Que un presidente extranjero tome como ejemplo de advertencia lo que ocurre en las góndolas y carnicerías de un país vecino no es algo que suceda todos los días. Pero eso fue exactamente lo que pasó cuando Gustavo Petro, mandatario de Colombia, decidió opinar públicamente sobre el consumo de carne de burro que viene registrándose en algunas zonas de la Argentina. El episodio no es menor: refleja con crudeza la pérdida de poder adquisitivo de amplios sectores de la población, abre una discusión sobre el acceso real a los alimentos y expone, de paso, una pelea doméstica entre el presidente Javier Milei y su antecesor, Alberto Fernández, que encontró en este tema un nuevo escenario de intercambio de acusaciones. Lo que empieza como una curiosidad gastronómica termina siendo un termómetro de la economía.
Una pregunta que incomoda: ¿por qué no se come lo que se exporta?
Petro eligió las redes sociales para disparar una pregunta que, en su simpleza, resulta contundente: si la Argentina es uno de los principales exportadores mundiales de carne vacuna de calidad, ¿cómo es posible que parte de su población deba recurrir a cortes de burro para acceder a proteína animal? La interrogación no es nueva en términos conceptuales —la tensión entre exportación y consumo interno ha atravesado décadas de debate económico argentino— pero adquiere una dimensión particular cuando la formula un jefe de Estado de otro país, con nombre y apellido, y con una conclusión explícita: "Esto no puede pasar en Colombia". El comentario generó reacciones cruzadas en Argentina, donde algunos lo interpretaron como una intromisión y otros como un diagnóstico incómodo pero atinado.
Lo cierto es que el fenómeno tiene una geografía concreta. Es en la Patagonia donde el consumo de carne de burro comenzó a tomar visibilidad pública. La región enfrenta una crisis en el sector ganadero ovino, que históricamente fue una de sus columnas productivas. A eso se suma una inflación que, según los registros de marzo de 2026, marcó un 3,4% mensual, la cifra más elevada del año hasta ese momento. En ese contexto, la carne de burro aparece como una alternativa de precio: el kilo ronda los $7.500, lo que equivale aproximadamente a la mitad del valor de la carne vacuna en esa misma zona. No es un capricho culinario ni una moda: es una respuesta de mercado ante una ecuación que no cierra para muchas familias.
Marco legal y sanitario: no es una venta clandestina
Un punto que merece subrayarse, porque suele perderse en el fragor del debate político, es que la comercialización de carne de burro en Argentina no ocurre en la informalidad. Para que un establecimiento pueda faenar y vender esta carne, debe contar con habilitación del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y estar inscripto en el Registro Único de la Cadena Agroindustrial (RUCA) con una categoría específica para la especie. Esto significa que los mataderos deben cumplir requisitos sanitarios diferenciados, y que el producto que llega al consumidor ha pasado por controles oficiales. No es, entonces, una práctica marginal ni ilegal: es una actividad habilitada que, ante condiciones económicas adversas, encontró un nicho de demanda que antes no existía o era mínimo. La distinción importa para entender el fenómeno con precisión y no reducirlo a un escándalo.
Históricamente, el consumo de carne equina —incluyendo la de asno— tuvo presencia en distintas culturas y períodos. En Europa, Francia e Italia mantienen tradiciones culinarias que incluyen estas carnes. En Argentina, la faena de équidos existió durante décadas con fines de exportación, principalmente hacia mercados europeos y asiáticos. Lo que resulta novedoso no es la existencia del producto, sino su aparición en el consumo interno como respuesta a una restricción económica. Esa es la diferencia que convierte a un dato de mercado en un indicador social.
La pelea doméstica que encontró nuevo combustible
El tema no tardó en ser capturado por la disputa política interna. Fernández, desde su cuenta en la red social X, apuntó directamente contra la gestión actual con una metáfora que mezclaba el asado, el burro y una crítica al discurso libertario: sostuvo que bajo el "verso de la libertad" la gente compra menos carne que antes, y que al burro no solo lo mandan a la parrilla sino también —en sentido figurado— al propio ciudadano. La imagen era provocadora y estaba construida para circular. Milei respondió en minutos, calificando a su predecesor de "incompetente" y "analfabeto que padece de ilusión nominal", una expresión técnica del campo económico que alude a confundir valores nominales con reales, es decir, ver que los números suben sin entender que el poder de compra puede caer al mismo tiempo.
El cruce entre ambos mandatarios —uno en ejercicio, otro ya fuera del cargo— refleja una dinámica que se repite en Argentina con cierta frecuencia: los ex presidentes mantienen protagonismo público y los debates económicos se dirimen también en plataformas digitales, con los matices propios de ese formato. Lo que llama la atención es que el detonante haya sido precisamente la carne de burro: un producto que, en otras circunstancias, no habría generado más que curiosidad. Su irrupción en el debate político habla de la sensibilidad que existe alrededor del acceso a la alimentación y, en particular, alrededor de la carne vacuna, que en Argentina tiene un valor casi identitario además del nutritivo.
Un país que se mira al espejo y no siempre reconoce lo que ve
Argentina produce carne para el mundo. Sus frigoríficos exportan a China, la Unión Europea, Estados Unidos y decenas de países más. El país figura sistemáticamente entre los principales proveedores globales de proteína bovina. Y al mismo tiempo, una parte de su población patagónica encuentra en la carne de asno una solución más accesible que el asado del domingo. Esta paradoja no es nueva en la historia económica argentina —la tensión entre abundancia productiva y restricción de consumo interno atraviesa gobiernos de distintos signos desde mediados del siglo XX— pero cada vez que reaparece lo hace con la fuerza de lo irresuelto.
Las consecuencias de este debate pueden leerse desde ángulos diferentes. Para quienes analizan la situación desde la perspectiva de la política de ingresos, el consumo de carne de burro es un indicador de deterioro del salario real que debería encender alarmas sobre el acceso a una alimentación adecuada. Para quienes priorizan la lectura de mercado, la aparición de este producto es una señal de adaptación y diversificación que el sistema realiza de manera natural frente a cambios de precios relativos. Para el sector ganadero, puede representar una oportunidad para una cadena de valor que hasta ahora era marginal. Y para la clase política, tanto la que gobierna como la que espera volver, es sobre todo un símbolo: uno que cada parte lee a su favor. Lo que ninguna lectura puede ignorar es que, detrás del debate sobre qué se come y a qué precio, hay familias concretas tomando decisiones concretas en la góndola. Eso, más que cualquier cruce en redes sociales, es lo que define el estado real de una economía.
