El cierre de una causa judicial en los tribunales federales de Manhattan marca un punto de inflexión en la batalla legal desatada por inversores que perdieron dinero en $LIBRA, el criptoactivo que colapsó semanas después de su lanzamiento a principios de 2025. Una magistrada estadounidense desestimó la demanda colectiva y rechazó continuar procesando acusaciones de fraude, conspiración y enriquecimiento ilícito contra Hayden Mark Davis, su firma Kelsier Ventures, Benjamin Chow y Dynamic Labs. La decisión judicial, que alcanza 81 páginas, no determina si los hechos denunciados ocurrieron o no, sino que analiza si los reclamos cumplen con los estándares legales necesarios para avanzar en el litigio. Lo que sí queda asentado en el expediente es el rol que jugó el presidente argentino Javier Milei en la operación, mencionado nada menos que dieciocho veces en la resolución de la jueza Jennifer Rochon.

El fundamento legal y el factor temporal

El epicentro de la desestimación radica en un argumento procesal que también fue el pilar de la defensa de los acusados: el período en el cual supuestamente operó el esquema ilícito resultó demasiado breve para satisfacer los requisitos de la Ley RICO, la legislación federal estadounidense utilizada precisamente para perseguir organizaciones que desarrollan patrones continuos de actividades criminales. Los demandantes Omar Hurlock y Anuj Mehta habían descripto un mecanismo fraudulento que, según su propia presentación en la demanda, comenzó a funcionar alrededor de octubre de 2024 y se prolongó hasta marzo de 2025, cuando presentaron la acción legal. Eso representa aproximadamente seis meses. La jueza Rochon consideró que ese lapso no constituía un "período sustancial" conforme a lo que la jurisprudencia estadounidense exige para demostrar un patrón delictivo bajo esa normativa.

Los abogados de los inversores habían intentado una estrategia alternativa: sostener que existía una continuidad "abierta", es decir, que Davis, Chow y otros acusados habrían desarrollado un modelo repetible y transferible para lanzar sucesivos criptoactivos fraudulentos. La idea era argumentar que, de no haber sido expuestos públicamente, los supuestos fraudes hubieran continuado indefinidamente. Rochon rechazó también este planteo. La magistrada señaló que la demanda no aportaba elementos concretos y suficientes para demostrar una amenaza cierta de que las conductas prosiguieran. Las referencias genéricas a otros proyectos en preparación y a una supuesta "pipeline" de futuros lanzamientos no bastaban, a su juicio, para configurar ese requisito de continuidad que la ley federal exige. Este fundamento resultó decisivo: sin poder acreditar un patrón delictivo continuado, la acusación principal se desmorona bajo la ley RICO.

Jurisdicción territorial: el argumento que desactiva otros cargos

Más allá del análisis de RICO, la jueza Rochon enfrentó una segunda cuestión crítica: si los tribunales de Nueva York tenían jurisdicción personal sobre los demandados para resolver las acusaciones restantes, basadas en legislación estatal neoyorquina. Los abogados de los inversores habían tejido un argumento multifacético para demostrar que Kelsier Ventures y Davis habían dirigido deliberadamente sus actividades hacia Nueva York y los Estados Unidos. Enumeraron: la asociación con Chow, el uso de redes sociales estadounidenses, la participación en exchanges nacionales, el procesamiento de transacciones por validadores ubicados en suelo estadounidense, la infraestructura blockchain distribuida en el país, y materiales promocionales específicamente destinados a atraer inversores minoristas estadounidenses.

Sin embargo, la magistrada adoptó una interpretación restrictiva del concepto de "actividad comercial deliberadamente orientada" hacia Nueva York. Consideró que ninguno de esos elementos, ni siquiera en su conjunto, demostraba una intención específica de dirigirse al estado de Nueva York en particular. El uso de plataformas digitales estadounidenses, la infraestructura blockchain de alcance nacional y la presencia en exchanges o validadores distribuidos geográficamente no eran suficientes, en su análisis, para establecer ese nexo territorial requerido. Incluso la promoción dirigida a inversores estadounidenses, por sí sola, quedó descartada como base para fundar jurisdicción. Esta conclusión tuvo consecuencias prácticas inmediatas: los tribunales de Nueva York carecían de poder para resolver los cargos contra Davis y Kelsier basados en derecho estatal.

