La causa conocida como Cuadernos, que investiga una red de presuntos sobornos durante gobiernos anteriores, acumula historias de complejidad procesal que trascienden lo meramente legal. Esta semana, el expediente dio lugar a un episodio tan sorprendente como ilustrativo de los desafíos administrativos que enfrenta la justicia argentina: un ciudadano ajeno completamente a la investigación tuvo que presentarse ante los tribunales porque alguien lo citó por error, compartiendo apenas un nombre con quien realmente importaba. La anécdota, ocurrida hace semanas, subraya no solo la vulnerabilidad de los sistemas de notificación judicial, sino también la importancia de los testimonios que aún se recopilan en una causa que busca desentrañar mecanismos de corrupción que moldearon la administración pública durante años.
El episodio ocurrió el 7 de julio, cuando un contador de 73 años se presentó ante el Tribunal Oral Federal 7 en respuesta a una citación. Su nombre: Juan Carlos Santos. El problema: no era el exfuncionario que necesitaban. El verdadero protagonista de ese día fue la confusión administrativa. Mientras el tribunal esperaba al exsubdirector de Grandes Contribuyentes Nacionales de la AFIP, quien había trabajado durante la gestión de Alberto Abad, se encontró en la sala con un hombre completamente distinto, sin conexión alguna con la investigación. La situación debió resultar incómoda para ambas partes. El error fue detectado rápidamente, pero no antes de que el ciudadano equivocado ya estuviera allí, lejos de sus ocupaciones cotidianas.
La confusión que revela grietas procedimentales
Lo que resultó particularmente notable fueron los detalles del proceso de citación. Cuando el juez Enrique Méndez Signori indagó sobre cómo había sido contactado para presentarse, la respuesta evidenció la precariedad de los canales de comunicación: un mensaje de WhatsApp le había avisado que sería citado. Sin explicación alguna. Sin detalles sobre el motivo. El hombre relató que se encontraba en el exterior, de viaje con su hija, cuando recibió la notificación. Tuvo que interrumpir sus planes y regresar al país para concurrir a una audiencia cuya finalidad ignoraba completamente. "No, nadie me llamó ni me explicó nada", reconoció ante los magistrados. La respuesta del tribunal fue directa: "Se equivocaron de Juan Carlos Santos". Una frase que probablemente resumió, desde la perspectiva del contador, una experiencia frustrante y completamente innecesaria.
El verdadero exfuncionario de la AFIP, en tanto, posee un historial previo en los estrados judiciales. Ya había declarado anteriormente en otras causas tramitadas en Comodoro Py, incluyendo la investigación sobre Oil Combustibles durante el período de pandemia. Su rol en la administración tributaria lo ubicaba en una posición estratégica para conocer operatorias que, según la investigación, involucraban la desviación de fondos públicos. Finalmente, su comparecencia fue reprogramada, y el martes de esta semana estaba previsto que rindiera declaración testimonial. Su aporte se considera relevante para reconstruir la actuación de la institución recaudadora entre 2018 y 2019, período crítico en el que la AFIP recibió diversos oficios judiciales directamente vinculados con la pesquisa sobre presuntos sobornos.
Las maniobras bajo investigación: dinero en efectivo y facturas fantasma
Más allá de este incidente administrativo, lo que sustancia la causa Cuadernos es el entramado de operaciones que funcionarios de ARCA (la agencia recaudadora) han comenzado a detallar ante la justicia. Semanas atrás, cuatro empleados de esa dependencia brindaron testimonio sobre los mecanismos que empresarios investigados utilizaron para extraer fondos en efectivo derivados de contratos de obra pública adjudicados durante gobiernos anteriores. Las prácticas identificadas fueron sistematizadas: contratación de proveedores clasificados como "no confiables", emisión de comprobantes sin respaldo de servicios efectivamente prestados, y compra de dólares entregados en efectivo a representantes de las uniones transitorias de empresas constituidas para ejecutar proyectos específicos de infraestructura.
