Un nuevo capítulo de la investigación contra Andrés Vázquez, máxima autoridad de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, acaba de abrirse en los pasillos judiciales de Comodoro Py. Esta vez, desde la Procuraduría de Investigaciones Administrativas viene la artillería pesada: se solicita que sea indagado por haber mantenido ocultas tres propiedades inmobiliarias en territorio estadounidense que superan los dos millones cien mil dólares, patrimonio que nunca fue declarado ante los organismos estatales correspondientes.

El fiscal Sergio Rodríguez, titular de la PIA, formuló la acusación después de concluir en un extenso dictamen que Vázquez incurrió en lo que la ley define como omisión maliciosa de información en su declaración jurada de patrimonio. Según su análisis, el funcionario deliberadamente omitió consignar datos sobre su vinculación real con las sociedades que controlan esos inmuebles ubicados en Miami, bienes que él mismo y su núcleo familiar utilizan y del que se benefician de múltiples formas. La investigación, que trasciende más allá del tema patrimonial, propone además ampliar la pesquisa hacia otros delitos: evasión tributaria, operaciones de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, según lo solicitado al fiscal federal Guillermo Marijuán.

El delito que se le atribuye acarrea consecuencias legales que van desde dos años de privación de libertad hasta la imposibilidad permanente de desempeñarse en la función pública. En sus considerandos, Rodríguez fue categórico: "Sin lugar a dudas, Andrés Edgardo Vázquez actuó maliciosamente al no informar el nexo verdadero que mantenía con las compañías que registran activos en el exterior, inmuebles que él, junto a su grupo familiar, disfrutan y aprovechan económicamente". El magistrado Marcelo Martínez de Giorgi deberá resolver ahora si avanza con esta acusación, dando continuidad a una serie de investigaciones penales en contra de funcionarios del actual gobierno nacional.

Tres propiedades, múltiples estructuras empresariales y un patrón sospechoso

Los detalles de lo investigado exponen una arquitectura compleja de operaciones. Las tres unidades inmobiliarias en cuestión corresponden a dos ubicaciones en Miami y sus características son las siguientes: la unidad 3504 del complejo Icon Brickell, adquirida en enero de 2013 a través de la sociedad panameña Alcorta Corp. por setecientos diez mil dólares; la unidad 2811 del mismo complejo Icon Brickell, comprada ese mismo mes mediante la misma estructura por cuatrocientos mil dólares; y la suite 904 del condominio Chateau Beach Residences en Sunny Isles, incorporada al patrimonio en julio de 2015 mediante Pompeya Group Corp. por novecientos ochenta mil dólares. El valor conjunto de estas tres propiedades alcanza a dos millones cien mil dólares.

Lo interesante desde el punto de vista investigativo es cómo estas compras fueron estructuradas. Ambas firmas panameñas quedaron, a partir de 2016, bajo el dominio de Galanthus Capital Limited, una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas donde Vázquez aparece como beneficiario final conforme a documentación interna del estudio Trident Trust, que lo catalogó como Persona Políticamente Expuesta. Este esquema de capas empresariales —sociedades panameñas controladas por una entidad en jurisdicciones offshore— es típico de operaciones diseñadas para difuminar la propiedad verdadera de activos. Pese a ocupar la posición de único director y beneficiario final de Galanthus Capital Limited, Vázquez nunca informó sobre esta estructura ni ante la Oficina Anticorrupción ni ante la agencia fiscal que actualmente encabeza.

Las declaraciones juradas que Vázquez presentó entre 2011 y 2015, y nuevamente en 2023, guardan un silencio revelador: ninguna de ellas menciona las compañías offshore, ninguna alude a los inmuebles de Miami, y tampoco consta ninguna referencia a Galanthus Capital Limited a pesar de su condición de máximo responsable y beneficiario directo. Este patrón de omisión sistemática es lo que sustenta la caracterización de "malicia" en el accionar del funcionario, según la interpretación del fiscal Rodríguez. No se trata simplemente de olvidos o descuidos administrativos, sino de una deliberada ocultación de información que debería haber sido reportada.