El papel de Milei en el lanzamiento y las afirmaciones de control

Uno de los pasajes más relevantes del fallo es el que refiere al rol del presidente argentino. La jueza Rochon documentó que Hayden Davis había enviado mensajes a terceros en los que afirmaba poseer "control" sobre el mandatario argentino y ofrecía reuniones con él a cambio de dinero. En comunicaciones aún más explícitas, Davis supuestamente había expresado que le enviaba dinero a Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia, asegurando que "él firma lo que sea que yo le diga y hace lo que yo quiera". La Corte incorporó estos pasajes en su análisis sin hacer una valoración sobre su veracidad en esta etapa procesal, pero dejándolos constancia en el expediente.

Respecto del lanzamiento específico de $LIBRA, el 14 de febrero de 2025, la magistrada destacó el rol que Milei jugó mediante su posteo en la red social X. El presidente escribió un mensaje que decía "Lo que cambiar al mundo significa", aparentemente aludiendo al criptoactivo. La jueza observó que, en respuesta a ese anuncio presidencial, el interés de los inversores, el volumen de operaciones y la cotización de $LIBRA experimentaron aumentos significativos. Los demandantes, según consta en el expediente, atribuyeron precisamente a este respaldo del mandatario argentino la capacidad de generar demanda para el criptoactivo. La magistrada no hizo un juicio de valor sobre estos hechos, pero sí los incluyó como contexto de la operación.

El análisis específico de Benjamin Chow y sus respuestas públicas

La situación de Benjamin "Ben" Chow, ex CEO de Meteora, fue analizada por Rochon con un criterio diferente al aplicado a Davis y Kelsier. La magistrada desestimó todas las acusaciones contra Chow bajo el fundamento de que los demandantes no habían presentado hechos suficientes para establecer que hubiera actuado con intención fraudulenta. En particular, cuando la Corte examinó la respuesta que Chow había publicado al posteo presidencial de Milei en X, en el cual escribió "Lo que cambiar al mundo significa", Rochon concluyó que los demandantes no habían explicado por qué esa expresión constituía una afirmación falsa o materialmente engañosa. Tampoco encontró elementos probatorios que sustentaran que Chow hubiera realizado, específicamente en relación con $LIBRA, las afirmaciones engañosas que le atribuían los demandantes en su demanda.

Implicancias y próximos pasos para los inversores afectados

Con la desestimación de la demanda colectiva en primera instancia, los inversores damnificados se encuentran ahora en una encrucijada. Pueden optar por recurrir la decisión ante la Cámara de Apelaciones Federal del Segundo Circuito, que cubre Nueva York y otros estados del noreste estadounidense. Un recurso de apelación implicaría argumentar que la jueza Rochon interpretó incorrectamente la ley aplicable, ya sea respecto de los requisitos RICO, la jurisdicción territorial o la suficiencia de las alegaciones. Sin embargo, las apelaciones en materia procesal y jurisdiccional tienden a ser difíciles de ganar, especialmente cuando la decisión de primera instancia se funda en análisis jurídicos claros y coherentes.

La resolución es particularmente importante porque establece un precedente en cuanto a cómo los tribunales estadounidenses evaluarán futuras demandas colectivas contra operadores de criptoactivos. La conclusión sobre el período de seis meses como insuficiente para configurar continuidad delictiva bajo RICO podría afectar otros litigios similares. Asimismo, el análisis restrictivo sobre jurisdicción territorial sugiere que los tribunales estadounidenses requerirán un nexo mucho más específico y dirigido hacia Nueva York antes de asumir competencia sobre demandados ubicados en el extranjero o con presencia principalmente digital.

La mención reiterada a Javier Milei en el fallo, documentando sus alegadas conexiones con Davis y su rol en el lanzamiento de $LIBRA, genera interrogantes sobre posibles investigaciones paralelas en Argentina o en otras jurisdicciones. Aunque la decisión neoyorquina cierra esta instancia particular del litigio, deja abierta la posibilidad de que otros procesos legales, en otras jurisdicciones o ante otras cortes, continúen explorando los hechos que los demandantes intentaron probar en Nueva York. La industria cripto, caracterizada por su complejidad transnacional y su regulación fragmentada, continúa siendo terreno fértil para litigios de esta naturaleza, donde la carga probatoria y los estándares jurisdiccionales adquieren importancia central en determinar quiénes pueden acceder a justicia y bajo qué circunstancias.