El descubrimiento que encendió las alarmas

Cuando se encendieron las luces de emergencia en la exAgencia Nacional de Discapacidad (Andis), los números internos revelaron un abismo. Auditores designados por las autoridades encontraron un desfasaje de $158.717.131.557,63 en deudas que nadie había registrado correctamente en los sistemas de control. Esto no es un dato menor: representa la diferencia entre lo que dos direcciones distintas del organismo reportaban sobre el dinero comprometido pero no contabilizado. El descubrimiento llegó poco después de que el Gobierno removiera al director Diego Spagnuolo y otros funcionarios el 21 de agosto de 2025, cuando explotaron las sospechas de irregularidades en la gestión. Lo que comenzó como un ajuste administrativo de rutina se transformó rápidamente en un laberinto de cifras que no cerraban y preguntas que todavía buscan respuestas.

El monto de $158 mil millones no surgió de un error contable simple. La auditoría solicitó información sobre pagos y obligaciones a dos direcciones críticas dentro de la estructura de Andis: la Dirección de Presupuesto y Contabilidad (DPYC) y la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (DNASS). Cuando los auditores compararon las cifras que ambas áreas entregaron, encontraron que no coincidían. Una reportaba montos significativamente mayores que la otra. Esa brecha de casi $160 mil millones corresponde a deudas que, por alguna razón, no pasaron por los canales formales de validación. En el léxico administrativo, esto significa que el dinero se comprometió, se gastó, se entregó, pero no quedó adecuadamente documentado en los registros que deberían haberlo reflejado.

Cuando las cuentas no convergen: la DNASS y sus números problemáticos

La mayor parte de ese desfasaje proviene de la DNASS, la dirección encargada de gestionar el acceso a servicios de salud y, especialmente, de comprar medicamentos e insumos de alto costo. Este dato resulta particularmente significativo porque es precisamente ese área la que concentra las sospechas más graves en la investigación judicial que lleva adelante el fiscal Franco Picardi. La causa apunta a un posible fraude estructurado que habría incluido sobreprecios sistemáticos en las adquisiciones y la presencia de intermediarios que habrían percibido comisiones de hasta el 20% en los negocios.

La DNASS reconoció ante los auditores que sus números podrían contener imprecisiones. Según sus propias explicaciones, tanto los importes reportados como la clasificación de esos valores "pueden haber sufrido variaciones por errores involuntarios de carga de los prestadores". Esta explicación abre un abanico de posibilidades: desde fallos genuinamente accidentales en la carga de datos, hasta una barrera deliberada donde la información se mantiene difusa para dificultar su supervisión. Fuentes con conocimiento del funcionamiento de la agencia sugieren que no es inhabitual encontrar discrepancias entre lo que la DNASS compromete a pagar y lo que luego la DPYC puede reconocer contablemente. El esquema, según estas fuentes, funciona así: "la DNASS asume y se compromete a pagar, pero después no tiene ese presupuesto y todavía esa deuda, para que sea reconocida por la DPYC tiene que pasar por todo un sistema administrativo que a veces no se completa".

Este mecanismo de desincronización entre áreas es especialmente problemático cuando se trata de medicamentos de altísimo costo incluidos en el programa PACBI (Programa de Asistencia al Ciudadano con Problemas de Salud). En estos casos, la complejidad del proceso de compra, las características del medicamento y la urgencia de la situación clínica del paciente pueden generar atajos administrativos. Un prestador puede recibir la orden de proceder, entregar el medicamento, y luego presentar toda la documentación de respaldo. Entre el momento de la entrega y el cierre administrativo del trámite pueden mediar semanas o incluso meses, durante los cuales esa obligación existe pero no está registrada formalmente en los sistemas de control.

Compras que desafían toda lógica de mercado

La investigación fiscal identificó patrones de compra que ilustran cómo el dinero se multiplicaba de formas que desafían cualquier explicación económica racional. Tomemos un caso concreto: el medicamento Macitentan. En una compulsa abierta (donde potencialmente cualquier proveedor podía ofertar), el precio fue de $411.764. Sin embargo, en una compulsa reducida realizada en el mismo mes de noviembre de 2024 (con menos oferentes participando), el precio saltó a casi $8,3 millones. La diferencia es tan desproporcionada que no puede explicarse por variaciones de mercado o cambios en la disponibilidad del producto. Entre ambas fechas no ocurrió ninguna circunstancia que justificara un aumento de casi veinte veces.

Este patrón se repitió en múltiples operaciones. Cuando se abrían procesos competitivos con más oferentes, los precios se mantenían dentro de rangos razonables. Cuando se reducía el número de participantes en las compulsas, los valores se disparaban. La lógica es al revés de lo que debería ser en un mercado funcional: debería haber más competencia, no menos. Los auditores también descubrieron otro incumplimiento sistemático en los procedimientos de pago. La exAndis seguía utilizando la figura de "Legítimo Abono" para efectuar gastos, lo que significa pagar servicios o bienes ya entregados sin haber seguido los procedimientos formales de compra establecidos. Un dictamen de la Oficina Nacional de Contrataciones es claro sobre por qué esto representa un problema: al no propiciar la concurrencia de oferentes en igualdad de condiciones, "la Administración se verá imposibilitada de verificar si la opción que elija es la más conveniente, en términos de precio, calidad, idoneidad del proveedor".

