No fue una salida tranquila ni consensuada. Carlos Frugoni, el hombre que hasta este domingo conducía la Secretaría de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, quedó fuera del gobierno nacional tras conocerse que era titular —en forma directa o a través de sociedades comerciales— de al menos siete inmuebles y dos empresas constituidas en Miami, Estados Unidos, ninguno de los cuales figuraba en sus declaraciones ante el fisco argentino ni ante la Oficina Anticorrupción. Lo que importa no es solo la salida de un funcionario: es la pregunta que queda flotando sobre los mecanismos de control patrimonial del Estado argentino, que una vez más llegaron tarde, o no llegaron solos.

Una decisión que bajó desde arriba

La determinación de desplazar a Frugoni la tomó el ministro de Economía, Luis Caputo. Así lo confirmaron fuentes de la propia cartera. Sin embargo, la narrativa sobre la naturaleza de esa salida generó versiones encontradas dentro del mismo gobierno: desde la Presidencia fueron tajantes y la describieron como un despido, mientras que en el equipo de Hacienda prefirieron hablar de una renuncia voluntaria y sostuvieron que Frugoni "decidió correrse para ordenar su situación personal". Esa dualidad semántica, en un gobierno que suele comunicar con precisión quirúrgica, habla de cierta incomodidad interna frente al episodio. Sea como fuere, el resultado práctico es el mismo: el funcionario está afuera. Y el reemplazo, según trascendió, ya estaba definido antes de que se hiciera el anuncio formal, lo que sugiere que la decisión no fue tan repentina como la cronología oficial intenta transmitir.

Desde el Ministerio de Economía aclararon que la gestión de Frugoni no estuvo cuestionada en términos técnicos: el problema no fue su desempeño al frente de la coordinación, sino la omisión patrimonial. También señalaron que, pese a su partida, las distintas subsecretarías que dependen del área seguirán funcionando con normalidad, dado que cada una opera con cierta autonomía. Frugoni, por su parte, habría reconocido el error en el momento en que las propiedades salieron a la luz: admitió que no las declaró ante la autoridad fiscal correspondiente, sin dar mayores explicaciones sobre las razones de esa omisión. Fuentes del ministerio agregaron que se encuentra "regularizando su situación" y poniendo en orden su documentación.

Siete inmuebles, dos sociedades y un estado de Delaware

El entramado societario detrás de los bienes no declarados tiene una estructura que resulta familiar para quienes monitorean flujos financieros offshore. Frugoni habría constituido dos sociedades de responsabilidad limitada —identificadas como Genova LLC y Waki LLC— en el estado de Delaware, en los años 2021 y 2025 respectivamente. Ambas fueron creadas a través de Harvard Business Services Inc., una firma especializada en la constitución de personas jurídicas en ese estado, que funciona como agente registrador. Frugoni figuraría como controlante y beneficiario final de ambas estructuras.

Delaware no es un destino elegido al azar. Es uno de los estados más utilizados en el mundo para la creación de empresas de propósito especial, justamente porque ofrece requisitos mínimos de divulgación de información y una legislación corporativa sumamente flexible. No es ilegal constituir una LLC allí siendo argentino, pero sí resulta obligatorio declarar esos activos ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero —el organismo que reemplazó a la AFIP, conocido como ARCA— y ante la Oficina Anticorrupción, especialmente cuando se trata de un funcionario público en ejercicio. Eso, según la información disponible, no ocurrió en ninguno de los dos casos.

A través de esas dos sociedades, Frugoni habría adquirido y administrado propiedades ubicadas en el condado de Palm Beach, en el sur del estado de Florida, con valores que van desde los 140.000 hasta los 310.000 dólares por unidad. En total, se contabilizaron cinco inmuebles en esa zona, además de otras propiedades en el área de Miami. El perfil del portafolio —departamentos en una región costera de alto valor, gestionados desde estructuras societarias discretas— es el tipo de esquema que suele aparecer en investigaciones sobre evasión fiscal o fuga de capitales, aunque en este caso no se ha formulado ninguna acusación formal de ese tipo.

Un funcionario con historia pública larga

Frugoni no es un nombre nuevo en la administración pública argentina. Su trayectoria en el Estado tiene varios capítulos. Durante la presidencia de Mauricio Macri, ocupó la presidencia de Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA), la empresa estatal porteña responsable de la construcción del Paseo del Bajo, una obra de infraestructura vial de gran escala en la Ciudad de Buenos Aires que conectó el puerto con el sur de la ciudad. Ya en ese período estuvo bajo escrutinio público, aunque sin consecuencias de relevancia. En el gobierno de Javier Milei encontró un nuevo espacio de gestión, esta vez con responsabilidad sobre las áreas de Infraestructura y Transporte a nivel nacional. El contraste entre ese perfil técnico-profesional y la existencia de bienes no registrados en el exterior es uno de los ejes que rodea el debate político en torno al caso.

Desde el oficialismo buscaron además separar este episodio del que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien enfrenta una investigación judicial relacionada con la adquisición de propiedades y viajes al exterior durante su desempeño como funcionario del gobierno de Milei. La diferencia que el gobierno intentó establecer tiene que ver con la naturaleza de cada situación: en el caso de Frugoni, se trataría de una omisión en la declaración de bienes preexistentes; en el de Adorni, la Justicia indaga sobre posibles irregularidades en operaciones realizadas mientras ya ejercía un cargo público. Si esa distinción resulta suficiente para la opinión pública es algo que el tiempo irá respondiendo.

El trasfondo institucional: ¿qué falló en los controles?

Más allá de la situación individual de Frugoni, el episodio vuelve a poner sobre la mesa una pregunta estructural: ¿por qué los mecanismos institucionales de control patrimonial de los funcionarios públicos no detectaron estos activos de forma autónoma? La Oficina Anticorrupción y ARCA cuentan con herramientas legales para cruzar información y exigir declaraciones juradas completas. Sin embargo, en este caso —como en otros anteriores— fue la difusión pública de documentación societaria y registral lo que terminó desencadenando la salida del funcionario. La información estaba disponible en registros extranjeros accesibles; la pregunta es por qué no formó parte de ningún proceso de verificación previo.

Las consecuencias de este episodio pueden leerse desde distintos ángulos. Para el gobierno, el manejo rápido de la situación —desplazar al funcionario en pocas horas tras conocerse los datos— puede interpretarse como una señal de que la administración no tolera opacidad patrimonial en sus propias filas. Para los sectores críticos, en cambio, el hecho de que un funcionario de alto rango haya podido estar en el cargo con bienes no declarados en el exterior abre interrogantes legítimos sobre la rigurosidad de los controles internos. Para el sistema institucional en su conjunto, el caso reaviva el debate sobre si las herramientas actuales de fiscalización son suficientes, o si requieren una actualización profunda que permita detectar estas situaciones antes de que lleguen a la prensa. La respuesta a esa pregunta no depende de un gobierno en particular: depende de decisiones de política pública que trascienden las gestiones.