La localidad rionegrina de Allen atraviesa una crisis institucional sin precedentes. Marcelo Román, intendente con filiación libertaria, anunció este miércoles que abandonará temporalmente su despacho luego de que el Concejo Deliberante lo suspendiera de sus funciones mediante una ordenanza sancionada el 8 de julio. La decisión llega en medio de una investigación penal que lo acusa de presunto peculado y administración fraudulenta, hechos que han generado un intenso debate sobre los límites del poder legislativo municipal y la independencia de los poderes locales.
A través de un video difundido en redes sociales, Román expresó su posición con tono desafiante pero resignado. Explicó que respetará los plazos administrativos establecidos en la carta orgánica municipal y formalizará la entrega del mando el próximo viernes, pero aclaró con énfasis que su alejamiento no constituye una renuncia. Esta distinción semántica resulta crucial en su estrategia de resistencia: mientras se retira del día a día de la gestión, mantiene abierta la puerta para un eventual regreso si la Justicia falla a su favor. "No voy a renunciar, pero vamos a hacer entrega del traspaso como corresponde", afirmó, subrayando que considera la medida "absolutamente inconstitucional e ilegal".
El procedimiento legal y sus antecedentes
La suspensión preventiva de Román se ampara en el artículo 109 de la Carta Orgánica Municipal de Allen, una disposición que faculta al cuerpo legislativo local a apartar temporalmente de sus funciones a cualquier funcionario que enfrente un proceso penal. Se trata de un mecanismo de corte cautelar, diseñado para evitar que un servidor público investigado por delitos continúe ejerciendo autoridad sobre los mismos recursos o dependencias que presuntamente utilizó de manera irregular. La norma establece además un sistema binario: si la Justicia absuelve al funcionario, recupera automáticamente su cargo; si lo condena en firme, la destitución se hace efectiva.
En esta ocasión, la votación en el Concejo Deliberante reflejó una fractura política clara. Seis concejales votaron a favor de la suspensión y tres en contra, una distribución que expresa el respaldo de la mayoría legislativa a esta medida pero también indica la existencia de una minoría que cuestionó la decisión. Los opositores a la suspensión, que no han sido identificados nominalmente en los registros públicos disponibles, posiblemente representan a sectores cercanos al intendente o que consideran prematura la aplicación de este mecanismo. Según los relatos del debate, varios concejales que respaldaron la medida hicieron referencia específica a los allanamientos realizados en dependencias municipales como evidencia de la gravedad de las investigaciones en curso.
Las acusaciones que generan esta crisis
La investigación que afecta a Román se centra en presuntas irregularidades en la administración de recursos municipales. Aunque los detalles específicos de qué fondos fueron desviados o cómo se produjo la malversación no han sido divulgados públicamente con exhaustividad, los allanamientos en las oficinas administrativas de la Municipalidad de Allen constituyen un indicio de que la Justicia rionegrina considera suficientes los elementos para avanzar en la indagación. El delito de peculado, en su definición legal, refiere al uso indebido de fondos públicos por parte de funcionarios que tienen a su cargo su administración. La administración fraudulenta, por su parte, implica la gestión dolosa o negligente grave de recursos estatales.
Román ha decidido canalizar su defensa a través de múltiples vías simultáneamente. Por un lado, presentó un planteo ante el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, instancia que ya ha calificado la situación como un "conflicto de poderes" entre la rama ejecutiva y la rama legislativa municipal. Esta caracterización es significativa porque sugiere que existe una discusión válida acerca de si el Concejo Deliberante actuó dentro de sus atribuciones legales o si excedió sus competencias. Por otro lado, Román utiliza la narrativa pública para cuestionar la motivación política de la medida, apuntando directamente contra Juntos Somos Río Negro, el bloque que representa el oficialismo provincial en el ámbito local. Acusa a estos concejales de "opacar la institucionalidad" y de colocar "palos en la rueda" a su gestión, una caracterización que busca reposicionar el conflicto como un enfrentamiento partidario más que como una respuesta a investigaciones penales legítimas.
El intendente también enfatizó en su mensaje que su mandato fue otorgado por los ciudadanos de Allen en las urnas y que permanecerá hasta el 10 de diciembre de 2027, fecha en que vencería su período. Esta apelación al voto popular constituye un recurso retórico frecuente en estos contextos de conflicto institucional: la idea de que ninguna autoridad legislativa puede despojar legitimidad democrática directa salvo en circunstancias excepcionales. Sin embargo, el ordenamiento jurídico municipal contempla justamente la suspensión preventiva como una herramienta para gestionar precisamente estos escenarios donde existe una colisión entre la continuidad del mandato eleccionario y la necesidad de proteger bienes jurídicos durante una investigación penal.
Las consecuencias políticas e institucionales
Con la efectivización de esta medida, Fabián Figueroa, presidente del Concejo Deliberante, asumirá el gobierno municipal de manera interina. Este cambio de comando implica necesariamente una alteración en los criterios de gestión, prioridades presupuestarias y orientación de las políticas locales, al menos hasta que la Justicia resuelva la situación de Román. La transición de poderes en pequeños municipios como Allen suele generar efectos inmediatos en las comunidades, especialmente en lo referido a contrataciones, licitaciones y distribución de recursos presupuestarios. Diversos actores locales —desde comerciantes hasta empleados municipales y usuarios de servicios públicos— verán modificados los canales de decisión a los que están habituados.
La presencia de vecinos en la sesión del Concejo Deliberante donde se votó la suspensión sugiere un alto nivel de polarización y participación comunitaria en el conflicto. No se trata de una decisión tomada en la obscuridad administrativa, sino de un debate público donde diferentes sectores de la población expresaron sus posiciones. Esta participación ciudadana es, en teoría, un síntoma de salud democrática, aunque también puede indicar una sociedad fracturada en torno a visiones irreconciliables sobre cómo debe gobernarse la localidad. Los próximos meses serán decisivos para determinar si este conflicto se resuelve mediante canales institucionales o si, por el contrario, se profundiza la polarización. El resultado de las investigaciones judiciales y la resolución del Superior Tribunal de Justicia sobre el conflicto de poderes determinarán en buena medida cómo se cierre este capítulo de la historia política de Allen.