El modus operandi se repetía con variaciones menores. Cuando las uniones transitorias recibían adelantos o pagos parciales del Estado, procedían a contratar a terceros que emitían facturas sin contraprestación comprobada. Contablemente, esos egresos se registraban como gastos ordinarios asociados a la obra, lo que permitía que dinero saliera de las arcas sin documentación que justificara su destino o aplicación. Entre las firmas bajo escrutinio figuran Isolux, Fainser, Sacde (antes conocida como IECSA) y Esuco. Todas ellas actuaban conformando uniones transitorias para adjudicarse y ejecutar proyectos específicos. Uno de los casos más resonantes es el de Isolux, que en 2007 se adjudicó la construcción de la Usina Termoeléctrica de Río Turbio por un monto superior a 2000 millones de pesos. En esa operación, pesquisas de la extinta AFIP detectaron que porciones significativas de los fondos fueron derivadas mediante intermediarios radicados en Nueva York hacia depósitos en la Banca Privada de Andorra.
Una de las testigos que comparecieron en audiencias recientes narró el alcance de la investigación con franqueza: "Nos informaron que la plata había sido derivada a través de un intermediario en Nueva York a la Banca Privada de Andorra. Hasta ahí llegó nuestra labor investigativa". La frase ilustra tanto los canales utilizados para sacar recursos del país como las limitaciones que enfrentaron quienes intentaban rastrearlos. La intervención de intermediarios en jurisdicciones extranjeras y el depósito en instituciones financieras ubicadas en paraísos fiscales plantean desafíos adicionales para la investigación: la necesidad de cooperación internacional y la complejidad de acceder a información bancaria en territorios con regímenes de secreto financiero más restrictivos.
La cadena de testigos y la reconstrucción de hechos
Además de Santos, el tribunal recibirá declaraciones de Pedro Mario Majul, Samanta Fagan, Miriam De Luca y Beatriz Zoe López. Cada testimonio suma capas al relato que intentan construir los magistrados sobre cómo funcionó la trama investigada. La reconstrucción de eventos que transcurrieron hace más de una década requiere de múltiples perspectivas: la de quienes operaban en la administración tributaria, la de funcionarios de otras reparticiones, la de operarios de empresas investigadas. Cada declaración agrega detalles, confirma o matiza versiones previas, identifica actores y conexiones que de otro modo permanecerían ocultas en el expediente.
El proceso judicial de la causa Cuadernos se extiende desde hace varios años, atravesando gobiernos y cambios institucionales. La acumulación de testimonios, pruebas documentales, registros de transferencias bancarias y análisis contables ha permitido que la justicia avance en la construcción de hipótesis sobre cómo operaron presuntos esquemas de corrupción. Sin embargo, la complejidad de esos mecanismos, la multiplicidad de actores involucrados y la necesidad de contar con testimonios de personas que estuvieron presentes en distintos puntos de la cadena de operaciones hacen que cada declaración sea relevante para completar el cuadro general. El anecdótico error de citación que llevó a un contador jubilado a los tribunales es un recordatorio de que, en medio de procedimientos de gran envergadura, existen vulnerabilidades administrativas que pueden ralentizar procesos ya de por sí complejos.
Las implicancias de lo que sale a la luz en estos testimonios se extienden más allá del ámbito penal. La identificación de operatorias específicas mediante las cuales recursos del Estado fueron desviados hacia cuentas privadas, a menudo fuera del territorio nacional, representa información que otras reparticiones públicas pueden utilizar para reforzar controles. Las metodologías de fraude documentadas permiten entrenar a inspectores y auditores en la detección de prácticas similares. Simultáneamente, los hechos comprobados generan debates sobre la responsabilidad de instituciones como la AFIP en la supervisión de operaciones de empresas contratistas, y sobre los mecanismos de control que debieron existir para impedir desvíos de esa magnitud. Las perspectivas sobre qué falló y por qué varían según desde dónde se analice: algunos enfatizan la responsabilidad de funcionarios que no actuaron con la debida diligencia; otros subrayan que ciertos controles eran estructuralmente débiles en ese período; otros más señalan que la complejidad de las operaciones internacionales superaba las capacidades de fiscalización disponibles entonces. Lo que permanece indiscutible es que la acumulación de evidencia que emerge del proceso judicial contribuye a un registro histórico de prácticas que moldearon la gestión pública.
