Durante décadas, los presidentes argentinos aprendieron a las malas que ignorar el Poder Judicial tiene un costo político enorme. Javier Milei, quien hasta hace apenas unos meses mantenía una distancia sideral respecto del entramado judicial, comenzó a recorrer ese camino de aprendizaje en los cielos que separan Buenos Aires de Tel Aviv. El largo vuelo hacia Israel, que insumió cerca de 17 horas, le ofreció algo que la agenda presidencial raramente concede: tiempo para conversar sin interrupciones con su ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Ese vínculo, prácticamente inexistente hasta el momento en que Milei le tomó juramento el 5 de marzo, empezó a tomar forma en pleno vuelo intercontinental. Lo que cambia no es menor: el Presidente pasó de ignorar casi por completo el funcionamiento del sistema judicial a entender que ese sistema puede condicionar sus principales reformas económicas.

Un ministro que llegó para resolver, no para aprender

La designación de Mahiques en el Ministerio de Justicia no fue casual ni improvisada. Su antecesor, Mariano Cúneo Libarona, había cumplido el ciclo que el propio Milei le había solicitado: permanecer en el cargo hasta el primer trimestre de 2025 y luego dejar paso. Pero más allá de los tiempos pactados, la lógica del cambio respondió a una necesidad concreta. El Gobierno llegó a comienzos de este año sin haber designado un solo juez en dos años de gestión, con causas judiciales sensibles abiertas y con una reforma laboral frenada por medida cautelar. Necesitaba, en términos llanos, a alguien que conociera el terreno. Milei lo explicó con claridad cuando fue consultado al respecto: "Lo elegí porque sabe cómo funciona el sistema. Necesito que un ministro resuelva problemas, no que venga a aprender". Esa frase resume la lógica de toda la apuesta.

Mahiques, hijo del juez de la Cámara Federal de Casación Penal Carlos "Coco" Mahiques, llega al cargo con un mapa mental del Poder Judicial que pocos funcionarios pueden exhibir. Conoce nombres, trayectorias, afinidades y tensiones. Y eso, en un universo donde los vínculos personales pesan tanto como los fallos escritos, no es un detalle menor. Su perfil contrasta con el de Milei, quien reconoció abiertamente que la Justicia era hasta hace poco un mundo ajeno a su radar. Las conversaciones que ambos mantuvieron —unas cuatro o cinco en la Quinta de Olivos y en la Casa Rosada, antes del viaje a Israel— fueron descriptivas más que estratégicas: quién es quién, cómo opera cada cámara, qué tiempos manejan los expedientes. "Muy introductorias", admiten cerca del Presidente.

102 pliegos en menos de dos meses: el gesto que habla por sí solo

Uno de los datos más contundentes de esta nueva etapa es el volumen de pliegos enviados al Senado en apenas un mes y 19 días: 102 en total, destinados a cubrir casi la mitad de las vacantes existentes en el Poder Judicial nacional y federal. Para dimensionar lo que eso significa, hay que tener en cuenta que durante los dos años anteriores de gestión el número de jueces designados fue cero. La parálisis no era solo operativa sino también política: en el karinismo reconocen que antes "no había luz verde para avanzar" y que esa situación se revirtió con la llegada de Mahiques. Desde la órbita de Karina Milei, la hermana del Presidente que opera como coordinadora de equipos y árbitro de los tiempos del cambio, se celebra este resultado con entusiasmo: "Lleva dos meses y parecen seis".

Sin embargo, desde el propio Ejecutivo se cuidan de no inflar demasiado el logro. Los 102 pliegos, según reconocen fuentes del Gobierno, "no le tocan la aorta a nadie": se trata de vacantes necesarias para mantener el funcionamiento del sistema, no de posiciones de alta sensibilidad política. Dicho de otro modo, son cargos imprescindibles para que los juzgados no colapsen, pero no representan —al menos por ahora— una reconfiguración del mapa de poder judicial. Aun así, en un sistema que lleva años acumulando vacantes y donde la demora en los nombramientos se convierte en un problema estructural, el movimiento tiene un valor simbólico y práctico que no puede ignorarse.

En paralelo, el pliego del propio Carlos "Coco" Mahiques avanzó en el Senado para renovar su cargo por cinco años más como integrante de la Cámara Federal de Casación Penal. Ya cuenta con dictamen favorable y espera la votación en el recinto. La coincidencia entre la llegada del hijo al ministerio y el avance del pliego del padre generó lecturas cruzadas en el ambiente político y judicial, aunque desde el Gobierno lo presentan como un trámite regular.

