La investigación en torno a la adquisición de una residencia de gran envergadura ubicada en el partido bonaerense de Pilar ha transitado hacia un nuevo capítulo procesal. La jueza en lo Penal Económico Verónica Straccia ha cedido la conducción de la pesquisa al fiscal Claudio Navas Rial, movimiento que especialistas en materia judicial interpretan como un cambio estratégico significativo en la marcha del expediente. Esto cobra importancia porque el mismo funcionario acusador ha protagonizado roles determinantes en otras causas de envergadura que involucran a la cúpula dirigencial de la Asociación del Fútbol Argentino, consolidando así una continuidad en el tratamiento de presuntas irregularidades en esa institución. El predio en cuestión, tasado en aproximadamente veinte millones de dólares estadounidenses, representa uno de los puntos de concentración de investigaciones que buscan desentrañar operaciones patrimoniales cuya licitud permanece bajo escrutinio.
Un patrimonio sin explicación aparente
La delegación de funciones que acaba de formalizarse implica que Navas Rial asumirá de aquí en adelante la iniciativa de impulsar la investigación, tanto en la elaboración de medidas probatorias como en la dirección estratégica del expediente, siempre bajo supervisión del tribunal competente. Hasta el momento, uno de los aspectos más relevantes de la causa radica en que Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, identificados como madre e hijo y administradores de Real Central SRL, la sociedad registrada como propietaria formal de la mansión, aún no han sido convocados a prestar declaraciones indagatorias. Esta omisión procesal representa un vacío que la nueva fase podría subsanar, ya que sus testimonios resultan fundamentales para la reconstrucción de los hechos que la justicia intenta esclarecer.
Los datos que integran el expediente arrojan un cuadro que despierta sospechas sobre la compatibilidad patrimonial de los presuntos titulares. Según consta en las actuaciones, la empresa propietaria del inmueble experimentó transformaciones societarias de relevancia temporal: originalmente se denominaba Central Parks Drinks SRL, con un capital inicial de trescientos mil pesos. El dieciséis de mayo del año 2024 cambió su denominación por Real Central SRL y, de manera paralela, elevó su capital social a cincuenta y ocho millones de pesos. Apenas catorce días después de esta modificación estatutaria, la firma ejecutó la compra del predio pilarense. La celeridad de estos movimientos, unidos a la magnitud de la operación económica, constituyen elementos que la investigación analiza como indicadores potenciales de maniobras de entramado accionario destinadas a disimular verdaderos orígenes de fondos.
Lo que se halló dentro del perímetro
Los allanamientos realizados en la propiedad revelaron un complejo de características extraordinarias que justifican la valuación de veinte millones de dólares. La pericia incorporada al expediente documentó la existencia de una mansión edificada sobre aproximadamente cinco hectáreas de terreno, conjunto que incluye infraestructuras de lujo como pistas para la práctica de deportes ecuestres, caballerizas, instalaciones de parqueo para vehículos de alta gama y un helipuerto funcional. El hallazgo más cuantioso en términos de cantidad fue el de cincuenta y cuatro automóviles de marcas prestigiosas, cuyo inventario y tasación se encuentran dentro de los bienes secuestrados por el tribunal. Estos vehículos, junto con la edificación y las mejoras realizadas al predio, integran el cálculo pericial que sustancia la valuación global.
Un elemento que los investigadores consideran particularmente revelador es el descubrimiento de una tarjeta de crédito corporativa emitida por la Asociación del Fútbol Argentino a nombre de Luciano Pantano. La documentación que obra en la causa establece que este plástico se utilizaba para solventar gastos directamente vinculados con la mantención y operación de los vehículos localizados en la propiedad. Paralelamente, consta que Pantano ostentaba un cargo laboral dentro de la estructura organizacional de la AFA. Estos extremos confluyen para generar, según la perspectiva de los investigadores, un nexo causal que vincula los fondos de la institución futbolística con operaciones de carácter privado realizadas en beneficio de individuos cuyo vínculo patrimonial no aparece debidamente justificado. En tiempos recientes, Pantano efectuó un viaje a los Estados Unidos mientras la tramitación del expediente proseguía ante los tribunales. Dado que su situación procesal no incluye una medida cautelar de inhibición de salida del país, dicho desplazamiento se encontraba dentro del marco legal permitido.
Antecedentes que pesan en la designación
La selección de Navas Rial como nuevo impulsor de la causa no resulta fortuita ni carente de historia. El fiscal ha acumulado experiencia previa en investigaciones que tocan estructuralmente la conducción de la organización futbolística nacional. Anteriormente, este funcionario promovió acusaciones contra Claudio Tapia, presidente de la AFA, y contra Pablo Toviggino, funcionario tesorero de la misma institución, en un expediente que busca esclarecer presuntas retenciones indebidas de aportes y contribuciones destinados al sistema de seguridad social. Ese mismo proceso alcanzó un estadio avanzado: la Cámara en lo Penal Económico confirmó los procesamientos del máximo dirigente de la AFA, del tesorero y de la entidad como persona jurídica. Los desarrollos posteriores en esa causa incluyeron una denuncia presentada por la Administración Federal de Ingresos Públicos por presunta evasión tributaria agravada mediante la utilización de documentación falsificada, lo que motivó que Navas Rial impulsara nuevas medidas probatorias.
La hipótesis que vertebra la investigación sobre la mansión de Pilar sostiene que Pantano y Conte carecerían del perfil patrimonial compatible con una transacción de la magnitud observada, lo que suscita la presunción de que funcionaron como intermediarios o testaferros en beneficio de Toviggino, el funcionario con responsabilidades sobre la administración de fondos de la AFA. Esta línea de análisis busca demostrar que la operación de compra fue financiada mediante recursos de procedencia cuestionable, posiblemente originarios de la entidad futbolística, y que su estructuración a través de terceros respondería a un propósito de ocultamiento. Entre las medidas que la nueva fase del procedimiento podría ejecutar figuran precisamente las declaraciones indagatorias de los titulares registrales, acto procesal que hasta ahora no se ha concretado y que resulta imprescindible para confrontar a los imputados con las pruebas documentales y periciales acumuladas.
Consecuencias que se perfilan en el horizonte
La delegación de la investigación en Navas Rial abre un abanico de posibilidades cuyo desarrollo dependerá de cómo evolucione el trabajo de instrucción. Por un lado, existe la perspectiva de que la centralización de la causa en un fiscal con experiencia probada en materias de corrupción institucional pueda acelerar la concreción de medidas pendientes y fortalecer la consistencia del expediente hacia fases posteriores. Por otro lado, hay quienes advierten que cualquier estrategia de defensa aprovechará el cambio de conducción para plantear argumentaciones sobre la continuidad procesal y el rigor garantista. La convergencia de esta causa con la que investiga supuestas retenciones indebidas en la AFA sugiere que ambos procesos podrían alimentarse mutuamente con información probatoria complementaria, aunque también cabe considerar riesgos de contaminación de pruebas o cuestionamientos sobre independencia si se identifica demasiado la actuación del fiscal con un resultado predeterminado. El devenir del caso dependerá sustancialmente de cómo se desplieguen los interrogatorios a los titulares formales de la empresa propietaria del inmueble y qué revelaciones emerjan del seguimiento de los circuitos de movimiento de fondos que la pericia y la documentación financiera hayan identificado como relevantes.
