Créditos del Banco Nación: ATE movilizó a cientos de estatales para probar que el beneficio hipotecario no es para todos

Un experimento sindical dejó al descubierto una brecha difícil de ignorar. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) coordinó a 714 afiliados de todo el país para que presentaran solicitudes de créditos hipotecarios en el Banco de la Nación Argentina, bajo las mismas condiciones —montos, plazos y tasas de interés— que accedieron funcionarios y legisladores vinculados al oficialismo. El resultado fue contundente: 623 pedidos fueron rechazados de forma casi inmediata, algunos pocos recibieron ofertas muy por debajo de lo solicitado, y el resto quedó sin resolución. Lo que cambia con esta maniobra no es solo el debate sobre el acceso al crédito, sino la discusión más profunda sobre si ciertas condiciones financieras preferenciales estuvieron al alcance de todos o solo de algunos.

La acción sindical como herramienta de denuncia

ATE no eligió el camino de la manifestación callejera ni del comunicado de prensa para plantear su cuestionamiento. En cambio, optó por una estrategia más concreta: poner a prueba el sistema desde adentro. Sus afiliados completaron formularios oficiales, presentaron la documentación requerida y siguieron los mismos pasos que, según el Gobierno nacional, están disponibles para cualquier ciudadano. Los trámites se realizaron tanto de manera virtual como de forma presencial en más de 150 sucursales distribuidas entre las 709 que tiene el banco en todo el territorio nacional. La diversidad geográfica de las solicitudes fue intencional: buscaba descartar la posibilidad de que el problema fuera administrativo o regional.

El contraste entre lo que recibieron los trabajadores y lo que obtuvieron ciertos funcionarios resultó ser muy pronunciado. El monto más alto ofrecido a alguno de los estatales que completaron correctamente la solicitud fue de 55 millones de pesos. Ese número palidece frente a los 420 millones de pesos que accedió, por ejemplo, Leandro Massaccesi, exjefe de Gabinete del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello. Es decir, la diferencia entre ambas cifras no es marginal: los montos otorgados a funcionarios fueron hasta diez veces superiores a los que el banco consideró viable ofrecer a empleados del Estado con sueldos en actividad.

Los casos concretos que grafican la desigualdad

Entre los cientos de solicitudes presentadas, ATE seleccionó algunos casos para ilustrar la situación. Uno de ellos corresponde a un trabajador de PAMI con un ingreso neto mensual de $2.076.667, que además cobra su salario directamente a través del Banco Nación —lo que en teoría representa una ventaja al momento de evaluar su perfil crediticio—. A ese empleado se le aprobó un crédito de apenas $55.000.000, con una tasa del 6% nominal anual. El número suena importante hasta que se lo compara con el valor real del mercado inmobiliario: según datos de la plataforma de búsqueda inmobiliaria Zonaprop, una vivienda de tres ambientes apta para una familia tipo —dos adultos y dos niños— tiene un precio promedio de $170.000.000, equivalente a unos 120.000 dólares. El crédito otorgado no alcanza ni para cubrir la tercera parte de esa propiedad.

El segundo caso que el gremio destacó es aún más llamativo por la velocidad del rechazo. Un trabajador estatal monotributista de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un ingreso mensual de $1.240.650, solicitó 40.000 dólares para adquirir la mitad de una propiedad, contando además con una codeudora que también reviste el carácter de empleada estatal. Su solicitud fue rechazada en menos de un minuto, sin que el sistema siquiera le permitiera completar la carga de documentación. La rapidez del rechazo automático generó interrogantes dentro del sindicato sobre los criterios que utiliza el banco para filtrar las solicitudes antes de analizarlas en profundidad.

El contexto económico que vuelve imposible el acceso masivo

Para entender por qué este debate trasciende lo anecdótico, hay que ubicarlo en el mapa económico actual. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) registró un ingreso promedio de $1.321.353 para los trabajadores argentinos. Con esa referencia como punto de partida, acceder a los montos que obtuvieron los funcionarios cuestionados no sería factible para la inmensa mayoría de la población económicamente activa del país. Argentina tiene una historia compleja en materia de crédito hipotecario: durante décadas, la inestabilidad macroeconómica y los procesos inflacionarios recurrentes desalentaron tanto a prestamistas como a tomadores de crédito. El sistema de préstamos ajustados por Unidades de Vivienda (UVIs), implementado durante la gestión de Mauricio Macri, generó un acceso inicial al crédito que luego se volvió impagable para muchas familias cuando la inflación se disparó. En ese contexto histórico, la discusión sobre quiénes pueden y quiénes no pueden acceder a financiamiento hipotecario tiene una carga simbólica y política muy significativa.

Desde el Gobierno se sostuvo públicamente que los préstamos obtenidos por los funcionarios son exactamente los mismos productos crediticios que tiene disponible cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos del banco. Sin embargo, la acción de ATE buscó demostrar que esa afirmación no se sostiene en la práctica. Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, fue directo al momento de evaluar los resultados: "Comprobado, los créditos que le dieron a los funcionarios libertarios no están disponibles para nadie más. Los montos ofrecidos a los trabajadores son ínfimos, diez veces menores que los otorgados a los libertarios y además la mayoría de las solicitudes fueron inmediatamente rechazadas". La frase resume el argumento central del gremio: no se trataría de un problema de requisitos incumplidos, sino de condiciones que de facto no están al alcance del conjunto de los trabajadores.

Las implicancias de lo que viene

El episodio abre varios frentes simultáneos. En el plano institucional, la acción sindical podría derivar en presentaciones formales ante organismos de control o en pedidos de informes parlamentarios sobre los criterios de otorgamiento de créditos hipotecarios por parte del banco público. En el plano político, el debate sobre el acceso diferencial al crédito puede instalarse como un eje de campaña y confrontación entre el oficialismo y la oposición gremial y legislativa. Desde una perspectiva más estructural, la situación vuelve a poner sobre la mesa la pregunta de fondo: ¿puede un banco del Estado operar con lógica de mercado en la asignación de créditos o tiene la obligación de garantizar condiciones equitativas para todos los sectores de la sociedad? Quienes defienden la autonomía operativa de las entidades financieras argumentarán que los criterios crediticios deben responder a la capacidad de repago y al riesgo, sin importar el cargo del solicitante. Quienes sostienen la función social de la banca pública, en cambio, señalarán que una institución financiada con fondos del Estado no puede generar dos velocidades de acceso según el perfil político del solicitante. Los datos que arrojó esta experiencia sindical, cualquiera sea la interpretación que se haga de ellos, difícilmente puedan ignorarse en ese debate.