La investigación que rodea al exjefe de Gabinete Manuel Adorni acaba de ganar densidad en uno de sus flancos más oscuros: el territorio opaco de las monedas virtuales. Un análisis técnico encargado a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero para las Investigaciones llegó este viernes a manos del fiscal Gerardo Pollicita trayendo consigo revelaciones que amplían significativamente el mapa de operaciones que rodean al dinero digital del exfuncionario. Lo que comenzó como una pista incidental se transformó en un capítulo fundamental de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, especialmente considerando que Adorni nunca había declarado estas actividades en sus registros patrimoniales ante organismos del Estado.

El nuevo informe representa mucho más que un simple cruce de datos. Constituye una pieza ordenadora que traduce al lenguaje de la contabilidad convencional todo aquello que los investigadores han recopilado durante meses de pesquisa. El documento contempla un abanico amplio de evidencias: consumos inmobiliarios, documentación de reformas, facturas de servicios, registros de viajes, movimientos registrados en cuentas bancarias, operaciones de crédito, y transacciones realizadas en efectivo que escapan a los circuitos formales. Pollicita fue refinando constantemente las instrucciones hacia la DAFI, solicitando que se incorporaran nuevas respuestas provenientes de instituciones financieras que llegaban al expediente. Cuando finalmente todas esas piezas fueron confrontadas con los ingresos que Adorni y su esposa Bettina Angeletti habían declarado oficialmente, emergió una pregunta incómoda: ¿de dónde salía el dinero para semejante nivel de gastos?

Las plataformas digitales abren sus registros

El informe que entregó la DAFI incorpora por primera vez información sistematizada proveniente de dos plataformas de criptomonedas donde Adorni operaba: Binance y Lemon. Estos datos llegaron a la fiscalía mediante respuestas formales a pedidos de información, aunque el exfuncionario solo reconoció la existencia de estas cuentas cuando ya se encontraba bajo investigación, momento en el cual modificó retroactivamente sus declaraciones juradas. Hasta ese instante, sus registros patrimoniales mantenían un silencio completo respecto a cualquier actividad en el mercado de activos digitales. Cuando finalmente Adorni debió explicarse públicamente sobre estas correcciones, sostuvo que el principal cambio en sus números había sido la inclusión de aproximadamente 500.000 dólares, de los cuales afirmó que 200.000 correspondían a un ahorro previo no declarado y 300.000 provenían de ganancias generadas por una apuesta temprana en Bitcoin.

Sin embargo, cuando se examina la documentación que Adorni presentó ante la Oficina Anticorrupción, no aparece comprobante alguno que acredite que esos fondos provengan efectivamente de la venta de Bitcoin u otros criptoactivos. Lo que sí consta es que al cierre del año 2023, Adorni listó tres posiciones en monedas digitales: una equivalente a 11.019 dólares, otra a 2.605 dólares y una tercera por 1.069 dólares, sumando apenas 14.695 dólares en activos virtuales. Convertidos al tipo de cambio que utiliza la AFIP en esos momentos, eso representaba aproximadamente 11.8 millones de pesos. Un guarismo insignificante comparado con los 500.000 dólares que supuestamente había recibido por transacciones en criptomonedas. Pero lo más notorio es que al cierre del período siguiente, el año 2024, el rubro de monedas digitales desaparece por completo de sus declaraciones de bienes.

El efectivo que se evapora año tras año

La declaración jurada correspondiente al año 2023, aquella donde Adorni incorporó los famosos 565.000 dólares bajo el concepto de "venta de activos", se convirtió en el pivote que permitió equilibrar su ecuación financiera. Sin esa cifra, los gastos registrados superarían ampliamente cualquier ingreso que pudiera justificarse. Ese dinero en efectivo funcionó como un colchón, una explicación lista para responder por qué un exfuncionario podía permitirse consumos que sus salarios públicos no podían sostener. Sin embargo, el análisis de las declaraciones consecutivas revela un patrón inquietante: el efectivo que Adorni reporta ir gastando año a año.

Según sus propios registros patrimoniales, los 565.000 dólares iniciales se redujeron a 513.000 durante 2024. Luego descendieron más aún, llegando a 388.961 dólares al cierre de ese mismo año. Para 2025, el monto se contrajo nuevamente, quedando en apenas 209.961 dólares. Matemáticamente, esto significaría que Adorni habría utilizado aproximadamente 355.038 dólares de los 565.000 que había reportado en su corrección de 2023. Los números están ahí, en los documentos públicos que él mismo presentó. Lo que permanece sin aclaración es el origen verificable de esos fondos, la documentación que respalde la transacción de Bitcoin que supuestamente generó esa ganancia, o cualquier otro comprobante que certifique de dónde llegó ese efectivo que permitió cubrir el desfase financiero.

Cuando la actividad judicial se reanude después de la feria invernal, dentro de aproximadamente dos semanas, Pollicita convocará al exjefe de Gabinete a una entrevista en el ámbito de Comodoro Py donde le exigirá respuestas precisas sobre estos movimientos. La agenda de esa citación tendrá un apartado especial dedicado completamente al dinero digital: transacciones específicas, fechas de operación, contrapartes comerciales, y la trazabilidad de fondos. Adorni tendrá la oportunidad de brindar explicaciones que permitan esclarecer estos puntos antes de que la fiscalía determine si existen elementos suficientes para avanzar hacia una indagatoria formal, instancia en la que sus respuestas adquirirían estatus de declaración testimonial vinculante ante la justicia.

Las implicancias de estos hallazgos trascienden el caso particular. El episodio refleja cómo los activos digitales representan terreno poco explorado por los organismos de control patrimonial tradicionales, especialmente cuando se trata de funcionarios públicos. La tecnología blockchain y las plataformas descentralizadas generan capas de complejidad que los sistemas convencionales de declaración jurada tardaron en incorporar. Al mismo tiempo, expone cómo la corrección tardía de declaraciones, aunque sea permitida por la ley, puede generar interrogantes sobre si esas modificaciones responden a un genuino olvido o a una estrategia de ocultamiento detectada posteriormente. Las perspectivas sobre este caso variarán según se considere la presunción de inocencia que asiste a cualquier ciudadano frente a cargos no probados, o la obligación que tienen los funcionarios públicos de transparencia absoluta en sus patrimonios. Lo que resulta innegable es que los próximos interrogatorios definirán si los números cuadran o si persiste el desfase entre lo declarado y lo verificable.