Evidencias del control y uso real: impuestos, residencia y documentación oficial

Una de las líneas de prueba más sólidas que presentó la PIA en su dictamen tiene que ver con lo que la jurisprudencia denomina "animus domini", es decir, la capacidad de control y disposición efectiva sobre un bien más allá de quién aparezca formalmente como propietario. En este sentido, el fiscal Rodríguez documentó que Vázquez y su exesposa Silvia Ivone Rodríguez —quien además trabaja en ARCA— pagaron tributos municipales en el condado de Miami por estos inmuebles. El monto total de esos pagos impositivos entre 2014 y 2018 asciende a ciento treinta y seis mil setecientos sesenta y uno dólares. Más aún, se registraron reintegros de impuestos que fueron enviados directamente a nombre de ambos.

Pero hay más. Las dos hijas del funcionario, María Eva y María del Milagro, han tenido registrado como domicilio real en el Registro Nacional de las Personas de Argentina los inmuebles de Miami desde el año 2022. Estos datos fueron aportados por las propias interesadas en documentación oficial argentina. Esto significa que no solo Vázquez mantiene un vínculo económico formal con estas propiedades a través del pago de impuestos, sino que su grupo familiar inmediato las utiliza como residencia efectiva. El conjunto de estos elementos —la carga tributaria asumida, los reintegros recibidos, el uso habitacional por parte de sus hijas— permite al investigador formar una conclusión sólida: Vázquez ejerce un control de facto sobre esos bienes, independientemente de los arreglos societarios mediante los cuales fueron adquiridos formalmente.

El enigma del enriquecimiento: ingresos declarados versus patrimonio adquirido

Quizás uno de los aspectos más intrigantes de la pesquisa sea la desproporción flagrante entre lo que Vázquez declaró como activos líquidos en ciertos momentos y lo que simultáneamente gastó en adquisiciones inmobiliarias. Al cierre de 2012, el funcionario informó contar con apenas cuarenta mil dólares en activos disponibles; para finales de 2013, esa cifra había crecido mínimamente a cuarenta y cuatro mil dólares. Sin embargo, en enero de 2013 —es decir, durante ese período en el que supuestamente disponía de cifras tan exiguas— Vázquez adquirió dos inmuebles en Miami por un total de un millón cien mil dólares. Tres años después, en julio de 2015, compró una tercera propiedad por casi un millón de dólares adicionales.

¿De dónde provinieron esos fondos? Esta es la pregunta fundamental que dispara la investigación hacia la hipótesis del enriquecimiento ilícito. La respuesta oficial de Vázquez ante el fisco es, en apariencia, que recibió ingresos desde el exterior. En efecto, en sus declaraciones del impuesto a las ganancias, el funcionario reconoció haber captado flujos de dinero provenientes de Estados Unidos: veintiocho coma siete millones de pesos en 2023 y noventa y nueve coma cuatro millones de pesos en 2024. Aquí surge la contradicción crucial: Vázquez declaró ante la Administración Federal de Ingresos Públicos los flujos de dinero que recibía desde el exterior, pero no informó sobre los activos que generaban esos flujos ni sobre las estructuras empresariales que los canalizaban. Es decir, reconoció los ingresos pero ocultó la fuente productiva de esos ingresos.

La investigación de la PIA detectó además otra operación particularmente sospechosa vinculada a un inmueble en territorio argentino. En diciembre de 2018, Vázquez adquirió mediante la empresa Acontec SRL un triplex de trescientos dieciocho metros cuadrados ubicado en la calle Juana Manso 1124 de Puerto Madero, en el edificio conocido como Los Molinos Building, un proyecto del desarrollador Faena Properties. El valor escriturado de esa transacción fue de ocho millones setecientos veinte mil pesos, lo que equivalía en ese momento a apenas doscientos veinticinco mil novecientos seis dólares. Sin embargo, relevamientos de precios de mercado realizados por la PIA sugieren que una propiedad de esas características y en esa ubicación debería haber costado aproximadamente dos millones cien mil dólares. La brecha es descomunal.

El fiscal Rodríguez respalda su conclusión sobre la subvaluación con publicaciones rescatadas del archivo web de Zonaprop correspondientes a febrero y noviembre de 2018. En esas fechas, unidades del mismo edificio con superficies entre noventa y seis y noventa y ocho metros cuadrados se ofrecían en el rango de cuatrocientos sesenta mil a quinientos mil dólares. Si se extrapolara ese valor por metro cuadrado, el triplex de Vázquez debería haber costado sustancialmente más de lo que figuró en la escritura. Vázquez pagó el equivalente a setecientos nueve dólares por cada metro cuadrado, cuando el valor de mercado habría sido considerablemente superior. Para Acontec SRL, la venta significó una pérdida estimada entre doscientos treinta y cinco mil y quinientos cincuenta y uno mil dólares respecto al precio de compra original.

