Un giro inesperado sacudió hoy las audiencias del prolongado juicio que examina los supuestos circuitos de corrupción documentados en los Cuadernos de las Coimas. Julio César Silva, el cuidador del edificio ubicado en Recoleta donde residía Cristina Kirchner, compareció ante el tribunal y desmentió categóricamente lo que había sostenido años atrás como testigo. En aquella oportunidad inicial, en 2018, Silva había proporcionado detalles que parecían sustanciar la acusación fiscal: describió movimientos frecuentes de bultos, valijas y portafolios atravesando el inmueble. Hoy, frente al juez Germán Castelli, el mismo testigo aseguró que eso jamás sucedió, y que su declaración anterior había sido confeccionada bajo presión psicológica y coerción explícita. El cambio de versión representa un problema significativo para quienes construyeron sus teorías acusatorias sobre la base de su testimonio inicial, y abre interrogantes sobre la solidez de ciertos pilares probatorios en una causa que ya suma años de controversia.
La contradicción: lo que dijo entonces y lo que dice ahora
Cuando Silva fue interrogado durante la etapa de instrucción de la causa, su relato fue preciso y detallado. En ese entonces, describió que Daniel Muñoz, el exsecretario privado de Néstor Kirchner, frecuentaba el departamento de manera regular y que entre 2007 y 2010 había presenciado desplazamientos de bolsos y valijas con una periodicidad que oscilaba entre una semana y quince días. Recordó incluso que Muñoz siempre portaba un portafolio y un bolsito, elementos que su memoria había catalogado como indicadores de las operaciones que los fiscales vinculaban al traslado de fondos ilícitos. Esa declaración inicial fue incorporada al expediente como prueba de cargo y sirvió para reforzar la hipótesis de que el departamento recoleto funcionaba como punto de convergencia en la cadena de distribución del dinero de procedencia delictiva.
Sin embargo, durante su testimonio de esta mañana, que se extendió aproximadamente dos horas y media, Silva desmanteló su propio relato previo. Cuando el juez Castelli le confrontó directamente con la transcripción de su declaración anterior, el encargado respondió con frases que denotaban arrepentimiento: "Cometí un delito y lo acepto. Firmé, pero no estaba de acuerdo. Ni lo leí". Luego añadió una negación rotunda respecto al episodio de los bolsos: "Eso de que venían con bolsos y valijas, eso yo no lo dije". Según su relato de hoy, lo único que podía confirmar era que Muñoz transitaba el edificio con un portafolio y un bolsito, pero sin el carácter sistemático que había sugerido seis años atrás. La contradicción no podía ser más frontal, y planteaba una pregunta incómoda: ¿cuál de las dos versiones reflejaba la realidad que Silva había observado?
Presión, amenazas veladas y el contexto de la declaración inicial
La respuesta que el testigo ofreció apuntaba a las circunstancias bajo las cuales había sido interrogado inicialmente. Silva explicó al tribunal que durante la toma de su testimonial se sintió sometido a una presión intensa y sostenida. Describió con detalle el escenario: en la sala se encontraban el entonces juez Claudio Bonadio, el fiscal Carlos Stornelli, dos escribientes, y una persona corpulenta cuya identidad no precisó, que entraban y salían del recinto de manera intimidante. Lo más grave según su relato fue la insistencia permanente en mencionar a sus dos hijas. Silva dijo que de forma reiterada le dirigían frases como "No te olvides nunca de que vos tenés dos hijas", una expresión que funcionaba como recordatorio implícito de que sus seres queridos podrían estar bajo escrutinio o vulnerables.
Este contexto transforma significativamente la evaluación de su declaración inicial. Silva, quien describió a sí mismo como un hombre de sesenta y nueve años, con múltiples oficios y bien conocido en el vecindario, enfatizó haber "la pasó muy mal" durante aquella experiencia. Su testimonio de hoy sugiere que bajo ese ambiente coercitivo, posiblemente inadecuado para garantizar la libertad de un testigo, él habría consentido en firmar una declaración cuyo contenido no coincidía con lo que realmente había presenciado. De esta manera, Silva introduce un factor que los abogados defensores probablemente utilizarán en sus argumentaciones: la duda sobre la validez de toda una línea probatoria que descansaba en su palabra proporcionada bajo coacción.
Las conexiones políticas, los favores y el edificio
Durante su exposición de hoy, Silva también proporcionó información adicional sobre su relación con Muñoz y la familia Kirchner, elementos que ayudan a comprender la dinámica interna del inmueble. Explicó que gracias al vínculo establecido con el secretario Néstor Kirchner —quien disponía de todas las llaves del edificio— él mismo había funcionado como facilitador de gestiones dentro de la administración pública para habitantes del barrio. Sus dos hijas, por ejemplo, accedieron a trabajos en el Ministerio de Planificación con su intervención. Una de ellas continuó en ese cargo hasta la asunción de Mauricio Macri en 2015, mientras que la otra fue derivada al Inca de Colón, una localidad de Entre Ríos.
