La búsqueda de recursos genuinos para financiar la máquina estatal cordobesa encontró un nuevo cauce en los últimos días. Tras una serie de encuentros directos entre las máximas autoridades provinciales y los funcionarios de mayor peso en la Casa Rosada, la provincia de Córdoba logró acceder a un paquete financiero de considerable magnitud que incluye recursos frescos, cancelación de deudas pendientes y la reanudación de transferencias que permanecían paralizadas. Este giro en las negociaciones —que marca un quiebre respecto de la postura inicial del Gobierno libertario— refleja una estrategia de apertura hacia los gobernadores que comienza a tomar forma concreta en términos de desembolsos reales.

El descongelamiento de fondos para Córdoba materializa lo que hasta hace poco parecía lejano: una mesa de diálogo fluida entre Llaryora y los principales tomadores de decisiones en materia fiscal a nivel nacional. El gobernador obtuvo la habilitación para un anticipo financiero de hasta 400 mil millones de pesos, cifra que será distribuida entre los municipios cordobeses utilizando los mismos criterios de coparticipación que regulan el sistema a escala provincial. Paralelamente, la administración nacional se comprometió a abonar 35 mil millones de pesos en concepto de deuda acumulada por Consenso Fiscal, de los cuales ya ingresaron 15 mil millones a las arcas provinciales. Estos movimientos financieros representan el resultado directo de conversaciones que se extendieron por más de una hora entre Llaryora y el jefe de Gabinete Diego Santilli en la Casa de Córdoba ubicada en la capital federal.

El regreso de transferencias que habían desaparecido del radar

Uno de los aspectos más significativos de este acuerdo tácito —aunque no formalizado públicamente en términos de un contrato o tratado oficial— es la reactivación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), una línea de financiamiento que había quedado congelada durante dos meses consecutivos. En lo que constituye un hito dentro de la administración Milei, Córdoba fue incluida en una nueva ronda de desembolsos que contempla cinco provincias beneficiarias. Cada una de ellas recibirá 5 mil millones de pesos en concepto de ATN durante el mes de julio. Más allá de Córdoba, las jurisdicciones que accederán a estos fondos son Catamarca, Entre Ríos, Jujuy y Santa Fe. La selección de estas cinco provincias no resulta aleatoria: responde a un cálculo político donde el Gobierno nacional busca construir puentes con mandatarios cuyos apoyos podrían resultar estratégicos en el futuro electoral próximo.

El contexto que rodea estos desembolsos revela las tensiones y presiones bajo las cuales operan tanto las provincias como el nivel nacional. Durante el primer semestre del año en curso, las transferencias totales dirigidas a las provincias experimentaron una caída del 5,3% en comparación con igual período del año anterior. Desagregando esta cifra, las transferencias automáticas retrocedieron 2,8%, mientras que las transferencias discrecionales —aquellas que dependen de decisiones políticas caso a caso— sufrieron un colapso de 61,8%. En términos absolutos, esto representa aproximadamente 2 mil millones de pesos menos para las provincias. Este escenario de estrechez fiscal obligó a los intendentes y gobernadores a enfrentar urgencias concretas: en la ciudad de Córdoba, la municipalidad debió diferir el pago de aguinaldos varios días porque no disponía de los 70 mil millones de pesos necesarios, situación que generó conflictividad sindical y medidas de fuerza entre los empleados municipales.

Negociaciones en paralelo y cálculos electorales de largo plazo

La apertura del Gobierno hacia negociaciones puntuales con gobernadores responde a un cambio de estrategia política más amplio. Si durante los primeros meses de 2025 la Casa Rosada mantuviera una posición de austeridad irrestricta, ahora comienza a buscar construir acuerdos con mandatarios provinciales que podrían resultar relevantes en el escenario electoral que se proyecta para 2027. Estas conversaciones no se limitan únicamente a transferencias monetarias, sino que incluyen discusiones sobre la agenda legislativa que el Gobierno pretende impulsar en el Congreso. La reforma electoral emerge como uno de los temas centrales en estas mesas de negociación. Los encuentros que mantuvo el entonces ministro del Interior —hoy jefe de Gabinete— Diego Santilli con sus pares cordobeses Guillermo Acosta (cartera de Finanzas) y Manuel Calvo (cartera de Gobierno) durante poco más de dos horas en la capital federal ejemplifican esta dinámica de negociación multiactoral. No se trató de encuentros aislados: Santilli también se reunió recientemente con el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, encuentro que marcó el primer contacto directo entre ambos funcionarios y donde se discutieron asuntos relativos a la deuda que la Nación mantiene con Santa Fe por las jubilaciones no transferidas.

El mecanismo de los anticipos financieros que ahora autoriza el Gobierno nacional constituye una herramienta política novedosa dentro del esquema libertario. Estos fondos operan como préstamos que las provincias deberán cancelar durante el presente ejercicio fiscal a una tasa de interés fija nominal anual del 15%. Fue el ministro de Economía, Luis Caputo, quien habilitó esta modalidad en el contexto de las negociaciones políticas por los temas que el ejecutivo pretende impulsar legislativamente. Inicialmente, a mediados de abril, una docena de provincias accedió a estos anticipos. Posteriormente, hace aproximadamente un mes, se autorizaron desembolsos adicionales para Entre Ríos —en su segundo tramo del año—, Santa Fe y Jujuy. Córdoba se suma ahora a esta lista como una jurisdicción que logró posicionarse favorablemente en las negociaciones con el Gobierno central. El dato no es menor: hasta el presente, la provincia gobernada por Llaryora no había recibido ni adelantos de coparticipación, ni anticipos financieros de los que comenzara a distribuir la Casa Rosada desde mediados de abril.

El escenario que se despliega ahora invita a múltiples lecturas sobre las dinámicas políticas que atraviesan el vínculo entre Nación y provincias. Por un lado, existe quienes ven en estos desembolsos una reivindicación legítima de recursos que las provincias reclaman desde hace meses y que les corresponden por ley o por compromisos previos. Desde esta perspectiva, el pago de la deuda por Consenso Fiscal y la reactivación de los ATN representan el cumplimiento de obligaciones postergadas, independientemente de las consideraciones electorales que puedan subyacer. Por otro lado, otros observadores enfatizan que estos movimientos financieros responden fundamentalmente a cálculos políticos: el Gobierno nacional busca construir coaliciones que sustenten su agenda legislativa y que posibiliten una eventual reelección de Milei en 2027, utilizando la asignación de recursos como moneda de cambio. Una tercera lectura advierte sobre la sostenibilidad de este esquema: la disponibilidad de fondos para anticipos depende de la evolución de la recaudación nacional, que ha mostrado volatilidad, con leves recuperaciones seguidas de caídas pronunciadas. En este contexto, la capacidad del Gobierno de mantener este patrón de negociaciones y desembolsos selectivos permanece sujeta a incertidumbres macroeconómicas. Lo cierto es que el mapa de provincias beneficiadas, la magnitud de los recursos, los plazos de devolución de los anticipos y las condicionalidades implícitas en estos acuerdos conforman un tablero donde convergen necesidades fiscales genuinas, estrategias políticas de corto plazo y cálculos electorales de mediano plazo.