Una anciana jamaicana de 73 años que necesitaba una cirugía ocular gratuita y hoy no sabe cómo va a pagarla. Comunidades indígenas en Guatemala que perdieron el único médico que las visitaba. Zonas rurales en Honduras o Guyana donde volvió a instalarse el silencio sanitario que reinaba antes de que llegaran los cubanos. Este es el mapa humano que dejó una decisión política tomada en Washington: la campaña activa del gobierno de Donald Trump para que los países de la región rompan sus acuerdos médicos con Cuba. Lo que se presenta como una cruzada por los derechos humanos tiene, en la práctica, una consecuencia concreta y devastadora: los que quedan sin médico no son los funcionarios que firmaron los acuerdos ni los diplomáticos que los defendieron, sino los habitantes más vulnerables del continente.
Una red sanitaria construida en décadas, desmantelada en meses
El programa de cooperación médica cubana no es una iniciativa reciente ni improvisada. Sus raíces se remontan a 1960, cuando una brigada de profesionales de la salud fue enviada a Chile para asistir a las víctimas de un devastador terremoto. Desde entonces, el modelo fue escalando hasta convertirse en uno de los programas de cooperación internacional en salud más extensos de la historia moderna: más de 600.000 médicos, enfermeros y técnicos sanitarios desplegados en más de 160 países. Hoy, las estimaciones indican que unos 20.000 profesionales cubanos siguen activos en aproximadamente 50 naciones, con especialidades que van desde obstetricia y pediatría hasta oncología y cirugía. Es un sistema que tardó más de seis décadas en construirse y que, en apenas unos meses, está siendo desarmado por presión diplomática y sanciones concretas desde el norte.
Desde que Trump inició su segundo mandato, los gobiernos de Jamaica, Guatemala, Guyana, Honduras, San Vicente y las Granadinas, Bahamas, Antigua y Barbuda, y Paraguay formalizaron el fin de sus convenios con La Habana, algunos de forma inmediata y otros de manera gradual. La herramienta de presión fue directa: la administración estadounidense amenazó con cancelar visas no solo a funcionarios vinculados al programa sino también a sus familiares. En ese contexto, la resistencia fue casi nula. La excepción notable es México, cuya presidenta Claudia Sheinbaum se negó a desmantelar el acuerdo, argumentando que los cerca de 3.000 médicos cubanos que trabajan en zonas de difícil acceso resultan imprescindibles donde el sistema de salud local no llega.
Quiénes pagan los platos rotos
La lógica del programa cubano siempre fue la misma: llevar profesionales de la salud adonde el mercado no llega. Médicos destinados a aldeas remotas, a barrios periféricos, a comunidades que históricamente quedaron fuera del alcance de los sistemas sanitarios formales. Por eso, cuando esos profesionales se van de golpe, el impacto no lo absorben las clínicas privadas de las capitales sino las poblaciones que ya estaban en desventaja. Damion Gordon, docente de la Universidad de las Indias Occidentales en Jamaica, lo describió con precisión quirúrgica: no hubo tiempo para preparar una respuesta alternativa. La salida fue abrupta, dejó un vacío y ese vacío se transformó en una crisis sanitaria para comunidades que no tienen adónde más recurrir.
En Guatemala, donde el gobierno anunció la salida gradual de unos 400 médicos cubanos para antes de fin de año, las organizaciones no gubernamentales ya están haciendo cuentas de qué van a hacer cuando se vayan. La situación afecta de manera desproporcionada a las comunidades indígenas, que dependen casi exclusivamente de estos profesionales para acceder a atención básica. Darren Cuthbert, médico de urgencias y director ejecutivo de la ONG Emergency Project, fue categórico: retirar este programa equivale a despojar de atención médica a las poblaciones más excluidas de la región. Y lo dijo en un contexto adicional que no es menor: muchos de estos países todavía están digiriendo el golpe que significó la decisión de Trump de desmantelar la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que también financiaba programas de salud y desarrollo en la zona. Es decir, dos pilares del sistema sanitario regional siendo arrancados casi en simultáneo.
