentalmente porque Bellingi estaba a escasos veinte días de presentarse ante un tribunal oral para responder cargos relativos a una controvertida transacción inmobiliaria que llegó a instituciones del Estado durante la administración de Gils Carbó.

Lo que hace particularmente relevante este episodio es el momento en que ocurre dentro de la cronología procesal. Bellingi no era un actor secundario en la trama que investigó la justicia: su rol específico lo ubicaba en el centro de las decisiones administrativas respecto a una licitación pública cuestionada. El Tribunal Oral número 8, integrado por las juezas Gabriela López Iñiguez y Sabrina Namer, junto al juez Nicolás Toselli, se disponía a desarrollar audiencias en las que se debatiría la legalidad de procesos que terminaron resultando en transacciones millonarias. La fiscal general Marcelo Colombo presentaría sus argumentaciones sobre cómo supuestamente se habría direccionado la operación para beneficiar a intermediarios específicos. Ahora, la ausencia de uno de los imputados modifica sustancialmente los términos en que esa causa se tramitará.

Los detalles del hallazgo y las primeras hipótesis

Los efectivos de la policía bonaerense que concurrieron al sitio documentaron particularidades que orientaron sus primeras evaluaciones. El cuerpo de Bellingi, quien contaba con 55 años de edad, presentaba una herida en la región del tórax provocada por un objeto cortopunzante. El estado de los efectos personales resultaba llamativo para investigadores: en el lugar reposaban su billetera íntegra, su dispositivo celular, un reloj y un cuchillo de manufactura tradicional con mango de madera, acompañado de su correspondiente vaina. Vestía un buzo de tonalidad verde, pantalones de jean y zapatos marrones. La mochila de color azul recuperada en las inmediaciones completaba el cuadro. La herida presentaba características de penetración en la zona baja del tórax con inclinación hacia la izquierda, y el cadáver no exhibía marcas de defensa ni otras lesiones que sugirieran lucha o forcejeo. Estos elementos condujeron a los investigadores a explorar la hipótesis de un acto de autolesión, aunque las circunstancias permanecen bajo escrutinio.

La operación inmobiliaria que generó la causa judicial

Para comprender la magnitud de lo que sucedía en los tribunales, resulta imprescindible reconstruir cómo se tejió la transacción que originó los cuestionamientos. Durante la gestión de Gils Carbó al frente de la Procuración, se impulsó un proceso de adquisición de infraestructura para el organismo. La Procuración requería un nuevo inmueble y se convocó a licitación pública. El edificio finalmente adquirido se ubicaba en avenida Perón al 600, por el cual se pagaron $43.850.000. Sin embargo, los investigadores y los fiscales identificaron irregularidades sustanciales en cómo se configuró esa operación. La empresa Arfinsa resultó ser la proveedora final del inmueble, pero en el proceso participaron intermediarios cuyas comisiones alcanzaron montos extraordinarios. Específicamente, Juan Carlos Thill, medio hermano de Bellingi, percibió una comisión de 3 millones de pesos hace trece años por concepto de asesoramiento proporcionado a la inmobiliaria que a su vez asesoró a Arfinsa.

La estructura que la justicia puso bajo lupa presentaba características que sugieren coordinación previa. Los contratos mediante los cuales se formalizaron los pagos de esas comisiones fueron suscritos antes de que se hiciera público cuál era el oferente ganador de la licitación. Esto resulta fundamental: si los intermediarios ya cobraban antes de conocerse públicamente quién sería el adjudicatario, la pregunta obvia que surge es cómo podían estar seguros de que cobrarían. Para los investigadores, esta anomalía temporal constituía un indicio de que la licitación había sido diseñada desde su origen para favorecer a un inmueble determinado, y que existía un acuerdo previo entre los actores para que la operación se consumara de manera tal que tuviera apariencia de legitimidad. El tribunal oral debería examinar si efectivamente la licitación fue estructurada para beneficiar objetivos predefinidos, y de ser así, quiénes fueron los responsables de esa configuración.

Los imputados y la trayectoria de la causa

Gils Carbó, en su carácter de autoridad máxima de la Procuración durante esos años, resultó procesada por el juez Julián Ercolini en 2017. Poco tiempo después de la formalización de esa acusación, la exprocuradora presentó su renuncia. Su responsabilidad presunta se vinculaba directamente con las gestiones que realizó para que se concretara la compra del inmueble. Bellingi, por su parte, ocupaba un rol ejecutivo en el proceso: como subdirector general de la Procuración, participaba en las decisiones administrativas y en la supervisión de licitaciones. La vinculación con su medio hermano Thill añadía complejidad a la evaluación de sus actuaciones: ¿cómo se justificaba que el funcionario no identificara o señalara un potencial conflicto de intereses cuando su pariente directo resultaba siendo intermediario en una operación en la que él tenía injerencia? Este cuestionamiento resultaba medular para la acusación fiscal. Actualmente, tras la renuncia de Gils Carbó, Eduardo Casal se desempeña como procurador adjunto a cargo de la Procuración General de la Nación de forma interina.

Gils Carbó, tras abandonar su puesto en el Ministerio Público Fiscal, reorientó su carrera hacia el ejercicio privado de la profesión legal. En los últimos años se ha dedicado a litigar en su calidad de abogada defensora, incluyendo la representación del empresario Gerardo Ferreyra de Electroingeniería en el caso conocido públicamente como "los Cuadernos de las Coimas", una investigación de dimensiones considerables que examina presuntos hechos de corrupción en licitaciones y contrataciones del Estado. Su transición desde el rol de máxima autoridad del órgano acusador hacia la defensa de imputados en otras causas marca un contraste notable en términos de posicionamiento institucional. Ahora, sin embargo, la muerte de Bellingi replantea cómo continuará la causa en la que ambos eran acusados, ya que falta uno de los imputados sobre quienes el tribunal debería pronunciarse.

El hallazgo del cuerpo de Bellingi abre múltiples interrogantes respecto al futuro del proceso judicial. Las instituciones de justicia deberán determinar si existen elementos que justifiquen investigaciones adicionales más allá de la conclusión inicial de la policía bonaerense. Dependiendo de cómo se desarrollen esos trámites, la causa podría continuar contra Gils Carbó únicamente, podría archivarse parcialmente, o podría redirigirse hacia nuevas líneas investigativas. Los abogados defensores, los fiscales y los jueces tendrán que navegar un escenario inusual: continuar debatiendo la legalidad de una operación inmobiliaria sin la presencia de uno de los actores clave. Algunos sostendrán que la muerte no debe obturar el análisis crítico sobre cómo se utilizaron recursos públicos, mientras que otros argumentarán que ciertos aspectos de la responsabilidad individual quedarán sin resolución judicial. Lo que permanece incontrovertible es que el sistema de justicia argentino continúa enfrentándose con casos que combinan complejidades procedimentales, vinculaciones familiares en transacciones públicas y circunstancias que generan controversias sobre sus múltiples dimensiones.