Respecto a su hijo, ahora geólogo desempeñado en Vaca Muerta, Silva recordó una promesa que le habría hecho Cristina Kirchner personalmente: "Julito, quedate tranquilo que el día que él se reciba le vamos a conseguir trabajo". El encargado aclaró que en la actualidad su hijo trabaja en el sector privado, sin precisar si esa colocación fue resultado de alguna gestión posterior de la expresidenta. Estos detalles no son menores, pues muestran un tejido de favores, accesos y promesas que vinculaban a Silva con las personalidades investigadas, lo cual podría explicar tanto su disposición inicial a colaborar como su posterior retractación. Asimismo, durante su declaración de hoy rectificó información que había proporcionado en 2018: aclaró que dos de las unidades del edificio, la del primer piso y la del cuarto, pertenecían al empresario De Sousa, no a Cristóbal López como había afirmado anteriormente.
El allanamiento, las presuntas instrucciones del juez y la controversia procesal
Uno de los momentos más tensos de la audiencia de hoy giró en torno a un supuesto diálogo que Silva presenció durante el allanamiento del departamento. Según su testimonio, mientras la policía realizaba el operativo, escuchó que el juez Bonadio gritaba instrucciones al comisario encargado a través del teléfono. Silva afirmó que tras más de once horas de procedimiento, el magistrado exhortaba al oficial a continuar "hasta encontrar algo". Esta versión de los hechos provocó reacciones encontradas en la sala. Los abogados defensores se opusieron enfáticamente a que se profundizara sobre el tema, considerando que la descripción podía cuestionar la imparcialidad del proceso de búsqueda. Por su parte, el tribunal realizó preguntas para esclarecer lo sucedido, evidenciando la importancia que le asignaba a esta información.
El episodio del allanamiento, tal como lo relató Silva, sugiere un procedimiento orientado a hallar evidencia de manera más o menos dirigida, en lugar de un operativo neutro destinado a recopilar todo aquello que fuera relevante según los protocolos establecidos. Aunque Silva es un testigo con credibilidad cuestionada por su propia retractación de hoy, su narración de este evento añade elementos al debate sobre cómo se desarrollaron las diligencias iniciales en la causa. Los contrapuntos entre las partes durante su declaración reflejan que el terreno probatorio sigue siendo disputado, incluso después de años de litigio.
Daniel Muñoz: la pieza central ausente
Daniel Muñoz, el exsecretario privado de Néstor Kirchner, permanece como figura central en la acusación fiscal pero ausente del proceso. Falleció en 2016, por lo que no puede comparecer ni defenderse de las imputaciones. Según el relato de los fiscales, Muñoz funcionaba como receptor de los fondos de procedencia ilícita y era responsable de su traslado desde Buenos Aires hacia la provincia de Santa Cruz. Su nombre aparece ochenta y siete veces en los cuadernos de Oscar Centeno, el chofer cuyas anotaciones originaron la totalidad de la investigación, y además fue mencionado múltiples veces en las declaraciones de los llamados arrepentidos que colaboraron con la justicia.
Sin embargo, con la retractación de Silva, la evidencia sobre las actividades de Muñoz en el departamento de Recoleta se debilita considerablemente. Si el testigo que supuestamente vio los movimientos de dinero en efectivo ahora niega haberlo visto, la reconstrucción de los circuitos de corrupción debe apoyarse en otros elementos: los cuadernos de Centeno, los testimonios de los colaboradores, las pruebas documentales y las investigaciones sobre el patrimonio. En este sentido, la línea de investigación sobre Carolina Pochetti, viuda de Muñoz, cobra mayor relevancia relativa. Pochetti fue procesada por ser coautora del delito de lavado de activos de origen ilícito, y en agosto de 2025 la Cámara Federal confirmó su procesamiento. Se le atribuye la conducción de un complejo entramado societario que sacó al menos setenta millones de dólares del país, invirtiendo en dieciséis propiedades de lujo en Miami, dos en Nueva York, y en la planificación de un resort turístico de gran escala en Turks y Caicos en el Caribe. El embargo sobre sus bienes fue ampliado a cincuenta mil millones de pesos, equivalentes a aproximadamente treinta y ocho millones de dólares al valor de cambio oficial de ese período.
Los próximos pasos y el panorama que se abre
Las audiencias del juicio continuarán la próxima semana, y el calendario prevé la comparecencia de nuevos testigos. Hilda Horovitz, expareja de Oscar Centeno —el chofer autor de los famosos cuadernos—, está programada para declarar el martes. Su testimonio podría resultar crucial, pues Centeno, aunque ya ha declarado en la causa, es la fuente original de toda la investigación, y las personas que lo rodeaban pueden aportar contexto sobre cómo confeccionaba sus apuntes, cuán confiables eran, y qué dinámicas conocía sobre los movimientos de efectivo que registraba.
La retractación de Silva genera un escenario complejo para la prosecución del caso. Por un lado, debilita un testimonio que había parecido sólido en la etapa preliminar. Por otro, plantea interrogantes sobre la metodología utilizada para obtener declaraciones en la instrucción, cuestión que inevitablemente será argumentada por las defensas. El cambio de versión también abre la pregunta de si otros testigos podrían retractarse en el futuro, o si sus declaraciones fueron obtenidas mediante presiones similares. La causa de los Cuadernos ha transitado un camino muy largo desde su origen en 2016, ha enfrentado cambios en la conducción del proceso y ha estado sometida a intenso escrutinio público. Cada nuevo giro, como el de hoy, aporta elementos que condicionarán las evaluaciones posteriores del tribunal sobre la culpabilidad de los acusados y sobre la confiabilidad de los mecanismos mediante los cuales se recopiló la prueba fundamental.



