La política legislativa volvió a exponer sus límites aritméticos en las últimas semanas. El oficialismo, comandado por La Libertad Avanza, consiguió neutralizar los embates que desde distintos bloques opositores buscaban someter a Manuel Adorni, el jefe de Gabinete nacional, a un proceso de interpelación que podría derivar en una moción de censura. Lo que parecía ser una ofensiva coordinada se disolvió ante la cruda realidad: los números simplemente no dan. Mientras la oposición se fragmenta en búsquedas de consensos imposibles, el Ejecutivo consolida su control institucional a través de alianzas con gobernadores que responden a lógicas provinciales y no siempre a afinidades ideológicas.
Hace más de tres semanas que el diputado Esteban Paulón, del bloque socialista, encabeza la cruzada por traer a Adorni al recinto para que rinda cuentas sobre su gestión. La estrategia inicial contemplaba la convocatoria a una sesión especial que reuniera a su propia bancada junto con Provincias Unidas, el Frente de Izquierda y la Coalición Cívica. Ese primer intento naufragó. Entonces sumaron fuerzas con Unión por la Patria, bajo el liderazgo de Germán Martínez, ampliando un temario que ahora incluye también las falencias en políticas sociales. La movida parecía más potente sobre el papel, pero chocó nuevamente contra la misma pared: el quórum.
La aritmética implacable del Congreso
Para que cualquier cámara legislativa pueda interpelar al jefe de Gabinete, el ordenamiento constitucional exige nada menos que la mayoría absoluta de sus miembros. En Diputados, ese número es de 129 votos. Unión por la Patria y sus aliados ni siquiera pueden lograr que se abra el recinto con ese número de legisladores presentes en las bancas. Pero la dificultad no termina ahí. Los pedidos de interpelación no cuentan con dictamen de las comisiones correspondientes, lo que significa que para habilitar el debate se requiere una mayoría de dos tercios, un espejo de imposibilidad casi matemática ante el tablero actual.
Este panorama contrasta radicalmente con el poderío que mostró la oposición durante el período legislativo anterior, cuando logró impulsar leyes sobre Financiamiento Universitario y Emergencia en Discapacidad. Aquella capacidad de articulation se esfumó. Hoy, los distintos bloques que se oponen al oficialismo no encuentran cauces para unificar una estrategia compartida. El peronismo intenta ganar espacios, pero los movimientos puntuales de diputados del Frente de Izquierda, como el que presentó Nicolás del Caño con su propuesta de moción de censura, terminan aislados.
La trama de alianzas que sostiene al Ejecutivo
Mientras tanto, La Libertad Avanza ha tejido una red de apoyo parlamentario que trasciende las afinidades ideológicas tradicionales. Con 95 diputados nacionales de su propia bancada, el partido violeta garantiza una base sólida. Pero eso no es suficiente para dominar sin más. Por eso el rol de Martín Menem, el presidente de la Cámara, resulta determinante en la gestión de voluntades. No trabaja solo. A su lado opera el ministro del Interior, Diego Santilli, quien dialoga directamente con los gobernadores cuyos legisladores responden más a las provincias que a consignas nacionales. El PRO aporta sus votos sin mayores cuestionamientos. La Unión Cívica Radical acompaña. Y luego está el entramado provincial: Misiones con Hugo Passalacqua, Salta con Gustavo Sáenz bajo la etiqueta de Innovación Federal. San Juan suma votos a través de la bancada Producción y Trabajo, que responde a Marcelo Orrego. Neuquén se alinea bajo el paraguas de Rolando Figueroa. Y el peronismo provincial no queda fuera: Tucumán bajo el control de Osvaldo Jaldo y Catamarca con Raúl Jalil garantizan su apoyo.
Este sistema de lealtades cruzadas permite al Ejecutivo blindar a sus ministros sin necesidad de recurrir únicamente a sus propios legisladores. Es una lógica que funciona porque responde a acuerdos federales sobre recursos, obras y transferencias. No es ideología, es administración de intereses. La frustración opositora se potencia cuando constata que las sesiones convocadas por el oficialismo logran aprobar sus proyectos. Hace poco, la aprobación de los proyectos Hojarasca y Zonas Frías demostró esta capacidad operativa, y al mismo tiempo dejó sin piso nuevos intentos interpeladores.
La agenda legislativa para el segundo semestre ya está siendo diseñada desde la Casa Rosada. En la mira figuran la Ley de Lobby y el denominado Super RIGI, iniciativas que el Poder Ejecutivo considera centrales para su proyecto económico y regulatorio. Otros temas como Ludopatía y Etiquetado Frontal fueron derivados al Senado, donde el panorama es aún más favorable al oficialismo. Mientras tanto, la oposición debe navegar no solo las complejidades matemáticas del Congreso, sino también la amenaza que representa el inicio del Mundial de Fútbol en Estados Unidos dentro de poco más de dos semanas. Históricamente, los períodos vinculados a grandes competiciones deportivas paralizan la actividad legislativa: los diputados se ausentan, las sesiones se posponen, la política cede ante la pasión futbolística.
Perspectivas y consecuencias de una derrota legislativa
La incapacidad de la oposición para avanzar con sus interpelaciones abre varias lecturas sobre el futuro político del país. Por un lado, consolida la posición del Ejecutivo en términos de control institucional, permitiéndole concentrarse en su agenda económica sin presiones legislativas significativas sobre sus ministros. Sin embargo, esta victoria parlamentaria no necesariamente se traduce en legitimidad política más amplia. La fragmentación opositora, lejos de fortalecerse, se profundiza, lo que podría debilitar su capacidad de presentar alternativas coherentes ante la ciudadanía. La ausencia de un contrapeso legislativo capaz de fiscalizar también genera interrogantes sobre los mecanismos de accountability institucional: ¿quién vigila que el Ejecutivo actúe dentro de marcos legales cuando su propio sistema de alianzas bloquea interpelaciones? Por otra parte, la estrategia de Menem y Santilli de mantener unidas a fuerzas con intereses diversos requiere de calibración permanente. Un cambio de postura de algún gobernador provincial, una ruptura en las coaliciones, o la emergencia de conflictos distributivos podría modificar los números. Mientras tanto, la opinión pública observa una cámara donde los juegos de poder prevalecen sobre los grandes debates de país.