Sociedades pantalla, autopréstamos y enredos patrimoniales deliberados

En paralelo a estas operaciones principales, la pesquisa identifica el rol de otra firma clave en el entramado: Consultora San Andrés SA. Según los análisis de la PIA, esta empresa exhibe todas las características típicas de lo que se conoce como sociedad pantalla. ¿Las razones? Carece de personal empleado, tiene su domicilio ubicado en un inmueble que pertenece al propio Vázquez —quien además percibe de la firma un canon por el alquiler del espacio—, y fue la vehículo mediante el cual se otorgó un crédito al funcionario para que adquiriera el cincuenta por ciento de otro departamento del Chateau de Puerto Madero en 2010. Además, esta entidad figura como controlante de cinco vehículos, incluyendo un BMW X6 blindado utilizado por Vázquez y su entorno desde julio de 2015.

Lo que resulta particularmente problemático es la interconexión entre esta estructura y otras operaciones. La PIA documentó que Consultora San Andrés SA emitió facturas dirigidas a Casino Buenos Aires SA y a Loddin SA, dos compañías donde Vázquez, a su vez, habría intervenido como funcionario de la entonces AFIP en el año 2007. Ambas empresas realizaron retenciones del impuesto a las ganancias a esa consultora, lo que implica que la firma le prestaba servicios a estas compañías. Este detalle es relevante porque sugiere posibles simulaciones de prestaciones de servicios y una confusión deliberada de patrimonios, donde Vázquez ocuparía simultáneamente posiciones de funcionario público regulador y de empresario privado interesado.

Entre 2024 y 2025, Consultora San Andrés SA se desprendió de su flota vehicular, pero de manera que mantiene vínculos con el círculo de Vázquez. Una Ford EcoSport quedó a nombre del propio funcionario; un Volkswagen Vento fue transferido a su expareja Silvia Ivone Rodríguez; y un Mini Cooper John Cooper Works fue vendido en septiembre de 2025 a Oscar Mario Abalo, quien es accionista de Acontec SRL —la misma compañía que había realizado años antes esa venta subvaluada del departamento de Puerto Madero—. Esta cadena de transacciones, analizada en conjunto, forma un patrón que el fiscal interpreta como un intento deliberado de dispersar activos y confundir la trazabilidad de los bienes.

La sospecha de lavado de dinero y los próximos pasos judiciales

Basándose en el análisis de estas operaciones, la PIA concluyó que existen indicios sólidos de posible lavado de dinero. El dictamen describe con detalle el uso de sociedades pantalla, la realización de autopréstamos entre entidades controladas por el mismo grupo familiar, las compras y ventas sucesivas de inmuebles con cambios de titularidad, y la subvaluación deliberada de escrituras. Todo esto son indicadores reconocidos internacionalmente como señales de alerta en materia de blanqueo de activos. La hipótesis que maneja la investigación es que Vázquez podría haber utilizado estas estructuras para legalizar u ocultar el origen de fondos cuya procedencia legítima no puede ser explicada mediante sus ingresos declarados.

Para profundizar esta línea investigativa, la PIA solicitó que se libren exhortos internacionales dirigidos a Bank of America, PNC Bank y Wells Fargo, entidades donde Vázquez y su grupo familiar presumiblemente mantienen cuentas. También pidió que se reitere el pedido de información a las autoridades judiciales de las Islas Vírgenes Británicas respecto a Galanthus Capital Limited y sus movimientos. Además, solicitó información a la Embajada de Estados Unidos sobre los movimientos migratorios de Vázquez, su exesposa y sus dos hijas en territorio norteamericano desde 2012 en adelante.

Este pedido de indagatoria se suma a un panorama ya complejo de investigaciones en curso contra funcionarios del gobierno nacional. En Comodoro Py se tramitan casos que involucran al presidente Javier Milei y su hermana Karina en el denominado "caso $LIBRA", al jefe de Gabinete Manuel Adorni, al exabogado presidencial Diego Spagnuolo por denuncias de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, y a autoridades del Banco Nación por entregas irregulares de créditos hipotecarios. Vázquez, quien fue designado