En Jamaica, la situación tiene nombres y caras concretas. Novlyn Ebanks, de 73 años, tenía programada una cirugía oftalmológica gratuita en el hospital St. Joseph de Kingston. El centro de oftalmología de ese establecimiento funcionaba en gran medida gracias a médicos cubanos, la mayoría de los cuales ya abandonó el país tras la cancelación del acuerdo en marzo. Ahora, Ebanks deberá costear la operación de su bolsillo, con presupuestos que pueden alcanzar los 350.000 dólares jamaicanos, equivalentes a unas £1.600 libras esterlinas. Para una persona mayor de ingresos limitados, eso no es un inconveniente: es una barrera infranqueable. El ministro de Salud jamaicano, Christopher Tufton, reconoció que la partida dejó "brechas" en áreas críticas como la oftalmología y la oncología, y que están intentando cubrirlas duplicando turnos de médicos locales, aunque también admitió que no hay equivalentes nacionales para todas las especialidades.
El negocio, la ideología y la realidad de los propios médicos
La posición oficial de Washington es que el programa cubano constituye "trabajo forzado" y llega a compararlo con la esclavitud del siglo XXI. El argumento se sostiene en que el gobierno cubano retiene aproximadamente el 80% de los salarios que cobran los países contratantes por los servicios de sus médicos. Organismos internacionales como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han recopilado testimonios de ex participantes que describen condiciones de coerción. Pero la imagen no es unívoca. El profesor John Kirk, catedrático emérito de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Dalhousie de Canadá, entrevistó a 270 médicos, enfermeros y técnicos cubanos y afirma que ninguno le manifestó haber sido obligado a participar. La doctora cubana Yanili Magdariaga Menéndez, de 41 años, que pasó cinco años en Venezuela durante los primeros años de la misión en ese país, explicó su decisión en términos económicos racionales: en Cuba ganaba alrededor de 40 dólares mensuales; en el exterior, incluso después de las retenciones del Estado, llegaba a cobrar cerca de 1.000 dólares. Reconoció que la proporción retenida no le parecía del todo justa, pero también entendía que Cuba financia con eso su sistema de salud y educación gratuitos.
El peso económico del programa es enorme para la isla. Kirk estima que genera alrededor de 5.000 millones de dólares anuales, lo que lo convierte en una de las principales fuentes de divisas del gobierno cubano, especialmente relevante frente al embargo estadounidense que lleva décadas ahogando a la economía de la isla. El caso más emblemático fue la misión en Venezuela, que comenzó en 2004 bajo el esquema conocido como "petróleo por médicos" y llegó a involucrar a casi 30.000 profesionales en su pico máximo. Hoy, con Estados Unidos marcando la cancha tras la captura de Nicolás Maduro, hay reportes de médicos cubanos que abandonan el país, aunque la misión no terminó oficialmente y se calcula que más de 10.000 profesionales siguen operando allí. Kirk es directo al analizar la estrategia de Trump: el objetivo no es proteger a los médicos cubanos sino asfixiar económicamente al régimen de La Habana para forzar un cambio de gobierno, una política que Washington lleva décadas intentando sin éxito por distintos caminos.
Lo que Washington no ofrece a cambio
Uno de los aspectos más reveladores de esta situación es la asimetría entre lo que se quita y lo que se propone en su reemplazo. Aunque trascendió que Estados Unidos ofrece a los países que cancelen sus acuerdos con Cuba algún tipo de apoyo para "modernización de infraestructura", los especialistas consultados señalan que Washington no está reemplazando a los médicos ni tampoco proponiendo programas concretos para formar o reclutar profesionales de salud locales que cubran los vacíos. Helen Yaffe, docente de la Universidad de Glasgow y especialista en Cuba, fue contundente: los argumentos sobre derechos humanos pierden toda credibilidad cuando el mismo gobierno que los esgrime mantiene un bloqueo de combustible que deja sin luz a bebés prematuros en incubadoras en hospitales cubanos. La denuncia expone la contradicción de fondo: los derechos humanos se invocan selectivamente, según conveniencia geopolítica.
Lo que está en juego, en definitiva, va mucho más allá de Cuba. Es una disputa sobre cómo se organiza la atención médica en los países más pobres del hemisferio, quién la financia, quién la ejecuta y bajo qué condiciones. Durante décadas, Cuba llenó un vacío que ni los sistemas públicos locales ni la cooperación internacional de los países ricos pudieron o quisieron cubrir. Ese modelo tiene sus complejidades y sus costos humanos, como cualquier sistema, pero su desmantelamiento acelerado no viene acompañado de ninguna alternativa real. El resultado es predecible y ya está ocurriendo: los que quedan sin médico son los que siempre quedaron sin médico cuando nadie se preocupó por ellos. La geopolítica se juega en las cancillerías, pero sus consecuencias aterrizan en las comunidades que menos herramientas tienen para absorberlas. Eso es lo que debería preocuparle a cualquier lector que entienda que la salud no es un privilegio sino un derecho.
