La maquinaria judicial que examina la trayectoria patrimonial de Manuel Adorni se aproxima a un punto de inflexión crítico. Este viernes, un organismo técnico especializado en cuestiones económicas depositará en manos del fiscal Gerardo Pollicita un informe exhaustivo que podría reconfigurar el rumbo de una investigación que lleva varios meses en desarrollo. El documento, elaborado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), constituirá el punto de partida para que el Ministerio Público determine si cuenta con elementos suficientes para formular un requerimiento de justificación patrimonial al exfuncionario. Se trata de un mecanismo procesal específico para casos de presunto enriquecimiento ilícito que afecta únicamente a funcionarios públicos y que representa, de concretarse, la primera oportunidad en la que Adorni deberá brindar explicaciones judiciales sobre el origen de los fondos que financiaron su estilo de vida durante los últimos años.

Un entramado de gastos sin sustentación aparente

Los números que la DAFI ha estado analizando durante meses revelan un panorama complejo. El exjefe de Gabinete y su esposa, Bettina Angeletti, desplegaron un nivel de consumo que, según los registros reunidos en la causa, alcanzó cifras significativas. El movimiento de divisas en efectivo, los viajes internacionales, la adquisición de dos inmuebles y la remodelación de una de estas propiedades por US$245.000 constituyen apenas una parte del cuadro que investigan los organismos judiciales. En total, los registros documentan gastos superiores a US$408.000 y obligaciones crediticias de US$335.000 durante el período bajo análisis. A esto se suma un dato que circuló en espacios judiciales: durante 2025, la pareja registró consumos con tarjetas de crédito que superaron los $85 millones. Se trata de movimientos que cobran relevancia cuando se contrasta con los ingresos formales que aparecen documentados en la función pública.

El caso de Adorni forma parte de un fenómeno más amplio de escrutinio hacia patrimonio de funcionarios públicos, una práctica que se intensificó en Argentina desde hace varios lustros pero que adquiere particular relevancia cuando se trata de altos funcionarios de gobiernos recientes. La investigación por enriquecimiento ilícito constituye una herramienta procesal que requiere demostrar una desproporción entre los bienes acumulados y los ingresos legítimos comprobables. En casos precedentes de funcionarios, esta clase de investigaciones ha generado desarrollos judiciales prolongados, algunos resultando en sobreseimientos y otros en procesamiento. Lo que distingue al caso de Adorni es la amplitud de elementos de prueba que ya se han reunido: testimonios, documentos y registros bancarios que conforman un acervo probatorio denso desde las primeras fases de la investigación.

Las operaciones en criptomonedas que alertaron a los investigadores

Un aspecto que ha merecido especial atención de los fiscales involucrados es la actividad que el exfuncionario realizó en plataformas de comercio de activos digitales. La fiscalía a cargo de Pollicita recibió respuestas formales de dos grandes operadores en este rubro: Binance y Lemon Cash. De acuerdo a los datos obtenidos, Adorni movió aproximadamente US$100.000 en criptomonedas durante el período que forma parte de la investigación. Este movimiento de fondos en plataformas virtuales cobra importancia en contextos de investigación por enriquecimiento ilícito, dado que permite rastrear flujos de dinero que, de otro modo, podrían resultar más esquivos para los organismos de control. El análisis de esta actividad en monedas virtuales se incorporará al informe que la DAFI completará este viernes, sumándose a la evaluación global sobre la evolución del patrimonio del exfuncionario y su grupo familiar.

La inclusión de operaciones en criptomonedas en este tipo de investigaciones refleja una adaptación de los organismos judiciales argentinos a nuevas modalidades de movimiento de capitales. En los últimos años, las plataformas de comercio de activos digitales se han convertido en objeto de interés para investigadores en distintos ámbitos, tanto en Argentina como en otras jurisdicciones. Si bien las operaciones en sí no constituyen delito, sí pueden resultar relevantes cuando se examina el origen y destino de fondos en investigaciones que buscan establecer enriquecimiento injustificado. En el caso de Adorni, los más de cien mil dólares movilizados en estas plataformas durante el período bajo análisis forman parte de un cuadro más amplio de movimientos financieros que los investigadores deben evaluar en conjunto.

La explicación pública y lo que falta acreditar judicialmente

En su momento, cuando aún se desempeñaba en la estructura del gobierno de Javier Milei, Adorni ofreció públicamente una explicación sobre la procedencia de los fondos utilizados para sustentar su nivel de vida. De acuerdo a sus declaraciones en ese contexto, la mayor parte de los dineros provenía de ahorros previos no declarados, cifrados aproximadamente en US$200.000, así como de ganancias derivadas de operaciones en Bitcoin realizadas en 2012, que habría duplicado significativamente con el tiempo, alcanzando alrededor de US$300.000. Sin embargo, y aquí radica un punto crítico que los investigadores han señalado, en los expedientes que la justicia posee actualmente no figuran documentaciones que respalden estas afirmaciones.

Cuando Adorni presentó una corrección a su declaración jurada inicial, incluyó un rubro denominado "venta de activos" por US$565.000, pero sin detallar específicamente cuáles eran esos activos ni con qué documentación respaldaba tales movimientos. Esta diferencia entre lo expresado públicamente y lo que aparece documentado en las actuaciones judiciales constituye precisamente lo que Pollicita y el equipo investigador deben evaluar cuando llegue el momento de formular un requerimiento de justificación patrimonial, si es que el informe de la DAFI proporciona base suficiente para ello. El juez Ariel Lijo, quien lleva adelante la investigación, será quien deba resolver sobre la procedencia de tal petición una vez que el fiscal le presente el análisis técnico que recibirá este viernes.

La metodología que empleará la DAFI para su evaluación probablemente incluya un cotejo detallado entre los ingresos documentables del exfuncionario durante su paso por la función pública y los desembolsos que realizó durante ese mismo período. Este análisis comparativo es fundamental en investigaciones de esta naturaleza, pues permite establecer si existe una brecha entre lo que una persona podría haber gastado legítimamente con sus ingresos comprobables y lo que efectivamente erogó. En el caso de Adorni, tal brecha parecería existir según los números preliminares que circulan en la justicia, aunque la determinación final corresponderá a los especialistas que integran la DAFI y, posteriormente, a las decisiones que adopten el fiscal y el magistrado interviniente.

Las distintas perspectivas desde las cuales podría evolucionar esta investigación abren un abanico de escenarios posibles. Si el requerimiento de justificación patrimonial se formaliza conforme lo prevén los actores judiciales, Adorni dispondrá de un plazo para presentar sus descargos, durante el cual podrá ofrecer pruebas o documentación que sustente las fuentes de financiamiento que alegó públicamente. Dependiendo de cómo califique el fiscal la respuesta que brinde en esa instancia, el caso podría avanzar hacia la indagatoria, un acto de defensa más formal frente a una acusación explícita por parte del Ministerio Público, o bien hacia otras derivaciones procesales. Los próximos pasos, sin embargo, quedarán en suspenso durante las próximas dos semanas, ya que los tribunales de Comodoro Py iniciarán el 20 de julio su receso invernal correspondiente a la feria judicial, período durante el cual no se esperan movimientos procesales de envergadura.