El caso de la reforma laboral y la geometría del poder judicial

El episodio más ilustrativo de cómo opera esta nueva dinámica judicial del Gobierno fue el desenlace —al menos provisorio— del conflicto en torno a la reforma laboral. Un juez de primera instancia, Raúl Horacio Ojeda, con pasado como jefe de asesores del ministro de Trabajo kirchnerista Carlos Tomada, había suspendido mediante una medida cautelar 83 artículos de esa reforma, afectando disposiciones clave como los cambios a los convenios colectivos, la regulación del derecho de huelga y los límites a las indemnizaciones. La CGT había impulsado esa cautelar y, durante semanas, las modificaciones quedaron en un limbo jurídico.

La solución llegó desde la Sala VIII de la Cámara Nacional del Trabajo, de la mano del camarista Víctor Pesino y la jueza María Dora González. Ambos otorgaron efecto suspensivo a la apelación del Gobierno, lo que en la práctica significó que la reforma laboral volviera a tener vigencia plena mientras se debate el fondo del asunto. Al día siguiente de ese fallo, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial el envío del pliego de Pesino al Senado para renovar su cargo por cinco años más: el camarista está próximo a cumplir los 75 años, edad a partir de la cual la Constitución exige jubilarse salvo nuevo acuerdo del Senado. La secuencia temporal fue registrada con atención por todos los actores del ambiente judicial. En el karinismo no ocultan la satisfacción: "Lo de la CGT salió del trabajo de Juan", repiten para marcar el éxito de Mahiques en este capítulo. Al mismo tiempo, el Gobierno recurrió a un mecanismo de per saltum, firmado por Sebastián Amerio desde la Procuración del Tesoro, para pedirle a la Corte Suprema que interviniera directamente en el caso. Con la cautelar suspendida por Pesino, ese recurso perdió urgencia y la Corte ganó tiempo para no pronunciarse sobre un tema de alta temperatura política, siguiendo su máxima habitual de que los conflictos de la política no deben resolverse en sede judicial.

Causas sensibles y el mapa de los problemas sin resolver

No todo es festejo en el frente judicial del Gobierno. Siguen abiertas causas de considerable peso político, entre ellas el expediente vinculado al caso $LIBRA, las investigaciones en torno a ANDIS que involucran a Karina Milei, y la situación patrimonial del jefe de Gabinete Manuel Adorni. Este último, de todas formas, cosechó esta semana un resultado favorable: el juez federal Daniel Rafecas lo sobreseyó por inexistencia de delito en el expediente abierto por el viaje de su esposa, Betina Angeletti, a Nueva York en el avión presidencial. La fiscal Alejandra Mangano había pedido archivar la causa y, sin impulso de su parte, el juez cerró el caso. En el Ministerio de Justicia celebraron también ese resultado, aunque los frentes más delicados permanecen activos.

También es relevante comprender el desplazamiento de poder que se produjo en estos meses dentro del propio Ejecutivo. La gestión de los asuntos judiciales, que durante gran parte del primer año de gobierno estuvo bajo la órbita del ministro de Economía Santiago Caputo, migró hacia el eje conformado por Karina Milei, Martín Menem y el propio Mahiques. Amerio, quien ejercía como viceministro de Justicia, fue movido a la Procuración del Tesoro a pedido directo de Milei. Los detalles operativos —ternas, pliegos, negociaciones con el Senado— los despacha Mahiques con "Lule" o con Menem, mientras las conversaciones con el Presidente mantienen un tono más conceptual.

Un terreno que no admite más demoras

La historia argentina ofrece ejemplos repetidos de administraciones que subestimaron la dimensión judicial del poder y pagaron costos políticos elevados. Desde los gobiernos radicales hasta los peronistas, pasando por las alianzas de centroderecha, la relación con el Poder Judicial terminó condicionando agendas económicas, reformas estructurales y, en algunos casos, la propia continuidad de los proyectos políticos. Milei llegó al poder con una cosmovisión centrada en la economía y la batalla cultural, pero los últimos dos meses lo pusieron frente a una realidad: los jueces pueden frenar reformas laborales, habilitar investigaciones sobre funcionarios y generar turbulencia institucional con independencia de los números macroeconómicos.

Las consecuencias de esta nueva etapa son difíciles de anticipar en su totalidad. Si Mahiques logra consolidar una gestión judicial ágil y los 102 pliegos avanzan en el Senado sin fricciones mayores, el Gobierno habrá resuelto parte del déficit institucional acumulado. Pero si las causas más sensibles —$LIBRA, ANDIS, otras que puedan surgir— escalan en los tribunales, el frente judicial podría convertirse en el principal obstáculo para la agenda reformista. Hay quienes sostienen que la nueva centralidad que Karina Milei le da al tema implica un mejor manejo político del tablero; otros advierten que la concentración de esas decisiones en un círculo estrecho puede generar tensiones con sectores del Poder Judicial que valoran su independencia. Lo cierto es que el Gobierno entendió, quizás tarde pero con claridad, que la Justicia no es un mundo aparte: es parte del mismo juego.