Según la auditoría, de todos los servicios cancelados mediante esta figura, solo seis procedimientos de compras se habían iniciado formalmente. El resto simplemente se pagó después de que la prestación ya estaba realizada, sin que existiera un proceso previo que permitiera comparar opciones o negociar mejores condiciones. Entre 2024 y agosto de 2025, el volumen de dinero que circuló por compra de medicamentos e insumos alcanzó $479.504 millones. El proveedor que más fondos recibió fue Suizo Argentina, acumulando $108.258 millones, principalmente por la venta de medicamentos PACBI. La empresa emitió un comunicado afirmando que realiza sus actividades "de forma lícita y de acuerdo a altos estándares" y que no tiene vinculación con los hechos investigados.

El rol de los ejecutores y las defensas que cuestionan todo

Aquellos señalados en la investigación cuentan historias distintas. Spagnuolo y su defensa sostienen que él "no seleccionaba proveedores, no invitaba oferentes, no abría compulsas, no cargaba datos, no evaluaba precios, no adjudicaba órdenes de compra ni tenía acceso operativo a SiiPFIS" (el sistema de compras estatal). En otras palabras, niegan que tuviera poder operativo en las decisiones que habrían generado los sobreprecios. Daniel Garbellini, quien era director de la DNASS, presentó ante la Justicia declaraciones escritas negando que hubiera "desvío de fondos" o participación en un "esquema de sobreprecios".

Las defensas avanzan además en un frente más ambicioso: cuestionan la validez de las pruebas que originaron toda la investigación. La causa se disparó a partir de audios atribuidos a Spagnuolo en los que se hablaba de irregularidades en la agencia y se mencionaba a Karina Milei. Actualmente están en curso pericias sobre esas grabaciones, y algunas defensas solicitan la nulidad de toda la causa argumentando que los audios podrían no ser auténticos o haber sido alterados. Este cuestionamiento fundamental sobre las pruebas genera un escenario procesal complejo donde los hechos mismos están bajo disputa metodológica.

El Ministerio de Salud ha informado que "puso a disposición de la Justicia toda la información requerida y continuará colaborando con la investigación". Esto sugiere que, al menos desde la esfera administrativa, existe disposición a transparentar. Sin embargo, la investigación fiscal se ha orientado principalmente hacia otras droguerías y proveedores de insumos ortopédicos, así como hacia individuos descritos como "agentes paraestatales" que supuestamente estaban al tanto de las contrataciones y canalizaban comisiones ilícitas.

Un sistema que facilita lo opaco

Lo revelado por la auditoría trasciende a los individuos investigados. Expone una arquitectura administrativa donde los controles no convergen, donde las áreas no se comunican adecuadamente, donde los procedimientos formales pueden ser saltados mediante figuras legales como el Legítimo Abono, y donde la información puede permanecer fragmentada entre distintos registros sin que nadie tenga una visión integral. Esto no necesariamente implica que exista un complot en todos los casos. La realidad administrativa estatal es frecuentemente más prosaica: sistemas obsoletos, falta de integración de plataformas, personal insuficiente, procesos que crecieron sin planificación integral.

Sin embargo, una arquitectura así es también funcional para quien quiera aprovecharse. Si las áreas no hablan entre sí, si los registros no coinciden, si los procedimientos permiten pagar primero y validar después, entonces hay espacios donde irregularidades pueden ocurrir sin ser detectadas inmediatamente. El desfasaje de $158 mil millones no es apenas un número contable: es la evidencia visible de que algo no funciona como debería.

Hacia dónde apunta la investigación

La investigación del fiscal Picardi se enfoca en patrones específicos: sobreprecios sistemáticos, ausencia de procedimientos administrativos adecuados, intermediarios que canalizaban comisiones, prácticas que comprometían "la transparencia, eficiencia y legalidad de la gestión pública". Los datos que la auditoría relevó —compulsas reducidas con precios inflados, pagos sin procesos previos, deudas no registradas— son consistentes con estos patrones. Pero también es cierto que muchas de esas prácticas pueden tener explicaciones administrativas genuinas, particularmente en un área que gestiona medicamentos de emergencia donde el tiempo puede ser crítico.

Lo que ocurra en la Justicia en los próximos meses determinará si lo que se encuentra es un fraude coordinado o un conjunto de disfuncionalidades administrativas que fueron inadecuadamente gestionadas. Las pericias sobre los audios, los testimonios de imputados y testigos, el análisis de los movimientos financieros, el rastreo de dinero hacia intermediarios: todo eso debe converger para construir una verdad procesal. Mientras tanto, la exAndis y sus números seguirán siendo símbolo de un sistema donde no es fácil saber dónde termina la incompetencia y dónde comienza la intención delictiva.